Javier
Paz García
Un
requisito indispensable de una sociedad democrática y de derecho es el respeto
casi absoluto a la libertad de expresión. La posibilidad de emitir opiniones
sin represalias por parte del Estado, incluso cuando estas opiniones no son
compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos es la base misma de la
democracia. Sin libertad de expresión corren riesgo los partidos políticos de
oposición; sin libertad de expresión no puede existir una prensa independiente que
cuestione, investigue e incomode al poder político y económico. Sin libertad de
expresión es más fácil que los gobernantes cometan y oculten más violaciones a
los derechos humanos, además de perpetrarse en el poder y enriquecerse.
Por
ello hay que ser muy cautos a la hora de permitir que el Estado ponga límites a
la libertad de expresión, por más noble que parezca ser el objetivo de tales
límites y en lo que respecta a este tema, ante la duda o el riesgo de abusos
por parte del poder, siempre es mejor pecar del lado de proteger la libertad de
expresión antes que limitarla.
Un
ejemplo de ello es el racismo y la discriminación. Sin duda es noble la idea de
acabar con estos prejuicios. Sin embargo la criminalización difícilmente
elimina los prejuicios subyacentes y por otro lado puede ocasionar abusos de
poder y limitaciones a la libertad de opinión y prensa. Un ejemplo concreto es
Bolivia, donde una ley “contra el racismo y toda forma de discriminación” (no
puedo dejar de mencionar la pomposidad del título en conjunción con la idiotez
de procurar prohibir “toda forma de discriminación”) ha servido para iniciar
acciones legales a dos personalidades de la televisión, una por decir que Oruro
es feo y el otro por decir que las modelos cruceñas son tontas. Quienes están
en desacuerdo o se sienten ofendidos por tales opiniones tienen el derecho de
expresar su molestia en las redes sociales o en la prensa, tienen el derecho de
dejar de mirar el programa del conductor cuya opinión les indignó, si la
indignación general es tal, los dueños del canal pueden evaluar despedir a la
persona. ¡Pero ser enjuiciado y tener la posibilidad de ir a presión por opinar
que una ciudad es fea o porque ciertas mujeres son tontas es un exceso y un
abuso mayúsculo! Si por tal cosa una persona puede ir a prisión, surge la
interrogante de cuáles son los límites de esta ley y qué opinión está a salvo
de la mirada inquisidora de los legisladores. Este tipo de leyes, como es el
caso boliviano, pueden servir para desatar una injusta cacería de brujas,
limitar la libertad de expresión y provocar autocensura.
Santa Cruz de la Sierra, 23/09/14
http://javierpaz01.blogspot.com/
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