Javier Paz García
Existen básicamente dos sistemas de pensiones gestionados por el Estado: uno donde el Estado mete todo lo que recauda a una bolsa común y paga a los jubilados con lo que recauda de los jóvenes aportantes. Este sistema lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, lo cual es curioso porque si una persona de manera particular intentara hacer lo mismo en ese país, iría a la cárcel por implementar un esquema piramidal. En efecto, el sistema de reparto es un esquema piramidal, o esquema Ponzi como dicen los anglosajones, donde se paga a los jubilados con los fondos de los nuevos aportantes y para que funcione necesita que el número de aportantes crezca constantemente o de lo contrario colapsa; el gobierno norteamericano procura meter a la cárcel a los estafadores, excepto cuando son ellos mismos. El otro esquema es aquél en el que las personas tienen su propia cuenta de ahorro individual que se genera a través de una porción de los ingresos que el Estado quita a cada trabajador. Este es el esquema que existe en Bolivia actualmente y es un poco mejor que el de reparto. Uno de los problemas con este esquema es de naturaleza semántica y tiene que ver con el concepto de propiedad. Nos dicen que tenemos una cuenta de jubilación individual que nos pertenece: sin embargo, no decidimos cuánto podemos poner a esa cuenta, lo define el Estado y nos quita nuestra plata y se la apropia; no decidimos en qué se invertirán esos fondos, lo define el Estado sin consultarnos; no definimos cuánto ni cuándo podemos sacar fondos para nuestro uso, lo define el Estado. Entonces me cuesta entender que algo sea mío si no lo puedo disponer; me parece que el verdadero dueño es el Estado, quien además, como veremos más adelante, usufructúa de los mismos. Engañan diciendo que algo es tuyo, cuando en la realidad no lo es.
Además, el concepto de un fondo de pensión obligatorio tiene otro pecado original desde el punto de vista de una sociedad republicana y es que nace de la presunción de que los ciudadanos no son lo suficientemente inteligentes y responsables para cuidarse por sí mismos y que el Estado los debe cuidar como un padre cuida a sus niños o como un pastor cuida a sus ovejas. Probar que hay personas idiotas y que esos esquemas les ayudan a llegar con ahorros a la vejez no es suficiente. Por supuesto que hay idiotas, y muchos. Sin embargo, el espíritu de una república es el de una sociedad de iguales, donde el Estado debe garantizar la libertad de las personas para elegir su destino. No es suficiente que aceptemos la premisa de que hay idiotas en la sociedad (premisa fácilmente demostrable), sino que aceptemos la premisa de que eso le da al Estado el derecho de precautelar sus vidas y haciendas y además (y esta es la mayor incongruencia con los ideales republicanos) la de todos. En una república el ciudadano es libre y soberano y es la razón de ser del Estado, cuya función es preservar la libertad de las personas, administrar justicia y proveer la defensa nacional. La noción de que el Estado debe definir las haciendas de las personas, como sucede cuando crea sistemas de jubilación obligatorios, está filosóficamente reñido con el republicanismo. Nuevamente con solo admitir que el ciudadano es libre y tiene el derecho a administrar su propiedad, hace conceptualmente contradictorio el apoyar esquemas que le quitan el derecho de administración de parte de dicha propiedad. Solo se justifica la intromisión del Estado en este asunto tan privado y personal si y solo si se cumplen estas tres premisas: 1) la gente es irresponsable e incapaz de tomar buenas decisiones, 2) El Estado es más responsable y más capaz, es decir, el Estado es intelectualmente y moralmente superior a sus ciudadanos y 3) el Estado tiene derecho a administrar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Si cualquiera, aunque sea una de estas premisas no se cumpliera, la intervención del Estado no estaría justificada. La primera premisa es tal vez la más plausible y en efecto, aunque no todos son irresponsables, existen personas que sí lo son y se beneficiarían de ser tratados como niños y no como adultos libres. El problema está en que, aunque una persona sea irresponsable, eso no le da el derecho a otros a convertirse en sus tutores. Incluso si las premisas 1 y 2 fueran ciertas, en un Estado republicano de personas libres, el Estado debe respetar y proteger la propiedad privada y no tiene derecho a quitarle a nadie el fruto de su trabajo, aunque sea para un noble fin. Pero para motivos argumentativos asumamos como válida la intromisión del Estado en la propiedad de las personas; luego, si asumimos que las personas son responsables y capaces de tomar decisiones sensatas sobre su futuro y su propiedad (segunda premisa), concluimos que no necesitan del Estado para administrarles su jubilación. Y si aceptamos las premisas 1 y 2 de que la gente es irresponsable e incapaz de tomar buenas decisiones y el Estado sí lo es, entonces bajo estos mismos argumentos, ¿cómo podemos justificar que esta misma gente irresponsable e incapaz de tomar buenas decisiones vote para elegir a sus gobernantes? Esta es la misma línea argumentativa de quienes en su momento defendían las monarquías con sus élites iluminadas por sobre el vulgo ignorante, la misma línea argumentativa de quienes decían que las mujeres eran inferiores a los hombres y por ende debían mantenerse bajo su tutela o que los blancos eran superiores a los negros y por lo tanto tenían la obligación moral de cuidarlos, un eufemismo para justificar la esclavitud. Si la gente es irresponsable e incapaz de tomar buenas decisiones, una república democrática no es el gobierno adecuado para ellos y deberían vivir bajo una monarquía o dictadura socialista. Un sistema obligatorio de pensiones es más congruente con monarquías y dictaduras socialistas que efectivamente ven a sus habitantes como siervos, personas incapaces de cuidarse a sí mismas, que existen para el beneficio del Estado y que deben ser cuidadas por el Estado. En efecto, el sistema de pensiones público no surgió en una república democrática sino en la Alemania Imperial de finales del siglo XIX, introducida por Otto von Bismark, su canciller, artífice de la unificación alemana bajo el esquema clasista y militarista prusiano y una visión paternalista del pueblo.
Por lo visto anteriormente, independientemente de si los fondos de pensiones obligatorios ayudan a las personas a administrar mejor su patrimonio, éstos están reñidos con los principios republicanos de libertad, soberanía individual y respeto a la propiedad privada y que además rayan en lo fraudulento. Pero alguien podría argumentar que todo lo anterior es muy filosófico, que no hay que ser purista con lo del respeto a la libertad individual del republicanismo, que no existen repúblicas puras, que hay que ser prácticos y que en la práctica, es bueno nomás que los Estados creen fondos de pensiones que aseguren a la población una vejez digna, porque el Estado es mejor administrador y puede ayudar a que muchas personas no acaben en la pobreza. Este es el argumento maquiavélico de que el fin justifica los medios y aunque los medios estén reñidos con el republicanismo y la libertad individual, si ayuda a la gente, no importa, aunque debilite las bases republicanas de la nación. Entonces, ¿estos esquemas ayudan a las personas? ¿Y son bien administrados por el Estado? Tomemos como ejemplo el caso de Argentina. En este país, el Estado obligaba a sus ciudadanos a aportar a fondos administrados por empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Aún así, un destino de esos fondos era el mismo Estado, con lo cual existe un conflicto de interés, ya que el Estado tiene el incentivo de obligar a que aumenten los aportes, no por el bien de la gente, sino para tener más dinero disponible. Pero este esquema le quedó corto al gobierno que confiscó a las AFJPs y pasó a administrar esos fondos directamente, con lo cual el conflicto de intereses se hace aún mayor. El sistema monetario contemporáneo basado en monedas fiduciarias sin ningún respaldo real permite a los Estados imprimir libremente su propia moneda, en efecto rebajando su valor, lo que comúnmente llamamos inflación. Este mecanismo permite a los Estados licuar su deuda en moneda local porque, en términos sencillos con la impresión de billetes, cuando se prestan mil pesos, digamos esos mil pesos pueden comprar mil manzanas, pero años después, producto de la inflación, esos mismos mil pesos solo compran una manzana. Es decir, el Estado tiene el mecanismo para prestarse mil manzanas y solo devolver una. En efecto, en Argentina, un pensionista que en el año 2000 recibía una pensión de mil pesos argentinos, podía cambiar esos mil pesos por mil dólares. Hoy esos mil pesos valen 1 dólar. A ese pensionista el Estado argentino le robó el 99,9% de sus aportes en términos de valor real, aunque nunca haya fallado en darle los mil pesos de pensión. Un Estado que puede obligar a la gente a darle dinero a través de esquemas confiscatorios y obligatorios de aportes para fondos de pensiones y que además puede devaluar su moneda libremente tiene el mecanismo para cometer el robo más grande de la historia. Se endeuda a lo máximo con dineros confiscados a los ciudadanos y luego imprime billetes, genera inflación y convierte esa deuda en nada. Los fondos de pensiones obligatorios no solo no funcionaron en Argentina, no solo no salvaron a la gente de acabar pobres en su vejez, sino que contribuyeron a que gobiernos corruptos, ladrones y criminales puedan sostenerse por más tiempo robando y empobreciendo a sus ciudadanos. ¡Vaya beneficio! Bolivia sigue el mismo camino de Argentina casi como un libreto. El Estado creo en los 90 un sistema de Administradoras Fondos de Pensiones (AFPs) privados que canalizaban y administraban dinero quitado por la fuerza a los trabajadores. El Estado usufructuaba de esos fondos. Algunas décadas después, al Estado le queda corto el modelo, saca a las administradoras privadas del esquema y pasa a administrar los fondos de manera directa, direccionando cada vez más de esos fondos para sí mismo. Hoy el Estado empieza a imprimir, generar inflación y con ello licuar la deuda que tiene con todos los pensionistas. En las próximas décadas veremos a los pensionistas bolivianos perder casi todos sus ahorros en términos de poder adquisitivo, porque, aunque el Estado les siga pagando la misma cantidad de bolivianos, esos billetes valdrán menos. Nuevamente la estafa perfecta y una de las mayores transferencias de riquezas de pensionistas que verán esfumarse sus ahorros para beneficio de los prestamistas, entre ellos el Estado que nuevamente es juez y parte, que obliga a la gente a darle plata y tiene el mecanismo para hacer que luego, cuando le toque repagar la deuda, esa plata no valga nada. Alguien dirá que el esquema es bueno, es noble pero que Argentina y Bolivia no son buenos ejemplos, porque después de todo, son naciones bananeras, de gente ignorante, que no sabe elegir gobernantes, con una casta política insalvablemente corrupta. Este argumento se cae cuando vemos el caso de Estados Unidos, una nación que nadie calificará de bananera, pero que en este aspecto comparte muchas similitudes. Su sistema de seguridad social (Social Security) es un esquema de reparto que de por sí es análogo a un fraudulento esquema piramidal donde los nuevos aportantes solventan a los pensionistas. Este esquema es insostenible y va generando una bola de nieve cuyas consecuencias tendrán que ser pagadas por futuras generaciones. El gobierno americano también usufructúa de estos fondos por lo tiene un conflicto de interés y el gobierno americano también controla su moneda y tiene una política inflacionaria que va licuando las deudas, lo que significa otro conflicto de interés, aunque, a diferencia de las repúblicas bananeras, sus tasas de inflación sean mucho más bajas. El Estado no es más responsable que la gente ni toma mejores decisiones que lo que las personas pueden tomar sobre sus propios bienes, ni tiene la superioridad moral o la honestidad que tal esquema presupone.
En definitiva, los esquemas de fondos de pensiones obligatorios instaurados por el Estado presuponen que la gente es incapaz de manejarse a sí misma, lo que invalida los principios republicanos y la democracia misma y no es cierto de todos; presupone un Estado más capaz, más honesto y más moral que sus ciudadanos, algo reñido con la historia de la humanidad; presupone el derecho del Estado de quitar la propiedad privada, algo nuevamente reñido con los principios republicanos de libertad individual y estado de derecho. La instauración de los esquemas de pensiones obligatorios se hace mediante la fuerza y la violencia del Estado que obliga a sus ciudadanos a participar de algo que no necesariamente quieren, se mantienen con el engaño de que administran dinero que es de las personas, cuando las personas no tienen ningún control, ninguna agencia sobre esos recursos y se manejan de forma similar a fraudulentos esquemas piramidales y con muchos conflictos de interés. Además, los resultados de estos esquemas son mediocres en la mayoría de los casos y en algunos casos con consecuencias nefastas, con la pérdida casi total de los fondos, en beneficio de una casta política que se enriquece y se mantiene en el poder, gracias al derroche que esos fondos momentáneamente les permite realizar.
Santa Cruz de la Sierra, 19/01/25
http://javierpaz01.blogspot.com/
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