Adiós a Giselle y Hernando

Javier Paz García

Hace apenas unos días nos abandonaron dos personas extraordinarias: la Sra. Giselle Bruun Sciaroni y mi abuelo Hernando García Vespa. Los medios de prensa les han rendido justos honores. Yo voy a aprovechar estas líneas para hacer apreciaciones más íntimas.

La Sra. Giselle era una amiga entrañable y visitante frecuente de la casa de mis abuelos, ahí la conocí. Era una señora alta, vivaz, bien plantada, con unas gafas descomunales y una energía que hacía creer que los años no transcurrían para ella. Su voz era fuerte, como para que nadie a su alrededor se quede sin escucharla y su charla desembocaba ineludiblemente su país y su ciudad. Esta señora, que por su edad y méritos tenía sobradas razones para echarse en una hamaca, llevaba una vida activa, realizando labores cívicas y de beneficencia. Su postrimera gran preocupación fue la granja de espejos; un hogar para rehabilitar a niños de la calle con problemas de drogadicción. La última vez que estuve con ella, contó que la granja de espejos, luego de un arduo trabajo, estaba en condiciones de funcionar, pero que las autoridades locales no estaban dispuestas a hacerse cargo y que para colmo, la Policía Nacional quería adueñarse de los predios. Creo que el mejor homenaje que las instituciones cruceñas pueden hacerle a la Sra. Giselle es hacer funcionar la granja.

Mi abuelo Hernando era otra de esas personas que nunca dejan de tener proyectos y sueños. Se jactaba de ser una persona multifacética: escritor, político, empresario, diplomático, periodista y (lo digo yo) un gran abuelo. De hablar pausado, prudente, claro y bien articulado, era un orador inigualable. Tenía un gran sentido del humor, pero el mismo nunca consistía en dejar en ridículo a otros. A sus 84 años su creatividad y capacidad ejecutiva eran fabulosas y tenía la lucidez mental de un joven de treinta. Era también un hombre de familia que disfrutaba de sus nietos y bisnietos; de uno de ellos, Felipe (de apenas 2 o 3 años), me dijo alguna vez que yo debía incentivarlo a escribir. La naturaleza era parte de su literatura y de su diario vivir y los animales eran otra fuente de felicidad para él.

Mi abuelo vivió una vida plena, realizó muchos de sus sueños, dejó huellas por donde pasó, tuvo una familia a la que amó y que lo amó. Como él mismo dijo: ¡qué más le puedo pedir a la vida! No puedo dejar de agradecer en nombre de toda su familia a las personas que manifestaron su apoyo y solidaridad durante sus últimos días de vida: a los médicos y enfermeras que lo atendieron, a quienes donaron sangre incluso sin conocerlo, quienes ofrecieron su ayuda, a las señoras que no pudieron llegar de Trinidad a su entierro porque había un bloqueo en la ruta, a quienes rezaron por él.

La Sra. Giselle falleció a los pocos días de enterarse que su amigo Hernando estaba en terapia intensiva. Mi abuelo, al morir, no sabía que su amiga Giselle ya nos había abandonado. Ninguno supo del fallecimiento del otro. Tal vez es mejor así.

Santa Cruz de la Sierra, 24/02/12

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Precisiones sobre la racionalidad

Javier Paz García

Alberto Bonadona en su artículo Racionalidad económica limitada (El Deber, 28/01/12), entre divagaciones y errores conceptuales, hace una crítica de la racionalidad.

En primer lugar confunde los fines u objetivos, con los medios e intenta analizar la racionalidad de los objetivos. También critica la “forma simple de razonar” de los economistas, ¡sin embargo implícitamente iguala la racionalidad económica con la búsqueda de acumulación de riqueza! Nada es más simplista que esto.

Cada persona tiene diferentes valores éticos y objetivos personales. Unos quieren ser ricos, otros ascetas, unos poetas, otros don juanes, unos jugar fútbol, otros ayudar a los pobres, etc. Como indica Ludwig von Mises, los objetivos de cada ser humano no están sujetos a un análisis de racionalidad y nada tiene que decir el economista sobre éstos. Sin embargo, para lograr nuestros objetivos, los seres humanos disponemos de recursos, que siempre son escasos. Es el uso de la razón lo que nos permite que tomemos decisiones con respecto al uso adecuado de los recursos para alcanzar nuestros objetivos. Y es el trabajo del economista estudiar el uso racional de los recursos. Para ello debe presumir cierta racionalidad de los individuos; sin esta presunción su trabajo se hace imposible. Corresponden a la psicología y la psiquiatría el estudio de la irracionalidad.  Bonadona confunde la presunción de racionalidad como herramienta de análisis con juicios de valor de carácter ético. Por ejemplo dice que “Escoger el propio interés de acumular capital, por ejemplo, puede llevar a un ser humano a esclavizar a otros”. Efectivamente esclavizar a otros es éticamente deleznable, pero no es en sí mismo, racional o irracional. Bonadona ni siquiera entiende la definición de libre mercado, cuya característica principal precisamente excluye situaciones de esclavitud: el comercio de esclavos y la trata de personas no son mercados libres.

Bonadona confunde racionalidad con conflicto de intereses y luchas de poder (y nuevamente la asocia a actividades anti-éticas) cuando dice que “preservar lo que escogió un grupo por la posición que en un momento ocupa (conquistador, hacendado o gobernante de turno) significa mantener la condición de extrema pobreza de otros grupos, tal elección será ‘racional’ para el grupo poderoso, pero no para el grupo sometido. ¿Cómo explicar, entonces, que este segundo grupo pudo ser económicamente irracional?”. La racionalidad del explotador no implica la irracionalidad del explotado ni viceversa: ambos grupos pueden estar actuando racionalmente en un escenario de explotación y abuso de poder. Por cierto este tipo de situaciones donde ciertos grupos mantienen privilegios es característico de los Estados: los mercados competitivos tienden a reducir los privilegios sectoriales, en cambio los gobiernos tienden a crear grupos privilegiados a costa del resto.

Finalmente Bonadona llega a la insólita e infundada conclusión de que la causa parcial de la pobreza en el mundo es que “se privilegia como única la concepción de la racionalidad económica”. Por supuesto, su simplista y errónea concepción de la racionalidad económica lo lleva a este desenlace.

Santa Cruz de la Sierra, 10/02/12

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Adam Smith más allá del propio interés

Javier Paz García

En su artículo La lógica del propio interés (El Deber, 21/01/12) Alberto Bonadona hace una caracterización tendenciosa y equivocada del pensamiento de Adam Smith. Bonadona dice que “No hay nada que pueda frenar la búsqueda de la propia satisfacción y no hay nada, en la concepción smithiana, que diga por cuál vía lograrlo. No hay prójimo por quien preocuparse, se trata de cada uno por sí mismo. Ni familia ni religión o, mejor dicho, la religión es esa incesante sed de acumulación.” Cualquiera que lee este párrafo y el resto del artículo podría concluir que para Smith solo importaba la acumulación de riqueza, bajo una lógica maquiavélica e incluso criminal. Nada más lejano a la verdad.

En primer lugar, Smith no inventó la lógica del propio interés, como parece creerlo Bonadona, sino que simplemente, dejando los prejuicios de lado y adoptando una actitud científica, observó que una parte del comportamiento humano se ajusta a la búsqueda del propio interés. De esa observación sacó algunas deducciones. Decir que “lo que ocurre hoy es la consecuencia de la lógica que inició Smith” como afirma Bonadona, es análogo a decir que el hecho de que la tierra gire alrededor del sol es culpa de Copérnico.

En segundo lugar Smith no justificó el comportamiento criminal, ni la anarquía. Smith consideraba una actividad legítima del Estado el evitar y castigar la actividad criminal de las mafias, los estafadores y los Al Capones.

En tercer lugar Smith no postuló que todo el comportamiento humano se ajusta a la búsqueda del propio interés. De hecho Smith escribió La teoría de los sentimientos morales, donde analiza las causas que llevan a los seres humanos a preocuparse por su prójimo, actuar correctamente, ser altruistas y benevolentes. Ahí dijo que “No importa cuán egoísta supongamos que sea el hombre, posee evidentemente unos principios en su naturaleza que hacen que se interese por el bienestar de otros y que la felicidad de otros sea necesaria para él, aunque no gane nada por ello”. Smith donó gran parte de su fortuna en vida a instituciones de caridad. Tampoco es posible concluir que Smith era ateo o que hacía de la acumulación de riqueza una religión, al contrario creía que Dios es quien pone en los seres humanos los sentimientos de empatía y benevolencia que frenan nuestros impulsos egoístas. Cuando Bonadona afirma que “Lo bueno, según el principio liberal, es que la persona haga dinero impulsada por su propio beneficio y lo acumule. Lo malo es que no aproveche cualquier oportunidad para hacerlo”, reduce el pensamiento liberal a un mero algoritmo y demuestra su desconocimiento de la filosofía liberal y del pensamiento de Adam Smith (desconocimiento evidente ya que ni siquiera parafraseó correctamente la frase del cervecero y el carnicero). Hablar por tanto de que en la concepción smithiana no existe ni familia ni religión, ni prójimo por quien preocuparse, ni virtudes humanas, solo el interés por acumular dinero es una tergiversación vulgar de Adam Smith propia de alguien que no ha leído ni comprendido a este filósofo del siglo XVIII.

Santa Cruz de la Sierra, 31/01/12

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La función del Estado

Javier Paz García

Bajo la óptica liberal la principal función del Estado es proteger las libertades individuales; la constitución debe proteger las libertades del individuo y definir los límites del Estado en cuanto a su capacidad para afectar dichas libertades; las Fuerzas Armadas tienen el propósito de proteger a los ciudadanos de amenazas externas; y el sistema de justicia y la policía tienen como función principal dirimir controversias entre los habitantes,  proteger la vida y la propiedad de las personas y castigar a aquéllos que violen la ley. Estas son, a grandes rasgos las principales funciones de un Estado republicano liberal.

El Estado es un medio, no un fin. Cuando el Estado se convierte en un fin en sí mismo, de tal manera que la principal función del Estado es fortalecerse y engrandecerse a sí mismo, éste pierde su esencia filosófica liberal. En realidad el Estado no piensa ni actúa por sí mismo sino a través de los gobernantes de turno. Y cuando los gobernantes de turno hablan de engrandecer y fortalecer al Estado, a menudo a lo que se refieren es a incrementar el poder que ellos tienen, en desmedro de las libertades del resto de los ciudadanos. Y en nombre de la grandeza de la patria hacen de la constitución y las leyes instrumentos para limitar las libertades individuales a favor de un Estado cada vez más enquistado en los asuntos privados de las personas; usan a las Fuerzas Armadas para atacar y destruir “enemigos internos” a quienes por ser tales, no se les respetan sus derechos civiles y políticos; Manejan el sistema de justicia y la policía como armas de represión y persecución política.

Las consecuencias políticas de esta situación son: desconfianza en el sistema de justicia y la policía, miedo al Estado, violación de derechos civiles y políticos, acoso y persecución a opositores, arbitrariedad en las decisiones de gobierno, censura y control de la prensa, falta de garantías a la propiedad privada, inseguridad jurídica.

Las consecuencias económicas son: reducida inversión privada, fuga de capitales, migración de las personas al exterior, mayor corrupción en los gastos del Estado, bajo crecimiento económico, pobreza, desempleo.

Por ello, quienes deseen remediar las consecuencias políticas y económicas aquí descritas, deben entender sus causas. Atacar solo las consecuencias es inútil y a menudo contraproducente.

Santa Cruz de la Sierra, 30/10/11

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Bolivia en el Índice de Libertad Económica 2012

Javier Paz García

La edición 2012 del Índice de Libertad Económica elaborado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal ubica a Bolivia en el puesto 146 a nivel mundial de un total de 179 países. Nuestros vecinos en el ranking son la República de África Central, arriba de nosotros y Nepal debajo. A nivel de Sudamérica y el Caribe ocupamos el puesto 25 de un total de 29 países. ¡Haití tiene una mejor puntuación que Bolivia! Siguen detrás de nosotros, Ecuador, Argentina, Venezuela y de último Cuba. El denominador común de estos países es que tienen gobiernos autoritarios, irrespetuosos de las leyes, centralistas, estatistas, intolerantes hacia la disidencia y la libertad de expresión.

El índice mide 10 parámetros divididos en 4 áreas: el estado de derecho, el tamaño del gobierno, la cantidad de regulaciones para los negocios y la apertura de los mercados. Como indica el informe, “los fundamentos de la libertad económica en Bolivia siguen siendo frágiles, severamente afectados por problemas estructurales e institucionales. El sistema judicial es cada vez más vulnerable a la interferencia política, la corrupción es prevalente y el estado de derecho (rule of law) es débil en todo el país”.

El valor de este estudio es mostrar la correlación positiva indiscutible entre la libertad económica y el desarrollo. Por supuesto, cualquier estudiante de economía y estadística sabe que una correlación no implica causalidad. Sin embargo la teoría económica nos explica por qué los mercados libres son un componente indispensable para que una sociedad crezca y se desarrolle económicamente. El índice y otros tantos estudios empíricos son evidencia y confirmación de la teoría.

Los políticos, que son quienes conducen los Estados y toman decisiones sobre aspectos económicos que afectan la vida de miles y millones de personas e incluso de generaciones por venir, a menudo no entienden mucho de economía; no es algo que merezca un excesivo reproche, ya que no es infrecuente encontrar economistas que no entienden de economía. El índice tiene el mérito adicional de mostrar de forma sencilla y didáctica áreas en las que un país puede hacer reformas estructurales que mejoren la competitividad y faciliten el crecimiento del país. Es por ello importante que este tipo de estudios sean divulgados y comentados entre la población y especialmente entre la clase política, los dirigentes gremiales y los líderes de opinión.

El estudio completo se encuentra en inglés en la página web de la Fundación Heritage: www.heritage.org  Seguramente en algunas semanas más saldrá la versión en español.

Santa Cruz de la Sierra, 20/01/12

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Granjas orwellianas en Latinoamérica

Javier Paz García

George Orwell (Bengala 1903 – Londres 1950) publicó en 1946 La Granja Animal, una parodia del régimen soviético. La novela trata de una granja donde los animales se rebelan contra su amo humano y lo expulsan. La granja instaura un régimen comunista donde todos los animales son iguales. El liderazgo queda en mano de los cerdos por ser los más inteligentes de los animales. Con la expulsión del humano, los animales tienen la promesa de recibir todo el fruto de su trabajo y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo a medida que pasa el tiempo las cosas se ponen cada vez más difíciles para los animales que ven sus horas de trabajo aumentar sin que aumente su calidad de vida. La libertad de expresión de los animales es también sistemáticamente coartada por  los cerdos que imponen un régimen de silencio, obediencia y trabajo duro, todo en nombre del bien común. El mayor beneficiario de todos es el líder, un cerdo llamado Napoleón quien termina actuando igual que el amo humano que fue expulsado en la revolución.  Para mantenerse en el poder, el cerdo Napoleón se rodea de una jauría de perros que imponen el miedo, para explicar los fracasos utiliza la estrategia de los enemigos internos y externos siempre conspirando, persigue a quienes cuestionan al líder o piensan por sí mismos y matan si es necesario. Al final la granja llega a la paradójica situación donde todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros.

El cerdo Napoleón es una caricatura de Stalin y la granja es una parodia de la Unión Soviética, pero la comparación con regímenes actuales como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández o Daniel Ortega surge con naturalidad dada la similitud de éstos con el del cerdo Napoleón. Lo trágico es que este tipo de regímenes sigan surgiendo a pesar de la experiencia soviética y muchas otras. Es triste que hoy en Latinoamérica miles de personas tendrán el destino Boxer, el caballo de la granja (no digo más para no perjudicar a quienes deseen leer la novela).

El prólogo, escrito por el mismo Orwell, contiene reflexiones magistrales sobre la libertad de expresión, el rol de la prensa y la autocensura. Recordemos que el libro fue publicado en un periodo donde Inglaterra era aliada de la Unión Soviética y no era políticamente correcto criticarla y peor aun comparar a Stalin con un cerdo. Es por ello que, más allá de las afecciones ideológicas o políticas (vale la pena indicar que Orwell se consideraba socialista), el prologo contiene reflexiones perdurables y valiosas para todo periodista que aspire a ser íntegro y serio. El libro es corto y sencillo como un cuento infantil. Quienes gusten de La Granja Animal también pueden leer 1984, novela “distópica” del mismo autor, más larga, un poco más pesada pero no menos interesante.

Guarujá, 04/01/12

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¿El presidente se asemeja a un padre o a un gerente?

Javier Paz García

Uno escucha con cierta frecuencia la analogía del presidente como padre y al resto de los ciudadanos como los hijos a los que tiene él que cuidar.

La relación padre-hijo implica poder y posesión. El padre, por lo menos hasta cierta edad, es dueño y responsable absoluto del hijo. Un padre ordena a su hijo qué comer, cuándo dormir, estudiar y divertirse, cuáles programas de televisión mirar, etc. El padre tiene potestad sobre el hijo y le inculca sus valores. Además el padre manda y el hijo obedece.

La relación padre-hijo no es análoga a la de presidente-ciudadanos. No es, ni debe ser la potestad del presidente decirnos que programas de televisión mirar o que valores morales adoptar. El balance de poder no es el mismo. Mientras un padre tiene tuición casi absoluta sobre sus hijos, la cual solo puede ser revocada en casos extremos de abuso y abandono, el presidente no tiene tal tuición sobre el resto de los ciudadanos (con la excepción de las dictaduras).

La noción de que el presidente es como un padre de los ciudadanos es peligrosa por dos motivos. El primero porque implica que el presidente tiene poderes casi absolutos, como lo tiene un padre con su hijo. Y la historia es por demás de contundente con respecto a los abusos que cometen los gobernantes que acumulan tal poder. El segundo motivo es que incentiva al ciudadano a convertirse en irresponsable y dependiente del Estado. Hacer del presidente un padre, implica equiparar a ciudadanos adultos con niños. Implica que miles de personas adultas no tienen la capacidad de pensar, de razonar y decidir lo que está bien o mal y que necesitan de un quien los guíe. Por supuesto para quienes quieren vivir a costas del Estado, esta situación de sentirse hijos es conveniente (que el papá Estado les dé de comer sin trabajar (o trabajando para el Estado que muchas veces es lo mismo)). Sin embargo la mayoría de los ciudadanos nos valemos por nosotros mismos y no aceptamos que el Estado nos trate como niños ni se atribuya funciones que no le pertenecen.

Más adecuado es comparar al presidente con un gerente de empresa. El gerente no manda sobre los dueños de la empresa, sino que al contrario, debe rendirles cuentas. El gerente tiene la potestad para decidir sobre ciertos asuntos de la empresa, pero enmarcándose en las normas internas, así como un presidente no puede estar por encima de la constitución y las leyes. Por último un gerente toma decisiones en nombre de los propietarios, pero solo en aquellos aspectos en los que los propietarios se lo permiten. Esos aspectos se enmarcan en el manejo de la empresa y no van más allá: un gerente no les ordena a los propietarios cómo deben vestirse, qué hacer con sus utilidades o qué hacer en sus momentos de ocio. De la misma manera los dueños del país y del Estado somos todos los ciudadanos. Como dueños delegamos ciertas funciones a los políticos y los elegimos mediante elecciones: los hacemos gerentes de nuestro país.

Entender que el rol de un presidente se asemeja más al de un gerente que al de un padre es vital para entender hasta donde deben llegar los límites de su poder.

Santa Cruz de la Sierra, 05/01/12

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¿Quién regula a los reguladores?

Javier Paz García

Si por los burócratas fuera, los tentáculos del Estado llegarían a cada rincón de nuestras vidas, regulando, supervisando, controlando todo para alcanzar un mundo mejor. Lo curioso, lo irónico es que el mismo Estado que regula las actividades de otros, cuando es comparado precisamente con aquellos a quienes regula, resulta ser el peor de todos. Me explico mediante ejemplos.

Por regulación estatal, los bancos en Bolivia no deben permitir que una persona espere más de media hora para ser atendida, caso contrario puede presentar una queja. Lo curioso es que no existe institución estatal donde uno haga una cola menor de media hora. Ir a Tránsito, Identificación, Ministerio de Trabajo, Caja de Salud o a Migración requiere sacrificar medio día sin trabajar. Y mientras en los bancos uno espera adentro con aire acondicionado y en cómodas sillas, con el Estado uno espera afuera, parado y no tiene a quien quejarse.

Mientras los colegios y universidades privados producen las mentes más brillantes del país, los empresarios más productivos, innovadores y generadores de fuentes de trabajo, en los colegios fiscales apenas aprenden a leer y escribir y no se puede soñar con que los jóvenes salgan con nociones de cálculo diferencial, idioma inglés o siquiera un nivel de redacción y comprensión aceptables. Y sin embargo es el Estado productor de colegios y universidades mediocres el que impone normas y regula la actividad de la educación privada. En la salud sucede algo similar.

Mientras que al Estado se le ocurre poner un ingenio azucarero donde no hay caña o hacer inmensas fábricas de leche donde no hay vacas, despilfarrando así millones de dólares del dinero de todos, los productores arriesgan sus capitales para producir la leche y el azúcar que alimentan al país, cuando les va mal pierden su propio dinero, y no el dinero ajeno y cuando ganan reinvierten, incrementando la producción y generando más fuentes de empleo. Y sin embargo es el Estado, campeón de la ineficiencia, quien regula y controla a los productores.    

Y el Estado que regula a los demás, resulta ser el más chambón de todos, el que peor servicios brinda, el que más caro cobra por sus productos, el que más tiempo hace perder a sus usuarios, el que más errores comete, el que hace los peores negocios. Y cuando uno ve esto, se da cuenta que el Estado regulador es similar a un pirómano encargado del departamento de bomberos o a un pillo como jefe de policías. Entonces vale preguntarse ¿quién regula a los reguladores?

Santa Cruz de la Sierra, 18/12/11

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Las soluciones del Estado

Javier Paz García

Nada place más a los burócratas que acrecentar su poder. Una forma de hacerlo es creando leyes que regulan todas las áreas de la actividad humana. Por ello el Estado tiene la dañina manía de entrometerse en áreas que no le competen para encontrar “soluciones” a problemas que no existen. Y lo que a menudo sucede es que las “soluciones” del Estado son las que ocasionan los verdaderos problemas. Curiosamente, los burócratas utilizan los nuevos problemas, creados por ellos mismos, para justificar mayores intervenciones y mayores poderes para el Estado. Esto puede parecer cómico, pero no es falso y ni siquiera exagerado.

Veamos ejemplos. El 2011 hubo en Bolivia un incremento en el precio del azúcar. De no haber intervenido el Estado, el incremento hubiera incentivado a los productores a aumentar sus sembradíos y  la sobreproducción en la siguiente temporada hubiera ocasionado una reducción en el precio. Sin embargo el Estado intervino prohibiendo las exportaciones y fijando controles de precios. Estas medidas ocasionaron desabastecimiento y contrabando del azúcar. Al final el mismo Estado se convirtió en acaparador, ahuyentando a los comerciantes, haciendo que la gente tenga que hacer colas eternas en los puestos de venta estatales e incluso subiendo el precio del azúcar (lo cual invalida el propósito de haber intervenido en el mercado). , En el trayecto, el Estado causó un daño tremendo a la cadena de producción y distribución del azúcar. Hoy siguen los cupos y los controles de precio lo que nos permite pronosticar que no serán muchos los nuevos productores que se atrevan a incursionar en el sector, lo que a la larga creará un problema crónico de desabastecimiento y especulación.

En Bolivia circulan muchos autos viejos. La solución del Estado es hacer una inspección técnica anual a todos los vehículos. Lo curioso es que la inspección no saca de circulación a ningún vehículo por más cacharro que sea, pero engrosa los bolsillos de muchos miembros de la policía y de paso ocasiona dolores de cabeza a todo dueño de un vehículo por la pérdida de tiempo que requiere obtener la viñeta. El resultado es que pagamos dinero y perdemos el tiempo para obtener algo que no sirve para nada y que no soluciona nada.

Bolivia exporta el 80% de la soya que produce y no necesita más del 20% para abastecer el mercado interno. Los supermercados están atiborrados de todas las marcas de aceite de soya habidas y por haber, tanto nacionales como extranjeras, por lo tanto el mercado de aceites comestibles es bastante competitivo. Sin embargo al gobierno se le antojó imponer cuotas de exportación en dicho sector, obligando a las empresas a peregrinar y rogar para que los burócratas otorguen los permisos correspondientes, y no debe extrañarnos que los permisos se otorguen según preferencias políticas o coimas económicas, creando costos adicionales e innecesarios en la cadena productiva, creando inseguridad jurídica, imposibilitando la proyección de la industria a largo plazo y perjudicando a miles de trabajadores en el país.    

Y por supuesto ante cada problema que crean, son veloces para  echar a otros la culpa y de paso hacer más leyes incrementándose el poder, para implementar otras soluciones que terminen jodiéndonos cada día más.

Santa Cruz de la Sierra, 18/12/11

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Sobre deudas, quiebras y estafas

Javier Paz García

Quiebras como las de Lehman Brothers o estafas como la de Bernie Madoff y Enron demuestran que el sistema de libre mercado no es perfecto. Pero se requiere una miopía monumental para suponer que empoderando al Estado se corrigen sus imperfecciones. Sin lugar a dudas que la quiebra de una empresa es traumática, principalmente para quienes obtienen algún beneficio de ella, ya sea como empleados, accionistas, clientes o proveedores. Pero mucho más traumático es cuando quiebra un Estado. Las consecuencias de la quiebra de Lehman Brothers, con todo lo traumáticas que fueron, no se comparan con las consecuencias de las insolvencias de los gobiernos de Grecia, España o Italia.

Bernie Madoff perpetró el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos ocasionando pérdidas de entre 10 y 20 mil millones de dólares. Los Kirchner confiscaron 30  mil millones de dólares de las pensiones de todos los argentinos y el corralito argentino del 2001 no puede no ser calificado como una estafa estatal. La inflación es uno de los impuestos más regresivos que existen, castigando más a los más pobres. El gobierno de Hugo Chávez, a contracorriente de su retórica, tiene la inflación más alta de las Américas, efectivamente estafando todos los días a sus ciudadanos a través de la política monetaria. Las experiencias de endeudamiento e hiperinflación de América Latina durante la década de los 80 son una interesante lección sobre las incontinencias del Estado. Bernie Madoff, con toda su malicia no causó tanto daño como la hiperinflación boliviana ocasionada por filántropos y bien intencionados burócratas. Madoff hoy cumple una condena en prisión por sus delitos; ni Cristina Fernández, ni Hugo Chávez ni los bienintencionados burócratas bolivianos de los años ochenta lo acompañan, a pesar de que sus estafas son mayores.

Estados Unidos es uno de los países más pujantes e históricamente más responsables en cuanto a la administración de sus finanzas públicas, sin embargo su deuda pública ronda los 15 billones (15 seguido de 12 ceros) de dólares, alrededor de 100% del PIB. Es decir que Estados Unidos viene manejando sus finanzas públicas tan irresponsablemente como cualquier país africano. Y no tenemos que olvidar que la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis fue auspiciada en gran parte por su gobierno a través de su política monetaria (culpa de la Reserva Federal) y sus agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

Y ni hablar de la mayor estafa de todas, la de gobiernos como el de Cuba, China o la Unión Soviética que, a nombre del bienestar social, hacen de sus territorios cárceles gigantes, privando a sus pueblos de libertad para expresarse, para desarrollar iniciativas privadas, para trasladarse libremente, para aprovechar los avances tecnológicos, para generar riqueza al margen del Estado, para buscar la felicidad por cuenta propia.

Sin lugar a dudas que el libre mercado no está libre de potenciales abusos y estafas (problemas que un buen sistema judicial puede atenuar), pero la historia nos demuestra que estos son ínfimos comparados a los abusos y estafas cometidos por los Estados. Y es casi una constante que a mayor poder del Estado, mayores los abusos y estafas cometidos por sus burócratas.

Santa Cruz de la Sierra, 16/12/11

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Las justificaciones teóricas del estatismo

Javier Paz García

Los entusiastas del estatismo en la economía pueden serlo por instinto, por conveniencia o pueden tratar de justificar su posición en base a fundamentos económicos. Quienes lo son por instinto, lo son de la misma manera en que a una persona le gusta el color azul y a otra le gusta el helado de canela: simplemente porque sí y menudo no entienden de razones o argumentos ni les interesa darlos. Personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales o Cristina Fernández entran en esta categoría. Ellos poco o nada saben de economía y sus justificativos no son más que improperios, eslóganes y frases huecas destinadas a las masas incultas y acríticas. Su estatismo instintivo está alimentado por la conveniencia de ser los mayores beneficiarios del poder y no se puede esperar de ellos un debate responsable, ni sincero en cuanto a los problemas del estatismo.

Por otra parte, entre los economistas serios, la importancia del libre mercado es indiscutible, y a nivel académico el justificativo para que el Estado intervenga en la economía es precisamente para corregir ciertas “fallas” que alejan al mercado de la libre competencia. La teoría económica nos enseña que situaciones como monopolios, externalidades, asimetrías, bienes públicos, etc. hacen que el mercado no utilice los recursos de forma eficiente y es en estas situaciones donde el estado puede intervenir para corregir la deficiencia y mejorar los resultados.

Una presunción implícita del anterior razonamiento es que mientras el mercado tiene imperfecciones, el Estado no las tiene; mientras los actores del mercado buscan su propio interés, tienen modelos equivocados de la realidad y sufren de falta de información, los actores del Estado no buscan su propio interés, tienen modelos verdaderos de la realidad y poseen información adecuada. Esta noción ha sido cuestionada por los teóricos de la opción pública. Por un lado es teóricamente incoherente suponer que los seres humanos actuamos de una forma cuando tomamos decisiones económicas y actuamos de la forma opuesta cuando tomamos decisiones políticas. No es coherente considerar al empresario y al obrero como personas que buscan el propio interés y por el contrario considerar al político como alguien que busca el interés común por sobre su propio interés. Más coherente es suponer que tanto el empresario, el obrero y el político tienen motivaciones similares. La realidad corrobora esta suposición.

Y si esto es así, el aumento del poder del Estado y la mayor discrecionalidad de los gobernantes se traduce en mayores distorsiones del mercado, ineficiencia, mayor corrupción, creación y protección de monopolios que benefician a allegados al régimen y toda una serie de problemas que el Estado termina exacerbando en vez de reducir.

La mayoría de las justificaciones teóricas del estatismo adolecen de la ausencia de consideraciones realistas respecto a los límites, motivaciones y conocimientos que poseen los políticos y burócratas que forman el Estado.

Santa Cruz de la Sierra, 09/12/11

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Teoría económica e intervencionismo estatal

Javier Paz García

La teoría económica neoclásica demuestra que los mercados perfectamente competitivos hacen que los recursos sean usados de la manera más eficiente posible, por lo cual, cualquier intervención del Estado ocasiona una pérdida de eficiencia. Paradójicamente esto es utilizado por los entusiastas del estatismo para justificar la intervención estatal bajo el argumento de que pocos son los mercados perfectamente competitivos, y que en el resto, el Estado puede intervenir para mejorar la eficiencia. Un ejemplo de esta línea de pensamiento la podemos ver a menudo en los artículos de prensa de don Alberto Bonadona.

Quienes sostienen esta línea de pensamiento se equivocan cuando afirman que existen pocos mercados perfectamente competitivos… lo cierto es que no existe un solo mercado perfectamente competitivo en todo el mundo. El modelo de competencia perfecta es una abstracción como lo es el punto o el plano en geometría y no existen más allá de nuestras mentes. Si la competencia perfecta es el prerrequisito para que el Estado no intervenga en el mercado, entonces lógicamente debemos concluir que el Estado debe intervenir en todos los mercados.

Los entusiastas del Estado, aun cuando reconocen parcialmente la importancia de los mercados en el desarrollo económico, tienden a exagerar la necesidad del Estado fundamentalmente por dos razones:

La primera es una incoherencia teórica. Mientras que consideran (correctamente) a los actores privados como personas que buscan su propio interés, creen (incorrectamente) que los funcionarios públicos son ángeles desprovistos de intereses propios cuyo fin en su vida es buscar el “bien común”. Los teóricos de la opción pública han puesto en evidencia este error, y han notado que de hecho, el Estado es el mayor creador de externalidades, monopolios, asimetrías, privilegios, y una serie de males que supuestamente el Estado va a subsanar. Por ello la existencia de externalidades en el mercado no justifica por sí mismo la intervención estatal, sino que la externalidad debe ser mayor que la que generaría la intervención del Estado.

La segunda incoherencia es de índole empírica. El Nobel en economía, Paul Samuelson explica en sus textos que un bien público es aquél que una vez ha sido creado puede ser aprovechado por todos, sin que el dueño pueda cobrar por sus servicios, por tal motivo el sector privado no tiene incentivos a proveerlo y debe ser provisto por el Estado. Samuelson da el ejemplo de los faros. El también Nobel en economía, Ronald Coase, en un famoso ensayo titulado “El faro y la economía” puntualizó que en Inglaterra los faros privados eran comunes durante buena parte de su historia. Coase criticaba la frecuente falta de coherencia entre las teorías de los economistas y la realidad. Las teorías deben ser herramientas para explicar la realidad y lo cierto es que la correlación entre mercados libres y desarrollo económico es irrefutable. Quienes defienden el intervencionismo estatal en la economía y pretenden ser serios, deben explicar esta correlación.

Santa Cruz de la Sierra, 01/12/11

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Sobre la regulación a las ONGs

Javier Paz García

Nadie puede negar la tremenda influencia, para bien o para mal, que han tenido las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en Bolivia. Las hay de todo tipo y con diversos fines, ambientalistas, indigenistas, anticapitalistas, pro-capitalistas, anti-estadounidenses, pro-estadounidenses, etc.

Existe mucho malestar en amplios sectores de la sociedad boliviana por el trabajo de las ONGs en el país. El malestar no se circunscribe a ninguna tendencia política: tanto en la izquierda como en la derecha existen sectores que quisieran regular e incluso prohibir las ONGs. No existe mejor ejemplo que el mismo gobierno del MAS, que es producto de ONGs, sea el mayor interesado en regularlas y controlarlas. Por supuesto el propósito es asfixiar a aquellas contrarias al gobierno y premiar a aquellas favorables. Entre la oposición (con la distancia que hay que salvar entre una oposición con intenciones democráticas y un gobierno autoritario) la situación es similar. Quienes piden regular las ONGs pretenden a fin de cuentas eliminar a aquellas ONGs cuyos objetivos son contrarios a sus intereses o ideologías.

 ¿Cuáles deben, entonces, ser los parámetros para regular a las ONGs? Tratar de definir cuáles son las ONGs buenas y malas es tan baladí como hablar de precio justo: es un debate medieval e improductivo. Lo bueno y lo malo depende de la óptica de cada uno. Definirlo por mayoría tampoco es posible. Cualquier definición de este tipo, es solamente una imposición de una mayoría circunstancial sobre una minoría no menos circunstancial. En el ámbito de las ideas y de la razón, estar del lado de la mayoría no es un argumento válido, aunque a menudo la brutalidad y la fuerza se imponen bajo el pretexto de ser democráticas. Entonces vuelve la pregunta ¿Cuáles deben ser los parámetros para regular las ONGs?

Para responder esta pregunta debemos guiarnos por nuestros principios. Para aquéllos que defendemos principios liberales, que valoramos la libertad de expresión, que creemos que las ideas deben combatirse con otras ideas y no con palos, persecuciones o censura y que creemos que la única forma de garantizar una sociedad de hombres libres es garantizar el derecho de cada uno a emitir libremente su opinión sin miedo a ser perseguido por el Estado, debemos defender el derecho de las ONGs a existir, nos gusten o no y repudiar la regulación estatal destinada a limitar o coartar la libertad de expresión y de asociación de las personas.

Esa es la única postura consecuente de un liberal. Por supuesto, no todos (en realidad muy pocos) son liberales. Para un socialista la libertad de expresión no es más que un invento burgués que se debe defender cuando conviene y prohibir cuando se torna inconveniente, y quienes dicen ser liberales, demócratas o defensores del Estado de derecho, a menudo flaquean cuando los principios que deberían defender van en contra de sus intereses circunstanciales. Queda en manos de unos pocos la defensa inclaudicable de la libertad.

Santa Cruz de la Sierra, 24/11/11

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Breve crítica a la política exterior norteamericana

Javier Paz García

Estados Unidos es un ejemplo a seguir en lo que referente a la protección de las libertades individuales, los derechos civiles y políticos y el imperio de la ley dentro de sus fronteras… su política exterior es otra cosa.

La política exterior se basa en intereses nacionales; Estados Unidos no es la excepción. Y aunque no es del todo correcto catalogarlo como un país colonialista o imperialista, su política exterior es sin dudas intervencionista.

La guerra fría hizo del mundo entero un campo de batalla entre dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, así como dos ideologías, individualismo y colectivismo. El intervencionismo norteamericano tiene su mejor justificación precisamente en la lucha por impedir que las dictaduras socialistas apoyadas por la URSS se propaguen por el mundo. El problema radica en que dicha lucha no siempre reflejó los ideales de la libertad que Estados Unidos decía defender; por ejemplo, derrocar a dictadores de izquierda para encumbrar a dictadores de derecha. La invasión a Irak con falsos justificativos (la amenaza nuclear) es otro episodio reprochable.

Luego del fin de la guerra fría el intervencionismo norteamericano no ha cesado y en algunos casos su gobierno actúa con ciertas libertades en el exterior que no le son permitidas dentro de sus fronteras; verbigracia el uso de la tortura en interrogatorios a sospechosos de terrorismo.

En países pobres como Bolivia, que dependen mucho de la limosna internacional, la ayuda norteamericana es percibida por buena parte de la población como una forma de chantaje o de compra de lealtades entre la clase política local. Por ejemplo, hace unos años la nación del norte intentó que a cambio de ayuda económica sus efectivos antinarcóticos tengan inmunidad dentro de Bolivia; lo más vergonzoso es que muchos políticos bolivianos apoyaban la idea.

Considero que Estados Unidos no haría mal en reducir su intervencionismo, aunque sea para reducir la antipatía generalizada hacia este país. De todas maneras hoy con la Unión Europea cohesionada política y económicamente, el auge de China, India y Brasil y el resurgimiento de Rusia, la influencia norteamericana en el mundo está en declive.

Santa Cruz de la Sierra, 16/11/11

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Sobre la libre afiliación a la salud

Javier Paz García

La noción de que el Estado debe obligar al individuo a hacer cosas tales como afiliarse a un seguro de salud proviene de la creencia generalizada que el Estado debe comportarse como un padre cuidando a sus hijos, de que los ciudadanos somos un rebaño de ovejas (o  de borregos) incapaces de tomar decisiones responsables por nuestra cuenta y que estaríamos perdidos sin el papá Estado. Revertir esta creencia es una tarea titánica, por lo tanto, lograr una verdadera libertad de afiliación a la salud, donde las personas y las empresas puedan decidir a qué seguro afiliarse e incluso decidir no afiliarse a ningún seguro o caja de salud si así lo desean, es casi imposible en el corto plazo.

Sin embargo es posible avanzar hacia una libertad parcial de afiliación a seguros y cajas de salud. Hoy el Estado obliga a los empleadores a estar afiliados a cajas de salud que son manejadas por el mismo Estado. En general el servicio que prestan es malo pero el Estado les otorga un monopolio que, al protegerlos de la competencia, no les da ningún incentivo para mejorar su calidad.

Alguien dirá que es el empleador el que paga y no el empleado, lo cual es incorrecto, porque a la hora de contratar personal y definir sueldos el empleador calcula los costos totales; en efecto, es el empleado quien paga su afiliación y de no existir esa obligación podría conseguir salarios más altos de su empleador. Dada la deficiente calidad del servicio prestado en las cajas de salud, muchas personas optan por tener un seguro privado de salud, a pesar de que siguen aportando obligatoriamente a una caja de salud. Es decir que existen personas que a pesar de tener seguros privados de salud, son obligadas a afiliarse al sistema de salud estatal, pagando obligatoriamente por un servicio que no usan. No encuentro mejor manera de definir esta situación como una forma de robo legalizado por el Estado.

Permitir una libre afiliación donde quienes tengan seguros privados no sean obligados a aportar a seguros públicos permitiría que los empleados tengan más opciones a la hora de asegurarse y obligaría a las cajas estatales a competir y a mejorar sus servicios, reduciría el número de afiliados en las cajas estatales lo cual también repercutiría en un mejor servicio para quienes sigan afiliados, eliminaría el doble aporte de quienes actualmente tienen un seguro de salud privado y son obligados a aportar a una caja que nunca usan. Esta es una reforma que no le cuesta nada al Estado y que solo beneficia al ciudadano o que en el peor de los casos, no le perjudica. La única razón para no adoptarla es la protección monopólica que dejarían de tener los gremios estatales de salud, protección monopólica creada por el mismo Estado en detrimento de los ciudadanos y en beneficio de gremios ineficientes y corruptos. Por supuesto, los políticos no tienen incentivo para combatir esos gremios, porque hacer tal cosa tiene como consecuencia recibir mala propaganda, ser llamado enemigo del pueblo, ser víctima de chantajes y huelgas, y también perder un botín político. Ante tal situación tenemos cajas ineficientes para rato, financiadas por un Estado que expolia al ciudadano del fruto de su trabajo.

Santa Cruz de la Sierra, 10/11/11

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Me reservo el derecho de admisión

Javier Paz García

Como dije antes, el populismo, la demagogia y la estupidez no son exclusivos de ninguna tendencia política. Hace poco el municipio cruceño prohibió a bares y restaurantes que pongan el letreros advirtiendo que se reservan el derecho de admisión.

En primer lugar, desde un punto de vista principista, la medida es una violación de la propiedad privada. Los bares y restaurantes son propiedad privada y los dueños deberían tener la potestad de decidir quiénes pueden entrar o no a su propiedad, de la misma manera que cada persona decide a quién invita a su propia casa.

En segundo lugar la medida es innecesaria. No se cuan generalizado es que los boliches discriminen a su clientela en base a raza o color de piel, pero sospecho que no es algo frecuente. El dueño de un negocio está para hacer dinero y su mayor discriminante es quién puede pagar su producto y quién no. No es una buena estrategia comercial discriminar sobre otra cosa que no sea la capacidad económica del potencial cliente, y supongo que la mayoría de los comerciantes evitan acciones que van en detrimento propio. Pero incluso si existieran restaurantes que discriminan a su clientela en base a, digamos la raza, existe una oferta tan amplia de restaurantes y boliches en la ciudad, que sería irrelevante. Hay tanto para elegir, que no veo por qué una persona vaya elegir un lugar donde no es bienvenido y darle su dinero a personas que lo discriminan.

En tercer lugar la medida es contraproducente, porque evita que el restaurante niegue el servicio a borrachos, drogadictos o pendencieros. Y si alguien entra desnudo, ¿el restaurante no se puede reservar el derecho de admisión? ¡Qué estupidez!

En cuarto lugar la medida evidencia mediocridad en el conocimiento del derecho. Se obliga a los locales a poner el letrero “Todos son iguales ante la ley”. Y estamos de acuerdo que todos deberían ser iguales ante la ley, ¡pero los restaurantes no son la ley! ¡O es que los meseros se van a convertir en jueces! Extrapolar el principio de la imparcialidad de la justicia (todos son iguales ante la ley) y pretender aplicar ese principio a la venta de pollos y hamburguesas solo demuestra lo mediocre de sus impulsores. Un estudiante de derecho sabe (y conste que yo no estudie derecho) que la ley debe tratar a todos por igual, pero que los individuos en sus actividades privadas tienen el derecho a no tratar a todos por igual.

Por último, deseo hacer notar lo siguiente: a menudo una norma que restringe las libertades individuales es justificada en base a un objetivo encomiable. En este caso se impone una restricción a la libertad de los dueños de restaurantes con el pretexto de luchar contra la discriminación. De esa manera, quien proteste es tildado de discriminador y racista. Y por supuesto, pocos se atreven a ser malinterpretados y ser víctimas del escarnio público promovido por las autoridades. Es exactamente el mismo mecanismo que usó el gobierno central (salvando las diferencias de grado) cuando aprobó una ley que restringe la libertad de prensa y expresión y la llamó “ley contra el racismo”. Rechazar este tipo de medidas es indispensable para legar una sociedad libre y abierta a las futuras generaciones.

Santa Cruz de la Sierra, 02/11/11

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Los límites del Estado y la libertad

Javier Paz García

Como escribió Jorge Luis Borges, “El más urgente de los problemas de nuestra época (ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo”. Hoy el Estado nos dice que sustancias no podemos consumir, qué materias debemos estudiar en el colegio, cuanto debemos ahorrar para nuestra vejez, a qué precio debemos vender el fruto de nuestro trabajo, si podemos o no exportar nuestros productos y la lista puede continuar con una serie interminable de cosas que deberían corresponder al ámbito privativo de cada individuo, pero que  son determinados por el Estado.

Por supuesto, quienes manejan el Estado nunca nos dicen que quieren reducir nuestra libertad y capacidad de elegir, como tampoco ningún político hace una campaña diciendo que va a hipotecar el país, incrementar la deuda, apalear a opositores o censurar a la prensa, aunque tengan todas las intenciones de hacerlo. Los políticos buscan poder, buscan ampliar su poder, y una forma de lograrlo es ampliando el poder del Estado que ellos manejan. Vale aclarar que los deseo de poder y la noción antiliberal de que el Estado debe legislarlo y controlarlo todo no es exclusiva de izquierdas o derechas. El populismo y la demagogia no son exclusivos de la izquierda, como tampoco lo es la estupidez, la impostura y la pillería.

En los últimos siglos, las mayores tiranías, abusos y fechorías han sido cometidos por los Estados contra sus propios ciudadanos. Para evitar esto, las sociedades democráticas modernas han impuesto límites al poder del Estado y han tratado de resguardar ciertos derechos inviolables para sus ciudadanos. A menudo los políticos que controlan el Estado tratan de ampliar los límites del Estado y limitar los derechos ciudadanos, no siempre con malas intenciones, pero siempre con malas consecuencias. Es el deber de la ciudadanía impedírselos y es el deber de las élites ilustradas denunciar los abusos y la intromisión del Estado en áreas que no le competen.

Como dijo Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.

Santa Cruz de la Sierra, 28/10/11

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¿Qué esperar de los pactos gobierno – empresarios?

Javier Paz García

En Bolivia tenemos la mala costumbre de creer que cualquier problema se puede solucionar con una ley o con una cumbre de alto nivel.  Para solucionar el problema del medio ambiente, no tenemos mejor idea que proponer una ley del medio ambiente, para solucionar el problema de la criminalidad, no tenemos mejor idea que proponer una reunión de autoridades para que charlen mientras toman tecito para que luego elaboren una ley que “solucione” el problema de inseguridad ciudadana.

Ahora el gobierno llamó a los sectores empresariales a elaborar una agenda para priorizar la economía. No auguro buenos resultados para tal iniciativa porque, para que la economía vaya por un camino de crecimiento sostenible es necesario que el gobierno del MAS haga cosas que van contra su propia naturaleza. Entre ellas está el dar seguridad jurídica, sobre todo en el tema de la tierra, flexibilizar la legislación laboral para dinamizar el empleo, reducir la burocracia, reducir los impuestos, defender en los discursos y en los hechos la propiedad privada.

Creo que muchos líderes empresariales son conscientes de los problemas estructurales del país y no estarían insatisfechos si se planteara una agenda como la que planteo en el párrafo anterior. El problema es que por un lado, el gobierno no tiene la predisposición de resolver problemas estructurales cuya solución va en contra de su paradigma ideológico y por otro lado, los gremios empresariales tampoco están tan interesados en resolver problemas estructurales del país, sino en resolver problemas de su sector y sacarle al gobierno algunas dádivas.

Por ello, no creo que la agenda económica sea muy beneficiosa para la economía, pero sí creo que puede ser un éxito… aunque sea en el plano político. Por ejemplo, el sector agropecuario podría conseguir del Estado subsidios y seguros contra desastres naturales que le permitan efectivamente socializar las pérdidas y privatizar las ganancias y un Evo sonriente podría salir en portadas de periódicos estrechando la mano al presidente de, digamos ANAPO o la CAO, bajo el título: “El gobierno y los privados garantizan la soberanía alimentaria”; el sector de la construcción podría sacarle al gobierno multimillonarios créditos de vivienda para ser administrados por constructoras bolivianas y de nuevo un Evo extasiado de alegría podría salir en portadas junto a los representantes del gremio anunciando que “el pacto gobierno-empresarios garantiza la vivienda y genera empleos para los bolivianos”. Así, cada gremio de empresarios podría recibir regalitos del gobierno para que Evo pueda sacarse una foto con ellos, sonrientes todos, declarando su convencimiento sobre el nuevo rumbo de la economía.

No me sorprendería si mi pronóstico se cumpliera.

Santa Cruz de la Sierra, 22/10/11

Los cómplices del autoritarismo

Javier Paz García

Hace mucho tiempo que este gobierno ha mostrado sus tendencias autoritarias, sus tácticas fascistas y sus intenciones hegemónicas, sin ningún disimulo ni vergüenza. ¿Acaso no dijo Evo que él no se hacía problema en quebrantar las leyes y García Linera que la revolución había que defenderla con fusiles bajo el poncho?

Recriminarle al gobierno sus abusos y exigirle el respeto a la ley es perder el tiempo. Más productivo es meditar cómo llegamos a permitir que un gobierno sea tan abusivo y autoritario. Podemos comenzar apuntando a los cómplices. El 2005 Evo era una esperanza para muchos. Encarnaba esa imagen romántica del indio pobre, abusado y sometido por los poderosos que había roto sus cadenas (no pretendo cuestionar la veracidad de tal imagen). Representaba el nuevo hombre, incorruptible que traería un cambio con respecto a las roscas políticas que transpiraban corrupción e impunidad. Quien voto por Evo el 2005 podía justificar su voto basado en la esperanza.

Lo acontecido hasta ahora nos da amplios motivos para desechar tal esperanza. La Asamblea Constituyente estuvo plagada de irregularidades y atropellos. La quema de la prefectura de Cochabamba, los ataques constantes a la libertad de prensa, la persecución política, el atentado terrorista a un canal de televisión en Yacuiba, el cerco a Santa Cruz, los cercos al Congreso, el golpe de Estado en Pando, son hechos concretos y ampliamente conocidos que atestiguan sobre el carácter fascista del MAS. Y todo esto acompañado de corrupción, impunidad, venta de cargos públicos y otros actos repudiables que nada tienen que envidiarle al “periodo neoliberal”.

Son cómplices de este proyecto sus aliados políticos como Juan del Granado y el MSM que apoyaron al MAS a lo largo de todas sus tropelías. Si hoy son opositores se debe a que el MAS los echó de lado: sus llamados actuales a defender la democracia son puro oportunismo político.

Son cómplices los intelectuales que creen que una izquierda autoritaria y antidemocrática es mejor a cualquier derecha y se la pasan justificando lo injustificable a menudo haciendo referencia al periodo neoliberal (como les encanta esto) o callando cobardemente ante lo que ni ellos se atreven a justificar.

Son cómplices quienes votaron por el MAS el 2009 porque para esa fecha era claro que el proyecto masista era totalitario, centralista y antidemocrático y ya no podían aducir ignorancia sobre los objetivos y los métodos del MAS. Quienes votaron por el MAS el 2009 avalaron y justificaron los abusos cometidos hasta entonces y envalentonaron al gobierno para que sigua atropellando. Y es que ¿por qué Evo iba a cambiar de actitud y volverse un demócrata si actuando como un tirano había mejorado su votación con respecto al 2005?

Me parece hipócrita y ridículo que a estas alturas nos rasguemos las vestiduras y pretendamos estar sorprendidos por los abusos del MAS (como lo hacen por ejemplo Juan del Granado y algunos indígenas del oriente). Me parecería más honesto y laudable que empezaran por reconocer sus propias culpas y contribuciones en la construcción de este proyecto totalitario. Un mea culpa no estaría mal.

Santa Cruz de la Sierra, 14/10/11

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Reevaluando el periodo neoliberal

Javier Paz García

La represión del TIPNIS ha calado entre los indígenas del oriente hasta el punto que han reclamado que “ni siquiera los gobiernos neoliberales los trataban así”. La comparación me parece injusta. Veamos:

La marcha indígena de 1990 sucedió en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, que con seguridad no la vio con buenos ojos, pero hasta donde sé, no organizó bloqueos, no les propinó una pateadura ni les negó el acceso al agua.

El siguiente gobierno, con Sánchez de Lozada como presidente, promulgó la Ley de Participación Popular. Probablemente ninguna ley desde el voto universal dio un paso tan grande en el proceso de inclusión indígena. Su artículo primero dice: “La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política, y económica del país…”

El siguiente gobierno, de Bánzer-Quiroga, promulgó la Ley del Diálogo Nacional, con el objetivo de promover la inclusión y la participación de los grupos minoritarios en la lucha contra la pobreza y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que permite la postulación de candidatos a cargos electos a los pueblos indígenas sin la necesidad de pertenecer a partidos políticos. Hay que destacar este hecho: un partido tradicional promulga una ley que le quita poder a los partidos tradicionales incluido a sí mismo.

Estas leyes, y por sobre todo la Participación Popular, fueron fundamentales en el proceso de inclusión indígena. Ninguna acción del actual gobierno ha tenido la trascendencia de la Ley de Participación Popular, ni siquiera la aprobación de la nueva Constitución que por cierto el MAS ignora cuando le conviene.

Entonces, más allá de las consignas repetidas como loros, siendo objetivos ¿pueden los indígenas afirmar que el periodo neoliberal fue peor que el actual gobierno?

Y si fuera del tema indígena, la Renta Dignidad de Evo es el Bonosol de Goni, con un poco más de plata. Los gobiernos neoliberales mantenían una sumisión indignante hacia los Estados Unidos, el MAS mantiene una sumisión indignante ante Venezuela y Cuba. Antes había mucha corrupción, ahora hay muchísima corrupción. El cuoteo político neoliberal exigía un mínimo de capacidad, lo que producía funcionarios pícaros pero mínimamente capaces; la ausencia de cuoteo actual nos ha conducido a la imposición de pícaros incapaces en los cargos públicos. Antes los presidentes neoliberales viajaban en un avión carcacha y usaban vuelos comerciales para ir al exterior, ahora el presidente socialista viaja en un avión de lujo comprado cero kilómetros. Los derrochadores gobiernos neoliberales nunca llegaron a gastar ni la mitad del dinero que gasta el actual gobierno de austeridad. El periodo neoliberal estuvo prácticamente libre de desabastecimiento de alimentos y combustibles, de cortes no programados de energía, de fraudes electorales.

Los indígenas y la sociedad boliviana deberían empezar a evaluar qué ha hecho bien este gobierno aparte de vender esperanzas. Sin lugar a dudas que la llegada de Evo al poder produjo cambios profundos. Lo que no se puede afirmar es que haya producido mejoras.

Santa Cruz de la Sierra, 07/10/11

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