Javier Paz García
Soy un ferviente defensor de la democracia como sistema de gobierno. No pretendo en esta nota insinuar que exista una mejor forma de gobierno que aquella en la cual los gobernantes son elegidos por el pueblo en elecciones libres y transparentes. Simplemente deseo señalar que la democracia tiene sus limitaciones y que un Estado democrático moderno no puede apartarse del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos individuales. Es decir, un Estado debe ser democrático y de derecho.
Escribo esto porque a menudo se escuchan estupideces como “la voz del pueblo es la voz de Dios” o “el pueblo no se equivoca” que se invocan para justificar todo tipo de atropellos a los derechos humanos. El voto popular no puede ser usado para justificar abusos y violaciones de los derechos humanos como ser el derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad y a la propiedad privada.
Para dar ejemplos didácticos, no es lícito que dos personas se suban a un taxi, realicen una votación entre los presentes para determinar quiénes serán los nuevos dueños del vehículo, y que bajo el pretexto de que democráticamente se decidió sobre la propiedad del mismo, el taxista tenga que bajarse y abandonar lo que hasta hace instantes le pertenecía. Asimismo, no es lícito que dos hombres decidan violar a una mujer, bajo el pretexto de que dos tercios de los presentes así lo decidieron. Mis ejemplos pueden parecer grotescos, pero son muy análogos a cosas que suceden en la realidad donde gobiernos se amparan en el apoyo de las mayorías y en victorias democráticas legítimas para cometer abusos y violaciones a la libertad, propiedad y dignidad de las personas. Es preciso entender los límites de la democracia para poder identificar cuando los gobernantes abusan de ella, o mejor dicho cuando violan derechos humanos en su nombre. Es necesario educar al pueblo sobre la importancia de un Estado de Derecho y no solamente un Estado democrático. Es imperioso hacer de cada ciudadano un defensor de los derechos individuales. Solo así tendremos gobiernos que no violen las leyes ni usen el poder de la democracia para abusar de otros. Este es un requisito indispensable para que una sociedad puede vivir en paz.
Podemos citar casos históricos sobre casos donde la democracia se utilizó para violar derechos humanos. Hitler por ejemplo llegó al poder en Alemania mediante el sistema democrático e inmediatamente empezó a restringir la libertad de los judíos y a violar sistemáticamente sus derechos. Los Estados Unidos y Sudáfrica mantuvieron por mucho tiempo esquemas de segregación y discriminación contra los negros, a pesar de ser Estados democráticos. La Revolución Francesa fue un alzamiento popular que acabó con la monarquía pero instauró reinados del terror amparados en el pueblo.
En un Estado de Derechos la libertad y la propiedad individual no pueden ser sujetas a decisiones “democráticas”. No se puede invocar el apoyo de las mayorías para caprichosamente apropiarse de los bienes de persona alguna o privarle de libertad. Permitir que bajo el amparo de la democracia y el apoyo de las mayorías se violen derechos humanos y se restrinjan las libertades individuales es dar paso a la tiranía.
http://javierpaz01.blogspot.com/
Santa Cruz de la Sierra, 21/05/10
domingo, 23 de mayo de 2010
La demagogia del populismo y sus costos
Javier Paz García
El manejo de las finanzas de un país debe seguir los mismos principios económicos que rigen a una empresa o familia. Los gastos no deben superar a los ingresos, y si esto ocurre, no debe ser por periodos prolongados de tiempo. Lo contrario es conducir al país a una crisis fiscal que puede desencadenar en hechos como la hiperinflación que vivió Bolivia durante la primera mitad de los 80 o la crisis de deuda que vive Grecia actualmente.
Tanto en el caso de Bolivia como de Grecia la crisis se dio porque sus respectivos gobiernos estuvieron años y décadas gastando por encima de sus ingresos y endeudándose por encima de sus capacidades de pago. En ambos casos, cuando los prestamistas dejaron de prestar, la crisis explotó.
La génesis de este tipo de crisis no se la puede asignar al gobierno del momento. Por ejemplo, el gobierno dictatorial de Hugo Banzer es tan responsable como el de Siles Suazo por la hiperinflación boliviana, porque fue durante los setenta que Bolivia adquirió la deuda que no pudo pagar en los ochenta.
Por supuesto, desde un punto de vista político, existen muchos incentivos para que el gobierno de turno incremente el gasto público. Si quien gobierna, puede endeudarse y gastar a gusto, mejorando temporalmente los niveles de vida de la población, y sabe que ni él ni su partido político estarán en el poder cuando toque pagar las cuentas, pues probablemente termine adquiriendo deuda.
Este tipo de política populista, a pesar de ser irresponsable, raramente es entendida así por el electorado. En Bolivia solo en los círculos académicos se discute la responsabilidad del gobierno de los setenta por el descalabro de los ochenta. Para la mayoría de la población, este tipo de análisis de causa y efecto es demasiado abstracto ya que la causa y el efecto están demasiado separados en el tiempo. Los mineros relocalizados durante los ochenta en Bolivia, culpan de su suerte a la llegada del neoliberalismo o al decreto 21060; no entienden que su relocalización fue causada por décadas de irresponsabilidad fiscal.
Quien gasta lo que no tiene, puede por un tiempo mejorar su nivel de vida, pero cuando le toca pagar lo adeudado se las ve negras. Este gobierno sigue ese camino, creando bonos, creando empresas que pierden plata, comprando armas y satélites o incrementando el número de funcionarios del Estado. Y aunque la buena coyuntura económica (de la cual el gobierno no tiene ningún mérito) le ha permitido incrementar los gastos sin incurrir en déficit fiscales, una vez pase la bonanza, el Estado se las verá negras. Y se tendrán que quitar los bonos, y se tendrá que reducir el número de funcionarios públicos, y podríamos tener una crisis social, como la de Grecia hoy o como la de nosotros mismos en los ochentas. Y si esto llega a suceder, será dentro de varios años, por lo que nadie o casi nadie culpará al actual gobierno por el descalabro.
Santa Cruz de la Sierra, 14/05/10
El manejo de las finanzas de un país debe seguir los mismos principios económicos que rigen a una empresa o familia. Los gastos no deben superar a los ingresos, y si esto ocurre, no debe ser por periodos prolongados de tiempo. Lo contrario es conducir al país a una crisis fiscal que puede desencadenar en hechos como la hiperinflación que vivió Bolivia durante la primera mitad de los 80 o la crisis de deuda que vive Grecia actualmente.
Tanto en el caso de Bolivia como de Grecia la crisis se dio porque sus respectivos gobiernos estuvieron años y décadas gastando por encima de sus ingresos y endeudándose por encima de sus capacidades de pago. En ambos casos, cuando los prestamistas dejaron de prestar, la crisis explotó.
La génesis de este tipo de crisis no se la puede asignar al gobierno del momento. Por ejemplo, el gobierno dictatorial de Hugo Banzer es tan responsable como el de Siles Suazo por la hiperinflación boliviana, porque fue durante los setenta que Bolivia adquirió la deuda que no pudo pagar en los ochenta.
Por supuesto, desde un punto de vista político, existen muchos incentivos para que el gobierno de turno incremente el gasto público. Si quien gobierna, puede endeudarse y gastar a gusto, mejorando temporalmente los niveles de vida de la población, y sabe que ni él ni su partido político estarán en el poder cuando toque pagar las cuentas, pues probablemente termine adquiriendo deuda.
Este tipo de política populista, a pesar de ser irresponsable, raramente es entendida así por el electorado. En Bolivia solo en los círculos académicos se discute la responsabilidad del gobierno de los setenta por el descalabro de los ochenta. Para la mayoría de la población, este tipo de análisis de causa y efecto es demasiado abstracto ya que la causa y el efecto están demasiado separados en el tiempo. Los mineros relocalizados durante los ochenta en Bolivia, culpan de su suerte a la llegada del neoliberalismo o al decreto 21060; no entienden que su relocalización fue causada por décadas de irresponsabilidad fiscal.
Quien gasta lo que no tiene, puede por un tiempo mejorar su nivel de vida, pero cuando le toca pagar lo adeudado se las ve negras. Este gobierno sigue ese camino, creando bonos, creando empresas que pierden plata, comprando armas y satélites o incrementando el número de funcionarios del Estado. Y aunque la buena coyuntura económica (de la cual el gobierno no tiene ningún mérito) le ha permitido incrementar los gastos sin incurrir en déficit fiscales, una vez pase la bonanza, el Estado se las verá negras. Y se tendrán que quitar los bonos, y se tendrá que reducir el número de funcionarios públicos, y podríamos tener una crisis social, como la de Grecia hoy o como la de nosotros mismos en los ochentas. Y si esto llega a suceder, será dentro de varios años, por lo que nadie o casi nadie culpará al actual gobierno por el descalabro.
Santa Cruz de la Sierra, 14/05/10
lunes, 10 de mayo de 2010
La lucha autonómica en perspectiva
Javier Paz García
Los días posteriores al referéndum autonómico los líderes cruceños coreaban el slogan “ya somos autónomos”. Me parecía (y me sigue pareciendo) que dicha postura era apresurada y respondía más a una necesidad política que a la realidad; se necesita mucho más que una votación para conquistar la autonomía.
Por otra parte ahora se escuchan voces que dicen que la autonomía se perdió, que perdimos el rumbo, etc., posición que también me parece apresurada.
Lo cierto es que ni ganamos la autonomía el 4 de mayo de 2008 ni la perdimos en los meses posteriores. La autonomía es un proceso por el cual estamos transitando, a veces rápido, a veces lento. Hemos avanzado muchísimo, y nos queda muchísimo por avanzar.
Hoy en la mente de una mayoría del país las autonomías están consolidadas como una obligación del Estado para con la población, éste es un gran logro. Pero aun falta hacerlas realidad en la aplicación, en la transferencia de competencias y recursos económicos desde el nivel central hacia los gobiernos departamentales y municipales; éste es un arduo y moroso trabajo.
Es muy importante destacar que todo el proceso autonómico fue y sigue siendo resistido a rajatablas por el centralismo, mucho antes de que Evo Morales asumiera la presidencia. Goni aseguraba que nunca iba a permitir las autonomías y Evo con todo el poder del Estado central a sus espaldas hizo todo lo posible para frenar el proceso autonómico, haciendo campaña por el No en el referéndum que se realizó conjuntamente para convocar una Asamblea Constituyente y luego tratando de impedir los referendos del 4 de mayo. Finalmente el gobierno decidió incluir la autonomía departamental en su constitución, pero como una fachada, ausente de muchas competencias y recursos que esenciales para verdaderamente tener gobiernos departamentales autónomos. No está demás notar que hoy algunos de los que impulsaron esos referendos están siendo enjuiciados por el gobierno central.
El proceso autonómico es complicado y difícil, incluso existiendo la voluntad de todas las partes. Por ahora no hay esa voluntad y el proceso autonómico se enfrenta a un gobierno en extremo centralista que se va a aferrar al poder que tiene. Pero el proceso autonómico no solo se enfrenta con un gobierno que en lo más íntimo reniega de la autonomía (aunque públicamente exprese su apoyo por dicho proceso), sino también con un gobierno con tendencias totalitarista, que viola las leyes, que realiza persecuciones políticas, que utiliza el poder judicial como instrumento del partido y que está dispuesto a recurrir a la mentira, la farsa, la violencia y el terrorismo de Estado para conseguir sus metas.
Siendo realistas, no podemos esperar avanzar satisfactoriamente en el proceso autonómico con las condiciones actuales. Mientras siga el actual gobierno, las autonomías avanzarán lentamente; por momentos retrocederán y se centralizarán más recursos, como ha sucedido con el IDH por ejemplo.
Pero el proceso autonómico seguirá avanzando a su ritmo mientras exista la voluntad política de los líderes regionales, respaldada por el apoyo de una ciudadanía que crea que con la autonomía tendremos mejores gobiernos en todos los niveles.
Este es un proceso largo y difícil donde no hay que perder la perspectiva ni la paciencia.
Santa Cruz de la Sierra, 06/05/10
Los días posteriores al referéndum autonómico los líderes cruceños coreaban el slogan “ya somos autónomos”. Me parecía (y me sigue pareciendo) que dicha postura era apresurada y respondía más a una necesidad política que a la realidad; se necesita mucho más que una votación para conquistar la autonomía.
Por otra parte ahora se escuchan voces que dicen que la autonomía se perdió, que perdimos el rumbo, etc., posición que también me parece apresurada.
Lo cierto es que ni ganamos la autonomía el 4 de mayo de 2008 ni la perdimos en los meses posteriores. La autonomía es un proceso por el cual estamos transitando, a veces rápido, a veces lento. Hemos avanzado muchísimo, y nos queda muchísimo por avanzar.
Hoy en la mente de una mayoría del país las autonomías están consolidadas como una obligación del Estado para con la población, éste es un gran logro. Pero aun falta hacerlas realidad en la aplicación, en la transferencia de competencias y recursos económicos desde el nivel central hacia los gobiernos departamentales y municipales; éste es un arduo y moroso trabajo.
Es muy importante destacar que todo el proceso autonómico fue y sigue siendo resistido a rajatablas por el centralismo, mucho antes de que Evo Morales asumiera la presidencia. Goni aseguraba que nunca iba a permitir las autonomías y Evo con todo el poder del Estado central a sus espaldas hizo todo lo posible para frenar el proceso autonómico, haciendo campaña por el No en el referéndum que se realizó conjuntamente para convocar una Asamblea Constituyente y luego tratando de impedir los referendos del 4 de mayo. Finalmente el gobierno decidió incluir la autonomía departamental en su constitución, pero como una fachada, ausente de muchas competencias y recursos que esenciales para verdaderamente tener gobiernos departamentales autónomos. No está demás notar que hoy algunos de los que impulsaron esos referendos están siendo enjuiciados por el gobierno central.
El proceso autonómico es complicado y difícil, incluso existiendo la voluntad de todas las partes. Por ahora no hay esa voluntad y el proceso autonómico se enfrenta a un gobierno en extremo centralista que se va a aferrar al poder que tiene. Pero el proceso autonómico no solo se enfrenta con un gobierno que en lo más íntimo reniega de la autonomía (aunque públicamente exprese su apoyo por dicho proceso), sino también con un gobierno con tendencias totalitarista, que viola las leyes, que realiza persecuciones políticas, que utiliza el poder judicial como instrumento del partido y que está dispuesto a recurrir a la mentira, la farsa, la violencia y el terrorismo de Estado para conseguir sus metas.
Siendo realistas, no podemos esperar avanzar satisfactoriamente en el proceso autonómico con las condiciones actuales. Mientras siga el actual gobierno, las autonomías avanzarán lentamente; por momentos retrocederán y se centralizarán más recursos, como ha sucedido con el IDH por ejemplo.
Pero el proceso autonómico seguirá avanzando a su ritmo mientras exista la voluntad política de los líderes regionales, respaldada por el apoyo de una ciudadanía que crea que con la autonomía tendremos mejores gobiernos en todos los niveles.
Este es un proceso largo y difícil donde no hay que perder la perspectiva ni la paciencia.
Santa Cruz de la Sierra, 06/05/10
sábado, 1 de mayo de 2010
Inseguridad e indefensión: fallas del Estado central
Javier Paz García
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
¿La gente pobre es idiota e irresponsable?
Javier Paz García
La pregunta surge luego de una conversación con un amigo mío. Creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con el fruto de su trabajo. Consecuentemente no estoy de acuerdo con que el Estado obligue a los trabajadores a ahorrar en fondos de pensiones (no estoy en contra del ahorro, sino en contra de la coacción estatal). Hace unos días, un amigo mío se quedó pasmado de que yo tuviese semejante postura y me dijo que sin aportes obligatorios a las pensiones, la gente pobre, los obreros y asalariados no ahorrarían y en el futuro tendríamos un ejército de ancianos indigentes. Yo le dije que no creía en esa visión, sino más bien que la gente es en su mayoría responsable y capaz de prever y ahorrar para el futuro. A esto él respondió diciendo que yo estaba alejado de la realidad, que no tenía idea sobre cómo actúa la gente pobre y de escasa educación, que personas inteligentes como él y yo podemos tener la capacidad de previsión, pero no los pobres e ignorantes. Puso como ejemplo a los obreros de la planta en la cual él trabaja que llegan a fin de mes sin un peso, y cuando reciben su sueldo se lo beben o lo malgastan y no ahorran nada por cuenta propia.
No niego que haya gente irresponsable en todos los estratos sociales y económicos. Sin embargo me asusta cuando alguien sostiene que la mayoría de la gente pobre o con escasa instrucción es incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre su presente y su futuro. Me aterra cuando muchos piensan así.
El germen del socialismo radica en creer precisamente eso; que la mayoría de la gente es idiota y por lo tanto debe existir una minoría ilustrada que tome decisiones por ellos. El ilustre filósofo Adam Smith escribió al respecto: “El estadista que intentara dirigir a la gente sobre cómo emplear su dinero, no solo se recargaría de un trabajo innecesario, sino que estaría asumiendo una autoridad que no puede ser conferida sin riesgos a ningún comité o senado, y que en ninguna parte sería más peligrosa que en las manos de una persona con tanta locura y presunción como para imaginarse a sí mismo capaz de ejercitarla”.
Mi amigo cree que yo soy un ingenuo, que vivo en otro planeta y que la gente pobre es idiota e irresponsable. Su visión fatalista obvia la historia de la humanidad, donde en su mayor parte no existieron programas estatales de pensiones ni ejércitos de ancianos indigentes (podemos afirmar que el Estado paternalista nace con la Alemania de Bismark recién a finales del siglo XIX). Obvia también el presente donde existen millones de personas no adineradas que no aportan a pensiones estatales y que no terminan sus días mendigando. Niega que la gente de escasos recursos cuida responsablemente de sus hijos e invierte en ellos. Niega la creatividad y espíritu emprendedor del sector informal de la economía en su mayoría compuesto por personas de escasos recursos. Por lo tanto, no comparto la noción de que la gente pobre y sin educación es idiota e irresponsable. Creo que casi todos, más allá de la educación o el dinero que tengamos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro bienestar; creo que es un derecho y un deber que lo hagamos. Creo también que cuando el Estado empieza a quitarle al individuo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su bienestar y su propiedad, empieza verdaderamente a idiotizarlo.
Santa Cruz de la Sierra, 22/04/10
La pregunta surge luego de una conversación con un amigo mío. Creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con el fruto de su trabajo. Consecuentemente no estoy de acuerdo con que el Estado obligue a los trabajadores a ahorrar en fondos de pensiones (no estoy en contra del ahorro, sino en contra de la coacción estatal). Hace unos días, un amigo mío se quedó pasmado de que yo tuviese semejante postura y me dijo que sin aportes obligatorios a las pensiones, la gente pobre, los obreros y asalariados no ahorrarían y en el futuro tendríamos un ejército de ancianos indigentes. Yo le dije que no creía en esa visión, sino más bien que la gente es en su mayoría responsable y capaz de prever y ahorrar para el futuro. A esto él respondió diciendo que yo estaba alejado de la realidad, que no tenía idea sobre cómo actúa la gente pobre y de escasa educación, que personas inteligentes como él y yo podemos tener la capacidad de previsión, pero no los pobres e ignorantes. Puso como ejemplo a los obreros de la planta en la cual él trabaja que llegan a fin de mes sin un peso, y cuando reciben su sueldo se lo beben o lo malgastan y no ahorran nada por cuenta propia.
No niego que haya gente irresponsable en todos los estratos sociales y económicos. Sin embargo me asusta cuando alguien sostiene que la mayoría de la gente pobre o con escasa instrucción es incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre su presente y su futuro. Me aterra cuando muchos piensan así.
El germen del socialismo radica en creer precisamente eso; que la mayoría de la gente es idiota y por lo tanto debe existir una minoría ilustrada que tome decisiones por ellos. El ilustre filósofo Adam Smith escribió al respecto: “El estadista que intentara dirigir a la gente sobre cómo emplear su dinero, no solo se recargaría de un trabajo innecesario, sino que estaría asumiendo una autoridad que no puede ser conferida sin riesgos a ningún comité o senado, y que en ninguna parte sería más peligrosa que en las manos de una persona con tanta locura y presunción como para imaginarse a sí mismo capaz de ejercitarla”.
Mi amigo cree que yo soy un ingenuo, que vivo en otro planeta y que la gente pobre es idiota e irresponsable. Su visión fatalista obvia la historia de la humanidad, donde en su mayor parte no existieron programas estatales de pensiones ni ejércitos de ancianos indigentes (podemos afirmar que el Estado paternalista nace con la Alemania de Bismark recién a finales del siglo XIX). Obvia también el presente donde existen millones de personas no adineradas que no aportan a pensiones estatales y que no terminan sus días mendigando. Niega que la gente de escasos recursos cuida responsablemente de sus hijos e invierte en ellos. Niega la creatividad y espíritu emprendedor del sector informal de la economía en su mayoría compuesto por personas de escasos recursos. Por lo tanto, no comparto la noción de que la gente pobre y sin educación es idiota e irresponsable. Creo que casi todos, más allá de la educación o el dinero que tengamos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro bienestar; creo que es un derecho y un deber que lo hagamos. Creo también que cuando el Estado empieza a quitarle al individuo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su bienestar y su propiedad, empieza verdaderamente a idiotizarlo.
Santa Cruz de la Sierra, 22/04/10
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