Javier
Paz García
El
hecho que una fruta tan deliciosa y endémica de Bolivia como es el achachairú
sea sembrada y comercializada en otro país debe llamarnos a la reflexión. Eso
traté de hacer en el artículo Las lecciones del achachairú (El Deber,
09/12/14). Pero hay que evitar sacar conclusiones incorrectas. Por ejemplo sería
absurdo prohibir la exportación de semillas. Esta es la actitud del perro del
hortelano que no come ni deja comer. Esta actitud desgraciadamente es muy prevaleciente
en este país de patrioteros.
O
tal vez alguien puede afirmar que en Bolivia sí hay inversiones grandes y de
largo plazo, que hay petroleras transnacionales, que la construcción tiene una
bonanza, que hay miles de hectáreas de soya. Para responder este argumento podríamos
decir que en realidad no han entrado nuevos operadores petroleros desde la
nacionalización y que las inversiones en construcción y soya se recuperan en un
menor plazo que las inversiones en una planta que necesita varios años antes de
dar frutos. Pero más importante es entender que ni la inversión ni la seguridad
jurídica son cualidades finitas. Es decir, no son atributos que existen al 100%
o no existen, sino más bien son continuas. No existe un país que tenga 0
seguridad jurídica ni tampoco un país con 0 inversión. Pero podemos comparar
países y decir que en A existe mayor seguridad jurídica que en B. Y si entendemos
que la seguridad jurídica no es una cualidad finita y estamos de acuerdo en que
a mayor seguridad jurídica habrá más inversiones, entonces el contraargumento
de que en Bolivia hay inversiones millonarias y por lo tanto hay seguridad
jurídica pierde validez.
Bolivia
tiene inversiones que van acorde a su nivel de seguridad jurídica, por ejemplo
es más seguro invertir en Bolivia que hacerlo en Irak o en Afganistán, por ello
podemos esperar que Bolivia tenga más inversión que esos países. Bolivia tiene menos
seguridad jurídica que Australia, Estados Unidos o Uruguay y por ende podemos
esperar que la inversión en Bolivia sea menor que en aquellos países. Entonces
la pregunta es ¿cuánta inversión adicional podríamos haber atraído si
tuviéramos niveles de seguridad jurídica similares a los de Australia? ¿Cuánto
habría bajado la pobreza y el desempleo? ¿Cuántos edificios, viviendas,
hectáreas de cultivos y fábricas adicionales habría?
El
costo de la inseguridad jurídica no se ve, porque es el costo de lo que se dejó
de crear y producir, pero es un costo real y muy alto.
Santa Cruz de la Sierra, 13/12/14
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