Javier Paz García
El gobierno recientemente prohibió las exportaciones de aceite de soya para
luego revertir la medida una semana después. El motivo aducido es que los
precios del aceite en el mercado interno estaban subiendo. ¿Realmente estaba
subiendo el precio del aceite? Para entender el sentido de la pregunta tenemos
que tener un punto de comparación, si lo comparamos con la moneda local, el
boliviano, podríamos concluir que está subiendo; pero si lo comparamos con otra
moneda, digamos dólares o soles, el precio no ha subido y si lo comparamos con
otros bienes, digamos, papas, automóviles, pastas dentales, tampoco ha subido.
Entonces, no es que el aceite esté más caro en términos de otros bienes y
servicios, sino que la moneda de referencia, el boliviano, viene perdiendo
valor. Y si el boliviano pierde valor con respecto a todas las monedas, bienes
y servicios, entonces tenemos un fenómeno monetario cuyos únicos responsables
son el Estado y el Banco Central, por su incontinencia fiscal y su nivel de
emisión monetaria.
Fruto de la devaluación del boliviano, cuyo único responsable es el
Estado, los habitantes de este país, perdemos poder adquisitivo, nuestros
ingresos nos alcanzan para menos cosas y nos empobrecemos. Al mismo tiempo,
Bolivia se torna un país barato para el resto del mundo y producto de ello, aumentan
las exportaciones, tanto legales, como también el contrabando. Entonces lo que
está sucediendo es que el boliviano pierde valor, lo que hace más atractivo
para nuestros vecinos comprar productos bolivianos, con lo cual aumenta el
contrabando de muchos bienes, entre ellos el aceite, lo que puede ocasionar
desabastecimiento. Nuevamente, el responsable de frenar el contrabando es el
Estado, quien falla en su función y luego busca a quienes culpar.
¿Es efectiva la medida de prohibir exportar para bajar precios? En el
caso del aceite y en el corto plazo, sí, porque Bolivia produce una gran
cantidad de aceite destinado a la exportación y con solo el 20% de la soya que
se cosecha, se cubre el mercado interno. Entonces prohibir las exportaciones
inunda al mercado de aceite, que incluso difícilmente puede ser desviado por el
contrabando. En cambio, si fuera un producto con una proporción menor de
exportación, prohibirlas no evitaría que el producto salga de contrabando e
igualmente suban los precios y haya desabastecimiento. En el largo plazo, la
historia es diferente. Si el gobierno lograra implementar esta medida, en
cuestión de un par de años acabaría con la agroindustria, los agricultores reducirían
sustancialmente su área de soya y el resultado sería menos producción, menos exportación,
menos productos para el mercado local e igualmente desabastecimiento y precios
altos, con el agravante de una industria destruida gratuitamente. Este no es un
resultado teórico, es exactamente lo que le pasó a la industria petrolera en
este país. El MAS heredó un sector pujante, con reservas crecientes, con muchas
inversiones extranjeras y lo estranguló hasta secarlo. El sector petrolero
tiene horizontes de inversión de muy largo plazo, y por eso recién vemos las
consecuencias del desastre que el MAS ocasionó desde el minuto que asumió el
poder en el 2006. En el caso de la soya, los horizontes son más cortos y una
efectiva prohibición de exportaciones podría acabar con el complejo
agroindustrial soyero en un par de años.
Afortunadamente, el gobierno decidió levantar la prohibición, pero eso
no significa que no existan perjuicios. Al haber prohibido la exportación de aceite,
aunque sea una semana, el gobierno muestra que no hay seguridad jurídica en
este país, que estamos a expensas de los caprichos de idiotas que no entienden
nada de economía, y no les interesa el bienestar de los productores y
trabajadores bolivianos. Es paradójico que el gobierno nacional hace apenas unas
semanas se quejaba del perjuicio que Evo Morales ocasionaba con los bloqueos y
luego prohíba las exportaciones. Las dos medidas son análogas: son actos de
fuerza que violan el derecho a la propiedad privada, al libre tránsito, socaban
la seguridad jurídica y perjudican a los productores del país. La medida del gobierno
es incluso peor, precisamente porque utiliza el monopolio de la fuerza que los
ciudadanos cedemos al Estado para administrar justicia, para cometer un acto de
injusticia. El precedente que deja esta medida ya revertida, es nefasto y
duradero.
Ante esta situación y un sinnúmero de abusos que comete el gobierno, la
reacción de los sectores productivos es a menudo mojigata. Por ejemplo, tratando
de llevar una línea argumentativa en torno a que ellos no han subido precios o
no han reducido sus cuotas en el mercado interno, con lo cual admiten
tácitamente que prohibir exportaciones es una medida válida y justa si es que
hay desabastecimiento o suben los precios en el mercado local. Los sectores
productivos adolecen de una falta de argumentos claros y coherentes en defensa
de la propiedad privada, el estado de derecho y el libre mercado, y al no
tenerla, deben entrar al juego discursivo del gobierno, que los hace ver como
los malos de la película y mantenerse a la defensiva. Mientras tanto, el país
cada vez peor.
Santa Cruz de la Sierra, 22/12/2024
No hay comentarios.:
Publicar un comentario