miércoles, 15 de marzo de 2017

Las drogas y la libertad

Javier Paz García
Si creemos en la libertad de cada ser humano como un derecho inalienable, entonces no deberíamos aceptar que el Estado nos regule qué podemos y qué no podemos meternos a la boca. Desgraciadamente, la mayoría de la gente, incluyendo juristas e intelectuales, no tienen claro qué son los derechos humanos y tampoco tienen, más allá de los discursos y la retórica (donde hasta los tiranos dicen defender la libertad), un compromiso firme y consecuente con el derecho de cada persona a elegir su destino. Esto trae como consecuencia que el consenso mundial juzgue legítimo y acertado que los Estados prohíban ciertas drogas y se lancen a una cruzada militar contra ellas. Esto es lamentable, no porque las drogas sean buenas, sino porque criminalizar su uso socaba los principios de una sociedad de personas libres.
Pero esta no es la única consecuencia negativa la de penalización de las drogas. Si las drogas fueran legales, no existirían los carteles, sindicatos cocaleros y grupos paramilitares que matan, extorsionan y crean un clima violento en todos los países de la cadena de producción y distribución. Si las drogas no fueran criminalizadas, las cárceles no estarían atiborradas de personas pacíficas cuyo “delito” ha sido transportar o comercializar un producto voluntariamente demandado por otras personas. Si las drogas no fueran ilegalizadas, se podría trabajar más eficazmente en la rehabilitación de los adictos y en la producción de drogas menos adictivas o menos dañinas para la salud.
El argumento de que la prohibición de las drogas se justifica porque son malas para la salud es espurio: según un estudio de la Organización Mundial de la Salud el año 2000 se estiman 194.058 muertes por consumo de drogas ilegales mientras que la misma OMS estimada 12,29 millones de muertes por isquemia y paro cardiaco ese mismo año. La OMS estima que 1,59 millones de personas murieron de diabetes el 2015. Es decir, muchísima más gente muere por el excesivo consumo de azúcar refinada y carnes rojas que por la cocaína o la marihuana, el opio y todos los estupefacientes juntos. De hecho más gente muere por el abuso de drogas legales, que por las drogas ilegales. Por supuesto que quien escribe no sugiere que se deba prohibir el azúcar o las carnes rojas, ni tampoco promueve el consumo de drogas. Las drogas son malas y la sociedad civil y la familia deben educar contra su uso. Los padres no debemos transferir al Estado nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros hijos y sí que debemos prohibirles pero sobre todo educarlos para no utilicen drogas. Pero no es rol del Estado decirle a los ciudadanos libres lo que pueden o no consumir.
Santa Cruz de la Sierra, 05/03/17
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domingo, 12 de marzo de 2017

Sobre la libre afiliación al sistema de salud

Javier Paz García
En Bolivia rige un sistema de salud pública donde las empresas y sus empleados están obligados a afiliarse a ciertas cajas de salud. En general todas las cajas dan una atención mala, obligando a los pacientes a hacer largas colas, esperas interminables, poca información y otras molestias propias de todo lo que está en manos del Estado. El gobierno, por una coyuntural mala relación con una de las cajas y a manera de amenaza, ha propuesto que la afiliación sea libre, pero el concepto de “libre” que utiliza es bastante restringido. El gobierno propuso que las personas puedan decidir a cual caja afiliarse dentro del sistema de cajas públicas. Es decir el gobierno pretende dar al ciudadano la opción de cambiar de una caja de salud pública que en general es mala, a otra que también es mala, aunque tal vez no tanto.
Una verdadera libertad de elegir consistiría en que el ciudadano pueda elegir si asegurarse o no, y si desea asegurarse, que pueda elegir entre los diferentes sistemas públicos y privados existentes. Si el Estado tratara a los ciudadanos como personas libres y adultas, entonces tendría que dar la potestad a cada uno de elegir lo que considera que más le conviene. Pero el Estado no trata a los ciudadanos como ciudadanos, sino como vasallos a quienes tiene que cuidar y quienes tienen que obedecer. Y aunque hay muchas personas que se sienten felices de ser tratadas como vasallos, tal actitud no deja de ser un abuso y una violación del derecho de cada persona a ejercer su libertad en algo tan personal y privativo como la salud de uno mismo.
¿Por qué hace esto el Estado? ¿Por qué infringe el derecho supuestamente inalienable de elegir y obliga a algunos (porque no todos pueden acceder a estas cajas) a afiliarse? Una posibilidad consiste en que quienes dirigen el Estado se consideran más inteligentes que el resto de la población, y por tanto mejor capacitados para decidir sobre la salud de Juan Pérez que el mismo Juan Pérez. Otra opción más maquiavélica, es que a quienes manejan el Estado les gusta el poder, y el poder se consigue solo a costa de reducir la libertad de los ciudadanos; así la forma de aumentar el poder del Estado consiste en abarcar cada vez más áreas de la acción humana y reducir la libertad de los ciudadanos para elegir. Ambas opciones, la primera con su tinte paternalista y bienintencionado como la segunda con sus intenciones egoístas y malsanos tratan a la persona como un vasallo o instrumento de quienes manejan el Estado.
Recuperar nuestro derecho a elegir es una de las tareas más urgentes como ciudadanos.
Santa Cruz de la Sierra, 19/02/17
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domingo, 5 de marzo de 2017

Derechos humanos vs. derechos humanos

Javier Paz García
La vida, la libertad y la propiedad privada son derechos naturales de las personas. Bajo el principio de que todos somos jurídicamente iguales, nadie tiene el derecho de quitar la vida, dañar la integridad, conculcar la libertad o usurpar la propiedad de otros.
En general, el enunciado anterior es aceptado, en teoría, por casi todo el mundo. En la realidad, ningún Estado lo respeta y una de las formas más creativas para infringir los derechos humanos es multiplicar los derechos humanos. Entonces tenemos el derecho al trabajo, los salarios mínimos y los aumentos salariales, cuya aplicación práctica se traduce en la inamovilidad laboral y transmutación de una relación laboral que por principio debería ser mutuamente voluntaria en una imposición obligatoria para una de las partes. Tenemos el derecho a la salud y a la educación, cuya instrumentalización se traduce en aumentos de impuestos para los contribuyentes, regulaciones excesivas al sector privado de salud y educación a cambio de unos servicios públicos altamente deficientes. Nuevamente el derecho a la salud se instrumentaliza como la potestad del Estado para decidir por nosotros si podemos consumir drogas, tabaco, bebidas azucaradas y otros alimentos. Tenemos la tergiversación del derecho a la vida, como una prohibición a los ciudadanos de poseer armas, dejándolos indefensos frente a los Estados totalitarios. O la “democratización de la prensa” que bajo el argumento de que de alguna manera los medios privados restringen el derecho a la libre expresión permite al Estado a controlarlos, cooptarlos y violar la libertad de expresión.
Con la proliferación de “derechos humanos” los Estados tienen una justificación inmejorable para asumir cada vez más roles dentro de la sociedad, desde moldear la dieta de los ciudadanos, hasta controlar las mallas curriculares para ideologizar a los estudiantes, todo bajo un aura de benevolencia. El comunismo fue un régimen brutal, vestido de benevolencia y la proliferación de falsos derechos humanos tiene mucho de eso.
Los Estados siempre han sido los mayores violadores de las libertades individuales; hoy lo siguen siendo, pero como ser abiertamente un dictador es cada vez menos aceptable, un instrumento muy conveniente para asumir cada vez más poderes y conculcar las libertades de los ciudadanos es convertir todo en un derecho humano, que por tanto tiene que ser garantizado por el Estado y que por tanto tiene que estar bajo la tutela del Estado. Hoy una de las mayores amenazas a los verdaderos derechos humanos son los derechos humanos.
Santa Cruz de la Sierra, 12/02/17

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domingo, 12 de febrero de 2017

Los derechos humanos y la democracia

Javier Paz García
Existe mucha confusión con los conceptos de democracia y derechos humanos. Mientras que la mayoría de la gente considera que los derechos humanos son una serie de privilegios y dádivas que tiene que otorgar el Estado, otros creen que la democracia es casi un sinónimo de derechos humanos.
La libertad de elegir y ser elegido para un cargo público es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero no es el único y aunque un régimen democrático por su naturaleza tiende a ser más respetuoso de los derechos humanos que un régimen no democrático, la democracia por sí sola no garantiza el cumplimiento de tales derechos. Y es que mientras la democracia es el gobierno de la mayoría, los derechos humanos son la garantía de protección de la vida y la libertad de las personas, protección que un Estado debe procurar contra los caprichos de los gobernantes de turno e incluso contra los caprichos de la mayoría.
Para demostrar la diferencia entre ambos conceptos no hace falta más que ver los regímenes de Hugo Chávez en Venezuela, Cristina Fernández en Argentina o Evo Morales en Bolivia. De ninguna manera se puede discutir la naturaleza democrática de estos regímenes; conquistaron el poder en elecciones libres y mantuvieron una alta popularidad durante sus mandatos. Y sin embargo cometieron violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y premeditada. La libertad de expresión (y su corolario, la libertad de prensa) y la propiedad privada fueron sus principales víctimas, pero también hubo persecución política, terrorismo de Estado, asesinatos y homicidios que configuran una serie larga de violaciones a los derechos humanos, y a pesar de todo esto, mantuvieron el apoyo de la mayoría de los votantes, por ende fueron democráticos en el más estricto sentido de la palabra.
Históricamente el mayor violador de los derechos humanos ha sido el Estado, incluso en los regímenes democráticos. El principal rol de una constitución debería ser limitar el poder del Estado y proteger las libertades individuales. Lamentablemente muchas constituciones hacen lo contrario: agrandan los poderes del Estado a costa de la libertad de las personas. La vigencia democrática aunque necesaria, no es suficiente para garantizar la vigencia de los derechos humanos y como los ejemplos anteriores lo demuestran, la mayoría del pueblo puede circunstancialmente apoyar y ser cómplices de gobiernos que hacen de la violación sistemática de los derechos humanos una política de Estado.
Santa Cruz de la Sierra, 04/02/17

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sábado, 4 de febrero de 2017

¿Las pensiones para el agro?

Javier Paz García
Los fondos de pensiones deben tener un bajo riesgo, ya que su objetivo no es incrementar el patrimonio, sino garantizar los flujos a los jubilados. Por ello las inversiones que realizan son principalmente en bonos de empresas solventes, que no pagan un retorno alto, pero son estables y de bajo riesgo.
El gobierno ha decidido utilizar el 5% de las pensiones de los bolivianos para dar créditos al sector agrícola. Sus personeros dicen que tal transacción es libre de riesgo y que el retorno está garantizado. Obviando el hecho de que no existe ninguna inversión que esté absolutamente libre de riesgo, el sector agrícola es en general de alto riesgo, más aun en comparación a las inversiones tradicionales de los fondos de pensiones. Adicionalmente, los préstamos que pretende el gobierno, no son destinados a los agricultores más solventes, sino precisamente a los que tienen problemas financieros, a pequeños y medianos productores que tienen costos de producción más elevados, menos tecnología y otros factores que los hacen aun más riesgosos. Es decir, el gobierno está destinando 5% de las pensiones a préstamos a los productores con mayor riesgo dentro de un rubro que de por sí es riesgoso.
El gobierno debería ayudar al agro, dejando de cometer el abuso de prohibir o limitar las exportaciones; debería garantizar el respeto a la propiedad privada con el desalojo rápido y las acciones penales efectivas para los invasores de tierras; debería permitir la hipoteca de la pequeña propiedad; debería permitir el uso de eventos transgénicos que ya están permitidos hace años en Estados Unidos, Brasil y Argentina y aumentan la productividad del agricultor; debería tener buenas carreteras y mandar a la cárcel a quienes las bloqueen por cualquier motivo. Pero el Estado no debería utilizar los fondos de pensiones para dar créditos agrícolas.
El Estado dice que yo tengo una cuenta individual de jubilación. Dice que ese dinero es mío. En la realidad, yo no decido cuánto invertir en ese fondo, no decido dónde invertirlo y tampoco decido cuándo sacar el dinero, por lo que en mi opinión, para todo fin práctico ese dinero no es mío y el Estado me miente cuando me dice que sí lo es. Si lo que tengo en mi cuenta individual de jubilación fuera mío, yo no lo utilizaría para hacer un préstamo de alto riesgo. Por supuesto a mí nadie me preguntó cómo utilizar “mi” dinero.
Santa Cruz de la Sierra, 28/01/17

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