Javier Paz García
Los días posteriores al referéndum autonómico los líderes cruceños coreaban el slogan “ya somos autónomos”. Me parecía (y me sigue pareciendo) que dicha postura era apresurada y respondía más a una necesidad política que a la realidad; se necesita mucho más que una votación para conquistar la autonomía.
Por otra parte ahora se escuchan voces que dicen que la autonomía se perdió, que perdimos el rumbo, etc., posición que también me parece apresurada.
Lo cierto es que ni ganamos la autonomía el 4 de mayo de 2008 ni la perdimos en los meses posteriores. La autonomía es un proceso por el cual estamos transitando, a veces rápido, a veces lento. Hemos avanzado muchísimo, y nos queda muchísimo por avanzar.
Hoy en la mente de una mayoría del país las autonomías están consolidadas como una obligación del Estado para con la población, éste es un gran logro. Pero aun falta hacerlas realidad en la aplicación, en la transferencia de competencias y recursos económicos desde el nivel central hacia los gobiernos departamentales y municipales; éste es un arduo y moroso trabajo.
Es muy importante destacar que todo el proceso autonómico fue y sigue siendo resistido a rajatablas por el centralismo, mucho antes de que Evo Morales asumiera la presidencia. Goni aseguraba que nunca iba a permitir las autonomías y Evo con todo el poder del Estado central a sus espaldas hizo todo lo posible para frenar el proceso autonómico, haciendo campaña por el No en el referéndum que se realizó conjuntamente para convocar una Asamblea Constituyente y luego tratando de impedir los referendos del 4 de mayo. Finalmente el gobierno decidió incluir la autonomía departamental en su constitución, pero como una fachada, ausente de muchas competencias y recursos que esenciales para verdaderamente tener gobiernos departamentales autónomos. No está demás notar que hoy algunos de los que impulsaron esos referendos están siendo enjuiciados por el gobierno central.
El proceso autonómico es complicado y difícil, incluso existiendo la voluntad de todas las partes. Por ahora no hay esa voluntad y el proceso autonómico se enfrenta a un gobierno en extremo centralista que se va a aferrar al poder que tiene. Pero el proceso autonómico no solo se enfrenta con un gobierno que en lo más íntimo reniega de la autonomía (aunque públicamente exprese su apoyo por dicho proceso), sino también con un gobierno con tendencias totalitarista, que viola las leyes, que realiza persecuciones políticas, que utiliza el poder judicial como instrumento del partido y que está dispuesto a recurrir a la mentira, la farsa, la violencia y el terrorismo de Estado para conseguir sus metas.
Siendo realistas, no podemos esperar avanzar satisfactoriamente en el proceso autonómico con las condiciones actuales. Mientras siga el actual gobierno, las autonomías avanzarán lentamente; por momentos retrocederán y se centralizarán más recursos, como ha sucedido con el IDH por ejemplo.
Pero el proceso autonómico seguirá avanzando a su ritmo mientras exista la voluntad política de los líderes regionales, respaldada por el apoyo de una ciudadanía que crea que con la autonomía tendremos mejores gobiernos en todos los niveles.
Este es un proceso largo y difícil donde no hay que perder la perspectiva ni la paciencia.
Santa Cruz de la Sierra, 06/05/10
lunes, 10 de mayo de 2010
sábado, 1 de mayo de 2010
Inseguridad e indefensión: fallas del Estado central
Javier Paz García
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
¿La gente pobre es idiota e irresponsable?
Javier Paz García
La pregunta surge luego de una conversación con un amigo mío. Creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con el fruto de su trabajo. Consecuentemente no estoy de acuerdo con que el Estado obligue a los trabajadores a ahorrar en fondos de pensiones (no estoy en contra del ahorro, sino en contra de la coacción estatal). Hace unos días, un amigo mío se quedó pasmado de que yo tuviese semejante postura y me dijo que sin aportes obligatorios a las pensiones, la gente pobre, los obreros y asalariados no ahorrarían y en el futuro tendríamos un ejército de ancianos indigentes. Yo le dije que no creía en esa visión, sino más bien que la gente es en su mayoría responsable y capaz de prever y ahorrar para el futuro. A esto él respondió diciendo que yo estaba alejado de la realidad, que no tenía idea sobre cómo actúa la gente pobre y de escasa educación, que personas inteligentes como él y yo podemos tener la capacidad de previsión, pero no los pobres e ignorantes. Puso como ejemplo a los obreros de la planta en la cual él trabaja que llegan a fin de mes sin un peso, y cuando reciben su sueldo se lo beben o lo malgastan y no ahorran nada por cuenta propia.
No niego que haya gente irresponsable en todos los estratos sociales y económicos. Sin embargo me asusta cuando alguien sostiene que la mayoría de la gente pobre o con escasa instrucción es incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre su presente y su futuro. Me aterra cuando muchos piensan así.
El germen del socialismo radica en creer precisamente eso; que la mayoría de la gente es idiota y por lo tanto debe existir una minoría ilustrada que tome decisiones por ellos. El ilustre filósofo Adam Smith escribió al respecto: “El estadista que intentara dirigir a la gente sobre cómo emplear su dinero, no solo se recargaría de un trabajo innecesario, sino que estaría asumiendo una autoridad que no puede ser conferida sin riesgos a ningún comité o senado, y que en ninguna parte sería más peligrosa que en las manos de una persona con tanta locura y presunción como para imaginarse a sí mismo capaz de ejercitarla”.
Mi amigo cree que yo soy un ingenuo, que vivo en otro planeta y que la gente pobre es idiota e irresponsable. Su visión fatalista obvia la historia de la humanidad, donde en su mayor parte no existieron programas estatales de pensiones ni ejércitos de ancianos indigentes (podemos afirmar que el Estado paternalista nace con la Alemania de Bismark recién a finales del siglo XIX). Obvia también el presente donde existen millones de personas no adineradas que no aportan a pensiones estatales y que no terminan sus días mendigando. Niega que la gente de escasos recursos cuida responsablemente de sus hijos e invierte en ellos. Niega la creatividad y espíritu emprendedor del sector informal de la economía en su mayoría compuesto por personas de escasos recursos. Por lo tanto, no comparto la noción de que la gente pobre y sin educación es idiota e irresponsable. Creo que casi todos, más allá de la educación o el dinero que tengamos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro bienestar; creo que es un derecho y un deber que lo hagamos. Creo también que cuando el Estado empieza a quitarle al individuo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su bienestar y su propiedad, empieza verdaderamente a idiotizarlo.
Santa Cruz de la Sierra, 22/04/10
La pregunta surge luego de una conversación con un amigo mío. Creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con el fruto de su trabajo. Consecuentemente no estoy de acuerdo con que el Estado obligue a los trabajadores a ahorrar en fondos de pensiones (no estoy en contra del ahorro, sino en contra de la coacción estatal). Hace unos días, un amigo mío se quedó pasmado de que yo tuviese semejante postura y me dijo que sin aportes obligatorios a las pensiones, la gente pobre, los obreros y asalariados no ahorrarían y en el futuro tendríamos un ejército de ancianos indigentes. Yo le dije que no creía en esa visión, sino más bien que la gente es en su mayoría responsable y capaz de prever y ahorrar para el futuro. A esto él respondió diciendo que yo estaba alejado de la realidad, que no tenía idea sobre cómo actúa la gente pobre y de escasa educación, que personas inteligentes como él y yo podemos tener la capacidad de previsión, pero no los pobres e ignorantes. Puso como ejemplo a los obreros de la planta en la cual él trabaja que llegan a fin de mes sin un peso, y cuando reciben su sueldo se lo beben o lo malgastan y no ahorran nada por cuenta propia.
No niego que haya gente irresponsable en todos los estratos sociales y económicos. Sin embargo me asusta cuando alguien sostiene que la mayoría de la gente pobre o con escasa instrucción es incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre su presente y su futuro. Me aterra cuando muchos piensan así.
El germen del socialismo radica en creer precisamente eso; que la mayoría de la gente es idiota y por lo tanto debe existir una minoría ilustrada que tome decisiones por ellos. El ilustre filósofo Adam Smith escribió al respecto: “El estadista que intentara dirigir a la gente sobre cómo emplear su dinero, no solo se recargaría de un trabajo innecesario, sino que estaría asumiendo una autoridad que no puede ser conferida sin riesgos a ningún comité o senado, y que en ninguna parte sería más peligrosa que en las manos de una persona con tanta locura y presunción como para imaginarse a sí mismo capaz de ejercitarla”.
Mi amigo cree que yo soy un ingenuo, que vivo en otro planeta y que la gente pobre es idiota e irresponsable. Su visión fatalista obvia la historia de la humanidad, donde en su mayor parte no existieron programas estatales de pensiones ni ejércitos de ancianos indigentes (podemos afirmar que el Estado paternalista nace con la Alemania de Bismark recién a finales del siglo XIX). Obvia también el presente donde existen millones de personas no adineradas que no aportan a pensiones estatales y que no terminan sus días mendigando. Niega que la gente de escasos recursos cuida responsablemente de sus hijos e invierte en ellos. Niega la creatividad y espíritu emprendedor del sector informal de la economía en su mayoría compuesto por personas de escasos recursos. Por lo tanto, no comparto la noción de que la gente pobre y sin educación es idiota e irresponsable. Creo que casi todos, más allá de la educación o el dinero que tengamos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro bienestar; creo que es un derecho y un deber que lo hagamos. Creo también que cuando el Estado empieza a quitarle al individuo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su bienestar y su propiedad, empieza verdaderamente a idiotizarlo.
Santa Cruz de la Sierra, 22/04/10
viernes, 16 de abril de 2010
Descentralizando las labores policiales
Javier Paz García
Es absolutamente justificable que exista una Policía Nacional. Sin embargo es por demás de cuestionable que casi la totalidad de sus miembros sean del occidente del país. Por ejemplo, es una rareza encontrar un policía cruceño en Santa Cruz o un policía beniano en el Beni y lo mismo debe suceder en el resto del país con la obvia excepción de La Paz. Es como si viviéramos en un régimen de colonización y dominio.
Los miembros de la policía deberían ser oriundos de la tierra donde ejercen sus funciones. Este no es un tema de racismo en lo absoluto: es tan absurdo pretender que todos los policías en Bolivia sean collas, como que todos sean cambas. Lo lógico y lo óptimo sería que la policía refleje la diversidad de la sociedad civil y que cada región pueda formar sus cuadros policiales con personas pertenecientes a la comunidad donde van a prestar sus servicios.
Por otro lado es inconcebible que las multas de tránsito que se generan en cualquier parte del país, terminen en La Paz. Así como la alcaldía de cada ciudad es responsable del mantenimiento de las calles y semáforos, así también debería ser responsable del control del tránsito. En la actualidad el municipio es responsable de generar el gasto (colocar el semáforo) y la Policía Nacional de percibir el ingreso (cobrar las multas que dicho semáforo genera); esto es un absurdo y como resultado vivimos con los semáforos en mal estado.
No hay duda de que la policía es una institución centralista, como lo demuestran las situaciones anteriormente expuestas. Tristemente hablar de descentralizar la Policía Nacional o crear academias descentralizadas en diversos municipios del país, genera reacciones propias del centralismo más retrógrado: ¡que se quiere dividir Bolivia!, ¡que la Policía es una sola!, consignas que apelan más a los sentimientos nacionalistas y centralistas que a la lógica y la razón.
Por ello, veo improbable que en el futuro próximo la Policía Nacional atraviese por un proceso de descentralización. Sin embargo los municipios del país pueden avanzar en una descentralización de las labores policiales creando sus propias guardias municipales, como sucede ya en algunos municipios, y recuperando paulatinamente funciones que por naturaleza deberían pertenecer al municipio, como ser la administración del tránsito municipal.
Tener una policía responsable ante el municipio y no ante un comando central a mil kilómetros de distancia; e integrada por habitantes del municipio y no por personas que nacieron y vivieron a mil kilómetros de distancia mejorará el servicio que prestan por dos motivos: la policía será sujeta a un escrutinio más minucioso por parte del municipio, y los policías tendrán mayor interés en ser bien vistos por los habitantes de la ciudad en la cual ellos también viven.
Estas son cosas difíciles de explicar a las personas con mentes centralistas, pero no deberíamos esperar a tener su aprobación para empezar a llevarlas a cabo. Al final, la autonomía consiste en permitir que aflore la creatividad desde lo pequeño y cercano; y no esperar a que quienes están lejos de nosotros nos digan qué hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 16/04/10
Es absolutamente justificable que exista una Policía Nacional. Sin embargo es por demás de cuestionable que casi la totalidad de sus miembros sean del occidente del país. Por ejemplo, es una rareza encontrar un policía cruceño en Santa Cruz o un policía beniano en el Beni y lo mismo debe suceder en el resto del país con la obvia excepción de La Paz. Es como si viviéramos en un régimen de colonización y dominio.
Los miembros de la policía deberían ser oriundos de la tierra donde ejercen sus funciones. Este no es un tema de racismo en lo absoluto: es tan absurdo pretender que todos los policías en Bolivia sean collas, como que todos sean cambas. Lo lógico y lo óptimo sería que la policía refleje la diversidad de la sociedad civil y que cada región pueda formar sus cuadros policiales con personas pertenecientes a la comunidad donde van a prestar sus servicios.
Por otro lado es inconcebible que las multas de tránsito que se generan en cualquier parte del país, terminen en La Paz. Así como la alcaldía de cada ciudad es responsable del mantenimiento de las calles y semáforos, así también debería ser responsable del control del tránsito. En la actualidad el municipio es responsable de generar el gasto (colocar el semáforo) y la Policía Nacional de percibir el ingreso (cobrar las multas que dicho semáforo genera); esto es un absurdo y como resultado vivimos con los semáforos en mal estado.
No hay duda de que la policía es una institución centralista, como lo demuestran las situaciones anteriormente expuestas. Tristemente hablar de descentralizar la Policía Nacional o crear academias descentralizadas en diversos municipios del país, genera reacciones propias del centralismo más retrógrado: ¡que se quiere dividir Bolivia!, ¡que la Policía es una sola!, consignas que apelan más a los sentimientos nacionalistas y centralistas que a la lógica y la razón.
Por ello, veo improbable que en el futuro próximo la Policía Nacional atraviese por un proceso de descentralización. Sin embargo los municipios del país pueden avanzar en una descentralización de las labores policiales creando sus propias guardias municipales, como sucede ya en algunos municipios, y recuperando paulatinamente funciones que por naturaleza deberían pertenecer al municipio, como ser la administración del tránsito municipal.
Tener una policía responsable ante el municipio y no ante un comando central a mil kilómetros de distancia; e integrada por habitantes del municipio y no por personas que nacieron y vivieron a mil kilómetros de distancia mejorará el servicio que prestan por dos motivos: la policía será sujeta a un escrutinio más minucioso por parte del municipio, y los policías tendrán mayor interés en ser bien vistos por los habitantes de la ciudad en la cual ellos también viven.
Estas son cosas difíciles de explicar a las personas con mentes centralistas, pero no deberíamos esperar a tener su aprobación para empezar a llevarlas a cabo. Al final, la autonomía consiste en permitir que aflore la creatividad desde lo pequeño y cercano; y no esperar a que quienes están lejos de nosotros nos digan qué hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 16/04/10
Las señales que damos
Javier Paz García
Poco o nada sé sobre los detalles y entretelones del caso de las boletas de garantía que el gobierno quiere cobrar a la Jindal. Por lo tanto no puedo opinar sobre si corresponde cobrarlas o no. Sin embargo, más allá de quien tiene la razón, cuando una empresa amenaza parar sus inversiones, como lo ha hecho la Jindal, manda una señal clara de que en el país no existe seguridad jurídica, no hay seriedad por parte del gobierno y que es mejor no invertir. A esto sumemos persecuciones políticas, jueces nombrados a dedo por el presidente, prohibiciones arbitrarias contra las exportaciones, amenazas de nacionalizaciones, controles de precio y un ambiente abiertamente hostil contra las empresas extranjeras y podemos ver por qué Bolivia está lejos de ser un paraíso para los inversionistas.
Bolivia tiene una buena tradición de tirarse un tiro en el pie. Ya años atrás hicimos que la Litco, que estaba interesada en el litio del Salar de Uyuni, se vaya espantada y curada de querer invertir aquí. No tendría que sorprendernos si la Jindal termina haciendo lo mismo.
Probablemente, a pesar de la inseguridad jurídica y las rabietas del gobierno, las empresas petroleras sigan trabajando en Bolivia, probablemente lo haga también la Jindal; a fin de cuentas, estas empresas extractivas tienen que trabajar donde están los recursos naturales. Sin embargo difícilmente podemos esperar inversiones extranjeras en otros rubros que no sean extractivos. Las empresas petroleras no eligen donde hay petróleo, trabajan donde les toca. Sin embargo las empresas que crean valor agregado, que transforman las materias primas u ofrecen servicios, sí pueden elegir dónde invertir. Y difícilmente este tipo de empresas apostaría por Bolivia en las actuales condiciones, cuando pueden hacerlo en países vecinos que ofrecen mejores condiciones.
Las señales que damos son de alarma y precaución para el inversionista y los diversos estudios que evalúan las condiciones de inversión en Bolivia así lo dicen.
Esta situación nos conduce a depender cada vez más de los recursos naturales y a convertirnos de nuevo en un país monoproductor. Mientras los precios del gas y de dos o tres productos adicionales sean buenos, el país va a andar; cuando estos precios caigan todo el país se va a tambalear.
Santa Cruz de la Sierra, 09/04/10
Poco o nada sé sobre los detalles y entretelones del caso de las boletas de garantía que el gobierno quiere cobrar a la Jindal. Por lo tanto no puedo opinar sobre si corresponde cobrarlas o no. Sin embargo, más allá de quien tiene la razón, cuando una empresa amenaza parar sus inversiones, como lo ha hecho la Jindal, manda una señal clara de que en el país no existe seguridad jurídica, no hay seriedad por parte del gobierno y que es mejor no invertir. A esto sumemos persecuciones políticas, jueces nombrados a dedo por el presidente, prohibiciones arbitrarias contra las exportaciones, amenazas de nacionalizaciones, controles de precio y un ambiente abiertamente hostil contra las empresas extranjeras y podemos ver por qué Bolivia está lejos de ser un paraíso para los inversionistas.
Bolivia tiene una buena tradición de tirarse un tiro en el pie. Ya años atrás hicimos que la Litco, que estaba interesada en el litio del Salar de Uyuni, se vaya espantada y curada de querer invertir aquí. No tendría que sorprendernos si la Jindal termina haciendo lo mismo.
Probablemente, a pesar de la inseguridad jurídica y las rabietas del gobierno, las empresas petroleras sigan trabajando en Bolivia, probablemente lo haga también la Jindal; a fin de cuentas, estas empresas extractivas tienen que trabajar donde están los recursos naturales. Sin embargo difícilmente podemos esperar inversiones extranjeras en otros rubros que no sean extractivos. Las empresas petroleras no eligen donde hay petróleo, trabajan donde les toca. Sin embargo las empresas que crean valor agregado, que transforman las materias primas u ofrecen servicios, sí pueden elegir dónde invertir. Y difícilmente este tipo de empresas apostaría por Bolivia en las actuales condiciones, cuando pueden hacerlo en países vecinos que ofrecen mejores condiciones.
Las señales que damos son de alarma y precaución para el inversionista y los diversos estudios que evalúan las condiciones de inversión en Bolivia así lo dicen.
Esta situación nos conduce a depender cada vez más de los recursos naturales y a convertirnos de nuevo en un país monoproductor. Mientras los precios del gas y de dos o tres productos adicionales sean buenos, el país va a andar; cuando estos precios caigan todo el país se va a tambalear.
Santa Cruz de la Sierra, 09/04/10
viernes, 2 de abril de 2010
Sugieren no invertir en Bolivia
Javier Paz García
Tomé el título de esta columna de una nota de prensa de El Deber del domingo 28 de marzo. La noticia se refiere a un informe publicado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Parte de la nota dice lo siguiente: “En el estudio, Bolivia es visto como un país en el que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital, ya que se trata de ‘un país pequeño y complicado en diversos sectores, con unos niveles generales de seguridad jurídica muy bajos’. El informe señala que la mala imagen de Bolivia está generada por ‘las campañas de desprestigio de algunas de las empresas españolas del sector de hidrocarburos’”.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, una institución española, no es la única en desahuciar las inversiones en el país. La Fundación Heritage, de origen estadounidense, publica cada año el Índice de Libertad Económica, donde mide diez aspectos relevantes a la misma y hace una clasificación de casi todos los países del mundo según su puntuación. Como dije en un artículo publicado anteriormente (Bolivia en el Índice de Libertad Económica, El Deber, 9/02/10) el año 2010 Bolivia obtuvo su peor calificación desde que se empezó a publicar el estudio en 1995, siendo las áreas más preocupantes los derechos de propiedad, la libertad para realizar inversiones y la corrupción.
El Instituto Fraser, de origen canadiense también publica un reporte similar. La última versión, que contiene datos hasta el año 2007 nos ubica en la posición 96, la peor en más de veinte años.
El Banco Mundial anualmente publica el informe Doing Business (Haciendo Negocios). En su versión 2010, este informe ubica a Bolivia en el puesto 161 de un total de 183 países, tres posiciones menos que el 2009.
Estos estudios son realizados por instituciones serias de diversos países y que no tienen ningún interés particular en Bolivia. No pretenden desestabilizar gobiernos o apoyar a facciones políticas. El propósito de los estudios es dar una guía a los inversionistas que desean hacer negocios fuera de sus fronteras nacionales, y servir de guía a los gobiernos sobre acciones que pueden tomar para mejorar sus regulaciones, activar sus economías y atraer inversiones.
Bolivia nunca ha sido una estrella en este tipo de mediciones, encontrándose casi siempre de la mitad para abajo. Pero no solamente nos debe preocupar la posición absoluta del país, sino también su dirección. Bolivia, a pesar de no tener buenas notas, había mostrado mejoras sistemáticas en este tipo de estudios desde mediados de la década pasada hasta mediados de la presente. Desde entonces las calificaciones del país han ido cayendo año tras año. Como cuando se planta un árbol, los frutos de las malas políticas que nos están llevando por este camino tardarán su tiempo en aparecer, pero inevitablemente aparecerán. Tal vez (ojalá) para entonces haya otros gobernantes, pero seremos nosotros los que pagaremos los platos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/04/10
Tomé el título de esta columna de una nota de prensa de El Deber del domingo 28 de marzo. La noticia se refiere a un informe publicado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Parte de la nota dice lo siguiente: “En el estudio, Bolivia es visto como un país en el que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital, ya que se trata de ‘un país pequeño y complicado en diversos sectores, con unos niveles generales de seguridad jurídica muy bajos’. El informe señala que la mala imagen de Bolivia está generada por ‘las campañas de desprestigio de algunas de las empresas españolas del sector de hidrocarburos’”.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, una institución española, no es la única en desahuciar las inversiones en el país. La Fundación Heritage, de origen estadounidense, publica cada año el Índice de Libertad Económica, donde mide diez aspectos relevantes a la misma y hace una clasificación de casi todos los países del mundo según su puntuación. Como dije en un artículo publicado anteriormente (Bolivia en el Índice de Libertad Económica, El Deber, 9/02/10) el año 2010 Bolivia obtuvo su peor calificación desde que se empezó a publicar el estudio en 1995, siendo las áreas más preocupantes los derechos de propiedad, la libertad para realizar inversiones y la corrupción.
El Instituto Fraser, de origen canadiense también publica un reporte similar. La última versión, que contiene datos hasta el año 2007 nos ubica en la posición 96, la peor en más de veinte años.
El Banco Mundial anualmente publica el informe Doing Business (Haciendo Negocios). En su versión 2010, este informe ubica a Bolivia en el puesto 161 de un total de 183 países, tres posiciones menos que el 2009.
Estos estudios son realizados por instituciones serias de diversos países y que no tienen ningún interés particular en Bolivia. No pretenden desestabilizar gobiernos o apoyar a facciones políticas. El propósito de los estudios es dar una guía a los inversionistas que desean hacer negocios fuera de sus fronteras nacionales, y servir de guía a los gobiernos sobre acciones que pueden tomar para mejorar sus regulaciones, activar sus economías y atraer inversiones.
Bolivia nunca ha sido una estrella en este tipo de mediciones, encontrándose casi siempre de la mitad para abajo. Pero no solamente nos debe preocupar la posición absoluta del país, sino también su dirección. Bolivia, a pesar de no tener buenas notas, había mostrado mejoras sistemáticas en este tipo de estudios desde mediados de la década pasada hasta mediados de la presente. Desde entonces las calificaciones del país han ido cayendo año tras año. Como cuando se planta un árbol, los frutos de las malas políticas que nos están llevando por este camino tardarán su tiempo en aparecer, pero inevitablemente aparecerán. Tal vez (ojalá) para entonces haya otros gobernantes, pero seremos nosotros los que pagaremos los platos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/04/10
lunes, 29 de marzo de 2010
Hacia una despenalización de las drogas
Javier Paz García
Los californianos votarán en noviembre una iniciativa para legalizar la marihuana. En mi opinión, se debería despenalizar el consumo de todas las drogas. Primero aclaro que nunca he consumido o producido drogas. Soy consciente del sufrimiento que pueden ocasionar, tanto a quien las consume, como a sus seres queridos. Sin embargo, y a pesar de ello sostengo esta posición porque creo que ningún gobierno debería legislar sobre las preferencias de consumo de nadie. Creo que cada persona adulta (resalto lo de persona adulta), debería tener el derecho de consumir las drogas, alcohol, tabaco o colesterol que desee. Una persona adulta sabe que tomar bebidas alcohólicas en exceso es malo, que hay que comer verduras y frutas, que las comidas grasosas causan obesidad y graves daños al sistema circulatorio y que las drogas son malas; es por tanto una cuestión de responsabilidad personal e individual decidir la cantidad de alcohol, verduras, comidas grasosas o drogas que cada quien desea consumir. Desde esta perspectiva, prohibir el consumo de drogas es tan arbitrario como prohibir el consumo de chocolates.
Pero más allá de la posición principista, existen razones prácticas para defender la despenalización de las drogas. Primeramente, la guerra contra las drogas es inefectiva: cualquiera puede conseguir cualquier droga, en cualquier parte del mundo. Es además demasiado costosa, tanto en lo económico, como en pérdidas humanas. Miles de personas mueren cada año, víctimas de la violencia generada, no por las drogas, sino por su penalización. Criminalizar las drogas hace que solo los criminales se dediquen a su comercio, con el tráfico de armas, la corrupción y la lucha por mantener los monopolios que dicho tráfico conlleva. Un ejemplo relevante nos lo da el caso de la prohibición de alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920. La prohibición dio origen al crimen organizado, la violencia, la corrupción de las autoridades públicas y creó a Al Capone, uno de los mafiosos más reconocidos de todos los tiempos. Al final la prohibición fue un fracaso y tuvo que ser abolida… y con la abolición se acabó la violencia que esta actividad previamente ilegal generaba. Si mañana vuelven a prohibir el alcohol, podemos estar seguros que se crearan los carteles y las mafias dispuestas a comercializarlo a costa de violencia y muerte (con los chocolates sería peor aún).
Si las drogas no fueran ilegales, Ciudad Juárez en Méjico no sería uno de los lugares más peligrosos del mundo, no hubiera surgido Pablo Escobar sembrando violencia en Colombia, las FARC probablemente ya estuvieran derrotadas y Evo Morales no hubiera logrado secuestrar a un país entero mediante bloqueos y marchas.
Si las drogas fueran legales, se podría fiscalizar la calidad de las mismas, disminuyendo los efectos nocivos sobre los consumidores y las enormes sumas de dinero que hoy se utilizan para la erradicación se podrían usar para campañas de prevención y educación.
La guerra contra las drogas nunca se va a ganar: mientras haya gente dispuesta a consumirla, habrá gente dispuesta a producirla y comercializarla. Por razones de principio y prácticas, los líderes mundiales deberían moverse en la dirección de California.
Santa Cruz de la Sierra, 26/03/10
Los californianos votarán en noviembre una iniciativa para legalizar la marihuana. En mi opinión, se debería despenalizar el consumo de todas las drogas. Primero aclaro que nunca he consumido o producido drogas. Soy consciente del sufrimiento que pueden ocasionar, tanto a quien las consume, como a sus seres queridos. Sin embargo, y a pesar de ello sostengo esta posición porque creo que ningún gobierno debería legislar sobre las preferencias de consumo de nadie. Creo que cada persona adulta (resalto lo de persona adulta), debería tener el derecho de consumir las drogas, alcohol, tabaco o colesterol que desee. Una persona adulta sabe que tomar bebidas alcohólicas en exceso es malo, que hay que comer verduras y frutas, que las comidas grasosas causan obesidad y graves daños al sistema circulatorio y que las drogas son malas; es por tanto una cuestión de responsabilidad personal e individual decidir la cantidad de alcohol, verduras, comidas grasosas o drogas que cada quien desea consumir. Desde esta perspectiva, prohibir el consumo de drogas es tan arbitrario como prohibir el consumo de chocolates.
Pero más allá de la posición principista, existen razones prácticas para defender la despenalización de las drogas. Primeramente, la guerra contra las drogas es inefectiva: cualquiera puede conseguir cualquier droga, en cualquier parte del mundo. Es además demasiado costosa, tanto en lo económico, como en pérdidas humanas. Miles de personas mueren cada año, víctimas de la violencia generada, no por las drogas, sino por su penalización. Criminalizar las drogas hace que solo los criminales se dediquen a su comercio, con el tráfico de armas, la corrupción y la lucha por mantener los monopolios que dicho tráfico conlleva. Un ejemplo relevante nos lo da el caso de la prohibición de alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920. La prohibición dio origen al crimen organizado, la violencia, la corrupción de las autoridades públicas y creó a Al Capone, uno de los mafiosos más reconocidos de todos los tiempos. Al final la prohibición fue un fracaso y tuvo que ser abolida… y con la abolición se acabó la violencia que esta actividad previamente ilegal generaba. Si mañana vuelven a prohibir el alcohol, podemos estar seguros que se crearan los carteles y las mafias dispuestas a comercializarlo a costa de violencia y muerte (con los chocolates sería peor aún).
Si las drogas no fueran ilegales, Ciudad Juárez en Méjico no sería uno de los lugares más peligrosos del mundo, no hubiera surgido Pablo Escobar sembrando violencia en Colombia, las FARC probablemente ya estuvieran derrotadas y Evo Morales no hubiera logrado secuestrar a un país entero mediante bloqueos y marchas.
Si las drogas fueran legales, se podría fiscalizar la calidad de las mismas, disminuyendo los efectos nocivos sobre los consumidores y las enormes sumas de dinero que hoy se utilizan para la erradicación se podrían usar para campañas de prevención y educación.
La guerra contra las drogas nunca se va a ganar: mientras haya gente dispuesta a consumirla, habrá gente dispuesta a producirla y comercializarla. Por razones de principio y prácticas, los líderes mundiales deberían moverse en la dirección de California.
Santa Cruz de la Sierra, 26/03/10
¡Felicidades Colombia!
Javier Paz García
Durante el mes de abril del 2007 atravesé Colombia comenzando en Maicao, ciudad fronteriza con Venezuela al noreste del país, hasta llegar a Ecuador por la ciudad de Pasto, en el extremo suroeste. El viaje lo realice por tierra, en flotas de transporte público. Al inicio de mi viaje, entre Maicao y Barranquilla el ejército colombiano detuvo la flota en la que me encontraba, bajó a todas las personas, nos puso con las manos arriba contra el bus y nos requisó. Luego de algunos minutos todos subimos al bus y seguimos viaje. En los más de mil kilómetros que anduve por suelo colombiano, no volví a tener otro evento de tal naturaleza.
Pensar en realizar la misma travesía 5 años antes de esa fecha hubiera sido una locura. Durante los noventa y los primeros años de la década siguiente Colombia era un país secuestrado por las guerrillas y los paramilitares. El país entero era víctima del miedo y como me contó don Héctor, mientras saboreábamos un café Juan Valdez en Manizales, antes la gente no podía salir de una ciudad a otra, e incluso evitaba los lugares públicos por miedo a los secuestros y coches bomba. Una señora que se sentó a mi lado en el teleférico de Medellín me dio otro testimonio conmovedor. Ella vive en un barrio pobre donde antes era cosa de todos los días oír tiroteos en las noches. Cuenta ella que no era infrecuente salir a trabajar al día siguiente y encontrar uno o dos cuerpos desangrados en las calles.
Ahora en Colombia las cosas están mejor gracias a Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática que puso a la guerrilla en jaque, y tiene a las FARC en el peor momento de su historia. La política de seguridad democrática del presidente Uribe devolvió a los colombianos una libertad y tranquilidad que no habían experimentado en décadas.
Personalmente creo que Uribe ha puesto a Colombia en rumbo hacia la victoria frente a las guerrillas y hacia el desarrollo económico, con plena vigencia de la democracia y el estado de derecho. Por ello, tengo gran admiración por el presidente Uribe.
A la vez celebro y felicito al pueblo colombiano por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que le cerró las puertas a una segunda reelección. Critico de Uribe que haya querido cambiar las reglas de juego para reelegirse. Creo que el caudillismo ha sido y sigue siendo nefasto para Latinoamérica, y pocas cosas me asustan más que el político que se cree imprescindible. Creo que los latinoamericanos debemos acostumbrarnos a poner la Ley por encima de las personas. El mensaje que dio Colombia con el fallo en contra de Uribe, precisamente sienta un precedente y es un ejemplo de institucionalidad y respeto a las leyes. Por eso deseo felicitar a Colombia, cuya democracia se verá fortalecida con este fallo. Y deseo sinceramente que el próximo presidente colombiano sea tan bueno como lo es Álvaro Uribe.
Santa Cruz de la Sierra, 05/03/10
Durante el mes de abril del 2007 atravesé Colombia comenzando en Maicao, ciudad fronteriza con Venezuela al noreste del país, hasta llegar a Ecuador por la ciudad de Pasto, en el extremo suroeste. El viaje lo realice por tierra, en flotas de transporte público. Al inicio de mi viaje, entre Maicao y Barranquilla el ejército colombiano detuvo la flota en la que me encontraba, bajó a todas las personas, nos puso con las manos arriba contra el bus y nos requisó. Luego de algunos minutos todos subimos al bus y seguimos viaje. En los más de mil kilómetros que anduve por suelo colombiano, no volví a tener otro evento de tal naturaleza.
Pensar en realizar la misma travesía 5 años antes de esa fecha hubiera sido una locura. Durante los noventa y los primeros años de la década siguiente Colombia era un país secuestrado por las guerrillas y los paramilitares. El país entero era víctima del miedo y como me contó don Héctor, mientras saboreábamos un café Juan Valdez en Manizales, antes la gente no podía salir de una ciudad a otra, e incluso evitaba los lugares públicos por miedo a los secuestros y coches bomba. Una señora que se sentó a mi lado en el teleférico de Medellín me dio otro testimonio conmovedor. Ella vive en un barrio pobre donde antes era cosa de todos los días oír tiroteos en las noches. Cuenta ella que no era infrecuente salir a trabajar al día siguiente y encontrar uno o dos cuerpos desangrados en las calles.
Ahora en Colombia las cosas están mejor gracias a Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática que puso a la guerrilla en jaque, y tiene a las FARC en el peor momento de su historia. La política de seguridad democrática del presidente Uribe devolvió a los colombianos una libertad y tranquilidad que no habían experimentado en décadas.
Personalmente creo que Uribe ha puesto a Colombia en rumbo hacia la victoria frente a las guerrillas y hacia el desarrollo económico, con plena vigencia de la democracia y el estado de derecho. Por ello, tengo gran admiración por el presidente Uribe.
A la vez celebro y felicito al pueblo colombiano por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que le cerró las puertas a una segunda reelección. Critico de Uribe que haya querido cambiar las reglas de juego para reelegirse. Creo que el caudillismo ha sido y sigue siendo nefasto para Latinoamérica, y pocas cosas me asustan más que el político que se cree imprescindible. Creo que los latinoamericanos debemos acostumbrarnos a poner la Ley por encima de las personas. El mensaje que dio Colombia con el fallo en contra de Uribe, precisamente sienta un precedente y es un ejemplo de institucionalidad y respeto a las leyes. Por eso deseo felicitar a Colombia, cuya democracia se verá fortalecida con este fallo. Y deseo sinceramente que el próximo presidente colombiano sea tan bueno como lo es Álvaro Uribe.
Santa Cruz de la Sierra, 05/03/10
sábado, 27 de febrero de 2010
¿Qué son los precios y los controles de precios?
Javier Paz García
El sistema de precios es una forma de comunicación; es un lenguaje. El sistema de precios es el lenguaje mediante el cual se comunican productores y consumidores entre sí.
¿Cómo se lleva a cabo esta comunicación? Veamos un ejemplo. Supongamos que un nuevo estudio determina que la cerveza es saludable para los huesos y se produce un incremento en el consumo de cerveza. Entonces las cerveceras incrementan su producción y por ello demandan mayor cantidad de cebada. Esto genera escases de cebada que a su vez hace que incremente su precio. El incremento del precio de la cebada indica a los productores que deben producir más cebada. Mediante el sistema de precios los consumidores de cerveza están diciéndole a los productores de cebada ¡produzcan más! Asimismo, si un estudio determina que el vino es bueno para el corazón y muchos bebedores de cerveza deciden reemplazar la cerveza por el vino, este mecanismo les hará saber a los productores de cebada que deben disminuir su producción. De igual forma, un ama de casas que compra sus verduras en algún mercado citadino se comunica con cientos de productores rurales a quienes no conoce ni va a conocer. Si desaparecieran los precios o se mantuvieran estáticos, los consumidores y productores no pudieran comunicarse entre sí.
El control de precio es la intervención del gobierno para fijar límites o definir los precios de las mercancías. Generalmente el control de precios se da con límites máximos, por sobre los cuales es prohibido vender el producto. El control de precio distorsiona la comunicación entre productores y consumidores.
Si la gente demanda más maíz, pero el gobierno instaura un control del precio del maíz, el productor no recibe ninguna señal que le indique que debe aumentar su producción.
Un control de precio puede tener éxito en el corto plazo. Si la siembra y la cosecha del maíz ya se realizaron y el gobierno establece un control de precios, pues los productores se verán obligados a vender su maíz al nuevo precio. Sin embargo a la larga, las áreas de cultivo del maíz se van reduciendo, y se genera un desabastecimiento.
Los controles de precios pueden ser medidas populares, que en el corto plazo reduzcan los precios y causen una buena acogida entre la población, pero a la larga (tal vez luego de varios años) perjudican a la población, porque tienen como consecuencia que el producto sea más escaso y más caro (los controles de precio generalmente generan mercados negros, donde el acceso al producto depende muchas veces depende de privilegios e influencias y el precio está por encima del determinado por el gobierno).
Otro efecto de los controles de precios es una disminución de la calidad. Cuando a un producto se le impone un precio con el cual no recupera sus costos, generalmente termina reduciéndolos para adecuarse al nuevo precio. Esta reducción de costos generalmente se consigue disminuyendo la calidad del producto.
En un mercado competitivo los precios son determinados por un intricado proceso de oferta y demanda que depende de miles de factores. Que un burócrata o un departamento de burócratas intenten controlar los precios es un ejercicio en futilidad que tiene efectos extremadamente nocivos y costosos para la salud de la economía y que además evidencia una tremenda ignorancia y engreimiento.
Santa Cruz de la Sierra, 26/02/10
El sistema de precios es una forma de comunicación; es un lenguaje. El sistema de precios es el lenguaje mediante el cual se comunican productores y consumidores entre sí.
¿Cómo se lleva a cabo esta comunicación? Veamos un ejemplo. Supongamos que un nuevo estudio determina que la cerveza es saludable para los huesos y se produce un incremento en el consumo de cerveza. Entonces las cerveceras incrementan su producción y por ello demandan mayor cantidad de cebada. Esto genera escases de cebada que a su vez hace que incremente su precio. El incremento del precio de la cebada indica a los productores que deben producir más cebada. Mediante el sistema de precios los consumidores de cerveza están diciéndole a los productores de cebada ¡produzcan más! Asimismo, si un estudio determina que el vino es bueno para el corazón y muchos bebedores de cerveza deciden reemplazar la cerveza por el vino, este mecanismo les hará saber a los productores de cebada que deben disminuir su producción. De igual forma, un ama de casas que compra sus verduras en algún mercado citadino se comunica con cientos de productores rurales a quienes no conoce ni va a conocer. Si desaparecieran los precios o se mantuvieran estáticos, los consumidores y productores no pudieran comunicarse entre sí.
El control de precio es la intervención del gobierno para fijar límites o definir los precios de las mercancías. Generalmente el control de precios se da con límites máximos, por sobre los cuales es prohibido vender el producto. El control de precio distorsiona la comunicación entre productores y consumidores.
Si la gente demanda más maíz, pero el gobierno instaura un control del precio del maíz, el productor no recibe ninguna señal que le indique que debe aumentar su producción.
Un control de precio puede tener éxito en el corto plazo. Si la siembra y la cosecha del maíz ya se realizaron y el gobierno establece un control de precios, pues los productores se verán obligados a vender su maíz al nuevo precio. Sin embargo a la larga, las áreas de cultivo del maíz se van reduciendo, y se genera un desabastecimiento.
Los controles de precios pueden ser medidas populares, que en el corto plazo reduzcan los precios y causen una buena acogida entre la población, pero a la larga (tal vez luego de varios años) perjudican a la población, porque tienen como consecuencia que el producto sea más escaso y más caro (los controles de precio generalmente generan mercados negros, donde el acceso al producto depende muchas veces depende de privilegios e influencias y el precio está por encima del determinado por el gobierno).
Otro efecto de los controles de precios es una disminución de la calidad. Cuando a un producto se le impone un precio con el cual no recupera sus costos, generalmente termina reduciéndolos para adecuarse al nuevo precio. Esta reducción de costos generalmente se consigue disminuyendo la calidad del producto.
En un mercado competitivo los precios son determinados por un intricado proceso de oferta y demanda que depende de miles de factores. Que un burócrata o un departamento de burócratas intenten controlar los precios es un ejercicio en futilidad que tiene efectos extremadamente nocivos y costosos para la salud de la economía y que además evidencia una tremenda ignorancia y engreimiento.
Santa Cruz de la Sierra, 26/02/10
Dilema en la Unión Europea
Javier Paz García
La crisis fiscal por la que atraviesa Grecia ha puesto en aprietos a los demás miembros de la Unión Europea y especialmente a Alemania, el país miembro con la economía más importante de la región.
Los países miembros de la Unión Europea no deben sobrepasar ciertos márgenes de endeudamiento y déficit fiscal; Grecia está muy por encima de estos márgenes y su situación fiscal está al borde del colapso.
El dilema de la Unión Europea es si intervenir, mediante préstamos para rescatar a Grecia, o dejarla a su suerte. El tema no es sencillo y presenta un problema de riesgo moral. Si la Unión Europea rescata a Grecia, señala a otros países miembros que pueden ser fiscalmente irresponsables, ya que si se meten en problemas, la Unión Europea vendrá en su rescate. El problema es muy similar al de los rescates financieros para las grandes empresas durante la reciente crisis económica: los gobiernos salvaron a muchas empresas, premiando a malos gerentes y a accionistas descuidados. De esta manera los mismos gobiernos incentivan a que las empresas y los accionistas sigan realizando inversiones de alto riesgo, con la idea de que si les va bien, van a tener altas ganancias, y si les va mal, el gobierno nuevamente los va a rescatar. Esto es efectivamente privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Hay que conocer un poco del pasado Alemán para entender por qué este salvamento financiero es un tema espinoso para este país. Luego de la 1ra Guerra Mundial Alemania sufrió una de las inflaciones más altas de la historia. Esta experiencia traumática hizo de los Alemanes uno de los pueblos con mayor disciplina fiscal en el mundo. La adopción del euro como moneda común tuvo mucha resistencia dentro de este país porque significaba abandonar el marco alemán, una de las monedas más estables del mundo, y pasar a definir la política monetaria junto a países menos prudentes como Italia o Grecia. El miedo de muchos alemanes era precisamente que, al tener una moneda común, Alemania termine pagando por la irresponsabilidad fiscal de otros países miembros. Si la Unión Europea rescata a Grecia (y si lo hace, Alemania pondrá buena parte del rescate), esos miedos se harán realidad y el costo político para Angela Merkel, la actual canciller alemana puede ser muy alto.
Por otro lado dejar a Grecia por su cuenta puede causar un efecto dominó, con países como Portugal, España o Irlanda, países cuya situación fiscal no está en buen estado. Esto podría hundir a Europa en otra crisis económica.
Quienes abogan por el salvamento financiero argumentan que no intervenir en Grecia tendría consecuencias peores para todos los países miembros de la EU y para la una economía global todavía frágil y en recuperación.
Quienes creen que la Unión Europea no debería intervenir, argumentan que hacerlo no evita una crisis simplemente la posterga y que además, al premiar el comportamiento irresponsable y castigar el comportamiento responsable (Alemania, la responsable paga por la indisciplina fiscal de Grecia), hace que los países no tomen las medidas necesarias para sanear sus economías y así evitar estas crisis en el futuro.
Santa Cruz de la Sierra, 20/02/10
La crisis fiscal por la que atraviesa Grecia ha puesto en aprietos a los demás miembros de la Unión Europea y especialmente a Alemania, el país miembro con la economía más importante de la región.
Los países miembros de la Unión Europea no deben sobrepasar ciertos márgenes de endeudamiento y déficit fiscal; Grecia está muy por encima de estos márgenes y su situación fiscal está al borde del colapso.
El dilema de la Unión Europea es si intervenir, mediante préstamos para rescatar a Grecia, o dejarla a su suerte. El tema no es sencillo y presenta un problema de riesgo moral. Si la Unión Europea rescata a Grecia, señala a otros países miembros que pueden ser fiscalmente irresponsables, ya que si se meten en problemas, la Unión Europea vendrá en su rescate. El problema es muy similar al de los rescates financieros para las grandes empresas durante la reciente crisis económica: los gobiernos salvaron a muchas empresas, premiando a malos gerentes y a accionistas descuidados. De esta manera los mismos gobiernos incentivan a que las empresas y los accionistas sigan realizando inversiones de alto riesgo, con la idea de que si les va bien, van a tener altas ganancias, y si les va mal, el gobierno nuevamente los va a rescatar. Esto es efectivamente privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Hay que conocer un poco del pasado Alemán para entender por qué este salvamento financiero es un tema espinoso para este país. Luego de la 1ra Guerra Mundial Alemania sufrió una de las inflaciones más altas de la historia. Esta experiencia traumática hizo de los Alemanes uno de los pueblos con mayor disciplina fiscal en el mundo. La adopción del euro como moneda común tuvo mucha resistencia dentro de este país porque significaba abandonar el marco alemán, una de las monedas más estables del mundo, y pasar a definir la política monetaria junto a países menos prudentes como Italia o Grecia. El miedo de muchos alemanes era precisamente que, al tener una moneda común, Alemania termine pagando por la irresponsabilidad fiscal de otros países miembros. Si la Unión Europea rescata a Grecia (y si lo hace, Alemania pondrá buena parte del rescate), esos miedos se harán realidad y el costo político para Angela Merkel, la actual canciller alemana puede ser muy alto.
Por otro lado dejar a Grecia por su cuenta puede causar un efecto dominó, con países como Portugal, España o Irlanda, países cuya situación fiscal no está en buen estado. Esto podría hundir a Europa en otra crisis económica.
Quienes abogan por el salvamento financiero argumentan que no intervenir en Grecia tendría consecuencias peores para todos los países miembros de la EU y para la una economía global todavía frágil y en recuperación.
Quienes creen que la Unión Europea no debería intervenir, argumentan que hacerlo no evita una crisis simplemente la posterga y que además, al premiar el comportamiento irresponsable y castigar el comportamiento responsable (Alemania, la responsable paga por la indisciplina fiscal de Grecia), hace que los países no tomen las medidas necesarias para sanear sus economías y así evitar estas crisis en el futuro.
Santa Cruz de la Sierra, 20/02/10
jueves, 28 de enero de 2010
Alegato contra la libertad de prensa
Javier Paz García
Uno de los argumentos más frecuentes que encuentro para disfrazar la censura, alegando libertad de expresión va más o menos así: 1) Hay que garantizar la libertad de expresión. 2) Los medios de comunicación (o algunos medios) no transmiten todo el espectro de opiniones, por lo tanto limitan la libertad de expresión. 3) Por ello el gobierno debe intervenir y controlar a los medios para “garantizar la libertad de expresión".
Las formas del argumento pueden variar; algunos hablarán de “democratizar los medios” otros de “permitir al pueblo el acceso a los medios”, o “acabar con el monopolio donde solo los ricos y poderosos tienen voz”, etc., pero el fondo es básicamente igual. Quienes esgriman esta explicación en realidad no creen en la libertad de expresión, pero aparentan defenderla.
El argumento es ingenioso e incluso efectivo (no son pocos quienes se lo creen), pero es falaz. El error estriba en confundir lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado.
En el ámbito privado, un padre puede prohibir a su hijo a decir malas palabras, un medio de prensa privado puede y debe decidir qué programas emitir, toda persona está en todo su derecho de echar de su casa a alguien cuya opinión o presencia le sea molesta. Sin embargo un padre no puede obligar a todos los padres a que eduquen a sus hijos de cierta manera, un medio de prensa no puede decirle a los otros medios qué publicar y una persona no puede prohibir a otra persona a circular por áreas públicas. Cada individuo tiene cierta capacidad para limitar la libertad de otros dentro de su ámbito privado.
En cambio el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la creación de leyes y de la administración de justicia y por ello podría mediante estos instrumentos coartar ciertas libertades y derechos de manera generalizada. Precisamente para poner límites a este poder es que todo Estado que se precie de democrático se impone a sí mismo la obligación de no coartar la libertad de prensa; y la defensa de este derecho, es esencialmente una defensa de la sociedad civil contra el potencial de abusos por parte del Estado.
Los apologistas de la censura, en cambio, se confunden y pretenden defender a la sociedad civil de sí misma. Ya no hablan de ponerle una demarcación al poder del Estado y prohibirle limitar la libertad de expresión de la sociedad civil, sino que hablan de incrementar la libertad de expresión poniéndola bajo la tutela y control del Estado (una contradicción). Elaboran un discurso que enfrenta a varios grupos de la sociedad civil entre sí y convierten la libertad de expresión en un juego de suma cero, donde la libertad de expresión de algunos impide la libertad de expresión de las mayorías o arguyen que son los medios de comunicación quienes restringen la libertad de expresión porque dan acceso solamente a ciertos sectores. Por ello, el Estado debe intervenir como “restaurador” del equilibrio.
La forma de preservar la libertad de expresión no consiste en hacer que el Estado limite y controle a los medios, sino al contrario, en que los medios se desenvuelvan en un ambiente de libre competencia y fiscalicen al Estado.
Santa Cruz de la Sierra, 28/01/10
Uno de los argumentos más frecuentes que encuentro para disfrazar la censura, alegando libertad de expresión va más o menos así: 1) Hay que garantizar la libertad de expresión. 2) Los medios de comunicación (o algunos medios) no transmiten todo el espectro de opiniones, por lo tanto limitan la libertad de expresión. 3) Por ello el gobierno debe intervenir y controlar a los medios para “garantizar la libertad de expresión".
Las formas del argumento pueden variar; algunos hablarán de “democratizar los medios” otros de “permitir al pueblo el acceso a los medios”, o “acabar con el monopolio donde solo los ricos y poderosos tienen voz”, etc., pero el fondo es básicamente igual. Quienes esgriman esta explicación en realidad no creen en la libertad de expresión, pero aparentan defenderla.
El argumento es ingenioso e incluso efectivo (no son pocos quienes se lo creen), pero es falaz. El error estriba en confundir lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado.
En el ámbito privado, un padre puede prohibir a su hijo a decir malas palabras, un medio de prensa privado puede y debe decidir qué programas emitir, toda persona está en todo su derecho de echar de su casa a alguien cuya opinión o presencia le sea molesta. Sin embargo un padre no puede obligar a todos los padres a que eduquen a sus hijos de cierta manera, un medio de prensa no puede decirle a los otros medios qué publicar y una persona no puede prohibir a otra persona a circular por áreas públicas. Cada individuo tiene cierta capacidad para limitar la libertad de otros dentro de su ámbito privado.
En cambio el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la creación de leyes y de la administración de justicia y por ello podría mediante estos instrumentos coartar ciertas libertades y derechos de manera generalizada. Precisamente para poner límites a este poder es que todo Estado que se precie de democrático se impone a sí mismo la obligación de no coartar la libertad de prensa; y la defensa de este derecho, es esencialmente una defensa de la sociedad civil contra el potencial de abusos por parte del Estado.
Los apologistas de la censura, en cambio, se confunden y pretenden defender a la sociedad civil de sí misma. Ya no hablan de ponerle una demarcación al poder del Estado y prohibirle limitar la libertad de expresión de la sociedad civil, sino que hablan de incrementar la libertad de expresión poniéndola bajo la tutela y control del Estado (una contradicción). Elaboran un discurso que enfrenta a varios grupos de la sociedad civil entre sí y convierten la libertad de expresión en un juego de suma cero, donde la libertad de expresión de algunos impide la libertad de expresión de las mayorías o arguyen que son los medios de comunicación quienes restringen la libertad de expresión porque dan acceso solamente a ciertos sectores. Por ello, el Estado debe intervenir como “restaurador” del equilibrio.
La forma de preservar la libertad de expresión no consiste en hacer que el Estado limite y controle a los medios, sino al contrario, en que los medios se desenvuelvan en un ambiente de libre competencia y fiscalicen al Estado.
Santa Cruz de la Sierra, 28/01/10
¿Qué es el tipo de cambio?
Javier Paz García
El tipo de cambio es un precio; es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Conceptualmente el tipo de cambio no es muy diferente que el precio que uno paga por comprar tomates. En un mercado se intercambian bienes por monedas: un kilo de tomates por 3 bolivianos, 100 achachairuces por 20 bolivianos, etc. Con las monedas sucede lo mismo, con la diferencia que ya no se intercambian bienes o servicios por monedas, sino que se intercambian monedas por monedas: 7 bolivianos por 1 dólar, 10 bolivianos por 1 euro, 1 dólar por 4 pesos argentinos, etc.
El tipo de cambio se determina por factores de oferta y demanda similares a los que determinan el precio del pollo o de la papa en un mercado competitivo. Sin embargo cada Estado que emite una moneda propia, tiene mecanismos para controlar y manipular hasta cierto punto el tipo de cambio de su moneda con respecto al resto de las monedas de otros países.
El tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación a través del costo de los bienes y servicios importados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio actual es 7 bolivianos por 1 dólar y que una licuadora importada cuesta 100 dólares. Esto quiere decir que la licuadora cuesta 700 bolivianos. Si la moneda boliviana se devalúa a 10 bolivianos por dólar, esa misma licuadora en Bolivia sube de precio a 1000 bolivianos. Por ello, para un país que importa una gran cantidad de bienes de consumo, el tipo de cambio tiene efectos directos y significativos sobre el índice inflacionario.
Por otro lado, si la moneda se apreciara a 5 bolivianos por dólar, esa misma licuadora que antes costaba Bs. 700 ahora costaría Bs. 500. Una apreciación del boliviano beneficia al consumidor de productos importados.
¿Por qué entonces no apreciar la moneda y así abaratar los costos de vehículos, televisores, maquinarias agrícolas, medicamentos, etc.? Porque perjudica al sector exportador nacional, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si un productor de aceite vegetal vende su producto a Bs. 7, a un tipo de cambio de 7 Bs. por dólar, ese mismo producto en el extranjero vale 1 dólar. Si el boliviano se apreciara a 3,5 Bs. por dólar, ese mismo aceite vegetal que antes costaba 1 dólar en el extranjero, ahora pasa a costar 2 dólares, a pesar que su costo en bolivianos sigue siendo el mismo. Por supuesto, al aumentar de precio en el extranjero, los compradores dejan de comprar el aceite boliviano y buscan alternativas más baratas. Una apreciación del tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones nacionales.
El tipo de cambio puede ser determinado por las fuerzas del mercado, sin que el Estado intervenga de forma directa. Cuando no es así, los burócratas encargados de determinarlo, deben tener en cuenta tanto el efecto sobre la inflación y el bolsillo del consumidor, como también la competitividad del sector exportador.
Santa Cruz de la Sierra, 22/01/10
El tipo de cambio es un precio; es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Conceptualmente el tipo de cambio no es muy diferente que el precio que uno paga por comprar tomates. En un mercado se intercambian bienes por monedas: un kilo de tomates por 3 bolivianos, 100 achachairuces por 20 bolivianos, etc. Con las monedas sucede lo mismo, con la diferencia que ya no se intercambian bienes o servicios por monedas, sino que se intercambian monedas por monedas: 7 bolivianos por 1 dólar, 10 bolivianos por 1 euro, 1 dólar por 4 pesos argentinos, etc.
El tipo de cambio se determina por factores de oferta y demanda similares a los que determinan el precio del pollo o de la papa en un mercado competitivo. Sin embargo cada Estado que emite una moneda propia, tiene mecanismos para controlar y manipular hasta cierto punto el tipo de cambio de su moneda con respecto al resto de las monedas de otros países.
El tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación a través del costo de los bienes y servicios importados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio actual es 7 bolivianos por 1 dólar y que una licuadora importada cuesta 100 dólares. Esto quiere decir que la licuadora cuesta 700 bolivianos. Si la moneda boliviana se devalúa a 10 bolivianos por dólar, esa misma licuadora en Bolivia sube de precio a 1000 bolivianos. Por ello, para un país que importa una gran cantidad de bienes de consumo, el tipo de cambio tiene efectos directos y significativos sobre el índice inflacionario.
Por otro lado, si la moneda se apreciara a 5 bolivianos por dólar, esa misma licuadora que antes costaba Bs. 700 ahora costaría Bs. 500. Una apreciación del boliviano beneficia al consumidor de productos importados.
¿Por qué entonces no apreciar la moneda y así abaratar los costos de vehículos, televisores, maquinarias agrícolas, medicamentos, etc.? Porque perjudica al sector exportador nacional, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si un productor de aceite vegetal vende su producto a Bs. 7, a un tipo de cambio de 7 Bs. por dólar, ese mismo producto en el extranjero vale 1 dólar. Si el boliviano se apreciara a 3,5 Bs. por dólar, ese mismo aceite vegetal que antes costaba 1 dólar en el extranjero, ahora pasa a costar 2 dólares, a pesar que su costo en bolivianos sigue siendo el mismo. Por supuesto, al aumentar de precio en el extranjero, los compradores dejan de comprar el aceite boliviano y buscan alternativas más baratas. Una apreciación del tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones nacionales.
El tipo de cambio puede ser determinado por las fuerzas del mercado, sin que el Estado intervenga de forma directa. Cuando no es así, los burócratas encargados de determinarlo, deben tener en cuenta tanto el efecto sobre la inflación y el bolsillo del consumidor, como también la competitividad del sector exportador.
Santa Cruz de la Sierra, 22/01/10
domingo, 17 de enero de 2010
El rol social de la educación privada
Javier Paz García
Hace unos meses tuve una conversación con un joven de escasos recursos, en la cual él decía que la educación privada en universidades caras no cumplía un rol social porque solo podían asistir personas pudientes. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude convencer a este joven de lo contrario. Por ello escribo esta nota.
Primero debemos recalcar que muchas instituciones de educación privada, ya sean colegios o universidades, ofrecen becas de estudio para personas de escasos recursos. Sin embargo, no pretendo en esta nota analizar los actos de beneficencia de los centros educativos privados, sino más bien, me pregunto ¿cuál es el rol social de la educación dirigida a las personas pudientes?
El concepto central que debemos entender para responder esta pregunta es que los beneficios de la educación no recaen únicamente en el alumno. La premisa de que la educación solo beneficia a quien la recibe, nos lleva a la conclusión de que la educación privada a la que solo pueden acceder las personas adineradas, beneficia solamente a las personas adineradas. Sin embargo esta premisa es falsa. Por supuesto, la educación es una inversión donde el mayor beneficiario es quien la recibe, pero no el único. En la medida que la educación crea emprendedores, genera a su vez empleo para otras personas. Los nuevos inventos o las mejoras en productos y procesos, son otro ejemplo de beneficios que no recaen únicamente en el inventor.
Por ejemplo, si un ingeniero mejorar un proceso, reduciendo el costo de cosechar trigo, esa reducción de costos, que a la larga invariablemente se traduce en una reducción de precios para el consumidor final, termina beneficiando a millones de personas en todas partes del mundo. De la misma manera, cuando alguien reduce el tamaño de un chip de computadora, o diseña un nuevo sistema operativo, su invento lo puede convertir en millonario, pero solo en la medida en que ayude a los consumidores finales.
La educación privada en general es mejor que la educación pública. Los centros de educación privada producen personas mejor preparadas que los centros de educación públicos. Esta diferencia cualitativa significa un aporte que beneficia a la sociedad en todas sus escalas.
El teléfono celular o el sistema operativo Windows provienen de personas educadas en universidades privadas, pero cuyos inventos hoy benefician a todo el mundo, desde las comunidades más pobres de África hasta las oficinas más prestigiosas de Wall Street.
Y es que, como dije antes, los beneficios de la educación no recaen exclusivamente sobre quien recibe dicha educación, y más al contrario, la educación de mayor calidad, es la que más tiende a generar beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Santa Cruz de la Sierra, 15/01/10
Hace unos meses tuve una conversación con un joven de escasos recursos, en la cual él decía que la educación privada en universidades caras no cumplía un rol social porque solo podían asistir personas pudientes. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude convencer a este joven de lo contrario. Por ello escribo esta nota.
Primero debemos recalcar que muchas instituciones de educación privada, ya sean colegios o universidades, ofrecen becas de estudio para personas de escasos recursos. Sin embargo, no pretendo en esta nota analizar los actos de beneficencia de los centros educativos privados, sino más bien, me pregunto ¿cuál es el rol social de la educación dirigida a las personas pudientes?
El concepto central que debemos entender para responder esta pregunta es que los beneficios de la educación no recaen únicamente en el alumno. La premisa de que la educación solo beneficia a quien la recibe, nos lleva a la conclusión de que la educación privada a la que solo pueden acceder las personas adineradas, beneficia solamente a las personas adineradas. Sin embargo esta premisa es falsa. Por supuesto, la educación es una inversión donde el mayor beneficiario es quien la recibe, pero no el único. En la medida que la educación crea emprendedores, genera a su vez empleo para otras personas. Los nuevos inventos o las mejoras en productos y procesos, son otro ejemplo de beneficios que no recaen únicamente en el inventor.
Por ejemplo, si un ingeniero mejorar un proceso, reduciendo el costo de cosechar trigo, esa reducción de costos, que a la larga invariablemente se traduce en una reducción de precios para el consumidor final, termina beneficiando a millones de personas en todas partes del mundo. De la misma manera, cuando alguien reduce el tamaño de un chip de computadora, o diseña un nuevo sistema operativo, su invento lo puede convertir en millonario, pero solo en la medida en que ayude a los consumidores finales.
La educación privada en general es mejor que la educación pública. Los centros de educación privada producen personas mejor preparadas que los centros de educación públicos. Esta diferencia cualitativa significa un aporte que beneficia a la sociedad en todas sus escalas.
El teléfono celular o el sistema operativo Windows provienen de personas educadas en universidades privadas, pero cuyos inventos hoy benefician a todo el mundo, desde las comunidades más pobres de África hasta las oficinas más prestigiosas de Wall Street.
Y es que, como dije antes, los beneficios de la educación no recaen exclusivamente sobre quien recibe dicha educación, y más al contrario, la educación de mayor calidad, es la que más tiende a generar beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Santa Cruz de la Sierra, 15/01/10
¿Por qué regular el costo de los colegios privados?
Javier Paz García
Primero quiero hacer notar la ironía de que el gobierno pretenda regular la educación privada, cuando la educación pública es un desastre.
Hablando específicamente sobre regular los precios, la decisión de un padre de familia sobre a cuál colegio inscribir a sus hijos o cuánto pagar es estrictamente personal y voluntaria: un colegio no puede obligar a los padres inscribir a sus hijos ahí si los padres consideran que lo que cobra dicho colegio es demasiado. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Hay colegios privados a todo precio. Un padre de familia puede elegir colegios privados que cuesten desde $us 10.- por mes hasta $us 300.-. Si estos montos le parecen altos, tiene la opción de meter a sus hijos en los peores colegios del sistema educativo boliviano (los colegios públicos, por supuesto) y así incluso ganar un bono a fin de año. Por lo tanto los costos de la educación escolar pueden variar desde montos mayores a los $us 3000 anuales hasta una ganancia de Bs. 200.-. El padre que no quiere o no puede pagar una cantidad x por la educación de sus hijos, tiene muchas opciones para pagar menos que x en varios colegios. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
En general en todos los ámbitos y también con respecto a la educación, una mayor calidad requiere un mayor costo. Los colegios más caros son generalmente los mejores porque sus cuotas altas les permiten atraer a los mejores educadores, construir mejor infraestructura, enseñar con la mejor tecnología, etc. Forzar a los colegios a que cobren menos matrículas y mensualidades es condenarlos a reducir la calidad de la enseñanza que imparten (la caída de la calidad no es necesariamente inmediata a la reducción de precios, pero a la larga es inexorable). Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Cuando el Estado obliga a los colegios privados a reducir sus precios, a su vez reduce la calidad de la educación, hace que el país sea menos competitivo con respecto a otros países, le limita la posibilidad de desarrollar tecnología, la cual requiere una alta inversión en capital humano y por supuesto limita el potencial de reducir la pobreza en el país.
Si los padres tienen la opción de pagar lo que deseen o incluso no pagar nada por la educación de los hijos; si la decisión sobre qué presupuesto asignar para la educación de los hijos y a que colegio inscribirlos es hecha de manera libre y voluntaria; si reducir las mensualidades significa reducir la calidad de la educación privada, y esto a su vez implica una pérdida de competitividad y mayor pobreza para el país; si el Estado no tiene argumentos para intervenir en la educación privada, dado que la educación pública boliviana es de las peores del mundo; entonces uno se pregunta, ¿a qué santos se meten?
Santa Cruz de la Sierra, 08/01/10
Primero quiero hacer notar la ironía de que el gobierno pretenda regular la educación privada, cuando la educación pública es un desastre.
Hablando específicamente sobre regular los precios, la decisión de un padre de familia sobre a cuál colegio inscribir a sus hijos o cuánto pagar es estrictamente personal y voluntaria: un colegio no puede obligar a los padres inscribir a sus hijos ahí si los padres consideran que lo que cobra dicho colegio es demasiado. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Hay colegios privados a todo precio. Un padre de familia puede elegir colegios privados que cuesten desde $us 10.- por mes hasta $us 300.-. Si estos montos le parecen altos, tiene la opción de meter a sus hijos en los peores colegios del sistema educativo boliviano (los colegios públicos, por supuesto) y así incluso ganar un bono a fin de año. Por lo tanto los costos de la educación escolar pueden variar desde montos mayores a los $us 3000 anuales hasta una ganancia de Bs. 200.-. El padre que no quiere o no puede pagar una cantidad x por la educación de sus hijos, tiene muchas opciones para pagar menos que x en varios colegios. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
En general en todos los ámbitos y también con respecto a la educación, una mayor calidad requiere un mayor costo. Los colegios más caros son generalmente los mejores porque sus cuotas altas les permiten atraer a los mejores educadores, construir mejor infraestructura, enseñar con la mejor tecnología, etc. Forzar a los colegios a que cobren menos matrículas y mensualidades es condenarlos a reducir la calidad de la enseñanza que imparten (la caída de la calidad no es necesariamente inmediata a la reducción de precios, pero a la larga es inexorable). Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Cuando el Estado obliga a los colegios privados a reducir sus precios, a su vez reduce la calidad de la educación, hace que el país sea menos competitivo con respecto a otros países, le limita la posibilidad de desarrollar tecnología, la cual requiere una alta inversión en capital humano y por supuesto limita el potencial de reducir la pobreza en el país.
Si los padres tienen la opción de pagar lo que deseen o incluso no pagar nada por la educación de los hijos; si la decisión sobre qué presupuesto asignar para la educación de los hijos y a que colegio inscribirlos es hecha de manera libre y voluntaria; si reducir las mensualidades significa reducir la calidad de la educación privada, y esto a su vez implica una pérdida de competitividad y mayor pobreza para el país; si el Estado no tiene argumentos para intervenir en la educación privada, dado que la educación pública boliviana es de las peores del mundo; entonces uno se pregunta, ¿a qué santos se meten?
Santa Cruz de la Sierra, 08/01/10
Hacia un Estado entrometido
Javier Paz García
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09
Algunas predicciones
Javier Paz García
Los resultados electorales otorgan un cheque en blanco al partido oficialista, lo que me anima a hacer algunas predicciones.
Podemos tener certidumbre, por ejemplo, que ya no habrán más cercos al Congreso (rebautizado como Asamblea Plurinacional). Tendremos que acostumbrarnos a ver lo que vimos en la Asamblea Constituyente… dóciles levantamanos que ni siquiera han leído las leyes que aprueban. Veremos a una bancada opositora totalmente impotente, cuyo único rol será la denuncia a nivel nacional e internacional.
El 2010, se acabarán las acefalias en las instituciones del Estado y dichos cargos serán designados con apego total a la Constitución y las Leyes. La Corte Suprema de Justicia, La Contraloría General de la Nación, el Banco Central de Bolivia, la Corte Nacional Electoral, las cortes departamentales electorales, las empresas estatales, etc. tendrán a sus jerarcas elegidos de acuerdo a ley, con aprobación de la Asamblea Plurinacional cuando sea necesario. Por supuesto de quienes dirijan estas instituciones podemos esperar la misma militancia y lealtad hacia el partido de gobierno, como también incapacidad y parcialidad.
Ya no habrán neoliberales que bloquen las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso, ni los habrá en ninguna institución del Estado, pero de alguna forma los neoliberales seguirán siendo responsables del desabastecimiento, de la inflación, de la deflación, del mal estado de las carreteras, del aumento de la corrupción (¡y sin controles, cómo va a aumentar la corrupción!).
Podemos augurar una Contraloría que va a escarbar las prefecturas y alcaldías en manos ajenas, pero que archivará rápidamente las denuncias de corrupción que involucren a miembros del partido.
La CIA, la DEA y la Embajada seguirán conspirando, según el Gobierno. Sin duda, las plantaciones de coca tendrán un crecimiento sostenido. Probablemente las plantaciones de soya, girasol y maíz sufrirán un estancamiento en su crecimiento e incluso una reducción.
Con el control del Poder Judicial veremos más presos políticos, todos enjuiciados con su debido proceso, aunque con total falta de imparcialidad. No faltarán quienes, ante la falta de garantías, tanto para invertir como para enfrentar procesos judiciales, prefieran abandonar el país.
Los periodistas van a seguir llevando palo.
Luego que el partido de gobierno ponga a sus allegados en todas las cortes departamentales electorales, el nuevo poder del Estado perderá la confianza de la población pensante.
Cuando el país pase por una buena situación económica, será por mérito del Ministro de Economía y Finanzas Públicas; cuando el país pase por una mala situación económica, no será culpa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Luego de cinco años nos veremos más cerca de África que de Europa.
El pueblo es sabio y no se equivoca. Qué pena que los que nos equivocamos también tengamos que pagar los platos rotos.
Santa Cruz de la Sierra, 10/12/09
Los resultados electorales otorgan un cheque en blanco al partido oficialista, lo que me anima a hacer algunas predicciones.
Podemos tener certidumbre, por ejemplo, que ya no habrán más cercos al Congreso (rebautizado como Asamblea Plurinacional). Tendremos que acostumbrarnos a ver lo que vimos en la Asamblea Constituyente… dóciles levantamanos que ni siquiera han leído las leyes que aprueban. Veremos a una bancada opositora totalmente impotente, cuyo único rol será la denuncia a nivel nacional e internacional.
El 2010, se acabarán las acefalias en las instituciones del Estado y dichos cargos serán designados con apego total a la Constitución y las Leyes. La Corte Suprema de Justicia, La Contraloría General de la Nación, el Banco Central de Bolivia, la Corte Nacional Electoral, las cortes departamentales electorales, las empresas estatales, etc. tendrán a sus jerarcas elegidos de acuerdo a ley, con aprobación de la Asamblea Plurinacional cuando sea necesario. Por supuesto de quienes dirijan estas instituciones podemos esperar la misma militancia y lealtad hacia el partido de gobierno, como también incapacidad y parcialidad.
Ya no habrán neoliberales que bloquen las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso, ni los habrá en ninguna institución del Estado, pero de alguna forma los neoliberales seguirán siendo responsables del desabastecimiento, de la inflación, de la deflación, del mal estado de las carreteras, del aumento de la corrupción (¡y sin controles, cómo va a aumentar la corrupción!).
Podemos augurar una Contraloría que va a escarbar las prefecturas y alcaldías en manos ajenas, pero que archivará rápidamente las denuncias de corrupción que involucren a miembros del partido.
La CIA, la DEA y la Embajada seguirán conspirando, según el Gobierno. Sin duda, las plantaciones de coca tendrán un crecimiento sostenido. Probablemente las plantaciones de soya, girasol y maíz sufrirán un estancamiento en su crecimiento e incluso una reducción.
Con el control del Poder Judicial veremos más presos políticos, todos enjuiciados con su debido proceso, aunque con total falta de imparcialidad. No faltarán quienes, ante la falta de garantías, tanto para invertir como para enfrentar procesos judiciales, prefieran abandonar el país.
Los periodistas van a seguir llevando palo.
Luego que el partido de gobierno ponga a sus allegados en todas las cortes departamentales electorales, el nuevo poder del Estado perderá la confianza de la población pensante.
Cuando el país pase por una buena situación económica, será por mérito del Ministro de Economía y Finanzas Públicas; cuando el país pase por una mala situación económica, no será culpa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Luego de cinco años nos veremos más cerca de África que de Europa.
El pueblo es sabio y no se equivoca. Qué pena que los que nos equivocamos también tengamos que pagar los platos rotos.
Santa Cruz de la Sierra, 10/12/09
Consecuencias de un Estado estatista
Javier Paz García
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
A 20 años de la caída del muro de Berlín
Javier Paz García
El 9 de noviembre del 2009, habrán pasado 20 años desde la caída del muro de Berlín. Este evento marcó el principio del fin del comunismo en Europa. El muro fue construido por el régimen comunista en 1961 con el propósito de evitar la migración hacia Berlín occidental (más de 3 millones de personas habían abandonado Berlín oriental antes de su construcción). Una vez finalizado, cientos de personas de Alemania oriental murieron o fueron heridas tratando de cruzar el muro hacia la otra Alemania.
El muro de Berlín encarna los postulados del socialismo: controlar y restringir a tantos como sea posible, quitar la libertad de los individuos y convertirlos en peones del régimen, sin opción a disentir o protestar. Todos los regímenes comunistas han construido muros de una u otra manera. Cuba, China, la Unión Soviética, verbigracia han limitado o prohibido la salida de sus habitantes al exterior. Esto en sí mismo es una muestra del fracaso de sus políticas, porque construyen sociedades donde los únicos que quieren vivir son quienes administran el poder.
El gobierno de Estados Unidos no necesita restringir la libertad de sus ciudadanos a salir al exterior. Por contraste, si el régimen castrista levantara el embargo que ha impuesto sobre la población, las playas de la Florida se verían inundadas de cientos de miles de cubanos escapando de su prisión. Lo tristemente irónico en todo esto, es que también son miles los que admiran a Fidel, aunque por supuesto, la mayoría de sus admiradores no viven en Cuba, ni tienen que batírselas con las ínfimas raciones alimenticias que proporciona el régimen castrista.
Hace 20 años cayó el muro de Berlín, poniendo fin a un periodo negro de la historia. Sin embargo, los regímenes totalitarios siguen existiendo, muchos de ellos orgullosamente pregonando las mismas ideologías de Marx, Lenin, Stalin, Mao, siguen habiendo líderes y generadores de opinión que proclaman su admiración por Fidel Castro. En China y en Cuba, los ciudadanos no pueden votar por ningún partido que no sea el comunista, los derechos políticos son inexistentes y criticar al régimen puede ser motivo suficiente para ir a la cárcel.
Y se siguen construyendo muros alrededor de la gente. Los regímenes totalitarios siguen buscando formas de coartar la libertad de los individuos, monitorear sus vidas, y acallar a los disidentes. Las formas de controlar a la población son diversas y pueden variar desde prohibir la importación de armas de fuego y municiones, so pretexto de reducir la delincuencia, hasta exigir el registro de todos los celulares, so pretexto de reducir la delincuencia.
A 20 años de la caída del muro de Berlín, los regímenes totalitarios siguen apareciendo, tal vez en versiones más suaves que antes, los derechos humanos de las personas siguen siendo violados por muchos Estados de manera sistemática e intencional y la libertad individual no es algo que se pueda dar por descontado en gran parte del mundo.
A 20 años de la caída del muro de Berlín queda mucho por hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 06/11/09
El 9 de noviembre del 2009, habrán pasado 20 años desde la caída del muro de Berlín. Este evento marcó el principio del fin del comunismo en Europa. El muro fue construido por el régimen comunista en 1961 con el propósito de evitar la migración hacia Berlín occidental (más de 3 millones de personas habían abandonado Berlín oriental antes de su construcción). Una vez finalizado, cientos de personas de Alemania oriental murieron o fueron heridas tratando de cruzar el muro hacia la otra Alemania.
El muro de Berlín encarna los postulados del socialismo: controlar y restringir a tantos como sea posible, quitar la libertad de los individuos y convertirlos en peones del régimen, sin opción a disentir o protestar. Todos los regímenes comunistas han construido muros de una u otra manera. Cuba, China, la Unión Soviética, verbigracia han limitado o prohibido la salida de sus habitantes al exterior. Esto en sí mismo es una muestra del fracaso de sus políticas, porque construyen sociedades donde los únicos que quieren vivir son quienes administran el poder.
El gobierno de Estados Unidos no necesita restringir la libertad de sus ciudadanos a salir al exterior. Por contraste, si el régimen castrista levantara el embargo que ha impuesto sobre la población, las playas de la Florida se verían inundadas de cientos de miles de cubanos escapando de su prisión. Lo tristemente irónico en todo esto, es que también son miles los que admiran a Fidel, aunque por supuesto, la mayoría de sus admiradores no viven en Cuba, ni tienen que batírselas con las ínfimas raciones alimenticias que proporciona el régimen castrista.
Hace 20 años cayó el muro de Berlín, poniendo fin a un periodo negro de la historia. Sin embargo, los regímenes totalitarios siguen existiendo, muchos de ellos orgullosamente pregonando las mismas ideologías de Marx, Lenin, Stalin, Mao, siguen habiendo líderes y generadores de opinión que proclaman su admiración por Fidel Castro. En China y en Cuba, los ciudadanos no pueden votar por ningún partido que no sea el comunista, los derechos políticos son inexistentes y criticar al régimen puede ser motivo suficiente para ir a la cárcel.
Y se siguen construyendo muros alrededor de la gente. Los regímenes totalitarios siguen buscando formas de coartar la libertad de los individuos, monitorear sus vidas, y acallar a los disidentes. Las formas de controlar a la población son diversas y pueden variar desde prohibir la importación de armas de fuego y municiones, so pretexto de reducir la delincuencia, hasta exigir el registro de todos los celulares, so pretexto de reducir la delincuencia.
A 20 años de la caída del muro de Berlín, los regímenes totalitarios siguen apareciendo, tal vez en versiones más suaves que antes, los derechos humanos de las personas siguen siendo violados por muchos Estados de manera sistemática e intencional y la libertad individual no es algo que se pueda dar por descontado en gran parte del mundo.
A 20 años de la caída del muro de Berlín queda mucho por hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 06/11/09
lunes, 2 de noviembre de 2009
Consecuencias de los controles de precio
Javier Paz García
¿Qué pasa cuando el gobierno fija un precio tope a un producto? Primeramente, es obvio que si el precio del mercado está por debajo del precio tope establecido por el gobierno, entonces, el control de precio no tiene ningún efecto (en realidad sí tiene efectos indirectos como ser las señales que manda sobre seguridad jurídica, pero por el momento no vamos a analizarlos).
Por otro lado, si el precio establecido por el gobierno es inferior al que se establecería libremente en el mercado (asumiendo un mercado competitivo), el resultado será un incremento en la cantidad demandada del mismo y una disminución en la cantidad ofertada. Por ejemplo, si el tomate baja de precio, los consumidores querrán comprar más tomate y los productores querrán producir menos tomate. Si previamente existía un equilibrio entre la oferta y la demanda de tomates, una disminución de precios provocará el desabastecimiento de este producto.
Los controles de precios además conllevan a la aparición de mercados negros donde los vendedores y compradores están dispuestos a intercambiar el producto por un precio superior al establecido por el gobierno. También generan discriminación sobre quienes tienen acceso al producto, ya que, al existir demasiados compradores, los productores pueden elegir a quienes vender y a quienes no vender.
En el largo plazo, también decae la calidad del producto, porque si los productores se ven forzados a disminuir sus precios, entonces utilizan insumos de menor calidad para producir.
Finalmente, si el precio establecido por el gobierno está por debajo del costo de producción, eventualmente la industria desaparece.
Esto lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía, por lo que cual no le puede sorprender que por ejemplo haya desabastecimiento de leche en Venezuela, o que el servicio de transporte público en Bolivia sea de los peores de Latinoamérica en cuanto a calidad. Y si a un buen estudiante de primer año de economía le preguntan que se puede hacer para acabar con el desabastecimiento de leche en Venezuela y mejorar la calidad del transporte público en Bolivia, su respuesta será que habría que eliminar los controles de precio.
El infierno está empedrado de buenas intenciones, reza un refrán. Los topes de precio generalmente se establecen para ayudar a las familias pobres a tener acceso a cierto producto a un “precio justo”, sin embargo tienen como consecuencia privarles de dicho acceso, ocasionando desabastecimientos, mercados negros, discriminación en la asignación del producto y disminución de la calidad.
Santa Cruz de la Sierra, 30/10/09
¿Qué pasa cuando el gobierno fija un precio tope a un producto? Primeramente, es obvio que si el precio del mercado está por debajo del precio tope establecido por el gobierno, entonces, el control de precio no tiene ningún efecto (en realidad sí tiene efectos indirectos como ser las señales que manda sobre seguridad jurídica, pero por el momento no vamos a analizarlos).
Por otro lado, si el precio establecido por el gobierno es inferior al que se establecería libremente en el mercado (asumiendo un mercado competitivo), el resultado será un incremento en la cantidad demandada del mismo y una disminución en la cantidad ofertada. Por ejemplo, si el tomate baja de precio, los consumidores querrán comprar más tomate y los productores querrán producir menos tomate. Si previamente existía un equilibrio entre la oferta y la demanda de tomates, una disminución de precios provocará el desabastecimiento de este producto.
Los controles de precios además conllevan a la aparición de mercados negros donde los vendedores y compradores están dispuestos a intercambiar el producto por un precio superior al establecido por el gobierno. También generan discriminación sobre quienes tienen acceso al producto, ya que, al existir demasiados compradores, los productores pueden elegir a quienes vender y a quienes no vender.
En el largo plazo, también decae la calidad del producto, porque si los productores se ven forzados a disminuir sus precios, entonces utilizan insumos de menor calidad para producir.
Finalmente, si el precio establecido por el gobierno está por debajo del costo de producción, eventualmente la industria desaparece.
Esto lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía, por lo que cual no le puede sorprender que por ejemplo haya desabastecimiento de leche en Venezuela, o que el servicio de transporte público en Bolivia sea de los peores de Latinoamérica en cuanto a calidad. Y si a un buen estudiante de primer año de economía le preguntan que se puede hacer para acabar con el desabastecimiento de leche en Venezuela y mejorar la calidad del transporte público en Bolivia, su respuesta será que habría que eliminar los controles de precio.
El infierno está empedrado de buenas intenciones, reza un refrán. Los topes de precio generalmente se establecen para ayudar a las familias pobres a tener acceso a cierto producto a un “precio justo”, sin embargo tienen como consecuencia privarles de dicho acceso, ocasionando desabastecimientos, mercados negros, discriminación en la asignación del producto y disminución de la calidad.
Santa Cruz de la Sierra, 30/10/09
El Sucre, más allá de la retórica
Javier Paz García
Recientemente, algunos países sudamericanos propusieron la creación del Sucre, una moneda común para la región, que inicialmente reemplazaría al dólar como medio de intercambio entre gobiernos, para posteriormente convertirse en una moneda real de uso comercial.
La mayor ventaja de tener una moneda común es la reducción de los costos de transacción en el comercio de los países miembros. Por ejemplo, tener que convertir pesos chilenos a bolivianos y bolivianos a pesos argentinos tiene un costo que se puede eliminar si los tres países utilizan una moneda común.
Por otro lado, la implantación de una moneda común tiene sus costos y dificultades. Los países que estén dispuestos a formar parte de una zona monetaria, deben renunciar a una política monetaria independiente, cediendo soberanía a un ente supranacional. Ceder la soberanía de la política monetaria puede ser políticamente complicado por razones ideológicas. Seguramente en varios países de la región, los debates sobre la adopción de una moneda común estarían basado en consideraciones “patrióticas”, más que técnicas. Además existe la susceptibilidad de países con políticas monetarias serias y responsables, de ceder dicha potestad a un ente compuesto por países con políticas fiscales y monetarias irresponsables.
Pero incluso, una vez superadas las dificultades políticas, los problemas técnicos de implantar una moneda común no son menores. Una moneda común básicamente significa la adopción y el compromiso de un tipo de cambio fijo entre los países miembros. Por ejemplo, hoy en día, el tipo de cambio entre Bolivia y sus países vecinos fluctúa diariamente. Adoptar una moneda común es similar a mantener los tipos de cambios fijos entre los países miembros, con la diferencia que la moneda común implica un compromiso de largo plazo de mantener dichos tipos de cambio. El problema está en que el tipo de cambio de una moneda en relación a otra afecta el intercambio comercial que existe entre los países que emiten dichas monedas. Por ejemplo, a Bolivia le puede convenir tener un tipo de cambio diferente al que tiene Brasil con respecto al yuan chino. Si Bolivia y Brasil tienen una moneda común, pues el tipo de cambio con respecto al yuan debe ser el mismo para ambos países. Por ello, determinar el tipo de cambio, al menos inicialmente, no es fácil.
Cuando los países miembros de una zona monetaria son económicamente similares entre sí, tienen fuertes lazos comerciales y una economía diversificada estas dificultades disminuyen y los beneficios de una moneda común aumentan. Este no es el caso de Sudamérica donde existen grandes asimetrías con respecto al tamaño de los países y su nivel de industrialización, y el grado de comercio interno.
Pero además una moneda común, no solo requiere de un Banco Central común, sino también de una ingeniería institucional seria, donde los países miembros se manejen responsablemente, con límites al nivel de endeudamiento y déficit fiscales y otros requisitos que hoy no se cumplen.
Falta mucho para que una moneda sudamericana sea técnicamente factible y beneficiosa.
Santa Cruz de la Sierra, 23/10/09
Recientemente, algunos países sudamericanos propusieron la creación del Sucre, una moneda común para la región, que inicialmente reemplazaría al dólar como medio de intercambio entre gobiernos, para posteriormente convertirse en una moneda real de uso comercial.
La mayor ventaja de tener una moneda común es la reducción de los costos de transacción en el comercio de los países miembros. Por ejemplo, tener que convertir pesos chilenos a bolivianos y bolivianos a pesos argentinos tiene un costo que se puede eliminar si los tres países utilizan una moneda común.
Por otro lado, la implantación de una moneda común tiene sus costos y dificultades. Los países que estén dispuestos a formar parte de una zona monetaria, deben renunciar a una política monetaria independiente, cediendo soberanía a un ente supranacional. Ceder la soberanía de la política monetaria puede ser políticamente complicado por razones ideológicas. Seguramente en varios países de la región, los debates sobre la adopción de una moneda común estarían basado en consideraciones “patrióticas”, más que técnicas. Además existe la susceptibilidad de países con políticas monetarias serias y responsables, de ceder dicha potestad a un ente compuesto por países con políticas fiscales y monetarias irresponsables.
Pero incluso, una vez superadas las dificultades políticas, los problemas técnicos de implantar una moneda común no son menores. Una moneda común básicamente significa la adopción y el compromiso de un tipo de cambio fijo entre los países miembros. Por ejemplo, hoy en día, el tipo de cambio entre Bolivia y sus países vecinos fluctúa diariamente. Adoptar una moneda común es similar a mantener los tipos de cambios fijos entre los países miembros, con la diferencia que la moneda común implica un compromiso de largo plazo de mantener dichos tipos de cambio. El problema está en que el tipo de cambio de una moneda en relación a otra afecta el intercambio comercial que existe entre los países que emiten dichas monedas. Por ejemplo, a Bolivia le puede convenir tener un tipo de cambio diferente al que tiene Brasil con respecto al yuan chino. Si Bolivia y Brasil tienen una moneda común, pues el tipo de cambio con respecto al yuan debe ser el mismo para ambos países. Por ello, determinar el tipo de cambio, al menos inicialmente, no es fácil.
Cuando los países miembros de una zona monetaria son económicamente similares entre sí, tienen fuertes lazos comerciales y una economía diversificada estas dificultades disminuyen y los beneficios de una moneda común aumentan. Este no es el caso de Sudamérica donde existen grandes asimetrías con respecto al tamaño de los países y su nivel de industrialización, y el grado de comercio interno.
Pero además una moneda común, no solo requiere de un Banco Central común, sino también de una ingeniería institucional seria, donde los países miembros se manejen responsablemente, con límites al nivel de endeudamiento y déficit fiscales y otros requisitos que hoy no se cumplen.
Falta mucho para que una moneda sudamericana sea técnicamente factible y beneficiosa.
Santa Cruz de la Sierra, 23/10/09
viernes, 16 de octubre de 2009
Una propuesta de seguridad ciudadana desde la autonomía
Javier Paz García
Uno de los males que más ha aumentado y que cada vez causa mayor malestar entre la población es la inseguridad ciudadana. Los atracos, robos y asesinatos son cosa de todos los días, las pandillas se han apoderado de ciertos barrios y la gente en general vive atemorizada.
La delincuencia es un fenómeno local, de barrio, de ciudad, y generalmente los delincuentes también pertenecen al barrio o la ciudad donde cometen sus fechorías. Es lógico por lo tanto que sea a nivel municipal y barrial donde se busquen las soluciones para disminuir la delincuencia.
En Bolivia no se da esa lógica. Aquí todo viene desde el centro, desde la sede, por más ajena que ésta sea a los problemas de la periferia.
A pesar del carácter centralista del país y de quienes ostentan el poder, existen medidas que se pueden (y se deben) tomar desde los gobiernos locales.
En el tema de la seguridad ciudadana, es claro que un barrio no va a tener las mismas necesidades que otro. Tal vez en uno, el alumbrado público disminuya la criminalidad sustancialmente, mientras que en otro sea necesario tener una guardia municipal. De igual manera, la ciudad de San Rafael requiere soluciones diferentes a las de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo. Pero estas particularidades no pueden ser resueltas desde el centralismo en La Paz. Es evidente que un burócrata en la sede de gobierno no puede saber que en un barrio todo lo que se necesita para disminuir el crimen es poner luminarias, mientras que en otro se necesita poner un centro deportivo. Esto tampoco se le puede exigir al nivel departamental. Pero los vecinos sí están en condiciones de tomar este tipo de decisiones y mejorar sustancialmente su seguridad. Las alcaldías, por ser las entidades de gobierno más cercanas al ciudadano, están en mejores condiciones que los otros niveles, para causar un impacto positivo en la seguridad ciudadana.
En este sentido, la alcaldía cruceña, que ya tiene una guardia municipal, podría incrementar sus efectivos y empezar un programa de patrullas preventivas en zonas de alta delincuencia. La descentralización se puede aplicar en todos los niveles, y la alcaldía podría por ejemplo, crear distritos de seguridad descentralizados por toda la ciudad, que habiten, patrullen y cuiden su distrito, y que al tener un radio de acción reducido, puedan prestar un servicio rápido cuando sean requeridos. Hacer algo así, ayudaría a acercar al vecino con su centro distrital de seguridad, permitiendo que dichos centros, puedan implementar planes de acuerdo a las necesidades de la zona.
Lo anterior es simplemente una idea, pero estoy seguro que si se implementara un servicio “policial” descentralizado que permitiera canalizar las inquietudes y propuestas de la población, saldrían muchas y mejores ideas y veríamos una sustancial mejora en la seguridad ciudadana y la calidad de vida de todos. Esa es la esencia de la autonomía, lograr que las soluciones sean debatidas e implementadas desde la ciudadanía y que los diferentes niveles de gobierno sean receptores y catalizadores de esas propuestas y soluciones.
Santa Cruz de la Sierra, 16/10/09
Uno de los males que más ha aumentado y que cada vez causa mayor malestar entre la población es la inseguridad ciudadana. Los atracos, robos y asesinatos son cosa de todos los días, las pandillas se han apoderado de ciertos barrios y la gente en general vive atemorizada.
La delincuencia es un fenómeno local, de barrio, de ciudad, y generalmente los delincuentes también pertenecen al barrio o la ciudad donde cometen sus fechorías. Es lógico por lo tanto que sea a nivel municipal y barrial donde se busquen las soluciones para disminuir la delincuencia.
En Bolivia no se da esa lógica. Aquí todo viene desde el centro, desde la sede, por más ajena que ésta sea a los problemas de la periferia.
A pesar del carácter centralista del país y de quienes ostentan el poder, existen medidas que se pueden (y se deben) tomar desde los gobiernos locales.
En el tema de la seguridad ciudadana, es claro que un barrio no va a tener las mismas necesidades que otro. Tal vez en uno, el alumbrado público disminuya la criminalidad sustancialmente, mientras que en otro sea necesario tener una guardia municipal. De igual manera, la ciudad de San Rafael requiere soluciones diferentes a las de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo. Pero estas particularidades no pueden ser resueltas desde el centralismo en La Paz. Es evidente que un burócrata en la sede de gobierno no puede saber que en un barrio todo lo que se necesita para disminuir el crimen es poner luminarias, mientras que en otro se necesita poner un centro deportivo. Esto tampoco se le puede exigir al nivel departamental. Pero los vecinos sí están en condiciones de tomar este tipo de decisiones y mejorar sustancialmente su seguridad. Las alcaldías, por ser las entidades de gobierno más cercanas al ciudadano, están en mejores condiciones que los otros niveles, para causar un impacto positivo en la seguridad ciudadana.
En este sentido, la alcaldía cruceña, que ya tiene una guardia municipal, podría incrementar sus efectivos y empezar un programa de patrullas preventivas en zonas de alta delincuencia. La descentralización se puede aplicar en todos los niveles, y la alcaldía podría por ejemplo, crear distritos de seguridad descentralizados por toda la ciudad, que habiten, patrullen y cuiden su distrito, y que al tener un radio de acción reducido, puedan prestar un servicio rápido cuando sean requeridos. Hacer algo así, ayudaría a acercar al vecino con su centro distrital de seguridad, permitiendo que dichos centros, puedan implementar planes de acuerdo a las necesidades de la zona.
Lo anterior es simplemente una idea, pero estoy seguro que si se implementara un servicio “policial” descentralizado que permitiera canalizar las inquietudes y propuestas de la población, saldrían muchas y mejores ideas y veríamos una sustancial mejora en la seguridad ciudadana y la calidad de vida de todos. Esa es la esencia de la autonomía, lograr que las soluciones sean debatidas e implementadas desde la ciudadanía y que los diferentes niveles de gobierno sean receptores y catalizadores de esas propuestas y soluciones.
Santa Cruz de la Sierra, 16/10/09
¿Una burbuja en Beijing?
Javier Paz García
Es la pregunta que hace la revista británica The Economist en un artículo de su última edición. La razón es un alza en el valor de las acciones en el mercado de valores chino y en el precio de las casas. Como explica el artículo, el mercado de propiedades chino no está muy sobreevaluado, los precios de las casas no se están incrementando de forma acelerada, la proporción de la población que tiene su casa hipotecada es baja, y el porcentaje de las hipotecas sobre el valor de las casas es también bajo, por lo cual, incluso si se da una burbuja inmobiliaria, es imposible tenga un efecto similar al que tuvo en los Estados Unidos.
Sin embargo, en el mediano y largo plazo existe el riesgo de que el exceso de liquidez ocasiones dicha burbuja inmobiliaria. Para evitarla, la revista advierte que China debe apreciar su moneda.
El gigante asiático está soportando bastante bien la crisis financiera, creciendo todavía de manera robusta, para ello, ha continuado con su política de mantener el yuan artificialmente bajo para favorecer sus exportaciones.
Apreciar el yuan puede tener importantes consecuencias en el resto del mundo. Primeramente, no hacerlo puede llevar en el mediano, como ya lo dijimos, a una burbuja en el precio de los activos que termine por reventarse y causar ajustes bruscos y dolorosos en su economía, con los consiguientes ajustes bruscos y dolorosos en las economías que son altamente dependientes de la demanda china. Por otro lado, apreciar el yuan puede frenar el ritmo de crecimiento chino y el crecimiento mundial en un momento en que el globo está en recuperación y donde muchos países, especialmente los productores de materias primas dependen de China para colocar sus productos y obtener buenos precios. Además dada la enorme cantidad de bonos del tesoro de los Estados Unidos que China posee, una apreciación del yuan (que implica una depreciación del dólar), significa importantes pérdidas contables para el banco central chino.
Para América Latina, las decisiones que pueda tomar China con respecto a este tema son vitales, ya que una recesión en este país significa casi de manera inmediata una depresión en muchos países de la región que verían los precios de sus productos irse a los suelos.
Aunque técnicamente es posible mantener el yuan (o cualquier moneda) devaluado por el tiempo que se quiera, económicamente no tiene sentido porque encarece los costos de vida de la población y políticamente es muy difícil por las presiones de los países que ven sus balanzas comerciales mantenerse negativas sostenidamente.
Por ello, la pregunta no es si China va dejar o no que su moneda se aprecie, sino cuándo y en qué grado.
Santa Cruz de la Sierra, 08/10/09
Es la pregunta que hace la revista británica The Economist en un artículo de su última edición. La razón es un alza en el valor de las acciones en el mercado de valores chino y en el precio de las casas. Como explica el artículo, el mercado de propiedades chino no está muy sobreevaluado, los precios de las casas no se están incrementando de forma acelerada, la proporción de la población que tiene su casa hipotecada es baja, y el porcentaje de las hipotecas sobre el valor de las casas es también bajo, por lo cual, incluso si se da una burbuja inmobiliaria, es imposible tenga un efecto similar al que tuvo en los Estados Unidos.
Sin embargo, en el mediano y largo plazo existe el riesgo de que el exceso de liquidez ocasiones dicha burbuja inmobiliaria. Para evitarla, la revista advierte que China debe apreciar su moneda.
El gigante asiático está soportando bastante bien la crisis financiera, creciendo todavía de manera robusta, para ello, ha continuado con su política de mantener el yuan artificialmente bajo para favorecer sus exportaciones.
Apreciar el yuan puede tener importantes consecuencias en el resto del mundo. Primeramente, no hacerlo puede llevar en el mediano, como ya lo dijimos, a una burbuja en el precio de los activos que termine por reventarse y causar ajustes bruscos y dolorosos en su economía, con los consiguientes ajustes bruscos y dolorosos en las economías que son altamente dependientes de la demanda china. Por otro lado, apreciar el yuan puede frenar el ritmo de crecimiento chino y el crecimiento mundial en un momento en que el globo está en recuperación y donde muchos países, especialmente los productores de materias primas dependen de China para colocar sus productos y obtener buenos precios. Además dada la enorme cantidad de bonos del tesoro de los Estados Unidos que China posee, una apreciación del yuan (que implica una depreciación del dólar), significa importantes pérdidas contables para el banco central chino.
Para América Latina, las decisiones que pueda tomar China con respecto a este tema son vitales, ya que una recesión en este país significa casi de manera inmediata una depresión en muchos países de la región que verían los precios de sus productos irse a los suelos.
Aunque técnicamente es posible mantener el yuan (o cualquier moneda) devaluado por el tiempo que se quiera, económicamente no tiene sentido porque encarece los costos de vida de la población y políticamente es muy difícil por las presiones de los países que ven sus balanzas comerciales mantenerse negativas sostenidamente.
Por ello, la pregunta no es si China va dejar o no que su moneda se aprecie, sino cuándo y en qué grado.
Santa Cruz de la Sierra, 08/10/09
Los culpables de la crisis financiera mundial
Javier Paz García
La crisis económica que vive actualmente el planeta comienza a finales del año 2006 con la desaceleración y posterior caída del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Las causas principales de esta burbuja inmobiliaria fueron las bajas tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, los incentivos fiscales creados por el gobierno de los Estados Unidos, y la relajación en los requisitos para otorgar créditos inmobiliarios por parte de agencias semi - gubernamentales como Freddie Mac y Fannie Mae, las cuales controlan cerca del 50% del mercado inmobiliario estadounidense.
Posteriormente las entidades financieras privadas empiezan a titularizar las hipotecas y a venderlas por todo el mundo sin realizar un adecuado análisis de riesgo de las mismas.
Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, tomó decisiones equivocadas, bajando las tasas de interés, dando incentivos fiscales y bajando los requisitos para que la gente pueda acceder a una hipoteca y estas decisiones equivocadas llevaron a un auge y luego la caída del sector inmobiliario. Lo irónico es que el gobierno, el cual tomó las malas decisiones que llevaron a la crisis, culpó al sector privado de la misma, y decidió que es el gobierno quien, con su sabiduría y su búsqueda del bien común va a salvar al mundo (Keynes vuelve con fuerza).
No cabe duda que el gobierno de Estados Unidos es uno de los principales responsables, de la burbuja inmobiliaria que luego ocasionó la crisis financiera y terminó en una crisis mundial. Sin embargo sería interesante analizar por ejemplo, el rol del gobierno chino en la creación de la burbuja inmobiliaria.
Para mantener su divisa subvalorada y favorecer sus exportaciones, el gobierno chino ha comprado dólares y bonos del tesoro de Estados Unidos por un valor de 900.000 millones de dólares. Esto provocó un aumento de la liquidez, una caída en el nivel de ahorros y un mayor nivel de endeudamiento en el país del norte.
Es improbable que la crisis hipotecaria norteamericana hubiera tenido la intensidad que tuvo, si China, no hubiera financiado la economía norteamericana por una década, como lo hizo y lo sigue haciendo.
De la misma manera, no se pueden dejar de lado los ataques terroristas del 11 de septiembre en la determinación de bajar las tasas de interés.
No es la intención de este artículo determinar cuáles son los culpables de la crisis financiera mundial, sino precisamente, mostrar la dificultad de hacer esa determinación. La economía global es interdependiente, y lo que pasa en un país tiene repercusiones en muchos más, como lo demuestran la crisis asiática del 97, o la crisis de las hipotécas subprime del 2008. Además, así como toma muchos años para poder cosechar los frutos de una semilla de naranjo, también los efectos (buenos o malos), que vivimos hoy, pueden ser producto de decisiones tomadas hace años o incluso décadas por personas o países ajenos a nosotros.
Santa Cruz de la Sierra, 04/10/09
La crisis económica que vive actualmente el planeta comienza a finales del año 2006 con la desaceleración y posterior caída del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Las causas principales de esta burbuja inmobiliaria fueron las bajas tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, los incentivos fiscales creados por el gobierno de los Estados Unidos, y la relajación en los requisitos para otorgar créditos inmobiliarios por parte de agencias semi - gubernamentales como Freddie Mac y Fannie Mae, las cuales controlan cerca del 50% del mercado inmobiliario estadounidense.
Posteriormente las entidades financieras privadas empiezan a titularizar las hipotecas y a venderlas por todo el mundo sin realizar un adecuado análisis de riesgo de las mismas.
Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, tomó decisiones equivocadas, bajando las tasas de interés, dando incentivos fiscales y bajando los requisitos para que la gente pueda acceder a una hipoteca y estas decisiones equivocadas llevaron a un auge y luego la caída del sector inmobiliario. Lo irónico es que el gobierno, el cual tomó las malas decisiones que llevaron a la crisis, culpó al sector privado de la misma, y decidió que es el gobierno quien, con su sabiduría y su búsqueda del bien común va a salvar al mundo (Keynes vuelve con fuerza).
No cabe duda que el gobierno de Estados Unidos es uno de los principales responsables, de la burbuja inmobiliaria que luego ocasionó la crisis financiera y terminó en una crisis mundial. Sin embargo sería interesante analizar por ejemplo, el rol del gobierno chino en la creación de la burbuja inmobiliaria.
Para mantener su divisa subvalorada y favorecer sus exportaciones, el gobierno chino ha comprado dólares y bonos del tesoro de Estados Unidos por un valor de 900.000 millones de dólares. Esto provocó un aumento de la liquidez, una caída en el nivel de ahorros y un mayor nivel de endeudamiento en el país del norte.
Es improbable que la crisis hipotecaria norteamericana hubiera tenido la intensidad que tuvo, si China, no hubiera financiado la economía norteamericana por una década, como lo hizo y lo sigue haciendo.
De la misma manera, no se pueden dejar de lado los ataques terroristas del 11 de septiembre en la determinación de bajar las tasas de interés.
No es la intención de este artículo determinar cuáles son los culpables de la crisis financiera mundial, sino precisamente, mostrar la dificultad de hacer esa determinación. La economía global es interdependiente, y lo que pasa en un país tiene repercusiones en muchos más, como lo demuestran la crisis asiática del 97, o la crisis de las hipotécas subprime del 2008. Además, así como toma muchos años para poder cosechar los frutos de una semilla de naranjo, también los efectos (buenos o malos), que vivimos hoy, pueden ser producto de decisiones tomadas hace años o incluso décadas por personas o países ajenos a nosotros.
Santa Cruz de la Sierra, 04/10/09
La falacia de la soberanía alimentaria
Javier Paz García
Supongamos que cada departamento de Bolivia tuviese que alcanzar la soberanía alimentaria; es decir, que cada departamento tuviera que producir la totalidad de los alimentos que consume. En este caso, Oruro tendría que producir su propia carne vacuna, el Beni su papa, Pando sus propias uvas, etc.
Es evidente que el requisito de soberanía alimentaria impuesto para cada departamento del país es altamente costoso. Más eficiente sería que cada departamento se especialice en los productos donde, por las características geográficas, climáticas e históricas, tengan alguna ventaja competitiva, y luego comercien entre sí. Es más eficiente que el Beni provea de leche y carne vacuna a Oruro y que a su vez Oruro provea la papa y la quinua para el departamento del Beni. Imponer la soberanía alimentaria por departamento significa que, en lugares donde no existen las condiciones para producir ciertos alimentos, el costo de los mismos será alto. Criar vacas en Oruro es mucho más costoso que criarlas en el Beni. Por lo tanto, bajo un régimen de soberanía alimentaria por departamento, el costo de la carne vacuna en Oruro se elevaría a tal punto que muchos orureños dejarían de consumirla.
Por otro lado, los productores de carne vacuna en el Beni se verían con un problema de sobreoferta, sin tener donde vender toda su carne y eventualmente dando usos poco aptos para sus tierras, como ser la siembra de la papa en bajíos húmedos.
El efecto neto de imponer la soberanía alimentaria, es que pierden los consumidores, porque se les restringe la variedad y la calidad de productos a los que pueden tener acceso, además que tienen que pagar precios más altos para los productos en los cuales sus respectivas regiones no tienen ventajas competitivas de producción. Pierden los productores porque se ven obligados a producir cosas para las cuales no tienen la experiencia o las condiciones climáticas y de terreno. En general pierde el país porque se produce menos y se pierde competitividad.
Imponer la soberanía alimentaria es análogo a exigir a una persona que sea su propio dentista, abogado, contador y sastre. Más eficiente es dedicarse a una sola cosa, digamos, ser dentista, y luego con las ganancias de la profesión, contratar los servicios de un abogado, o un sastre.
Desde un punto de vista económico, no existe mucha diferencia entre pedir soberanía alimentaria entre los departamentos de un país, lo cual creo haber demostrado ser una locura, y pedir soberanía alimentaria entre varios países. No tiene sentido que Argentina produzca su propia castaña o que Brasil siembre quinua, pudiendo comprarlas de Bolivia.
Una razón válida para buscar la soberanía alimentaria es cuando existe el peligro de guerra con otros países. Si existe la posibilidad de que Bolivia entre en un conflicto bélico contra Chile o Argentina, entonces tiene sentido que tratemos de producir manzanas o trigo para nuestro consumo interno. Si dicha posibilidad es remota, entonces, desde una perspectiva económica, es poco justificable buscar la soberanía alimentaria.
Generalmente quienes postulan la búsqueda de la soberanía alimentaria, muchas veces tienen motivaciones políticas y apelan a sentimentalismos patrióticos para justificar dicha necesidad, pero carecen de un sustento económico serio para defender su postura.
Es importante entender los fundamentos económicos del debate sobre la soberanía alimentaria, y también es importante considerar aspectos geopolíticos, cuando existen.
Santa Cruz de la Sierra, 25/09/09
Supongamos que cada departamento de Bolivia tuviese que alcanzar la soberanía alimentaria; es decir, que cada departamento tuviera que producir la totalidad de los alimentos que consume. En este caso, Oruro tendría que producir su propia carne vacuna, el Beni su papa, Pando sus propias uvas, etc.
Es evidente que el requisito de soberanía alimentaria impuesto para cada departamento del país es altamente costoso. Más eficiente sería que cada departamento se especialice en los productos donde, por las características geográficas, climáticas e históricas, tengan alguna ventaja competitiva, y luego comercien entre sí. Es más eficiente que el Beni provea de leche y carne vacuna a Oruro y que a su vez Oruro provea la papa y la quinua para el departamento del Beni. Imponer la soberanía alimentaria por departamento significa que, en lugares donde no existen las condiciones para producir ciertos alimentos, el costo de los mismos será alto. Criar vacas en Oruro es mucho más costoso que criarlas en el Beni. Por lo tanto, bajo un régimen de soberanía alimentaria por departamento, el costo de la carne vacuna en Oruro se elevaría a tal punto que muchos orureños dejarían de consumirla.
Por otro lado, los productores de carne vacuna en el Beni se verían con un problema de sobreoferta, sin tener donde vender toda su carne y eventualmente dando usos poco aptos para sus tierras, como ser la siembra de la papa en bajíos húmedos.
El efecto neto de imponer la soberanía alimentaria, es que pierden los consumidores, porque se les restringe la variedad y la calidad de productos a los que pueden tener acceso, además que tienen que pagar precios más altos para los productos en los cuales sus respectivas regiones no tienen ventajas competitivas de producción. Pierden los productores porque se ven obligados a producir cosas para las cuales no tienen la experiencia o las condiciones climáticas y de terreno. En general pierde el país porque se produce menos y se pierde competitividad.
Imponer la soberanía alimentaria es análogo a exigir a una persona que sea su propio dentista, abogado, contador y sastre. Más eficiente es dedicarse a una sola cosa, digamos, ser dentista, y luego con las ganancias de la profesión, contratar los servicios de un abogado, o un sastre.
Desde un punto de vista económico, no existe mucha diferencia entre pedir soberanía alimentaria entre los departamentos de un país, lo cual creo haber demostrado ser una locura, y pedir soberanía alimentaria entre varios países. No tiene sentido que Argentina produzca su propia castaña o que Brasil siembre quinua, pudiendo comprarlas de Bolivia.
Una razón válida para buscar la soberanía alimentaria es cuando existe el peligro de guerra con otros países. Si existe la posibilidad de que Bolivia entre en un conflicto bélico contra Chile o Argentina, entonces tiene sentido que tratemos de producir manzanas o trigo para nuestro consumo interno. Si dicha posibilidad es remota, entonces, desde una perspectiva económica, es poco justificable buscar la soberanía alimentaria.
Generalmente quienes postulan la búsqueda de la soberanía alimentaria, muchas veces tienen motivaciones políticas y apelan a sentimentalismos patrióticos para justificar dicha necesidad, pero carecen de un sustento económico serio para defender su postura.
Es importante entender los fundamentos económicos del debate sobre la soberanía alimentaria, y también es importante considerar aspectos geopolíticos, cuando existen.
Santa Cruz de la Sierra, 25/09/09
La división del trabajo, el comercio y la especialización
Javier Paz García
En toda sociedad existe la división del trabajo, la especialización y el comercio; vamos a explicar estos conceptos.
Cuando unos son zapateros, otros carniceros, unos siembran soya, otros crían vacas, etc., existe la división del trabajo.
Con la división del trabajo viene el comercio. Nadie realiza todas las actividades ni produce todos los bienes que consume, sino que produce un tipo o pocos tipos de bienes, y los intercambia por otros. El carnicero vende su carne para comprar zapatos, el zapatero arregla zapatos para comprar una casa, el abogado vende servicios legales y compra servicios mecánicos.
Con la división del trabajo y el comercio viene la especialización y el incremento en la productividad. Es decir, si en vez de que cada persona produzca su propia comida, elabore su propia ropa y construya su propia casa, cada quien se especializa en una sola actividad, con el tiempo, cada persona va a mejorar su capacidad para desarrollar dicha actividad.
Para Adam Smith, filósofo del siglo XVIII, la división del trabajo era una de las bases de la riqueza de las naciones, porque permite la especialización y el incremento de la productividad.
Cada persona se especializa en unas cuantas cosas y las intercambia por otras cosas que no produce, precisamente porque de esa manera puede producir más y consumir más.
Ahora imaginemos una situación donde el Estado disponga por ejemplo que en el país los habitantes ya no pueden comerciar tomates, y que cada uno tenga que producir tomates para consumo propio, y luego prohíba la comercialización de zapatos y que cada habitante tenga que producir sus propios zapatos y que vaya prohibiendo el comercio hasta llegar a una situación en que cada habitante es un Robinson Crusoe, que tenga que producir todos los bienes y servicios que desee consumir completamente, sin la posibilidad de intercambiar con otros mediante el comercio. Es claro que en esta situación hipotética el resultado sería un empobrecimiento general de la población. Es claro que la cantidad y la calidad de bienes y servicios que cada habitante pudiera producir para sí mismo, sería muy inferior a la que lograría mediante la división del trabajo, la especialización y el comercio.
Es importante entender estos conceptos para poder apreciar la importancia del comercio. Las crisis económicas generalmente despiertan tendencias proteccionistas; la crisis actual no es la excepción. Sin embargo, limitar el comercio con otros países, sea prohibiendo o limitando las importaciones o exportaciones, tiene consecuencias negativas al crecimiento y bienestar de largo plazo de un país.
Un Robinson Crusoe que tiene que hacer y saber un poco de todo no puede tener la productividad de un grupo de personas donde cada cual sabe mucho sobre pocas cosas.
De manera análoga, un país que se cierra al comercio, desaprovecha oportunidades de especializarse e incrementar su competitividad, desaprovecha oportunidades de generar mayor riqueza y reducir la pobreza.
Santa Cruz de la Sierra, 15/09/09
En toda sociedad existe la división del trabajo, la especialización y el comercio; vamos a explicar estos conceptos.
Cuando unos son zapateros, otros carniceros, unos siembran soya, otros crían vacas, etc., existe la división del trabajo.
Con la división del trabajo viene el comercio. Nadie realiza todas las actividades ni produce todos los bienes que consume, sino que produce un tipo o pocos tipos de bienes, y los intercambia por otros. El carnicero vende su carne para comprar zapatos, el zapatero arregla zapatos para comprar una casa, el abogado vende servicios legales y compra servicios mecánicos.
Con la división del trabajo y el comercio viene la especialización y el incremento en la productividad. Es decir, si en vez de que cada persona produzca su propia comida, elabore su propia ropa y construya su propia casa, cada quien se especializa en una sola actividad, con el tiempo, cada persona va a mejorar su capacidad para desarrollar dicha actividad.
Para Adam Smith, filósofo del siglo XVIII, la división del trabajo era una de las bases de la riqueza de las naciones, porque permite la especialización y el incremento de la productividad.
Cada persona se especializa en unas cuantas cosas y las intercambia por otras cosas que no produce, precisamente porque de esa manera puede producir más y consumir más.
Ahora imaginemos una situación donde el Estado disponga por ejemplo que en el país los habitantes ya no pueden comerciar tomates, y que cada uno tenga que producir tomates para consumo propio, y luego prohíba la comercialización de zapatos y que cada habitante tenga que producir sus propios zapatos y que vaya prohibiendo el comercio hasta llegar a una situación en que cada habitante es un Robinson Crusoe, que tenga que producir todos los bienes y servicios que desee consumir completamente, sin la posibilidad de intercambiar con otros mediante el comercio. Es claro que en esta situación hipotética el resultado sería un empobrecimiento general de la población. Es claro que la cantidad y la calidad de bienes y servicios que cada habitante pudiera producir para sí mismo, sería muy inferior a la que lograría mediante la división del trabajo, la especialización y el comercio.
Es importante entender estos conceptos para poder apreciar la importancia del comercio. Las crisis económicas generalmente despiertan tendencias proteccionistas; la crisis actual no es la excepción. Sin embargo, limitar el comercio con otros países, sea prohibiendo o limitando las importaciones o exportaciones, tiene consecuencias negativas al crecimiento y bienestar de largo plazo de un país.
Un Robinson Crusoe que tiene que hacer y saber un poco de todo no puede tener la productividad de un grupo de personas donde cada cual sabe mucho sobre pocas cosas.
De manera análoga, un país que se cierra al comercio, desaprovecha oportunidades de especializarse e incrementar su competitividad, desaprovecha oportunidades de generar mayor riqueza y reducir la pobreza.
Santa Cruz de la Sierra, 15/09/09
La magia de Juan Luis Guerra
Javier Paz García
En El costo de la vida Juan Luis Guerra canta sobre problemas cotidianos como el costo de la vida, la corrupción, el desempleo o la delincuencia; Visa para un sueño es una historia muy latinoamericana, la de gente dando los primeros pasos para abandonar su país en busca de mejores oportunidades; Me enamoro de ella explora las diferencias socioeconómicas; El Niágara en bicicleta es la odisea de un pobre hombre procurando atención médica en un hospital público; Ojalá que llueva café es el deseo de un mundo mejor.
Las canciones antes mencionadas hablan sobre las injusticias sociales, la pobreza, el hambre y sin embargo no son canciones tristes. De hecho son canciones muy alegres que celebran la vida, incluso en sus matices tristes e invitan a bailar, cantar y sonreír a quien las escucha.
La bilirrubina cuenta los problemas de salud que el amor puede ocasionar; Rosalía parece demorar en responder las intenciones amorosas de un pretendiente; En Como abeja al panal la propuesta amorosa de un hombre es rechazada; otro se decide a escribir una Carta de amor con puntos y comas, esperando un poquitito de amor de respuesta; La llave de mi corazón demanda una solución a la mujer amada y otra canción dice que Si tú te vas ya no me queda nada. Y es que Juan Luis celebra el amor con bachatas y merengues, con júbilo y optimismo, como algo digno de celebrarse incluso cuando no es correspondido.
En su música vemos con frecuencia la utilización de ritmos lentos para abordar temas alegres; verbigracia Bachata rosa, Burbujas de amor y La hormiguita, tres odas al amor. Por otro lado también vemos la utilización de ritmos rápidos e intrínsecamente alegres para abordar temas tristes como ser la pobreza, o el amor no correspondido. Está aparente dicotomía entre el ritmo y la letra no es casual y más bien responde a un panteísmo que celebra la vida y el amor en todas sus facetas. Esta dicotomía parece querer decirnos, al igual que la película de Roberto Benigni, que la vida es bella, incluso con sus dificultades y sobresaltos.
Muchas de las canciones de este cantautor tocan los temas más tristes del género humano y sin embargo, nos provocan alegría y optimismo. Precisamente la magia de Juan Luis Guerra está en convertir los tópicos más tristes en una canción alegre y provocarnos una sonrisa.
Santa Cruz de la Sierra, 10/09/09
En El costo de la vida Juan Luis Guerra canta sobre problemas cotidianos como el costo de la vida, la corrupción, el desempleo o la delincuencia; Visa para un sueño es una historia muy latinoamericana, la de gente dando los primeros pasos para abandonar su país en busca de mejores oportunidades; Me enamoro de ella explora las diferencias socioeconómicas; El Niágara en bicicleta es la odisea de un pobre hombre procurando atención médica en un hospital público; Ojalá que llueva café es el deseo de un mundo mejor.
Las canciones antes mencionadas hablan sobre las injusticias sociales, la pobreza, el hambre y sin embargo no son canciones tristes. De hecho son canciones muy alegres que celebran la vida, incluso en sus matices tristes e invitan a bailar, cantar y sonreír a quien las escucha.
La bilirrubina cuenta los problemas de salud que el amor puede ocasionar; Rosalía parece demorar en responder las intenciones amorosas de un pretendiente; En Como abeja al panal la propuesta amorosa de un hombre es rechazada; otro se decide a escribir una Carta de amor con puntos y comas, esperando un poquitito de amor de respuesta; La llave de mi corazón demanda una solución a la mujer amada y otra canción dice que Si tú te vas ya no me queda nada. Y es que Juan Luis celebra el amor con bachatas y merengues, con júbilo y optimismo, como algo digno de celebrarse incluso cuando no es correspondido.
En su música vemos con frecuencia la utilización de ritmos lentos para abordar temas alegres; verbigracia Bachata rosa, Burbujas de amor y La hormiguita, tres odas al amor. Por otro lado también vemos la utilización de ritmos rápidos e intrínsecamente alegres para abordar temas tristes como ser la pobreza, o el amor no correspondido. Está aparente dicotomía entre el ritmo y la letra no es casual y más bien responde a un panteísmo que celebra la vida y el amor en todas sus facetas. Esta dicotomía parece querer decirnos, al igual que la película de Roberto Benigni, que la vida es bella, incluso con sus dificultades y sobresaltos.
Muchas de las canciones de este cantautor tocan los temas más tristes del género humano y sin embargo, nos provocan alegría y optimismo. Precisamente la magia de Juan Luis Guerra está en convertir los tópicos más tristes en una canción alegre y provocarnos una sonrisa.
Santa Cruz de la Sierra, 10/09/09
El valor del comerciante
Javier Paz García
Un comerciante es un intermediario entre el productor y el consumidor final. La chola que vende papas en un mercado, una autoventa, o el ambulante que ofrece maní y gaseosas en las esquinas son algunos ejemplos de comerciantes.
No es infrecuente escuchar decir que los comerciantes no agregan valor a un producto. O que ser comerciante no es trabajar, ya que lo único que hacen es estar sentados todo el día.
Para refutar esta idea podemos hacer el sencillo ejercicio mental de imaginarnos un mundo sin comerciantes sentados esperando a vender sus productos ni mercados donde comprarlos. En este mundo, si usted quiere un kilo de carne, tiene que ir directamente a un matadero; si quiere un litro de aceite, tiene que ir a una aceitera; para comprar un pantalón tiene que ir a una textilera, y si quiere un pantalón de marca hecho en China, pues tiene que viajar a China. Si quiere una bolsita de maní o una gaseosa, ya no podrá adquirirlas en una rotonda del segundo anillo, sino que tendrá que trasladarse hasta La Paz por su maní y hasta el parque industrial para su gaseosa.
Tomando ejemplos más reales, imaginémonos con un vehículo averiado en un pequeño pueblo del oriente boliviano. No es difícil medir el costo y la molestia que ocasiona que en dicho pueblo no exista un comerciante “sentado todo el día haciendo nada” que nos pueda proveer el repuesto necesario para realizar la reparación del vehículo.
La comodidad y el ahorro de tiempo y dinero son beneficios tangibles de la actividad comercial de personas que están sentadas todo el día, aparentemente sin hacer nada. Pero además los mercados, como el Abasto, los Pozos o la Bolsa de Valores de Nueva York, permiten la competencia entre vendedores, lo en general mantiene precios más bajos y productos de mejor calidad de los que hubiera en una situación de monopolio.
Así como los mercados canalizan productos de los productores hacia los consumidores, los bancos canalizan dinero y por tanto podemos considerarlos una forma de comercio: un banco es una entidad con personas sentadas todo el día recibiendo dinero de unos para prestarlo a otros. Si mañana se cerraran todos los bancos y las personas con necesidad de un préstamo no tuvieran otra opción más que encontrar otra persona con la capacidad para hacer dicho préstamo, la economía del país se desplomaría casi de inmediato. Pues si sacáramos a todas las cholas que se pasan el día entero sentadas en un mercado “haciendo nada” y las pusiéramos a sembrar lo que sea, el desplome de la economía sería similar al de cerrar el sistema bancario.
Santa Cruz de la Sierra, 28/08/09
Un comerciante es un intermediario entre el productor y el consumidor final. La chola que vende papas en un mercado, una autoventa, o el ambulante que ofrece maní y gaseosas en las esquinas son algunos ejemplos de comerciantes.
No es infrecuente escuchar decir que los comerciantes no agregan valor a un producto. O que ser comerciante no es trabajar, ya que lo único que hacen es estar sentados todo el día.
Para refutar esta idea podemos hacer el sencillo ejercicio mental de imaginarnos un mundo sin comerciantes sentados esperando a vender sus productos ni mercados donde comprarlos. En este mundo, si usted quiere un kilo de carne, tiene que ir directamente a un matadero; si quiere un litro de aceite, tiene que ir a una aceitera; para comprar un pantalón tiene que ir a una textilera, y si quiere un pantalón de marca hecho en China, pues tiene que viajar a China. Si quiere una bolsita de maní o una gaseosa, ya no podrá adquirirlas en una rotonda del segundo anillo, sino que tendrá que trasladarse hasta La Paz por su maní y hasta el parque industrial para su gaseosa.
Tomando ejemplos más reales, imaginémonos con un vehículo averiado en un pequeño pueblo del oriente boliviano. No es difícil medir el costo y la molestia que ocasiona que en dicho pueblo no exista un comerciante “sentado todo el día haciendo nada” que nos pueda proveer el repuesto necesario para realizar la reparación del vehículo.
La comodidad y el ahorro de tiempo y dinero son beneficios tangibles de la actividad comercial de personas que están sentadas todo el día, aparentemente sin hacer nada. Pero además los mercados, como el Abasto, los Pozos o la Bolsa de Valores de Nueva York, permiten la competencia entre vendedores, lo en general mantiene precios más bajos y productos de mejor calidad de los que hubiera en una situación de monopolio.
Así como los mercados canalizan productos de los productores hacia los consumidores, los bancos canalizan dinero y por tanto podemos considerarlos una forma de comercio: un banco es una entidad con personas sentadas todo el día recibiendo dinero de unos para prestarlo a otros. Si mañana se cerraran todos los bancos y las personas con necesidad de un préstamo no tuvieran otra opción más que encontrar otra persona con la capacidad para hacer dicho préstamo, la economía del país se desplomaría casi de inmediato. Pues si sacáramos a todas las cholas que se pasan el día entero sentadas en un mercado “haciendo nada” y las pusiéramos a sembrar lo que sea, el desplome de la economía sería similar al de cerrar el sistema bancario.
Santa Cruz de la Sierra, 28/08/09
“Prorroguismo” en América Latina
Javier Paz García
Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela el año 1999, la constitución venezolana no permitía la reelección. Con tal motivo, ese mismo año llevó a cabo una Asamblea Constituyente, donde entre otras cosas, se extendió el periodo presidencia a 6 años y se permitió la reelección. El 2009, luego de 10 años en el poder, impulsó un referendo para permitir la reelección indefinida.
Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia, la entonces vigente constitución boliviana no permitía la reelección en periodos consecutivos. Morales, siguiendo el modelo de Chávez, también llamó a una Asamblea Constituyente. La nueva constitución boliviana permite la reelección consecutiva y Morales apuesta a ganar un segundo periodo en las elecciones de diciembre del presente año. No debemos sorprendernos si en su siguiente periodo vuelve, como Chávez, a modificar la constitución para ser reelegido una vez más.
Rafael Correa, ha seguido un procedimiento similar en Ecuador, llamando a una Asamblea Constituyente y luego logrando ser reelegido.
Manuel Zelaya en Honduras pretendió llevar a cabo un referendo para consultar a la ciudadanía sobre la reelección del presidente. El Tribunal Constitucional y el Parlamento de dicho país declararon ilegal el referendo, pero Zelaya insistió en llevarlo a cabo, en franca violación de los artículos 5, 239 y 374 de la Constitución hondureña.
Álvaro Uribe en Colombia logró modificar la Constitución de su país y ser reelegido el 2006. Tristemente hoy intenta modificar una vez más la constitución que él mismo había apoyado hace pocos años.
Más allá de la simpatía o antipatía que una pueda tener con algún político en particular (yo por ejemplo creo que Uribe ha sido un muy buen estadista), debemos rechazar por principio la tendencia imperante en América Latina de los gobernantes a prorrogarse en el poder. Y la razón principal es que, el precedente que dejan es que la constitución vale poco cuando se es popular y que la popularidad de un mandatario es un cheque en blanco para hacer lo que sea con la institucionalidad de todo un país. Permitir la reelección no es malo, pero en los casos antes citados, se han violado las constituciones, las leyes y los procedimientos para lograr dichos objetivos. Y si el presidente de un país, como máxima autoridad, no cumple la ley, ¿qué autoridad moral tiene para pedir que los demás ciudadanos lo hagan?
Chávez, Morales, Correa y Uribe han debilitado la institucionalidad de sus respectivos países con sus acciones “prorroguistas”. Es importante para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, castigar mediante el voto ciudadano dicho accionar.
Santa Cruz de la Sierra, 21/08/09
Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela el año 1999, la constitución venezolana no permitía la reelección. Con tal motivo, ese mismo año llevó a cabo una Asamblea Constituyente, donde entre otras cosas, se extendió el periodo presidencia a 6 años y se permitió la reelección. El 2009, luego de 10 años en el poder, impulsó un referendo para permitir la reelección indefinida.
Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia, la entonces vigente constitución boliviana no permitía la reelección en periodos consecutivos. Morales, siguiendo el modelo de Chávez, también llamó a una Asamblea Constituyente. La nueva constitución boliviana permite la reelección consecutiva y Morales apuesta a ganar un segundo periodo en las elecciones de diciembre del presente año. No debemos sorprendernos si en su siguiente periodo vuelve, como Chávez, a modificar la constitución para ser reelegido una vez más.
Rafael Correa, ha seguido un procedimiento similar en Ecuador, llamando a una Asamblea Constituyente y luego logrando ser reelegido.
Manuel Zelaya en Honduras pretendió llevar a cabo un referendo para consultar a la ciudadanía sobre la reelección del presidente. El Tribunal Constitucional y el Parlamento de dicho país declararon ilegal el referendo, pero Zelaya insistió en llevarlo a cabo, en franca violación de los artículos 5, 239 y 374 de la Constitución hondureña.
Álvaro Uribe en Colombia logró modificar la Constitución de su país y ser reelegido el 2006. Tristemente hoy intenta modificar una vez más la constitución que él mismo había apoyado hace pocos años.
Más allá de la simpatía o antipatía que una pueda tener con algún político en particular (yo por ejemplo creo que Uribe ha sido un muy buen estadista), debemos rechazar por principio la tendencia imperante en América Latina de los gobernantes a prorrogarse en el poder. Y la razón principal es que, el precedente que dejan es que la constitución vale poco cuando se es popular y que la popularidad de un mandatario es un cheque en blanco para hacer lo que sea con la institucionalidad de todo un país. Permitir la reelección no es malo, pero en los casos antes citados, se han violado las constituciones, las leyes y los procedimientos para lograr dichos objetivos. Y si el presidente de un país, como máxima autoridad, no cumple la ley, ¿qué autoridad moral tiene para pedir que los demás ciudadanos lo hagan?
Chávez, Morales, Correa y Uribe han debilitado la institucionalidad de sus respectivos países con sus acciones “prorroguistas”. Es importante para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, castigar mediante el voto ciudadano dicho accionar.
Santa Cruz de la Sierra, 21/08/09
viernes, 14 de agosto de 2009
El mito de la redistribución
Javier Paz García
Un discurso muy común de los políticos en casi cualquier país del mundo se basa en la redistribución de los ingresos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. No existe político populista que no recurra a ese discurso. El razonamiento es simple: existen ricos que viven muy bien y pobres que viven muy mal. Si le quitamos a los ricos y le damos a los pobres, todos vamos a vivir bien.
El razonamiento también es falaz. Verbigracia Bolivia, un país con 10 millones de habitantes que en el 2008 tuvo un producto interno bruto de aproximadamente Bs. 120 mil millones. Por lo tanto si existiera una distribución absolutamente igualitaria cada habitante recibiría Bs. 12 mil por año. Es decir, logrando la máxima igualdad distributiva, cada habitante de este país podría recibir Bs. 1.000 por mes o Bs. 33 por día, lo cual no acaba con la pobreza.
Éste es un motivo por el cual cualquier política de redistribución de ingresos está destinada a fracasar, simplemente no hay suficiente para redistribuir. Las medidas distributivas sirven de parche, abriendo un hueco en un lugar para tapar otro, y funcionan muy bien como propaganda política. Pero además, las medidas de redistribución, cuando implican una violación de los derechos de propiedad, una alteración del Estado de Derecho y son llevadas a cabo con violencia, conducen a la salida de capitales, la disminución de iniciativas productivas, y una disminución en el crecimiento económico de largo plazo.
En un país pobre, la única forma de sacar a más personas de la pobreza de forma permanente y sostenible es sustentando altos índices de crecimiento económico y para ello es necesario entre otras cosas, garantizar los derechos de propiedad, atraer inversiones, facilitar la creación de empresas y tener un mercado laboral flexible.
Y como en Bolivia se toman medidas que más bien tienden a ahuyentar capitales, dificultar la creación de empresas, socavar el derecho propietario, no se necesita un genio para pronosticar que el crecimiento económico de largo plazo será perjudicado, el país seguirá siendo uno de los más pobres de Latinoamérica, y su economía seguirá basada en la extracción y exportación de recursos naturales sin valor agregado. Y probablemente seguirá siendo parte del imaginario popular y del discurso político la idea de que es un país rico por sus recursos naturales (con todas las variantes sobre que la culpa de la pobreza radica en el imperio, en los oligarcas o los chilenos).
Los perdedores y fracasados siempre tienen excusas y explicaciones. Bolivia tiene todas las excusas y explicaciones que necesita para seguir pobre y fracasada, y está tomando las medidas adecuadas para mantenerse en ese estado.
Santa Cruz de la Sierra, 14/08/09
Un discurso muy común de los políticos en casi cualquier país del mundo se basa en la redistribución de los ingresos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. No existe político populista que no recurra a ese discurso. El razonamiento es simple: existen ricos que viven muy bien y pobres que viven muy mal. Si le quitamos a los ricos y le damos a los pobres, todos vamos a vivir bien.
El razonamiento también es falaz. Verbigracia Bolivia, un país con 10 millones de habitantes que en el 2008 tuvo un producto interno bruto de aproximadamente Bs. 120 mil millones. Por lo tanto si existiera una distribución absolutamente igualitaria cada habitante recibiría Bs. 12 mil por año. Es decir, logrando la máxima igualdad distributiva, cada habitante de este país podría recibir Bs. 1.000 por mes o Bs. 33 por día, lo cual no acaba con la pobreza.
Éste es un motivo por el cual cualquier política de redistribución de ingresos está destinada a fracasar, simplemente no hay suficiente para redistribuir. Las medidas distributivas sirven de parche, abriendo un hueco en un lugar para tapar otro, y funcionan muy bien como propaganda política. Pero además, las medidas de redistribución, cuando implican una violación de los derechos de propiedad, una alteración del Estado de Derecho y son llevadas a cabo con violencia, conducen a la salida de capitales, la disminución de iniciativas productivas, y una disminución en el crecimiento económico de largo plazo.
En un país pobre, la única forma de sacar a más personas de la pobreza de forma permanente y sostenible es sustentando altos índices de crecimiento económico y para ello es necesario entre otras cosas, garantizar los derechos de propiedad, atraer inversiones, facilitar la creación de empresas y tener un mercado laboral flexible.
Y como en Bolivia se toman medidas que más bien tienden a ahuyentar capitales, dificultar la creación de empresas, socavar el derecho propietario, no se necesita un genio para pronosticar que el crecimiento económico de largo plazo será perjudicado, el país seguirá siendo uno de los más pobres de Latinoamérica, y su economía seguirá basada en la extracción y exportación de recursos naturales sin valor agregado. Y probablemente seguirá siendo parte del imaginario popular y del discurso político la idea de que es un país rico por sus recursos naturales (con todas las variantes sobre que la culpa de la pobreza radica en el imperio, en los oligarcas o los chilenos).
Los perdedores y fracasados siempre tienen excusas y explicaciones. Bolivia tiene todas las excusas y explicaciones que necesita para seguir pobre y fracasada, y está tomando las medidas adecuadas para mantenerse en ese estado.
Santa Cruz de la Sierra, 14/08/09
La clave es la competitividad
En “Cuentos Chinos” el periodista Andrés Oppenheimer nos advierte que la clave del crecimiento de un país radica en la competitividad de sus empresas.
Para entender que es la competitividad debemos entender dos conceptos adicionales: productividad y eficiencia.
La productividad podemos definirla como la cantidad de producto por unidad de trabajo. Es decir, si un trabajador A cosecha 200 naranjas por hora y otro trabajador B cosecha 1.000 naranjas por hora, pues el trabajador B tiene una productividad 5 veces superior a la del trabajador A.
La eficiencia puede ser definida como la obtención de una cierta cantidad de producto con un mínimo de recursos. Por ejemplo, si una empresa A gasta 20 pesos para producir 100 naranjas y otra empresa B gasta 10 pesos para producir 100 naranjas de la misma calidad que la empresa A, pues entonces la empresa B es más eficiente que la empresa A.
Finalmente, la competitividad de una empresa o país viene dada por su capacidad para ofrecer un cierto producto a un menor precio que otras empresas o países. Y por supuesto, las empresas o países que ofrezcan los precios más bajos serán los que consigan la mayoría de los clientes a nivel mundial. Crear una empresa competitiva requiere ser eficiente en el manejo de los recursos y buscar como aumentar la productividad del capital y el trabajo.
Y cuando una empresa es competitiva, pues no tiene miedo a competir con otras empresas o países, consigue nuevos clientes, crece y genera más fuentes de empleo. De hecho, una empresa competitiva, no solo no tiene miedo al libre comercio internacional, sino que se beneficia del mismo porque le permite crecer y expandirse a un mayor ritmo.
Por el contrario, las empresas poco competitivas, se estancan, y ante la amenaza de la competencia internacional, buscan proteger los mercados internos, se oponen a los tratados de libre comercio y en lo posible utilizan sus influencias políticas para mantener los monopolios dentro de un país. La falta de competitividad genera poco o nulo crecimiento y una baja creación de empleos.
Y cuando en un país abundan las empresas poco competitivas, no debemos extrañarnos que los salarios sean bajos, el desempleo sea alto, haya altos niveles de pobreza y exista mucha oposición al libre comercio nacional e internacional.
Santa Cruz de la Sierra, 07/08/09
Para entender que es la competitividad debemos entender dos conceptos adicionales: productividad y eficiencia.
La productividad podemos definirla como la cantidad de producto por unidad de trabajo. Es decir, si un trabajador A cosecha 200 naranjas por hora y otro trabajador B cosecha 1.000 naranjas por hora, pues el trabajador B tiene una productividad 5 veces superior a la del trabajador A.
La eficiencia puede ser definida como la obtención de una cierta cantidad de producto con un mínimo de recursos. Por ejemplo, si una empresa A gasta 20 pesos para producir 100 naranjas y otra empresa B gasta 10 pesos para producir 100 naranjas de la misma calidad que la empresa A, pues entonces la empresa B es más eficiente que la empresa A.
Finalmente, la competitividad de una empresa o país viene dada por su capacidad para ofrecer un cierto producto a un menor precio que otras empresas o países. Y por supuesto, las empresas o países que ofrezcan los precios más bajos serán los que consigan la mayoría de los clientes a nivel mundial. Crear una empresa competitiva requiere ser eficiente en el manejo de los recursos y buscar como aumentar la productividad del capital y el trabajo.
Y cuando una empresa es competitiva, pues no tiene miedo a competir con otras empresas o países, consigue nuevos clientes, crece y genera más fuentes de empleo. De hecho, una empresa competitiva, no solo no tiene miedo al libre comercio internacional, sino que se beneficia del mismo porque le permite crecer y expandirse a un mayor ritmo.
Por el contrario, las empresas poco competitivas, se estancan, y ante la amenaza de la competencia internacional, buscan proteger los mercados internos, se oponen a los tratados de libre comercio y en lo posible utilizan sus influencias políticas para mantener los monopolios dentro de un país. La falta de competitividad genera poco o nulo crecimiento y una baja creación de empleos.
Y cuando en un país abundan las empresas poco competitivas, no debemos extrañarnos que los salarios sean bajos, el desempleo sea alto, haya altos niveles de pobreza y exista mucha oposición al libre comercio nacional e internacional.
Santa Cruz de la Sierra, 07/08/09
viernes, 31 de julio de 2009
Lecciones sobre la amenaza chavista en Bolivia
Javier Paz García
En días pasados estuvo en el país María Corina Machado, presidenta de SUMATE, un movimiento ciudadano en Venezuela dedicado a construir democracia concienciando a los habitantes de aquel país a cumplir con sus deberes ciudadanos y a exigir sus derechos. La tesis de María Corina es que Hugo Chávez está “destruyendo la democracia democráticamente”. Es decir, mediante el uso de medios democráticos, como las elecciones y referendos, ha logrado socavar el sistema democrático de derecho en Venezuela. Esto lo lleva a cabo mediante un control absoluto del sistema electoral, donde las elecciones se hacen a su medida; un uso abusivo y ventajista del aparato estatal, usando los recursos del Estado para hacer campañas políticas y obligando a medios privados de televisión a transmitir sus discursos y actos públicos; y finalmente atemorizando a la población, con represalias para quienes voten en contra del presidente o para quienes se opongan al gobierno de alguna forma.
El control y la manipulación de las elecciones, el ventajismo electoral mediante el uso abusivo de los recursos públicos, y la campaña de terror y silenciamiento para quienes se opongan al régimen hacen que los procesos electorales sean casi imposibles de perder. Además, el régimen tiene la participación cómplice de instituciones que supuestamente velan por la democracia y los derechos humanos como la OEA y el Centro Carter. Estas instituciones le dan legitimidad internacional a un régimen tan democrático como el de Mussolini. En Bolivia por ejemplo, poco o nada han dicho sobre el voto comunitario, a costa por supuesto de su propia credibilidad y relevancia; nadie puede esperar nada serio de la OEA de José Miguel Insulza.
La lección que nos trae María Corina es que el régimen totalitario de Hugo Chávez consta de un plan muy bien elaborado y ejecutado para tener el control absoluto del país y perpetuarse en el poder; que parte de la estrategia consiste en infundir el miedo en la población, en especial entre los líderes de oposición, para que así nadie se atreva a retar al régimen, por miedo a las represalias; que no hacer nada es precisamente lo que el gobierno quiere que hagamos; que no hacer nada por miedo a las represalias, conlleva a que las futuras generaciones vivan con miedo y sin libertad. La lección más importante entonces es que hay que sobreponerse al miedo, y organizarse como sociedad para defender los derechos de todos. Es la única forma de hacerle frente a un régimen como el de Chávez.
Evo Morales, bajo la tutela de Chávez, está llevando a cabo un plan similar con el mismo objetivo: tener el control absoluto del país y perpetuarse en el poder. La buena noticia es que Morales no está tan avanzando como Chávez y que la oposición boliviana tiene en el caso venezolano una hoja de ruta sobre lo que se debe y no se debe hacer. Esperemos que nuestros líderes también tengan la sabiduría cuando tomen decisiones.
Santa Cruz de la Sierra, 31/07/09
En días pasados estuvo en el país María Corina Machado, presidenta de SUMATE, un movimiento ciudadano en Venezuela dedicado a construir democracia concienciando a los habitantes de aquel país a cumplir con sus deberes ciudadanos y a exigir sus derechos. La tesis de María Corina es que Hugo Chávez está “destruyendo la democracia democráticamente”. Es decir, mediante el uso de medios democráticos, como las elecciones y referendos, ha logrado socavar el sistema democrático de derecho en Venezuela. Esto lo lleva a cabo mediante un control absoluto del sistema electoral, donde las elecciones se hacen a su medida; un uso abusivo y ventajista del aparato estatal, usando los recursos del Estado para hacer campañas políticas y obligando a medios privados de televisión a transmitir sus discursos y actos públicos; y finalmente atemorizando a la población, con represalias para quienes voten en contra del presidente o para quienes se opongan al gobierno de alguna forma.
El control y la manipulación de las elecciones, el ventajismo electoral mediante el uso abusivo de los recursos públicos, y la campaña de terror y silenciamiento para quienes se opongan al régimen hacen que los procesos electorales sean casi imposibles de perder. Además, el régimen tiene la participación cómplice de instituciones que supuestamente velan por la democracia y los derechos humanos como la OEA y el Centro Carter. Estas instituciones le dan legitimidad internacional a un régimen tan democrático como el de Mussolini. En Bolivia por ejemplo, poco o nada han dicho sobre el voto comunitario, a costa por supuesto de su propia credibilidad y relevancia; nadie puede esperar nada serio de la OEA de José Miguel Insulza.
La lección que nos trae María Corina es que el régimen totalitario de Hugo Chávez consta de un plan muy bien elaborado y ejecutado para tener el control absoluto del país y perpetuarse en el poder; que parte de la estrategia consiste en infundir el miedo en la población, en especial entre los líderes de oposición, para que así nadie se atreva a retar al régimen, por miedo a las represalias; que no hacer nada es precisamente lo que el gobierno quiere que hagamos; que no hacer nada por miedo a las represalias, conlleva a que las futuras generaciones vivan con miedo y sin libertad. La lección más importante entonces es que hay que sobreponerse al miedo, y organizarse como sociedad para defender los derechos de todos. Es la única forma de hacerle frente a un régimen como el de Chávez.
Evo Morales, bajo la tutela de Chávez, está llevando a cabo un plan similar con el mismo objetivo: tener el control absoluto del país y perpetuarse en el poder. La buena noticia es que Morales no está tan avanzando como Chávez y que la oposición boliviana tiene en el caso venezolano una hoja de ruta sobre lo que se debe y no se debe hacer. Esperemos que nuestros líderes también tengan la sabiduría cuando tomen decisiones.
Santa Cruz de la Sierra, 31/07/09
El credo y el reto liberal
Javier Paz García
Carlos Alberto Montaner, coautor de El Manual del perfecto idiota latinoamericano y El regreso del idiota (libro que por cierto describe a Hugo Chávez y a Evo Morales) a menudo habla de un credo liberal. Lo transcribo a continuación de un reciente artículo suyo:
1.- Creemos en la libertad y la responsabilidad individuales como valor supremo de la comunidad.
2.- Creemos en la propiedad privada, para que ambas −libertad y responsabilidad− puedan ser realmente ejercidas.
3.- Creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona.
4.- Creemos en que el mercado −un mercado abierto a la competencia y sin controles de precios− es la forma más eficaz o menos imperfecta de realizar las transacciones económicas.
5.- Creemos en la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y libremente segrega cierto tipo de Estado para su disfrute y beneficio, y no al revés.
6.- Creemos en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, siempre y cuando se respeten los derechos de las minorías.
7.- Creemos en que el gobierno-mientras menos, mejor- siempre compuesto por servidores públicos, totalmente obediente a las leyes, debe estar sujeto a la inspección de los ciudadanos.
Y es que la doctrina liberal tiene como objetivo crear sociedades de ciudadanos libres y prósperos. El liberalismo no es, como sus detractores pretenden, una doctrina de dominación y de subdesarrollo. El liberalismo tampoco es sinónimo de derecha (que puede significar muchas cosas). No es dictadura ni autoritarismo, ni fascismo, ni racismo. Un liberal no cree en ciudadanos de primera y de segunda, no cree deban existir privilegiados que se sitúen encima de la ley y no cree en leyes que discriminen a los ciudadanos.
Los latinoamericanos tenemos una rica herencia liberal, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Fueron corrientes liberales las que despertaron las ansias de libertad en el continente y produjeron a hombres como George Washington, Simón Bolívar o Pedro Domingo Murillo.
El liberalismo es una doctrina que lucha contra la opresión y contra la pobreza.
Sin embargo hoy el liberalismo es una mala palabra en gran parte del mundo y especialmente en Latinoamérica. Por ello, el reto de quienes creemos que la libertad del ser humano es un valor supremo tenemos el difícil reto de desnudar los prejuicios que existen en torno a la doctrina liberal.
Es una terea monumental que sin embargo debemos cumplir si queremos darle a futuras generaciones la posibilidad de convivir en paz, libertad y prosperidad.
Santa Cruz de la Sierra, 27/07/09
Carlos Alberto Montaner, coautor de El Manual del perfecto idiota latinoamericano y El regreso del idiota (libro que por cierto describe a Hugo Chávez y a Evo Morales) a menudo habla de un credo liberal. Lo transcribo a continuación de un reciente artículo suyo:
1.- Creemos en la libertad y la responsabilidad individuales como valor supremo de la comunidad.
2.- Creemos en la propiedad privada, para que ambas −libertad y responsabilidad− puedan ser realmente ejercidas.
3.- Creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona.
4.- Creemos en que el mercado −un mercado abierto a la competencia y sin controles de precios− es la forma más eficaz o menos imperfecta de realizar las transacciones económicas.
5.- Creemos en la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y libremente segrega cierto tipo de Estado para su disfrute y beneficio, y no al revés.
6.- Creemos en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, siempre y cuando se respeten los derechos de las minorías.
7.- Creemos en que el gobierno-mientras menos, mejor- siempre compuesto por servidores públicos, totalmente obediente a las leyes, debe estar sujeto a la inspección de los ciudadanos.
Y es que la doctrina liberal tiene como objetivo crear sociedades de ciudadanos libres y prósperos. El liberalismo no es, como sus detractores pretenden, una doctrina de dominación y de subdesarrollo. El liberalismo tampoco es sinónimo de derecha (que puede significar muchas cosas). No es dictadura ni autoritarismo, ni fascismo, ni racismo. Un liberal no cree en ciudadanos de primera y de segunda, no cree deban existir privilegiados que se sitúen encima de la ley y no cree en leyes que discriminen a los ciudadanos.
Los latinoamericanos tenemos una rica herencia liberal, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Fueron corrientes liberales las que despertaron las ansias de libertad en el continente y produjeron a hombres como George Washington, Simón Bolívar o Pedro Domingo Murillo.
El liberalismo es una doctrina que lucha contra la opresión y contra la pobreza.
Sin embargo hoy el liberalismo es una mala palabra en gran parte del mundo y especialmente en Latinoamérica. Por ello, el reto de quienes creemos que la libertad del ser humano es un valor supremo tenemos el difícil reto de desnudar los prejuicios que existen en torno a la doctrina liberal.
Es una terea monumental que sin embargo debemos cumplir si queremos darle a futuras generaciones la posibilidad de convivir en paz, libertad y prosperidad.
Santa Cruz de la Sierra, 27/07/09
miércoles, 22 de julio de 2009
¿Existe pluralismo democrático en Bolivia?
Javier Paz García
Algunos opinan decididamente que sí existe. Argumentan por ejemplo que los medios de prensa son muy críticos de Morales, que existe separación de poderes, que Evo no controla al legislativo y al judicial, que vivimos en un país donde cualquiera puede opinar libremente o cosas por el estilo.
Efectivamente, en Bolivia no ha desaparecido el pluralismo democrático, pero también es innegable que el mismo se encuentra bajo un ataque constante y un debilitamiento por parte del partido de gobierno. Los cercos al Congreso, la quema de la prefectura de Cochabamba, el amedrentamiento a la prensa, los latigazos Marcial Fabricano, el descabezamiento del Poder Judicial, el veto para hacer campaña en las zonas masistas son apenas algunos ejemplos que demuestran fehacientemente que el pluralismo democrático en Bolivia está en crisis.
La ciudadanía no debería esperar a que Evo declarase que Bolivia va a tener partido único o que confisque los medios de prensa independiente. El totalitarismo y las actitudes antidemocráticas del Jefe de Gobierno son evidentes y deberían ser castigas mediante el voto.
Desafortunadamente, es difícil que aquello suceda. Los bolivianos tienen una deficiente cultura democrática, y tienden a poner al caudillo por encima de las instituciones. Evo es el nuevo caudillo, y tiene enamorada a las masas como antes lo hicieran Belzu o Barrientos. Y como sucedió con estos caudillos, el pueblo entenderá (ya lo entiende) que vivimos en tiempos especiales, y que Evo tiene sobrados justificativos para ponerse por encima de la ley y quebrantarla a gusto, entenderá que si alguien es encarcelado sin debido proceso, es porque se lo merece y porque los supremos intereses del país no se pueden frenar a causa de trabas procedimentales (leyes burguesas diría Marx).
Bajo argumentos populistas, Evo obtendrá seguramente el apoyo mayoritario de la población, y el abanico de partidos políticos de oposición será usado como un argumento adicional para mostrar el pluralismo democrático. Con seguridad la OEA, de la mano de Insulza (de la mano de Chávez), avalarán los resultados y congratularán al país por su sólida democracia.
Personalmente no soy optimista sobre el futuro cercano, vislumbro un deterioro en las garantías y derechos de los ciudadanos, supongo que no vamos a llegar al punto donde se declare un partido único, ya que eso no es necesario, y mantener varios enanos en el juego le da legitimidad al régimen. También estoy seguro que incluso si llegásemos a ese extremo, igual existirían apologistas asegurándonos que en Bolivia sí existe pluralismo democrático. Total, la mentira repetida hasta el cansancio termina siendo verdad.
La Paz, 15/07/09
Algunos opinan decididamente que sí existe. Argumentan por ejemplo que los medios de prensa son muy críticos de Morales, que existe separación de poderes, que Evo no controla al legislativo y al judicial, que vivimos en un país donde cualquiera puede opinar libremente o cosas por el estilo.
Efectivamente, en Bolivia no ha desaparecido el pluralismo democrático, pero también es innegable que el mismo se encuentra bajo un ataque constante y un debilitamiento por parte del partido de gobierno. Los cercos al Congreso, la quema de la prefectura de Cochabamba, el amedrentamiento a la prensa, los latigazos Marcial Fabricano, el descabezamiento del Poder Judicial, el veto para hacer campaña en las zonas masistas son apenas algunos ejemplos que demuestran fehacientemente que el pluralismo democrático en Bolivia está en crisis.
La ciudadanía no debería esperar a que Evo declarase que Bolivia va a tener partido único o que confisque los medios de prensa independiente. El totalitarismo y las actitudes antidemocráticas del Jefe de Gobierno son evidentes y deberían ser castigas mediante el voto.
Desafortunadamente, es difícil que aquello suceda. Los bolivianos tienen una deficiente cultura democrática, y tienden a poner al caudillo por encima de las instituciones. Evo es el nuevo caudillo, y tiene enamorada a las masas como antes lo hicieran Belzu o Barrientos. Y como sucedió con estos caudillos, el pueblo entenderá (ya lo entiende) que vivimos en tiempos especiales, y que Evo tiene sobrados justificativos para ponerse por encima de la ley y quebrantarla a gusto, entenderá que si alguien es encarcelado sin debido proceso, es porque se lo merece y porque los supremos intereses del país no se pueden frenar a causa de trabas procedimentales (leyes burguesas diría Marx).
Bajo argumentos populistas, Evo obtendrá seguramente el apoyo mayoritario de la población, y el abanico de partidos políticos de oposición será usado como un argumento adicional para mostrar el pluralismo democrático. Con seguridad la OEA, de la mano de Insulza (de la mano de Chávez), avalarán los resultados y congratularán al país por su sólida democracia.
Personalmente no soy optimista sobre el futuro cercano, vislumbro un deterioro en las garantías y derechos de los ciudadanos, supongo que no vamos a llegar al punto donde se declare un partido único, ya que eso no es necesario, y mantener varios enanos en el juego le da legitimidad al régimen. También estoy seguro que incluso si llegásemos a ese extremo, igual existirían apologistas asegurándonos que en Bolivia sí existe pluralismo democrático. Total, la mentira repetida hasta el cansancio termina siendo verdad.
La Paz, 15/07/09
La estafa de las pensiones estatales
Javier Paz García
Los sistemas de pensiones administrados por los Estados son uno de los mayores fraudes que existen en contra de las clases trabajadoras del mundo.
Un fondo de pensiones consiste en un aporte que el trabajador realiza de su salario. Este aporte en teoría es administrado por profesionales que realizan inversiones con esos dineros para ganar un interés. Cuando el trabajador se jubila, debe recibir una pensión proveniente de los propios aportes realizados, más los intereses que ganó de los mismos.
Para dar un ejemplo, supongamos que un trabajador ganó Bs. 4.000 mensuales durante toda su vida laboral y que aportaba el 1% de esos fondos (Bs. 40) a un fondo de pensión. Supongamos que el fondo de pensión tuvo una rentabilidad de 4% anual (en la actualidad los fondos de pensiones en Bolivia tienen una rentabilidad de entre 7% y 8% anual).
Si esta persona trabajó y aportó Bs. 40 mensuales por 30 años, entonces su fondo individual debería tener Bs. 27.762. En el caso extremo en que el fondo hubiera ganado 0% de interés (es decir, los administradores recibieron el dinero y lo metieron debajo de su colchón) el trabajador al jubilarse luego de 30 años de aporte debería tener Bs. 14.400 (40 Bs por mes x 12 meses x 30 años).
Sin embargo lo que a menudo sucede es que el trabajador recibe menos de lo que aporta. En estos casos, hubiera sido mejor que el mismo trabajador, guarde su plata debajo de su colchón.
Esto sucede porque los aportes de los trabajadores asalariados van a las arcas de los gobiernos y éstos los gastan a discreción, y cuando toca devolver esos fondos (que no son del Estado, pero que el Estado los gastó como si fueran propios), pues no hay dinero.
Es triste que a pesar que muchos son conscientes de la estafa, no pueden librarse de ella, ya que casi siempre los aportes son obligatorios ¡los obligan a perder plata! Y quienes más se perjudican de la estafa, son precisamente los sectores más pobres de la sociedad, quienes en muchos casos no han ahorrado por su cuenta lo suficiente para tener una holgada vejez, personas cuyos únicos ahorros son sus aportes a un fondo de pensión estatal obligatorio. Personas que pudieran tener una jubilación decente si sus aportes hubieran ganado intereses a un 4%, 5%, 6% o 7%, pero que van a tener que seguir trabajando porque sus aportes tienen un descuento de -10%, -20% o -50%.
Como ya dije antes, esto sucede en muchos países y Bolivia no ha sido la excepción. Precisamente para evitar que la estafa se sigua repitiendo, en Bolivia se establecieron las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), para que el dinero de quienes aportan sea manejados por profesionales, sin influencia política, y así garantizar un uso adecuado de los fondos. Las entidades privadas son casi siempre más eficientes que el Estado en la administración de las pensiones, dándole al trabajador un retorno superior. En Bolivia por lo menos éste ha sido el caso. Dada la evidencia contundente en tal sentido, un gobierno que se preocupa por los trabajadores, debería mantener los fondos privados, realizando la supervisión y control respectivos.
La Paz, 10/07/09
Los sistemas de pensiones administrados por los Estados son uno de los mayores fraudes que existen en contra de las clases trabajadoras del mundo.
Un fondo de pensiones consiste en un aporte que el trabajador realiza de su salario. Este aporte en teoría es administrado por profesionales que realizan inversiones con esos dineros para ganar un interés. Cuando el trabajador se jubila, debe recibir una pensión proveniente de los propios aportes realizados, más los intereses que ganó de los mismos.
Para dar un ejemplo, supongamos que un trabajador ganó Bs. 4.000 mensuales durante toda su vida laboral y que aportaba el 1% de esos fondos (Bs. 40) a un fondo de pensión. Supongamos que el fondo de pensión tuvo una rentabilidad de 4% anual (en la actualidad los fondos de pensiones en Bolivia tienen una rentabilidad de entre 7% y 8% anual).
Si esta persona trabajó y aportó Bs. 40 mensuales por 30 años, entonces su fondo individual debería tener Bs. 27.762. En el caso extremo en que el fondo hubiera ganado 0% de interés (es decir, los administradores recibieron el dinero y lo metieron debajo de su colchón) el trabajador al jubilarse luego de 30 años de aporte debería tener Bs. 14.400 (40 Bs por mes x 12 meses x 30 años).
Sin embargo lo que a menudo sucede es que el trabajador recibe menos de lo que aporta. En estos casos, hubiera sido mejor que el mismo trabajador, guarde su plata debajo de su colchón.
Esto sucede porque los aportes de los trabajadores asalariados van a las arcas de los gobiernos y éstos los gastan a discreción, y cuando toca devolver esos fondos (que no son del Estado, pero que el Estado los gastó como si fueran propios), pues no hay dinero.
Es triste que a pesar que muchos son conscientes de la estafa, no pueden librarse de ella, ya que casi siempre los aportes son obligatorios ¡los obligan a perder plata! Y quienes más se perjudican de la estafa, son precisamente los sectores más pobres de la sociedad, quienes en muchos casos no han ahorrado por su cuenta lo suficiente para tener una holgada vejez, personas cuyos únicos ahorros son sus aportes a un fondo de pensión estatal obligatorio. Personas que pudieran tener una jubilación decente si sus aportes hubieran ganado intereses a un 4%, 5%, 6% o 7%, pero que van a tener que seguir trabajando porque sus aportes tienen un descuento de -10%, -20% o -50%.
Como ya dije antes, esto sucede en muchos países y Bolivia no ha sido la excepción. Precisamente para evitar que la estafa se sigua repitiendo, en Bolivia se establecieron las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), para que el dinero de quienes aportan sea manejados por profesionales, sin influencia política, y así garantizar un uso adecuado de los fondos. Las entidades privadas son casi siempre más eficientes que el Estado en la administración de las pensiones, dándole al trabajador un retorno superior. En Bolivia por lo menos éste ha sido el caso. Dada la evidencia contundente en tal sentido, un gobierno que se preocupa por los trabajadores, debería mantener los fondos privados, realizando la supervisión y control respectivos.
La Paz, 10/07/09
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