Leyes laborales III: el rol del Estado

Javier Paz García

En dos anteriores notas argumenté que entre un conjunto de leyes que imponga excesivos costos para despedir empleados y otro que no los imponga, es más beneficioso para el país elegir el segundo conjunto de leyes. Hay, no obstante, una falacia en tal argumento ya que el conjunto de leyes que el Estado pueda adoptar al respecto, no esta dado por dos opciones opuestas, sino más bien por un espectro. Usé el caso de dos opciones opuestas para motivos ilustrativos. Ahora pretendo persuadir de que el extremo de laissez-faire tampoco es el adecuado y que el Estado tiene un rol importante que jugar. También reivindico el papel que los sindicatos han jugado para lograr mejores condiciones laborales a nivel mundial. Aclaro que no reniego de lo expuesto en anteriores notas: dadas dos opciones polarmente opuestas, creo que en la mayoría de los casos es mejor la opción menos restrictiva, no solo en lo laboral, sino también en la vida en general.
Existen condiciones bajo las cuales un modelo de libre mercado laboral es lo óptimo para una economía. Ningún país cumple esas condiciones, y por tanto todos los países necesitan de ciertas normas que rijan las relaciones laborales. El gobierno debe proteger a la clase laboral, especialmente la obrera y campesina, ya que sus miembros, por tener poca educación, y ser fácilmente reemplazables, están muchas veces expuestos a abusos y violaciones de los más básicos derechos humanos. En un país como Bolivia, donde las diferencias en educación son abismales y donde existen el clasismo y el racismo, el Estado tiene un rol esencial en la defensa de las clases más desprotegidas y marginadas. El derecho a huelgas y protestas -que son últimamente formas de libertad de expresión- deben ser respetados. El derecho a denunciar tratos injustos, situaciones ilegales o no éticas sin sufrir retribuciones por parte del empleador, es también algo que el Estado debe instituir y hacer respetar. En tal sentido, los sindicatos a nivel mundial, han jugado y siguen jugando un rol fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores. Siguen siendo esenciales en la concienciación de la población y en la denuncia de abusos por parte de empleadores. Es más, muchas de las mejoras en el ambiente laboral se deben a las luchas de estas agrupaciones y por tal motivo, todos los asalariados somos beneficiarios de las luchas sindicales pasadas y presentes.
Sin embargo, más que enfocarse en leyes que aumenten o limiten la facilidad de despedir empleados, el Estado debe orientar sus esfuerzos a crear leyes y mecanismos que aseguren condiciones laborales decentes, con tratos justos, y respeto por todos. Para tal efecto, el Estado debe convertirse en enemigo número uno de la discriminación, el racismo, el sexismo y el abuso en el ambiente laboral.
De todas formas, mantengo que el Estado no debe poner excesivas restricciones a la libertad de contratación; tal medida iría en perjuicio de la mayoría de la población, incluso de aquellos que la ley pretende ayudar. Después de todo, ningún empleador desea deshacerse de un buen empleado.
Fayetteville, 21/05/06.
El Deber, 09/06/06.