¿Cómo financiar el déficit?

 Javier Paz García

El actual gobierno, incluso antes de asumir su mandato, había anunciado su intención de no eliminar el déficit fiscal, sino simplemente reducirlo. En la práctica, ha hecho poco o nada para contraer el gasto: siguen las empresas deficitarias del Estado, siguen los supernumerarios en la administración pública y se mantienen los subsidios. Dado que el gobierno va a seguir manteniendo un déficit fiscal, tiene que decidir cómo financiarlo a través de tres vías: 1) Deuda externa, 2) Emisión monetaria y 3) Deuda interna. Analicemos las consecuencias de cada una.

Deuda externa

El gobierno podría financiar el déficit con préstamos externos. Eso hizo precisamente con la emisión de bonos a principios de año y el actual préstamo del FMI que está buscando. A corto plazo, la deuda externa trae dinero fresco, puede sostener el gasto público excesivo e incluso dinamizar la economía sin consecuencias negativas inmediatas. Sin embargo, si el gobierno utiliza los préstamos solo para sostener el gasto, simplemente está postergando y empeorando los ajustes que requiere la economía boliviana hacia el futuro. Este fue el mecanismo favorito del MAS y parece serlo del actual gobierno porque, a corto plazo, camufla los problemas y los hereda a las siguientes gestiones. En 2006, año en que Morales asumió la presidencia, la deuda externa del país rondaba los 3.000 millones de dólares; para 2025, pasó a 14.000 millones. El actual gobierno aspira a conseguir 5.000 millones más y ha manifestado que necesita 12.000 millones. Mi criterio es que uno no necesita 5.000 o 12.000 millones de dólares para hacer reformas; los necesita, precisamente, para no hacerlas.

Emisión monetaria

El gobierno puede directamente imprimir dinero, inyectarlo a la economía y de esa forma pagar sueldos o contratar servicios. El problema de esta alternativa es que, al introducir más bolivianos al mercado, la moneda se devalúa; es decir, aumenta la inflación. El efecto de la impresión es muy rápido: mientras que las consecuencias negativas de la deuda externa pueden tomar años o décadas en sentirse, la expansión monetaria se percibe en meses e incluso semanas. El agregado monetario M2 —que incluye el dinero en circulación, cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo— se encontraba en 162.000 millones de bolivianos en 2022 y en 2025 llegó a 206.000 millones, lo que representa un incremento del 27%. El salto más fuerte de este agregado se dio entre 2022 y 2023, cuando pasó a 191.000 millones. En 2023, el gobierno prácticamente agotó los dólares de sus reservas internacionales y es evidente que empezó a financiarse con emisión monetaria, lo cual alimentó la inflación.

Deuda interna

El gobierno también puede recurrir al endeudamiento interno prestándose dinero de los propios bolivianos, algo que también ha hecho, principalmente utilizando los fondos de pensiones. El dinero de las jubilaciones es una importante fuente de liquidez para el sistema financiero. Históricamente, estos fondos prestaban dinero a los bancos, que a su vez lo colocaban en el sector privado para actividades productivas y créditos hipotecarios. De esta manera, había una amplia disponibilidad de capital para el sector privado a tasas de interés relativamente bajas. El gobierno, al financiar su déficit con las pensiones, retira ese capital del sector privado, disminuye la disponibilidad de créditos y provoca un alza en las tasas de interés. La consecuencia directa es que se reduce el capital disponible para financiar actividades productivas, el crédito se encarece y, en el mediano plazo, se ralentiza y frena la actividad económica.

La combinación de mecanismos

Las alternativas de financiamiento no son mutuamente excluyentes; el gobierno puede utilizar una combinación de las tres al mismo tiempo e ir variando sus proporciones. Es evidente que hasta 2023 utilizó el endeudamiento externo, junto con los ahorros de las reservas internacionales, para mantener el gasto público. A partir de 2023, con el agotamiento de las reservas y un Congreso que no aprobaba más créditos, empezó a imprimir billetes, con lo cual la inflación y la depreciación del boliviano se aceleraron. Cuando los costos políticos de la inflación empezaron a pasarle factura al gobierno de Arce —que todavía aspiraba a la reelección—, frenó la emisión monetaria y aumentó la captura de fondos de la Gestora Pública. Con esto, la inflación se estabilizó temporalmente y el dólar incluso bajó, pero el crédito quedó restringido y las empresas y hogares comenzaron a ver subir sus tasas de interés.

El panorama futuro

¿Qué hará el gobierno en el futuro? Nuevamente, sus planes de reducción de déficit son poco ambiciosos, por lo que tendrá que financiar su gasto mediante las tres alternativas antes discutidas. El gobierno claramente prefiere el endeudamiento externo; por ejemplo, en abril el gobierno emitió 1.000 millones de dólares en bonos soberanos que seguramente se destinaron a la compra de combustibles, lo que explica parcialmente por qué el dólar estuvo estable durante el segundo trimestre del año. Si el gobierno logra acuerdos con el FMI y otras entidades sin que se le exijan reformas estrictas, seguramente veremos dilapidarse esos dólares en gasto corriente y subvenciones, manteniendo una inflación y un dólar estables hasta que se acaben los créditos. Debido a que no van a terminar con el déficit, pero sí con los dólares que consigan, tarde o temprano volveremos a la misma disyuntiva: emisión con inflación y depreciación, o captura de los fondos de pensiones, restringiendo el crédito y ahogando al sector productivo.

Santa Cruz de la Sierra, 01/08/26

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¿El régimen cambiario puede estabilizar el tipo de cambio?

 Javier Paz García

En la prensa y en las conversaciones cotidianas existe un debate sobre si el nuevo régimen cambiario flexible contribuirá o no a la estabilidad del tipo de cambio y de los precios. Para responder a esta pregunta, primero debemos entender cómo se determina el tipo de cambio en una economía libre.

El tipo de cambio es, simplemente, un precio. De la misma manera que para comprar un kilo de tomates necesitamos, por ejemplo, Bs 4 y decimos que su precio es Bs 4, para comprar un dólar hoy necesitamos Bs 10; por lo tanto, el tipo de cambio es de Bs 10 por dólar. Es, en definitiva, un precio más dentro del mercado y, como tal, responde a los mismos principios generales que determinan el valor de cualquier otro bien.

En una economía libre, los precios se determinan por la oferta y la demanda. En igualdad de condiciones (ceteris paribus), cuando aumenta la cantidad disponible de un bien, su precio tiende a disminuir; cuando escasea, tiende a aumentar. Si una cosecha excepcional inunda el mercado de tomates, su precio cae; si la producción disminuye, el precio sube. Las monedas, desde el dólar estadounidense hasta el sol peruano, también están sujetas a estas mismas fuerzas, que en el largo plazo determinan su valor.

Sin embargo, las monedas tienen características que las distinguen del resto de los bienes. Dos son especialmente relevantes para este análisis. En primer lugar, sirven como unidad de cuenta: expresamos el precio de un corte de cabello en bolivianos y decimos que cuesta Bs 40, no diez kilos de tomates. En segundo lugar, la oferta de una moneda depende de la autoridad que la emite. Mientras que la producción de tomates responde a decisiones descentralizadas de miles de productores, la cantidad de dinero depende del gobierno y su política monetaria. Cuando la cantidad de dinero aumenta de manera sostenida más rápido que la demanda por mantenerlo, su poder adquisitivo tiende a disminuir. Como el dinero es la unidad con la que medimos el valor de todos los bienes y servicios, lo que observamos es un aumento generalizado de los precios: eso es la inflación.

Un ejemplo simplificado ayuda a ilustrar el mecanismo. Si en una economía existen únicamente diez tomates y Bs 10, cada tomate costará Bs 1. Si la autoridad monetaria introduce Bs 5 adicionales sin que aumenten los tomates, ahora habrá Bs 15 para comprar los mismos diez tomates, por lo que cada uno costará Bs 1,50. Este ejemplo omite muchos factores presentes en una economía real, pero permite entender el principio básico. Por esto, el Nobel de economía, Milton Friedman afirmaba que la inflación es "siempre y en todo lugar un fenómeno monetario". Cuando la oferta monetaria crece persistentemente por encima de la producción de bienes y servicios, el dinero pierde valor frente a ellos. Ese mismo proceso también se refleja frente a otras monedas: cuando aumenta el precio del dólar en moneda nacional hablamos de depreciación —o, en determinados contextos, de devaluación—. Aunque ambos conceptos tienen diferencias técnicas, para los fines de este análisis reflejan una misma pérdida de valor de la moneda doméstica.

Si aceptamos que la expansión monetaria persistente es la principal causa tanto de la inflación como de la depreciación en el largo plazo, la estabilidad de ambas requiere una política monetaria consistente. Sin embargo, limitar la emisión suele ser políticamente difícil cuando el Estado enfrenta déficits fiscales elevados, ya que la creación de dinero constituye una fuente de financiamiento relativamente accesible.

Desde esta perspectiva, el régimen cambiario —sea fijo, administrado o flexible— tiene una influencia mucho menor sobre el valor de la moneda que la política fiscal y monetaria que lo sustenta. En el corto plazo, un gobierno puede utilizar diversas herramientas para influir sobre la cotización del dólar; pero si no corrige el desequilibrio fiscal que impulsa la expansión monetaria, esos instrumentos solo postergan el ajuste y, en algunos casos, pueden generar distorsiones adicionales.

Por ello, la decisión de eliminar la represión cambiaria y permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio va en la dirección correcta, aunque no porque vaya a estabilizar el dólar por sí misma. Su principal virtud es que reduce distorsiones, mejora la asignación de recursos y hace más transparente el funcionamiento del mercado cambiario. Sin embargo, mientras no se resuelva el problema fiscal y monetario de fondo, ningún régimen cambiario podrá garantizar una moneda estable.

Santa Cruz de la Sierra, 19/07/26

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El gobierno no devaluó; eliminó el control de precios

 Javier Paz García

Los controles de precios están bien estudiados en las ciencias económicas y existen numerosos casos documentados a lo largo de la historia. La teoría señala que cuando el Estado impone un precio por debajo de su nivel de equilibrio y logra hacer cumplir esa medida, la consecuencia inevitable es una contracción de la producción, un exceso de demanda frente a la oferta y, por ende, la aparición de colas y listas de espera. En la práctica, a menudo se forman mercados paralelos, lo que reduce al mínimo o desaparece el comercio por los canales formales sujetos a la regulación, mientras florecen los canales informales. Por esta razón, los controles casi siempre fracasan en su objetivo de evitar la inflación e, incluso, resultan contraproducentes.

La historia está llena de ejemplos: desde el Edicto de Diocleciano en el Imperio Romano, pasando por el control de alquileres en la Nueva York actual, hasta la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. El caso alemán es particularmente interesante. El economista Ludwig Erhard, quien fungía como director de asuntos económicos de la zona de ocupación anglo-estadounidense, emitió un decreto de eliminación de controles de precios un domingo. Aprovechó deliberadamente el día no laboral para que sus jefes —los militares de Estados Unidos e Inglaterra a cargo de la ocupación, quienes se oponían firmemente a la medida— no tuvieran tiempo de reaccionar hasta el día siguiente. El lunes, los bienes empezaron a aparecer “milagrosamente” en los estantes, el mercado negro se extinguió y comenzó lo que el mundo denominaría “el milagro económico alemán”.

En Bolivia, desde el 2023 hasta junio de 2026, experimentamos un control en el precio de un bien en particular: el dólar americano. La consecuencia fue exactamente la misma que predice la teoría y demuestra la historia: el desabastecimiento de los mercados formales y la formación de circuitos paralelos. A partir de ese año, nadie volvió a depositar dólares en el sistema financiero ni a venderlos a la cotización oficial de 6,96, a pesar de que existían millones de compradores dispuestos a adquirirlos a ese valor. Los actores económicos encontraron mecanismos para operar a precios de mercado; los bancos, por ejemplo, realizaban su ajuste a través de la tasa de giro.

Hago aquí una digresión, ya que algunas personas podrían interpretar que el sector financiero actuó de mala fe. Al contrario: si los bancos no hubieran logrado transaccionar divisas a valores reales de mercado, simplemente habrían dejado de participar en él, provocando peores consecuencias para los exportadores e importadores que necesitaban esos dólares. Se escucha a mucha gente quejar y satanizar a los bancos porque obtuvieron altas ganancias de estas operaciones. Sin embargo, ellos no son los culpables de las distorsiones e ineficiencias, sino el Estado que impuso una normativa impracticable.

Antes de 2023, Bolivia también operaba con un tipo de cambio fijo, pero no sufría un control de precios del dólar. Esta es una diferencia conceptual fundamental que me parece que muchos, incluso economistas, no tienen clara. Hasta antes de febrero de 2023, el tipo de cambio se mantenía en 6,96 porque el Estado boliviano estaba dispuesto a entregar dólares a ese valor a cualquiera que lo requiriera. El Estado definía el valor de la moneda a través de mecanismos del propio mercado utilizando las reservas internacionales para sostener su política cambiaria, pero no existía un control de precios desde la perspectiva de la ciencia económica. Cualquiera podía vender y comprar dólares a cualquier cotización, pero por supuesto nadie en su sano juicio iba a comprar a tasas superiores a 6,96 si había un actor (el Estado) que ofrecía ese precio a quien lo requiriera. En este sentido, el tipo de cambio, aunque era fijo, era libre, en el sentido en que no estaba sujeto a ningún control de precios. El mecanismo usado por el gobierno para mantener el tipo de cambio fijo, era un mecanismo de mercado. 

A partir de febrero de 2023, el Estado dejó de ofertar dólares en las cantidades demandadas, pero mantuvo por ley la obligación de transaccionar a 6,96, prohibiendo el uso de cualquier otra cotización. En ese momento, el tipo de cambio, que seguía siendo fijo, dejó de ser libre para imponerse por ley, se le impuso un control de precios. Y pasó lo que usualmente pasa con los controles de precios: desabastecimiento del mercado formal y aparición de mercados paralelos. Es mentira que no había dólares, es verdad que no había dólares a 6,96.  

Cuando en junio de 2026 el gobierno de Bolivia eliminó el régimen de tipo de cambio fijo y migró a uno variable con una cotización inicial de Bs. 9,73 por dólar, formalmente devaluó la moneda en un 39,8%. Sin embargo, en la economía real, los mercados ya operaban con tipos de cambio cercanos a los Bs. 10. Bajo el esquema anterior, un importador que pagaba un dólar real por su producto se veía obligado a registrarlo contablemente bajo el absurdo de un tipo de cambio oficial ficticio. Lo mismo ocurría con un exportador que por ejemplo compraba soya en el mercado local a $us 400 al oficial y luego la vendía en el mercado exterior a $us 300 reales; contablemente registraba una pérdida de $us 100 dólares en la operación que se compensaba con una ganancia en la cuenta de diferencia por tipo de cambio. Esta brecha cambiaria generaba severas distorsiones en la contabilidad corporativa, pero no en los precios reales, los cuales ya dependían del tipo de cambio paralelo (al menos para los bienes transables). Existe un amplio debate académico sobre las ventajas y desventajas de diferentes regímenes cambiarios; en cambio hay un enorme consenso sobre la ineficacia de los controles de precios y pocos economistas serios los sugerirían. El 29 de junio el gobierno formalmente devaluó la moneda; sin embargo, en la realidad económica no hubo tal devaluación, porque está ya se había dado; lo que sí hizo fue eliminar el control de precios sobre los dólares.

Santa Cruz de la Sierra, 12/07/26

                                                                                                                   http://javierpaz01.blogspot.com/

Consecuencias de la unificación cambiaria

Javier Paz García

Luego de casi dos décadas, el gobierno cambió la política cambiaria de fija a variable y el tipo de cambio oficial se fue de 6,96 a 9,73. Mucha gente se pregunta si esto es una devaluación y si va a generar inflación. La respuesta corta es que técnicamente sí es una devaluación, pero en la realidad, la devaluación se dio desde el momento en que el Banco Central dejó de ofrecer dólares a 6,96 el año 2023 y el dólar empezó a subir en el mercado. La devaluación ya se había dado en la realidad y el ajuste actual tiene un pequeño impacto en la inflación, principalmente en los costos aduaneros, impacto que ha sido paliado por la reducción de aranceles dispuesta por el gobierno. Un ejemplo sencillo puede ayudar a ilustrar el caso: si un producto importado debe venderse por un dólar para cubrir todos sus costos, entonces si el dólar en el mercado cotizaba a 6,96, ese producto se vendía a Bs. 6,96. Cuando costaba Bs. 14 conseguir un dólar, el producto se vendía a Bs. 14. Es irrelevante el tipo de cambio oficial, si no es posible conseguir dólares a ese tipo de cambio; el tipo de cambio relevante es el que tiene que pagar un importador para comprar su mercadería, es decir, el de mercado. Por ello, cuando el mercado cotizaba al dólar en Bs. 14 o más, vimos muchos productos importados duplicar en valor en relación a la moneda local y cuando el dólar bajó, los productos importados también bajaron de precio. Entonces para el bolsillo de la gente, lo que cuenta es el dólar en el mercado real y no una imposición del gobierno sin sustento en la realidad económica. Lo que sí vamos a ver con la unificación cambiaria es un ajuste en la denominación de precios y no en los precios reales. Demos el ejemplo de un vehículo que cuesta 10.000 dólares. Con el cambio real a 6,96 ese vehículo se vendía por Bs. 69.600; con un dólar real a 10, ese vehículo pasó a venderse por Bs. 100.000. El aumento de precios vino por la devaluación del boliviano en el mercado, aunque el tipo de cambio oficial seguía fijo. Hasta hace poco ese vehículo tenía que tener un precio de 14 mil dólares al tipo de cambio oficial, por eso veíamos ofertas de un mismo producto que se vendía a 14 mil dólares oficiales o 10 mil USDT; son el mismo precio. Con la unificación cambiaria y en la medida en que el tipo de cambio oficial refleje la realidad, los precios se podrán denominar en dólares y formas alternativas para denominar precios, como stablecoins, disminuirán. Ese vehículo que antes se ofrecía en 14 mil dólares, hoy se ofrecerá en 10 mil y en ambos casos seguirán siendo los mismos Bs. 100.000. El ajuste del tipo de cambio oficial, no genera inflación; la inflación se genera cuando el tipo de cambio real de mercado aumenta.

Un efecto de ajustar el tipo de cambio oficial a los niveles de mercado es de naturaleza contable: las transacciones en dólares y los balances de las empresas van a volver a reflejar la realidad, sin la distorsión de un tipo de cambio arbitrario y falso. Este efecto no es menor ya que tiene impacto en los contratos de compraventa, alquileres, créditos denominados en dólares. Para una empresa importadora que vendía sus productos a crédito en dólares, la distorsión y diferencia entre el tipo de cambio real y el oficial hacía altamente riesgoso y casi inviable dar créditos. Con la unificación cambiaria podemos esperar una reactivación de ese tipo de créditos.  

La unificación cambiaria arregla los precios para el futuro, pero genera una distorsión en los contratos en dólares vigentes al momento del ajuste. Si antes de la distorsión un producto se vendía por 1 dólar, con la distorsión tenía que denominarse en 1,4 dólares (1,4x6,96 ≈Bs. 10). Ahora, con un tipo de cambio oficial a alrededor de 10, ese producto pasa a costar Bs. 14. Claramente el vendedor ya había puesto su margen al ofrecer su producto a Bs. 10; legalmente tiene el derecho de cobrar los Bs. 14 al nuevo tipo de cambio (1,4x≈10), pero comercial y éticamente puede no ser lo correcto y tendrá que haber una negociación entre partes; habrá casos en los que corresponda hacer un ajuste y tal vez algunos donde no. Este problema es inevitable en la transición, no afecta a los contratos denominados en bolivianos y desaparece una vez se liquiden los contratos antiguos denominados en dólares. 

Un contrato vigente, donde más bien, no debería haber ajustes es precisamente en la custodia de dólares. Cuando un dólar valía 6,96, muchos depositantes dieron dólares a los bancos y éstos a su vez se los dieron al Estado. Los últimos años el boliviano se depreció, y un dólar valía más de 6,96, pero los bancos no pagaban más de eso a sus depositantes. Esto generó un perjuicio para los depositantes. Depositantes que entregaron 1 dólar, recibían sustancialmente menos si querían retirar esos depósitos. Y quiero aclarar que la culpa de esta situación no era de los bancos, sino del Estado que obligaba a las entidades financieras (y a todos) a valuar los dólares a un tipo de cambio incorrecto. Esta distorsión hizo que la gente no deposite sus dólares al sistema financiero y también hizo inviable el uso de tarjetas de crédito en el extranjero, por nombrar algunas consecuencias negativas. Revertir la medida no hace que inmediatamente vuelvan los depósitos en dólares al sistema financiero, porque se rompió la confianza y eso no es tan fácil de recuperar, pero es un paso imprescindible hacia la normalización. 

Hay quienes dicen que no era el momento ajustar el tipo de cambio oficial, que antes se necesitaba hacer otras cosas como por ejemplo ajustar el déficit o tener más reservas. Es cierto que el déficit fiscal es un problema serio y hay que encararlo, pero no veo cuál es la razón por la que se tiene que hacer primero, otra que intereses políticos de buscar criticar al gobierno por lo que haga y por lo que no haga. Con relación a las reservas internacionales, no es imprescindible que el gobierno tenga reservas para dejar flotar el tipo de cambio, de hecho, los gobiernos dejan los tipos de cambio fijos precisamente cuando se les acaban las reservas para defenderlos. La noción de que si el gobierno dejaba flotar el tipo de cambio oficial sin tener reservas, el tipo de cambio se podría subir al infinito (así escuché decir a más de uno), es equívoca también, porque en la calle ya operaba un tipo de cambio que reflejaba las fuerzas del mercado y que por definición, estaba en equilibrio. La unificación cambiaria simplemente reconoce la realidad: el Estado dejó de ser el avestruz que mete su cabeza en un pozo para negar algo innegable. Ajustar el tipo de cambio a la realidad es ir de una mentira a la verdad. Reconocer la verdad es algo positivo y mejor mientras más pronto se hace. 

El único error que veo en la medida del gobierno es la imposición de que nadie puede cambiar por encima de los 10 centavos del tipo de cambio oficial. Esta medida en esencia mantiene la política coercitiva del gobierno de Arce y tiene como consecuencia que en momentos de volatilidad, el tipo de cambio oficial no reflejará la realidad del mercado, los actores económicos buscarán alternativas y no usarán el tipo de cambio oficial para transar sus dólares, el ministro de economía y el presidente del banco central serán policías persiguiendo y amenazando a librecambistas y entidades financieras, la gente no va a poner dólares en el sistema financiero y seguiremos con distorsiones, mucho menores, pero distorsiones al fin. Ojalá corrijan pronto este error.

Finalmente, la inflación y devaluación en el futuro no dependen de si tenemos un tipo de cambio oficial fijo o variable, sino de otros factores como la emisión monetaria y el déficit fiscal. Las medidas que se vayan a tomar en estas áreas para preservar la estabilidad monetaria son muy importantes y definitivamente hay mucho por hacer, pero arreglar el tipo de cambio oficial para que refleje la realidad es una medida imprescindible en la dirección correcta.

Santa Cruz de la Sierra, 05/07/26

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Sobre el nuevo régimen cambiario

 Javier Paz García

El gobierno de Rodrigo Paz nos tiene acostumbrados a hacer las cosas tarde y mal. Ayer cambió el régimen cambiario fijo y esta vez tampoco decepcionó. Una medida que debió tomarse a los días o semanas de asumir el gobierno, tardó lo que tarda un niño en gestarse y dar a luz. Con la medida el gobierno abandona el tipo de cambio fijo y permite un cambio flexible, pero fiel al estilo del gobierno de deslindarse de sus responsabilidades, pone la carga de la estabilidad cambiaria sobre las entidades de intermediación financiera (EIF) en vez de sobre quien por norma tiene que hacerlo: el Banco Central de Bolivia. Así como el presidente y capitán general del Estado Plurinacional de Bolivia, pidió a la población que salga y desbloquee, cuando es obligación del Estado y del gobierno constitucionalmente elegido hacerlo, hoy el Banco Central de Bolivia pretende traspasar la responsabilidad de la estabilidad cambiaria a los bancos privados, prohibiéndoles vender dólares por encima de los diez centavos del cambio oficial.

La resolución de directorio Nro. 88/2026 del Banco Central de Bolivia, casi está muy bien, pero está muy mal. Establece un reglamento de operaciones cambiarias que en esencia dice que tipo de cambio oficial será determinado por las operaciones que realice el sistema financiero. Eso está muy bien, y así se determina con leves variaciones de forma el tipo de cambio oficial en Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea y casi todo el mundo. Pero luego, para no dejar de ser un país bananero, introduce en su artículo 6 lo siguiente: 

Se denomina valor referencial de venta del USD al que resulte de sumar al TCO 10 centavos de boliviano. Las EIF no podrán vender USD por encima del valor referencial de venta.

Con este artículo el Banco Central elimina la libertad cambiaria en las entidades de intermediación financiera y de cierta forma pretende traspasar la responsabilidad de la estabilidad cambiaria a los bancos privados ¡Tal cual Arce Catacora! Omitiendo este artículo, la RD 88/2026 hubiera sido muy buena; su inclusión la hace muy mala. El actual gobierno no tenía más que copiar lo que hace cualquiera de nuestros vecinos para tener corregir el régimen cambiario, pero decidieron darle su toque folklórico y plurinacional. Y para ser justos, el nuevo régimen cambiario es mejor que lo que había antes, pero no es lo óptimo y pareciera que el gobierno de Rodrigo Paz no aspira a hacer las cosas bien, sino simplemente a ser un poco mejor que su antecesor.

Lo correcto sería que las personas, empresas y entidades financieras puedan pactar libremente el tipo de cambio, sin ninguna restricción y que el tipo de cambio oficial refleje la realidad del mercado y sirva como referente informativo y de ninguna manera coercitivo y obligatorio como lo han hecho. Un régimen de tipo de cambio libre no impide al gobierno participar en el mercado y manipularlo vendiendo o comprando monedas extranjeras: a riesgo de aburrir, reitero que así funciona en todo el mundo incluidos nuestros países cinco vecinos. Pero el gobierno no ha buscado adoptar mejores prácticas, sino que en esencia ha mantenido el paradigma del MAS de que el gobierno puede imponer el tipo de cambio oficial por la fuerza, con la variación de que ahora va a dejar que éste se mueva como máximo diez centavos por día. Curiosamente, el artículo 6 prohíbe a los bancos vender dólares por encima de los diez centavos del tipo de cambio oficial, pero no por debajo. Esto parece mostrar una preocupación por una depreciación acelerada del boliviano, y no por una apreciación. La depreciación de una moneda en el largo plazo proviene de la excesiva emisión monetaria del mismo Banco Central, por lo que el objetivo del artículo 6 parecería tener el objetivo de evitar, retrasar o paliar los efectos de la irresponsabilidad del mismo Banco Central. 

Santa Cruz de la Sierra, 27/06/26

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La demagogia de los bajos salarios públicos

 Javier Paz García

Es casi obligatorio de cada aspirante a la presidencia de la nación denunciar los despilfarros de sus antecesores y prometer medidas de austeridad. Una de las favoritas es bajar los salarios de sus ministros y de sí mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de pagar bajos salarios a los más altos funcionarios de la nación? Antes de responder a esta pregunta hagamos algunos supuestos. Establezcamos temporalmente dos premisas 1) Los aspirantes a funcionarios públicos son honestos y no van a robarle al Estado y 2) Las personas actúan de forma racional buscando su propio interés. La segunda premisa es un supuesto estándar de la ciencia económica y no significa para nada que una persona vaya a ser tramposa o deshonesta. En términos generales, todos buscamos nuestra propia mejora y bienestar, y esto es válido y de hecho deseable, siempre que se haga en el marco de la ética y la verdad, sin engañar ni estafar a otros. Si la primera premisa se cumple (algo que posteriormente pondremos en duda), el funcionario público no robará y por ende ganará solo su salario; luego, bajo la segunda premisa, un aspirante a funcionario público solo estaría dispuesto a serlo, si puede ganar lo mismo o más que en el mercado privado. Entonces, si para cierto nivel de talento, los salarios públicos son más bajos de lo que paga el sector privado, el Estado no podrá atraer dicho talento y tendrá que “reclutar” personas de menor capacidad que en el mercado privado no podrían ganar más de lo que ya ofrece el sector público. Bajo las premisas de que las personas son honestas, son racionales y buscan su propio interés, el resultado de los bajos salarios es excluir a los más capacitados del servicio público. 

Ahora relajemos la primera premisa, y supongamos que en la sociedad hay personas honestas y personas deshonestas que están dispuestas a servirse del poder para ganar beneficios de forma inapropiada como coimas y privilegios. Con esta nueva premisa, se mantiene el resultado de que las personas más capaces y honestas se mantienen alejadas del servicio público y entre las personas menos capaces, habrá algunos honestos y otros no tan honestos que quieran ser funcionarios públicos y entre las personas más capaces solo los deshonestos estarán dispuestos serlo. Siendo realistas ¿No es más o menos este el escenario que tenemos en la actualidad? Bajarse los salarios suena romántico y desinteresado, pero ayuda poco o nada a mejorar las finanzas del Estado y en realidad no sirve de nada, cuando el funcionario público cuyo salario está siendo recortado gana múltiples veces eso a través de coimas y negociados oscuros. ¿Alguien duda que Evo Morales, Luis Arce o Nemesia Achacollo (por citar a algunos de una lista extensa) ganaron mucho más que sus sueldos mientras fueron funcionarios públicos? Podrían haberse bajado su sueldo a cero y no les habría hecho ninguna diferencia.

Si relajamos la segunda premisa, es decir, si asumimos algún grado de altruismo en quienes buscan la función pública, entonces tenemos la posibilidad de tener gente capacitada, dispuesta a ganar menos como servidores públicos, de lo que podrían ganar en la actividad privada. Aunque existen personas así, creo que son una minoría y no deberíamos apostar los destinos de la nación netamente en el altruismo y el sacrificio de las personas para llenar los cargos públicos. En general, los bajos salarios ahuyentan a los más capaces de la gestión pública, especialmente a los jóvenes que dependen de sus ingresos para construir su patrimonio. Un bajo salario puede no desanimar a una persona que ya tiene una riqueza importante y que puede vivir de sus rentas, pero repele a un profesional joven o de mediana edad que depende de su salario para ganarse la vida. Los bajos salarios repelen el talento y atraen a la mediocridad técnica y moral en la función pública. Los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce querían pagar bajos salarios porque no estaban interesados en la profesionalización de la función pública, sino en la lealtad al partido, y eso se logra mejor poniendo a gente mediocre que se sabe inferior a su responsabilidad y por tanto que debe estar agradecida y sumisa al jefe, y además dejándoles ganar por otro lado. Cuando leo que Rodrigo Paz ha decidido bajarse su salario y el de sus ministros no puedo evitar suponer que tal vez quiere lo mismo y que no le importa su salario, porque sus verdaderas ganancias en la función pública vienen por otro lado. 

Si queremos profesionalizar y elevar la calidad del servidor público, como también bajar la corrupción, el gobierno debe mejorar sustancialmente los salarios, y dejar de seguir apostando a la demagogia. 

Santa Cruz de la Sierra, 22/06/26

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El ubicuo sesgo ultraizquierdista

 Javier Paz García

Hace unos días le pregunté a un colombiano qué opinaba de los dos candidatos a la presidencia de su país. Me dijo que los dos candidatos eran de extremos, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha. Cuando indagué sobre las propuestas del candidato de “extrema derecha” me indicó que abogaba por que el Estado retome la seguridad y la lucha contra las guerrillas, que promueva la paz y el orden, y que permita a los ciudadanos trabajar. Le pregunté qué había de extremista en esas posturas y luego de pensarlo unos segundos me dijo que la verdad que nada. En la conversación posterior coincidimos en que la prensa y la opinión pública bombardea con ciertas etiquetas a quienes promueven ideas como el Estado de Derecho, las libertades individuales y la propiedad privada. Los epítetos de extrema derecha, ultraderecha, ultraliberal, etc. son frecuentes en los medios de prensa y redes sociales en un grado mucho mayor del que uno observa para candidatos catalogados de izquierda. Por ejemplo, veamos esta noticia, publicada el 31 de mayo en El Deber, un medio que difícilmente puede ser catalogado de izquierda, “El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia…” Según la nota, de la Espriella es de “ultraderecha” mientras que Cepeda es solo de izquierda. Podemos encontrar literalmente miles de casos similares a lo largo de todo el continente para referirse a candidatos como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú, por citar algunos ejemplos, donde ellos son catalogados como adoleciendo alguna forma de extremismo, mientras que sus contrincantes no, de hecho, este no es solo un fenómeno latinoamericano, sino mundial. Y con frecuencia, cuando uno va más allá de las etiquetas e indaga en las propuestas, lo de extremista desaparece para el de la derecha y parece incluso más adecuado para el de izquierda, pero el periodismo actual adolece de análisis profundos y serios y en muchos casos se queda en el titular y el epíteto. Esto evidencia los sesgos y la falta de una mayor rigurosidad en el periodismo, como también, la penetración de las ideas antiliberales en el continente y en el mundo. 

Honestamente creo que muchos periodistas, no son siquiera conscientes de sus sesgos y repiten las etiquetas que escucharon de otros como le sucedió a mi amigo colombiano, y es que estamos inundados de lo que propiamente podemos catalogar como propaganda y lavado de cerebro. El problema es más profundo y no se limita al periodismo, por ejemplo, hace poco estuve en el museo de arte de São Paulo y en sus tres exhibiciones temporales había lo siguiente: 1) fotos de protestantes de izquierda en Chile, 2) La Chola Poblete, una "artista" argentina cuya temática era maldecir al capitalismo, y 3) Santiago Yahuarcani, quien pinta la explotación de los indios y la destrucción de la madre naturaleza en manos de los malvados blancos. La calidad estética de las exhibiciones no me pareció buena, pero ni soy la persona adecuada para juzgar tales cosas, ni es el propósito de esta nota discurrir sobre los méritos estéticos del arte contemporáneo, sino la permeación de las ideas antiliberales en el arte, las ciencias, la educación, el periodismo, etc. Cuando los niños de São Paulo son llevados al museo y lo que el museo tiene para mostrarles es casi exclusivamente una crítica del capitalismo, están recibiendo un lavado de cerebro, que continua en la escuela y sigue en la universidad, en redes sociales y medios de prensa. La propaganda antiliberal es ubicua, como el oxígeno, por eso muchos ni si quiera se dan cuenta cuan omnipresente está. Revertir este lavado de cerebro y profundizar en el debate de ideas es fundamental para reencauzar el rumbo de nuestras sociedades.    

Santa Cruz de la Sierra, 16/06/26

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La fatal displicencia

Javier Paz García

A principios del siglo XX, Antonio Gramsci, uno de los más destacados intelectuales comunistas, decía que el verdadero poder no estaba en la fuerza, sino en las ideas. Es decir, los valores y creencias de una sociedad son los que determinan la forma de gobierno y quienes gobiernan. Por ejemplo, en la edad media, la legitimidad de las monarquías en Europa se basaba en la creencia de que los reyes eran puestos por el mismo Dios, por supuesto esta creencia era fomentada por los reyes y la Iglesia Católica. 

A principios del siglo XXI, el intelectual chileno Axel Kaiser publicó el libro La Fatal Ignorancia: la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. El libro tiene una tesis en esencia gramsciana: Chile desde Pinochet sentó las bases para una economía liberal que permitió el llamado milagro económico chileno. Esto generó una reducción significativa de la pobreza y la generación de mucha riqueza. Sin embargo, en el plano de las ideas, los liberales y los beneficiarios de una economía liberal, cedieron terreno a quienes promovían una sociedad colectivista y un estado antiliberal. Fruto de ello, los gobernantes y las políticas públicas en Chile, habían girado hacia más poder y discrecionalidad para el Estado, y menos libertad para los ciudadanos.  

El título La Fatal Ignorancia de Kaiser es un guiño al premio Nobel de economía y brillante exponente de la escuela austriaca, Friedrich A. Hayek, quien al final de su vida escribió La Fatal Arrogancia, donde hacía una crítica de quienes pensaban que es posible dirigir una economía planificada mejor de lo que puede hacerlo el libre mercado. Hayek también escribió Camino a la Servidumbre, luego de la II guerra mundial, advirtiendo de los riesgos de seguir el camino de planificación centralizada de la Unión Soviética que tanta admiración causaba y que, como indica el título, este era el camino a perder las libertades civiles y políticas de los individuos en la sociedad, el camino a la servidumbre. En un ejemplo de cómo las ideas importan, en 1945, Antony Fisher, un empresario inglés, leyó el libro de Hayek, quedó conmovido y lo buscó para entrar en política. Hayek lo disuadió de tal idea con un argumento gramsciano: le dijo que los políticos no son generadores de opinión, sino seguidores de opinión; los políticos hacen lo que la mayoría quiere, porque su objetivo es ganar elecciones y le sugirió más bien fundar un centro de pensamiento que trabaje en influenciar a la opinión pública. Fisher fundó el Institute of Economic Affairs, para promover las ideas de la libertad. Posteriormente Margaret Thatcher se nutrió de las ideas de este centro y como ella mismo dijo el IEA “creó el clima de opinión que hizo nuestra victoria posible”. Thatcher fue una lectora y seguidora de Hayek, quien puso en práctica muchas de sus ideas. Lo mismo se puede decir de la importancia de la Heritage Foundation en Estados Unidos para que Ronald Reagan llegue a la presidencia y pueda hacer las reformas que hizo. 

Las ideas importan, la batalla de las ideas importa y como muestra el ejemplo de Hayek, Fisher y Thatcher, la sociedad y los gobiernos que tengamos en 20 a 30 años, dependen de las ideas que sembremos hoy. Cómo corolario, lo que vivimos hoy es producto de lo que sembramos (o dejamos de sembrar hace 20 o 30 años). No trabajar e invertir en las ideas que conducen a la prosperidad y la libertad de los seres humanos es una fatal displicencia.

Santa Cruz de la Sierra, 14/06/26

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Las paradojas del nuevo gobierno

Javier Paz García

En esta tragicomedia llamada Bolivia hay más paradojas de las que un dramaturgo pudiera haber inventado. El nuevo gobierno de Rodrigo Paz ganó las elecciones con el voto de quienes tradicionalmente habían votado por el MAS, con la misión de revertir el sistema y el desastre que el MAS había instituido por casi 20 años. Una vez en el gobierno, su base de apoyo fueron los sectores que no votaron por él a tal punto que muchos de quienes votaron por Paz Pereira hoy piden su renuncia y quienes no votaron por él, cruzamos los dedos por su continuidad. El mayor opositor del gobierno está en el propio gobierno en la figura del vicepresidente lo que confirma la naturaleza cómica (folklórica, diría mi abuela) de este país. 

Las paradojas no acaban ahí. Hay a quienes no les entusiasma a este gobierno y sin embargo están dispuesto a defenderlo con uñas y dientes. Permítanme elaborar sobre este punto. Bolivia corría el riesgo de quedar atrapada en la pseudo dictadura masista, como le sucedió a Venezuela, por ejemplo. Entonces la llegada de un gobierno no masista despertó mucha esperanza en la población. El régimen del MAS fue tan desastroso, que la vara que dejó es muy baja, y sin embargo el nuevo gobierno de Rodrigo Paz es tan inepto, tibio e inoperante, que para muchos, no pasa la vara… y sin embargo aunque no nos guste, hay que apoyarlo y rogar que le vaya bien, porque la alternativa de su vicepresidente o incluso de elecciones anticipadas no es mejor. En política, desde la perspectiva del ciudadano elector, casi nunca es lo que uno quiere, sino lo que hay vs. la alternativa. Hoy la alternativa a un gobierno de Rodrigo Paz, es peor que el desgobierno de Rodrigo Paz, entonces, no queda más que apuntalarlo y defenderlo, a pesar de que no nos guste. Y he ahí la paradoja, un gobierno que a estas alturas entusiasma a pocos, pero tiene el apoyo de muchos (porque no nos queda más).

Entender las razones por las cuales el nuevo gobierno ha perdido el entusiasmo de la gente da para mucha tinta, pero pienso en algunas que no dejan de tener su toque paradójico. La crisis económica es real y aguda y requiere medidas inmediatas y profundas. El gobierno de Paz Pereira lo entendía así, o por lo menos así lo anunció antes de asumir y luego cuando asumió actuó con la pachorra de un país que va viento en popa y dijo que después de las elecciones subnacionales habría reformas y se empezaría a trabajar y todavía parece que no se enteran que el país está en crisis. Lo único destacable es un ajuste parcial de la subvención del combustible, porque hay que dejar claro que el modelo y la subvención nunca se eliminaron. Hoy tendrían que hacer otro ajuste y les es difícil por un problema que ellos mismos generaron comprando combustible de mala calidad (tratando de culpar al MAS de sus chambonadas o picardías). No eliminan el tipo de cambio oficial, pero publican el paralelo. Las tres principales fuerzas políticas  tienen cerca del 90% de la representación parlamentaria, en teoría deberían estár 90% de acuerdo entre sí, en la práctica no se ponen de acuerdo en nada y es irrisorio lo que han podido avanzar en cuanto a leyes, por lo que es mucho soñar pensar en una reforma constitucional. Un poder legislativo en manos de quienes fueran oposición al MAS, está trabado como si el MAS tuviera el 50% y tenemos cosas inexplicables como un Tuto por momentos apoyando a Lara. El gobierno no pasa leyes, pero anuncia que las hará, e incluso ha innovado en el marketing de anuncios de anuncios: se ha especializado en anunciar que pronto anunciará nuevos anuncios. Y así podríamos seguir con situaciones que hacen que uno quiera arrancarse los pelos de la cabeza.

El nuevo gobierno está en la inenvidiable situación de que genera entusiasmo en pocos y en la envidiable situación de que para la mayoría de la gente no hay otra alternativa (cómo quien dice de su pareja, mi peor es nada). No olvido una frase que tenía el teatro de mi colegio Marista: “El drama existe en la vida antes que en la escena”. Con todo lo que pasa en Bolivia, no hace falta inventarse historias para reír o para llorar.

Santa Cruz de la Sierra, 16/05/26

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El tipo de cambio y las tarjetas de crédito

 Javier Paz García

El gobierno de Rodrigo Paz ha anunciado que las tarjetas de crédito podrán ser usadas para compras en el exterior usando el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia y que actualmente ronda los Bs. 9 por dólar, mientras mantiene que el tipo de cambio oficial en Bolivia es Bs. 6,96. Con esto, el nuevo gobierno, se mantiene en la misma línea de incongruencias del MAS y a pesar de la retórica de eliminar el Estado tranca, sigue siendo una tranca y sigue manteniendo el centralismo y la sobre regulación de la economía. Explico por qué. 

El tipo de cambio es simplemente un precio, es el precio que uno paga en una moneda, para adquirir otra moneda. Así como uno paga tantos bolivianos, para comprar un kilo de tomates o un litro de leche, o una computadora, también comprar un dólar cuesta cierta cantidad de bolivianos. El mejor mecanismo que existe para fijar el precio del tomate es el mercado, donde la competencia entre productores de tomate por vender su mercancía y de los consumidores por comprarla, regula de forma dinámica la producción y el precio del tomate. Tanto quienes venden, como quienes compran tomate, no necesitan que el Estado les diga a qué precio está este alimento; no necesitan que el Estado publique diariamente el precio del tomate para tomar sus decisiones de compra y venta. Doy este ejemplo, porque muchas personas creen que de alguna manera estaríamos perdidos si el Estado no publicara el tipo de cambio y que cada banco haría lo que quisiera. Pero las mismas fuerzas de mercado que regulan el precio del tomate y de todos los bienes y servicios en la economía, también funcionan para el precio de una moneda en términos de otra y lo mejor que puede hacer el Estado es no intervenir. De hecho, la noción misma de un tipo de cambio oficial es propia de países bananeros y tercermundistas como Bolivia; por ejemplo, en Europa no hay un tipo de cambio oficial entre el dólar y el euro definido por un Banco Central, sino un tipo de cambio de mercado que puede fluctuar diariamente y cada banco o casa de cambio, define en base a las condiciones de mercados, en cuanto vende sus dólares o sus euros, de la misma manera en que una casera define a qué precio vende sus tomates. Y de hecho en Bolivia hemos vivido los últimos años con un tipo de cambio de mercado, sin que el Estado publique nada y sin que se acabe el mundo, pero en algo análogo al síndrome de Estocolmo, la misma señora que compra tomates sin consultarle el precio al Estado, siente que estaría perdida si no hay un tipo de cambio oficial; hemos vivido tanto tiempo bajo un Estado centralista que algunos creen que estarían perdidos sin su guía y sabiduría. 

Reitero que un país no necesita que su gobierno tenga un tipo de cambio oficial; el gobierno de Estados Unidos no publica un tipo de cambio oficial que los bancos están obligados a usar, como tampoco lo hace la Unión Europea, ni Suiza, y cuando un suizo, viaja a otro país y usa su tarjeta de crédito para hacer una compra en dólares, su banco le cobra en francos suizos, utilizando un tipo de cambio de mercado, sin que intervenga el Estado. La publicación de un tipo de cambio de mercado por parte del gobierno es un ejercicio inútil, y si los gobernantes creen que agrega mucho valor, se engañan como se engaña el gallo que cree que por su canto sale el sol cada mañana. Pero el gobierno boliviano no solo publica el tipo de cambio oficial sino que también lo impone y con ello comete un acto de abuso y si además dista sustancialmente del tipo de cambio de mercado, comete un acto de fraude, de falsedad. El nuevo gobierno, en vez de acabar con la farsa del tipo de cambio oficial y permitir que el mercado haga su trabajo, lo mantiene y también publica otro tipo de cambio llamado eufemísticamente “referencial”. Con ello sigue en la misma lógica del MAS de regular al sector privado (en este caso los bancos), diciéndoles qué tipo de cambio deben usar, qué comisiones deben cobrar, poniendo bandas de uso de tarjetas de débito para solucionar un problema que el mismo gobierno creó precisamente por mantener un tipo de cambio mentiroso. Los bancos quieren ganar dinero, y para ello necesitan dar servicios como por ejemplo el uso de tarjetas de crédito en el exterior. Si recortaron ese servicio, fue porque el Estado boliviano los obligaba a cobrar un dólar a 6,96 a los usuarios de tarjetas de crédito, cuando los bancos tenían que comprar ese dólar a un valor superior. Todo lo que tenía que hacer el Estado era acabar con la imposición de un tipo de cambio oficial y en cuestión de días, los bancos, por un normal ánimo de lucro, iban a volver a abrir el uso de tarjetas de crédito para pagos en el exterior. En vez del eso, el gobierno de Rodrigo Paz, nos da más del MAS, manteniendo la línea filosófica izquierdista de que es el Estado quien da soluciones a los problemas de la gente con sus anuncios grandilocuentes, obligando a los bancos a abrir el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior, imponiéndoles controles de precios y sobre-regulándolos, mientras mantiene el pecado original del tipo de cambio oficial.   

Santa Cruz de la Sierra, 10/04/26

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Los dilemas del nuevo gobierno

 Javier Paz García

El nuevo gobierno ha recibido un Estado sin dinero, con más gastos que ingresos, empleados públicos supernumerarios, corruptos e ineficientes. A diferencia del periodo de Evo, que tuvo abundancia por los ingresos del gas, Rodrigo tiene que administrar en la escasez. Todas las decisiones, incluso cuando en el agregado son beneficiosas para el país, generan a nivel individual gente que se beneficia, y gente que se perjudica; algunas decisiones pueden implicar asumir costos ahora, para tener beneficios en el futuro. Y siempre que hay costos y hay perjudicados, hay descontento y protesta, sin importar si la decisión es acertada en el contexto global. A continuación discuto alguno de los dilemas que el gobierno tiene que enfrentar.

Tipo de cambio – gestionar o no gestionar

Una devaluación del boliviano encarece las importaciones y por tanto genera inflación, reduciendo el poder adquisitivo de la población. También hace más competitivas las exportaciones. Entonces, si las importaciones bajan y las exportaciones suben, las reservas internacionales suben y la industria nacional se fortalece, lo que a mediano plazo significa más inversión y más puestos de trabajo. El gobierno tiene el dilema de dejar que el tipo de cambio flote libremente lo que causa una pérdida inmediata del poder adquisitivo de la gente, pero a mediano plazo permite reconstruir las reservas internacionales y fortalecer la industria nacional, o manejarlo y sostenerlo artificialmente bajo, lo que implica utilizar reservas. Hoy como el gobierno no tiene reservas, el tipo de cambio se mueve libremente (habló del tipo de cambio real y no de la farsa del tipo de cambio oficial que es mayormente inconsecuente).

Combustibles – subvencionar o no subvencionar

Algo que debemos entender es que no existe nada gratis en el mundo. Cuando una persona recibe un almuerzo gratis, existe otra persona que pagó ese almuerzo; cuando alguien se encuentra un peso en la calle, existe otro alguien que perdió ese peso; cuando el Estado subvenciona los combustibles, tiene que pagar la diferencia aumentando los impuestos a la población. Y así lo ha hecho últimamente con el impuesto más regresivo y dañino que existe, el de inflación. El actual gobierno ha aumentado el precio de los combustibles y los ha congelado por 6 meses pero no ha renunciado al esquema de gestionar y subvencionar los combustibles, simplemente ha reducido el monto subvencionado. El precio artificialmente bajo de los combustibles en Bolivia, contribuye a mantener muchos precios bajos, lo que mejora el poder adquisitivo de la gente (beneficio que luego es negado por la inflación que genera la misma financiación de la subvención). Pero la subvención se logra a costa de un déficit fiscal insostenible, endeudamiento e inflación. Por otro lado, no es menor lo que se pierde por contrabando a países vecinos cuando se vende algo a un precio artificialmente bajo. ¿En 6 meses seguirá subvencionando y definiendo el precio o dejará que el mercado funcione?

Reducción del déficit fiscal – agresiva o suave

Ninguno de los candidatos a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales prometía eliminar el déficit fiscal. Ambos responden a paradigmas más keynesianos y ninguno mostraba ni la valentía, ni la honestidad intelectual, ni la claridad ideológica de un Javier Milei en la Argentina, quien acabó con el déficit fiscal de su país en los primeros meses de su gobierno. Pero ambos coincidían en que el déficit fiscal era insostenible y peligroso y necesitaba reducirse drásticamente. Tres áreas fundamentales para lograr ese objetivo son reducir o eliminar la subvención de los combustibles, reducir el número de funcionarios públicos que actualmente bordean los 600.000 y liquidar las empresas públicas deficitarias. No hay duda de que el gobierno avanzará en estos objetivos, porque no hay cómo ir en la dirección contraria, la cuestión es la velocidad y el alcance de las medidas. Y por supuesto, mientras más agresivo sea, más protesta y resistencia tendrá de los sectores y actores que por décadas se acostumbraron a vivir de la mamadera del Estado. Hasta ahora el accionar del gobierno en este ámbito es lento o no existente.

Financiamiento del déficit – Banco Central vs Gestora vs préstamos

Dado que el gobierno no planea acabar con el déficit fiscal, solo reducirlo, tiene que pensar en cómo financiarlo. Puede hacerlo imprimiendo billetes, lo que genera inflación, usando los fondos de la Gestora Pública, lo que quita liquidez al sistema financiero, eleva las tasas de interés y frena la inversión privada, o con préstamos internacionales, lo que sigue aumentando la deuda externa. Cualquier opción tiene consecuencias negativas, pero los tiempos y las personas que sufren tales consecuencias son diferentes. 

Tasas de interés – regular o liberar

Es un error pensar que los empresarios son pro libre mercado; lo son cuando les conviene, pero cuando pueden sacar rentas del Estado, son tan chupadores como cualquier socialista. Y un área donde han aplaudido a Evo Morales es la regulación de las tasas de interés. Pero al igual que la subvención de combustibles, las tasas de interés de créditos productivos o de vivienda social se vuelven insostenibles y los intentos por regularlas pueden ser contraproducentes. Cuando las liberen, no nos debería sorprender ver algunos gremios empresariales reclamando.

Percepción de estabilidad y comunicación

Creo que en gran medida, en los últimos años la gente percibe la estabilidad de la economía boliviana cada vez más a través del tipo de cambio. Un boliviano que se devalúa significa inflación, pérdida de poder adquisitivo, apretón de cinturones en hogares y empresas y empobrecimiento inmediato. La apreciación del tipo de cambio paralelo los últimos meses ha dado una sensación de estabilidad. Dicha apreciación responde a factores circunstanciales y momentáneos. Si el gobierno se atribuye (falsamente) a su gestión dicha apreciación, tendrá que asumir las consecuencias de la devaluación que creo que eventualmente tendremos cuando los factores circunstanciales desaparezcan. Por otro lado, la gente tiende a ser inmediatista y esperar soluciones rápidas del nuevo gobierno. Si en 6 meses la gente siente que tiene menos plata en los bolsillos la popularidad del gobierno caerá. Pero la situación del país es muy precaria y siendo realistas no deberíamos esperar una mejora significativa de las condiciones en los próximos dos años. De hecho, tomar las medidas correctas en muchos casos significa apretarse más los cinturones y ocasionar que la situación empeore inicialmente, para recién mejorar en el mediano a largo plazo. Tenemos que hacer las reformas ahora, para cosechar los frutos recién en 3 a 5 años. Si mañana tuviésemos una constitución y leyes adecuada para atraer inversiones en el sector petrolero, aun así tardaríamos un par de años en atraer a las empresas extranjeras y licitar campos, luego unos años más para que las inversiones empiecen a llegar, se traiga maquinaria, se contrate personal y empiece a tener un impacto en la economía y luego de estos 3 a 5 años, serían otros 5 a 10 años más en ver el incremento de la producción de gas y petróleo, con su impacto en ingresos para el Estado y el país. Es decir, las decisiones de ahora en el sector petrolero, recién tendrán todo su impacto en 10 a 15 años. Poca gente tiene la visión de largo plazo y la paciencia y al nuevo gobierno le toca gestionar el inmediatismo y la impaciencia de una población que probablemente verá un empeoramiento de su poder adquisitivo en los próximos años. ¿En qué lugar del espectro gestionará la comunicación entre la honestidad brutal o las mentiras piadosas?

Muchas medidas requieren decir entre cuánto sufrimos hoy para estar mejor mañana. ¿Sufrimos menos y tenemos una recuperación menor y más lenta o nos ajustamos más ahora para salir de la crisis más pronto y más fuertes? Muchas medidas implican tocar los intereses y privilegios de grupos corporativos como sindicatos, gremios y empleados públicos que no aceptarán los cambios sin montar resistencia. El gobierno tiene la ardua labor de avanzar hacia reformas que hagan de este país económicamente viable, dentro de lo políticamente posible. 

Santa Cruz de la Sierra, 28/12/25

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Una tragedia invisible

 Javier Paz García

Estos días de lluvias excesivas hemos visto tragedias causadas por riadas en lugares como Achira y El Torno, donde aguas correntosas han inundado casas e incluso han ocasionado la pérdida de vidas humanas. Ver a una anciana llorando mientras mira su humilde casa inundada o a un hombre esperando recuperar el cuerpo de su esposa entre el lodazal, deja nuestros corazones tristes y compungidos. 

Una inundación o un accidente provocan tragedias palpables, visibles e inmediatas.  Hay otras tragedias, que incluso siendo de mucho mayor impacto, no se ven: una de ellas es la herencia que nos dejan 20 años del MAS en la educación. La educación en Bolivia en los últimos 20 años, no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido. El propósito de la educación formal debería ser desarrollar habilidades de análisis, pensamiento crítico y conocimientos concretos con el objetivo de formar personas criteriosas y capaces de desarrollar actividades productivas que les permita prosperar y crecer económicamente. El crecimiento y la productividad de un país es la suma de la productividad de cada una de las personas que viven en ese país e innumerables estudios muestran que la inversión que genera el mayor retorno a largo plazo es la educación. Aunque un país puede crecer por sus recursos naturales, si su población es poco educada, la riqueza será temporal. Este es el caso de Bolivia que a lo largo de su historia ha tenido periodos de crecimiento impulsados por la plata, el estaño, la goma, el petróleo y el gas, para luego de que se acaban, como inevitablemente debe suceder, volver a la pobreza y el lánguido crecimiento. Tristemente, los bolivianos no aprendemos la lección y nuestro paradigma sigue siendo poner la esperanza en el próximo boom, ya sea de litio, de hierro o de soya, para que milagrosamente demos el salto al desarrollo. Y es que la riqueza que generan las materias primas es inmediata, es como una inyección de azúcar en la sangre que inmediatamente nos da energía y también se acaba en un dos por tres. Es palpable y genera réditos políticos a los gobiernos de turno. En cambio, la educación es una inversión cuyo fruto demora décadas, pero que perdura siglos.

Hoy nuestro sistema educativo está peor que hace 20 años y soy testigo de jóvenes que obtienen títulos universitarios y no saben resolver una regla de tres, que no tienen la capacidad de redactar un argumento de forma coherente, de interpretar un texto y sacar inferencias y cuya capacidad de análisis y pensamiento crítico es ínfima, y por supuesto, no les pidamos que tengan buena ortografía, si ni sus profesores la tienen. 

El ser humano es proclive a ser optimista y eso es muy bueno. Hoy en Bolivia muchos vemos el futuro con cierto optimismo, porque el cambio de gobierno significa un cambio de paradigma hacía una economía con un sector privado con mayor seguridad jurídica y la posibilidad de que lleguen inversiones que impulsen el desarrollo económico y la prosperidad. Y por supuesto no abandonamos nuestros sempiternos sueños de enriquecernos con el litio, el mutún y otros regalos que la tierra nos da; ojalá sucedan, pero debemos ser conscientes que mientras no elevemos el nivel educativo de nuestra gente, no podemos aspirar a una prosperidad sostenida, solamente al fuego de chala de los recursos naturales, que nos dan una llama fuerte unos segundos para luego desaparecer por completo. Siendo objetivos y mirando la situación política, económica y el nivel educativo de nuestro país, nuestras perspectivas de largo plazo siguen siendo la de ser pobres y subdesarrollados. 

Si de verdad queremos cambiar nuestro país, creo que la educación debería ser un imperativo estratégico para el Estado boliviano y debería ser un área donde se debería invertir mucho, pero de una forma muy diferente a lo que se hace ahora. No es la intención de esta nota ser un tratado completo de todas las reformas que se deberían hacer, sino un punteo de algunos lineamientos estratégicos para el debate. 

1.     Un primer elemento a considerar es que el objetivo de la educación son los niños y adolescentes. Ellos son los clientes y beneficiarios. El sistema educativo no debería estar orientado a acomodar las exigencias de profesores y sindicados, sino a mejorar la calidad de educación que reciben los niños. Los profesores están al servicio de los niños y no al revés. 

2.     Lo que no se mide, no se gestiona. Si el Estado invierte nuestro dinero (el dinero de los contribuyentes bolivianos) en educación tiene la obligación de velar que se haga el mejor uso de esos recursos. Los colegios fiscales y universidades estatales deberían estar sujetos a evaluaciones, preferentemente por organismos internacionales e independientes para medir la calidad de la educación y que esas evaluaciones tengan impacto en los presupuestos que reciben. Los profesores deberían estar sujetos a evaluaciones que tengan impacto en sus salarios, promociones y retiros. Nadie, solo por pertenecer a un sindicato o magisterio, debería tener garantizado de por vida su empleo, si la calidad de su trabajo no está a la altura. 

3.     En los debates sobre educación y presupuesto, veo un sesgo alto de los políticos y analistas por la educación secundaria. Escucho mucho de presupuesto para universidades y poco sobre la educación primaria. Sin embargo, la inteligencia y el pensamiento crítico se desarrollan en los primeros años de vida y son estas habilidades las que están disminuyendo en nuestros jóvenes. Creo que hoy, un dólar invertido en educación primaria, ayudaría mucho más a nuestro país que ese mismo dólar invertido en educación secundaria. Además, la inversión en educación primera llega a todos, en tal sentido es mucho más democrática y justa, mientras que es solo un pequeño porcentaje de la población la que termina una carrera universitaria. Si nosotros lográramos tener una educación primaria de primer mundo, transformaríamos este país, incluso sin invertir un peso en las universidades. Elevar sustancialmente la calidad de la educación primaria a niveles de primer mundo debería ser uno de los ejes del Estado boliviano.

4.     Un punto clave para el desarrollo de un cerebro es la estimulación que se da en parte a través de la formación en colegio, es decir, a un niño que le enseñen a escribir en 1ro básico, probablemente tendrá mayor potencial y futuro que uno a quien recién le enseñaron lo mismo en 3ro básico. Otro punto clave es una nutrición adecuada. Bolivia es un país pobre y muchos niños no tienen una buena nutrición. El sistema educativo fiscal puede contribuir con programas nutricionales buenos y no los azúcares y carbohidratos baratos que reciben actualmente. De igual manera hay que priorizar el uso de los recursos para mejorar la educación, por encima del clientelismo y la propaganda. El bono Juancito Pinto, no contribuye nada en la educación y sirve solo para la foto de turno e los políticos. Ese dinero sería mejor utilizado en útiles o desayuno. 

5.     El análisis y el pensamiento crítico se desarrolla a través del manejo del lenguaje y las matemáticas. Pensar es saber traducir lo que vemos y sentimos en palabras. La matemática misma es también un lenguaje. La capacidad de pensar, razonar coherentemente y analizar viene de nuestra capacidad de utilizar lenguajes. Los animales también tienen formas de lenguaje, pero bastante rudimentarias y básicas. Nos autoclasificamos como seres racionales, a diferencia del resto de los seres vivos, y lo que nos hace racionales es precisamente el lenguaje. Una persona que no supiera ningún idioma, no sería muy diferente de un perro, solo tendría instinto. El corolario de esto es que mientras mayor sea nuestro uso del lenguaje, seremos capaces de hacer análisis más rigurosos, tomar mejores decisiones en nuestras vidas y tener más prosperidad y felicidad. Nuestra inteligencia y racionalidad es en cierta forma una función de nuestra capacidad de dominar el lenguaje. Luego, las materias de lenguaje y matemáticas deberían ser el eje central de la educación primaria. Estas materias son la base para luego desarrollar las materias de ciencias, tecnología, ingeniería e incluso las materias sociales como historia o derecho. Hay que despolitizar los programas educativos y enfocarse en las materias que serán la base para que esos niños puedan tener mejores futuros. 

6.     El Estado es un eterno aplazado en lo que hace, esto no tiene un sesgo ideológico y no se circunscribe solo a nuestro país: es un dato constatable que la educación pública, en todas partes del mundo, es generalmente peor a la privada. La naturaleza de incentivos para tomar decisiones en el ámbito político genera dinámicas muy diferentes a las del sector privado. Y si esto es así y si el fin de la inversión del Estado en la educación es dar las mejores oportunidades a esos niños para mejorar sus futuros, entonces la discusión debería centrarse en cómo el Estado puede usar de la mejor manera los limitados recursos que tiene, para dar la mejor educación posible a los niños. En esta línea, el Nobel de economía Milton Friedman propuso hace décadas que el Estado en vez de subvencionar directamente a los colegios públicos, diera vales a los padres para que puedan elegir a qué colegio llevar a sus hijos. Esto no equivale a eliminar la educación pública; un papá puede utilizar ese vale para llevar a su hijo a un colegio público de manera gratuita. Pero también puede utilizarlo para llevarlo a un colegio privado y si por ejemplo el vale tiene un valor de Bs 100 mensuales y el colegio privado cobra Bs. 150 al mes, entonces el papá solo paga 50 y el Estado le compensa los otros 100 al colegio. Este esquema da más libertad a los padres para elegir sobre la educación de sus hijos y hace que los colegios públicos tengan que competir por sus clientes (que en la actualidad son clientes cautivos). La competencia es el mejor aliciente para mejorar la calidad, con este esquema probablemente veríamos una mejora de la educación pública e incluso privada. 

Hay cientos de cosas que debemos hacer para mejorar la educación, yo solo he puesto unas cuantas que no llegan a decálogo. No me imagino el trabajo y las reformas que hay que hacer para despolitizar los magisterios y las universidades controladas por mediocres ganapanes. Si queremos tener la prosperidad de países europeos, Singapur o Corea del Sur, muchos de los cuales no tienen cosas sobresalientes en términos de recursos naturales y sin embargo son mucho más prósperos que nosotros, entonces debemos tomar mucho más en serio a la educación e invertir de verdad y con propósito. 

Aunque creo que nuestra educación pública mejorará algo, simplemente porque no podemos estar peor, termino mi nota expresando mi pesimismo de que tengamos mejorar significativas, por lo menos en el corto plazo. Tenemos un país en crisis económica, social y política, y un Estado con mil frentes que atender. Todo está mal: la justicia, las finanzas, la corrupción, la infraestructura, la constitución, el aparato público, la seguridad pública, el narcotráfico y la violencia, etc. Muchos de estos males generan un dolor inmediato y protesta social instantánea. No es el caso de la educación. Para muchos padres es suficiente saber que su hijo va a un colegio y recibe un desayuno. Puede que en ese colegio el niño no esté aprendiendo nada, pero eso no es palpable. El resultado recién se materializa 10 o más años después cuando ese niño tiene un potencial productivo menor que le va a quitar la posibilidad de tener mayor prosperidad económica, pero aun así no es fácilmente rastreable a la educación que tuvo décadas atrás. Por eso es una tragedia invisible, como la presión sanguínea alta que no molesta, pero mata a largo plazo. Los padres no tienen las herramientas necesarias para evaluar la calidad de educación de sus hijos y si no pueden costear colegios privados, tampoco tienen muchas opciones y por su parte los políticos tienen poco incentivo para invertir en algo que no les genera ningún rédito inmediato, entonces mientras los niños vayan al colegio, aunque sea a mirar el techo y los políticos puedan tomarse fotos dando un bono, la mayoría de padres están contentos. 

Finalizo con una digresión. El enfoque de esta nota es netamente materialista, en el sentido de decir que el objetivo de la educación debe ser dar herramientas para que las personas sean más productivas, ganen más dinero y sean más prósperas y tengan la posibilidad de llevar mejores vidas en lo material. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar el inconmensurable valor que una buena educación puede significar en aspectos mentales y espirituales. Una buena educación abre la mente para disfrutar por ejemplo de escuchar a Mozart (Luis Miguel, diría mi tía Nuty), de meditar con Schopenhauer o disfrutar de una pintura o una obra de teatro, una buena educación contribuye a valorar la naturaleza o la amistad en un mundo donde los niños son invadidos por mensajes de poder, riqueza, glamour y derroche. El desarrollo mental y espiritual que puede aportar la educación es tremendamente enriquecedor en un sentido no material, pero no por ello no real. Definitivamente la mayor riqueza está en lo que tenemos entre nuestras orejas. 

Santa Cruz de la Sierra, 14/12/25

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