¿Seguridad jurídica en Bolivia?

Javier Paz García

El partido de gobierno ha demostrado una capacidad inaudita para manipular hechos, tergiversar ideas y mentir descaradamente y sin el menor rubor. A su vez el gobierno está integrado por personas que en su mayoría sobresalen por ignorantes e incultas. Los escasos militantes de quienes uno puede suponer una adecuada formación profesional y una aceptable capacidad intelectual están tan enfrascados en su visión marxista de la historia, que no pueden dejar de lado ese sesgo a la hora de interpretar y entender la realidad. Es por ello que cuando los personeros del gobierno repiten incesantemente que en Bolivia hay seguridad jurídica, yo no sé si están mintiendo conscientemente, o realmente creen lo que están diciendo.

Tal vez creen que la seguridad jurídica consiste en la palabra que pueda empeñar el presidente, el vicepresidente o sus ministros. Pero eso es clientelismo dependiente del ánimo del caudillo y sus secuaces.

Reportes de instituciones serias e independientes clasifican a Bolivia entre los países con mayor inseguridad jurídica en el mundo. Por ejemplo según el índice de libertad económica de la fundación Heritage y el Wall Street Journal, Bolivia ocupa el puesto número 166 en la protección a los derechos de propiedad y el puesto número 113 en corrupción de un total de 179 países.

Es que no tiene sentido repetir que en Bolivia existe seguridad jurídica cuando nadie confía en la justicia, los juicios duran una eternidad y son ganados por quien tiene más dinero o conexiones políticas; cuando los avasallamientos de propiedades agrícolas y terrenos urbanos son cosa de todos los días y la justicia ampara más a los avasalladores que a los dueños legítimos; cuando cualquier bellaco puede bloquear una carretera por cualquier motivo y paralizar el aparato productivo nacional por el tiempo que le dé la gana sin que el Estado haga nada; cuando las empresas son estatizadas por decreto y sin justa compensación; cuando ni el mismo gobierno cumple la constitución y las leyes; cuando los magistrados juegan a las adivinanzas con hojas de coca para decidir sus fallos; cuando a cada rato los mineros se matan entre sí, expulsan empresas y secuestran trabajadores; cuando el productor agrícola está a la merced de un burócrata que le puede dar o negar un permiso de exportación; cuando países ideológicamente cercanos otorgan asilo a perseguidos políticos; cuando existen miles de presos sin sentencias; cuando el presidente proclama odios y amenazas hacia el sector empresarial nacional y extranjero (aunque luego garantice la seguridad jurídica).

Bolivia es uno de los países con menos seguridad jurídica del mundo. Desgraciadamente ni siquiera podemos afirmar que estamos mejorando. Sería interesante poder preguntarles a nuestros gobernantes qué entienden por seguridad jurídica y en qué se basan para afirmar que en Bolivia existe tal.

Santa Cruz de la Sierra, 06/07/12

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