Javier
Paz García
Comencemos
por lo conceptual. El salario mínimo ocasiona que una persona que está
dispuesta a trabajar por un salario inferior a cierto nivel determinado por el
gobierno y alguien que está dispuesto a contratarlo no puedan llegar a un
acuerdo. Dos personas que están dispuestas a lograr un acuerdo de manera
voluntaria y libre, que no ocasiona perjuicios a terceros son prohibidas por el
Estado de llevar dicha transacción. Legislar el salario mínimo es un ataque
directo a la libertad de asociación de las personas y por tanto es inmoral.
Con
respecto a las consecuencias económicas, pierde el trabajador que reduce sus
opciones de empleo, pierde el empleador, pierde el consumidor final, porque hay
menos bienes y servicios disponibles, pierde el Estado porque recauda menos
impuestos.
Los
más afectados por esta legislación, son precisamente las personas a quienes los
legisladores pretenden ayudar: los jóvenes con poca educación. Una persona con
educación universitaria generalmente ganará un salario superior al mínimo que
determine el gobierno. Incluso una persona sin educación, pero con muchos años
de experiencia laboral gana un salario superior al mínimo. Pero un joven sin
educación universitaria o peor aún, que no ha terminado el colegio, difícilmente
puede conseguir un salario alto. Un joven de 17 años, generalmente es
impuntual, distraído, descuidado, irresponsable e incluso temerario; hay que
explicarle todo hasta 3 o 4 veces, y no posee ninguna competencia específica.
Un joven así es demasiado improductivo para que una empresa lo contrate por Bs.
2.000 más beneficios sociales. Digamos que la empresa lo podría contratar por
Bs. 500. Muchos jóvenes estarían conformes de trabajar por eso, ya que lo
principal para ellos en esta etapa no es el sueldo, sino adquirir las
competencias y conocimientos que les van a permitir ganar más en el futuro:
competencias básicas y generales como la puntualidad, la seriedad de la
palabra, el cuidado a los detalles, hasta cosas específicas como el Excel, o
mejores prácticas de almacenamiento. El salario mínimo impide que una empresa
contrate a estos jóvenes y por tanto que ellos se capaciten, aprendan, mejoren
y sean más productivos. El Estado les roba de esta manera la oportunidad de un
mejor futuro. Afortunadamente existe el sector informal, donde van a ganar
nomás los Bs. 500 que vale su bajo nivel de productividad, pero sin los
beneficios y la seguridad social, sin las capacitaciones formales y el roce con
profesionales destacados que le puede brindar una empresa formal. Algunos
trabajarán en peores condiciones, más horas y serán más vulnerable a abusos de
su empleador informal.
La
legislación del salario mínimo es otro caso donde la conjunción de las buenas
intenciones y la ignorancia de la ciencia económica produce consecuencias
contrarias a las deseadas.
Santa Cruz de la Sierra, 30/04/17
http://javierpaz01.blogspot.com/
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