Javier
Paz García
Hay
gente tan ingenua que cree que si el gobierno hace una ley para que la soya
produzca 40 toneladas por hectárea, pues la soya acatará y producirá 40
toneladas por hectárea; o que si lanza un decreto rebajando el salario mínimo
a 1 centavo el mes, pues miles de empresas bajarán sus sueldos a 1 centavo y la
gente seguirá trabajando por ese salario hasta morir de inanición; o que si
prohíbe las armas, los criminales, se desharán de ellas y el crimen
desaparecerá; o que si ordena que los niños no puedan trabajar hasta los 18
años, pues ningún niño trabajará hasta los 18 años y todos estudiarán y serán
doctores.
Precisamente
el gobierno de Bolivia ha promulgado una ley que legaliza el trabajo infantil
desde los 10 años, lo cual ha causado una avalancha de críticas. El problema en
el que caen estos deficientes defensores de la niñez es sobredimensionar la
eficacia de las leyes y no entender las consecuencias (a menudo contraproducentes)
de las mismas.
Como
digresión hay que acotar que los principales responsables de los niños son los
padres, y por tanto el trabajo infantil es la consecuencia de la
irresponsabilidad paternal o de una situación de extrema necesidad. Exceptuando
el caso de huérfanos y abandonados, culpar al Estado por un niño que trabaja es
desviar la culpa de los principales responsables de los niños.
Pero
volviendo al tema, en Bolivia existen miles de niños que trabajan desde antes
de los 10 años. Es iluso suponer que esa situación vaya a cambiar porque el
Estado haga una ley. El trabajo infantil no depende de las leyes de un país,
sino de su situación socioeconómica. Si los padres tienen suficientes ingresos
para mantener a su familia, generalmente preferirán que sus hijos estudien, de
lo contrario, pueden estar dispuestos a sacrificar su educación para aumentar
los ingresos familiares. Una solución anterior a esta sería que las personas
solo tengan el número de hijos que puedan mantener. La realidad es que en
general quienes menos pueden son los que más hijos tienen y volvemos a un acto
de irresponsabilidad donde el Estado no tiene culpa alguna.
Un
lustrabotas de 9 años no va a dejar de trabajar porque una ley dice que recién
puede trabajar a los 10 o 12 o 25 años. ¡La ley no le da de comer! Por lo tanto
que el gobierno dicte una ley para prohibir el trabajo infantil sirve de poco o
nada. Que haya gente que se rasga las vestiduras por una ley que no cambia en
nada la situación es politiquería, hipocresía y desconocimiento de la realidad.
Santa Cruz de la Sierra, 20/07/14
http://javierpaz01.blogspot.com/
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