viernes, 19 de mayo de 2017

La trampa de la democracia

Javier Paz García
La ola populista en Latinoamérica, con su cuota de despilfarro, corrupción, abusos de poder y destrucción de las instituciones republicanas es un buen ejemplo de las limitaciones y los riesgos de la democracia. En todos estos países los gobernantes populistas accedieron al poder de forma lícita y democrática y en todos los casos debilitaron la democracia y cometieron abusos una vez en el poder.
El caso más dramático es Venezuela, donde gobierna una dictadura aunque siga teniendo apoyo de buen parte de su población. Y es que es un error considerar a una dictadura como el gobierno de la minoría, como también es un error considerar legítimo a un gobierno o a una ley, simplemente por tener el apoyo de la mayoría. El primer examen de un gobierno o de una ley para evaluar su legitimidad es que no atente contra la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Si no pasa este examen, ninguna mayoría puede darle legitimidad y la democracia se convierte en el abuso de los muchos contra los pocos.
Lamentablemente la gente reduce la democracia a la opinión de la mayoría, como si la mayoría no fuera susceptible de cometer atropellos contra ciertas minorías. Por eso la democracia debe ir acompañada de límites al poder de los gobernantes y separación de poderes, es decir de republicanismo. La democracia sin sólidas instituciones republicanas puede ser tan despótica como una dictadura; verbigracia Venezuela.
La forma más fácil de mantener el apoyo de las mayorías es crear programas de beneficencia estatal; vivienda, bonos, subsidios. Estos nunca solucionan la pobreza y más bien tienden a perpetuarla (si funcionaran no debería haber pobres en Venezuela, Brasil o Bolivia luego de una década de despilfarros) pero se financian usurpando la propiedad de los mismos ciudadanos, lo cual socaba las bases del desarrollo sostenible. Entonces tenemos una mayoría más o menos parásita o camino a ello mantenida con los recursos que el Estado roba a una minoría productiva. Esta es la trampa de la democracia. Ahí tenemos a Brasil con Lula, un corrupto contumaz, liderando las encuestas presidenciales. Esta trampa no podría pasar en un gobierno donde se respete la propiedad privada, es decir, donde sea prohibido robar. El hecho que al gobierno se le permita robarle a los ciudadanos, es decir, que pueda robar legalmente, es la causa de que existan dictaduras democráticas que pueden mantenerse por largo tiempo con amplio apoyo popular.
Santa Cruz de la Sierra, 14/05/17
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jueves, 11 de mayo de 2017

Las consecuencias del salario mínimo

Javier Paz García
Comencemos por lo conceptual. El salario mínimo ocasiona que una persona que está dispuesta a trabajar por un salario inferior a cierto nivel determinado por el gobierno y alguien que está dispuesto a contratarlo no puedan llegar a un acuerdo. Dos personas que están dispuestas a lograr un acuerdo de manera voluntaria y libre, que no ocasiona perjuicios a terceros son prohibidas por el Estado de llevar dicha transacción. Legislar el salario mínimo es un ataque directo a la libertad de asociación de las personas y por tanto es inmoral.
Con respecto a las consecuencias económicas, pierde el trabajador que reduce sus opciones de empleo, pierde el empleador, pierde el consumidor final, porque hay menos bienes y servicios disponibles, pierde el Estado porque recauda menos impuestos.
Los más afectados por esta legislación, son precisamente las personas a quienes los legisladores pretenden ayudar: los jóvenes con poca educación. Una persona con educación universitaria generalmente ganará un salario superior al mínimo que determine el gobierno. Incluso una persona sin educación, pero con muchos años de experiencia laboral gana un salario superior al mínimo. Pero un joven sin educación universitaria o peor aún, que no ha terminado el colegio, difícilmente puede conseguir un salario alto. Un joven de 17 años, generalmente es impuntual, distraído, descuidado, irresponsable e incluso temerario; hay que explicarle todo hasta 3 o 4 veces, y no posee ninguna competencia específica. Un joven así es demasiado improductivo para que una empresa lo contrate por Bs. 2.000 más beneficios sociales. Digamos que la empresa lo podría contratar por Bs. 500. Muchos jóvenes estarían conformes de trabajar por eso, ya que lo principal para ellos en esta etapa no es el sueldo, sino adquirir las competencias y conocimientos que les van a permitir ganar más en el futuro: competencias básicas y generales como la puntualidad, la seriedad de la palabra, el cuidado a los detalles, hasta cosas específicas como el Excel, o mejores prácticas de almacenamiento. El salario mínimo impide que una empresa contrate a estos jóvenes y por tanto que ellos se capaciten, aprendan, mejoren y sean más productivos. El Estado les roba de esta manera la oportunidad de un mejor futuro. Afortunadamente existe el sector informal, donde van a ganar nomás los Bs. 500 que vale su bajo nivel de productividad, pero sin los beneficios y la seguridad social, sin las capacitaciones formales y el roce con profesionales destacados que le puede brindar una empresa formal. Algunos trabajarán en peores condiciones, más horas y serán más vulnerable a abusos de su empleador informal. 
La legislación del salario mínimo es otro caso donde la conjunción de las buenas intenciones y la ignorancia de la ciencia económica produce consecuencias contrarias a las deseadas.
Santa Cruz de la Sierra, 30/04/17

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lunes, 1 de mayo de 2017

Robo legalizado

Javier Paz García
La potestad que se atribuye el Estado para determinar incrementos salariales en el sector privado es un atropello y un robo y convierte al gobierno en un usurpador. Alguien podrá objetar que calificar así al gobierno es una hipérbole, una exageración e incluso un exabrupto. Para justificarme recurro al diccionario: el robo es un “delito cometido contra la propiedad privada por el que toma con violencia lo que no le pertenece” y ladrón es quien “hurta o roba”. Dado que el Estado dispone de lo que no le pertenece y lo hace por la fuerza (el incremento salarial no es voluntario), entonces estamos ante un robo en todo el significado de la palabra.
El gobierno tiene el derecho y la obligación de determinar incrementos salariales para los trabajadores públicos y nada más. Los trabajadores, de manera independiente o en asociaciones y sindicatos tienen el derecho de negociar aumentos salariales con sus empleadores, como también tienen el derecho de renunciar a sus trabajos si no están de acuerdo con las condiciones laborales, entre ellas su salario. Pero el gobierno y los sindicatos no tienen derecho a decidir qué hacer con la plata de otros. Por supuesto que lo hacen y es legal, como han sido legales muchos atropellos y hasta genocidios, pero sigue siendo una violación de los derechos a la propiedad privada, a la libre y voluntaria asociación, a los contratos entre empleados y empleadores y atenta contra las empresas y los emprendedores.
Los dirigentes de los gremios empresariales no tienen una posición tan radical como la anteriormente expuesta y piden ser parte de la negociación para tratar que la violación no sea tan dolorosa. Desde un punto de vista práctico y de corto plazo tienen razón en actuar así, ya que no sacan nada con defender principios: mejor es negociar y paliar el batacazo. A largo plazo no estoy seguro que lo que hacen sea lo correcto ya que le dan legitimidad a una práctica ilegítima y usurpadora, que además es contraproducente contra la economía y contra los mismos trabajadores.
Cuando un grupo de ladrones planea robar una casa, lo hace cuando no están los dueños. Cuando la Central Obrera Boliviana y el gobierno se reúnen para decidir el incremento salarial actúan como ladrones planificando un robo; es perfectamente entendible que no quieran que estén los empresarios para decidir cuánta plata quitarles.
Santa Cruz de la Sierra, 23/04/17

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