Javier Paz García
Hace pocos días el rimbombante presidente venezolano censuró al periódico El Nacional por publicar fotos de personas fallecidas por la violencia en Venezuela. Hace algunos años no renovó la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), y ahora el presidente del único canal de televisión independiente en este país, Guillermo Zuloaga, tiene una orden de arresto. En Argentina, el matrimonio K hizo promulgar una ley de medios, que bajo el pretexto de “democratizar los medios”, impone restricciones a los canales y periódicos privados. Hace pocos días retiró la licencia de una empresa de internet del grupo Clarín. En Ecuador, el rabioso Correa decreta la venta obligatoria de medios independientes o los confisca con cualquier pretexto.
En todos los casos el régimen insulta, amenaza judicial y extrajudicialmente a los periodistas independientes y crea un clima de terror y amedrentamiento que tiene como objetivo hacer que los periodistas prefieran callar.
En Bolivia, otro de los países bajo la influencia chavista, los periodistas también son perseguidos, acosados, apaleados, los medios demandados, denigrados y acusados, incluso por el mismo presidente. En Bolivia existe cada día más miedo a criticar al gobierno y quienes lo hacen pueden esperar un juicio por diversos motivos, desde ser acusado de terrorismo hasta enriquecimiento ilícito.
En Venezuela, Ecuador, Bolivia y en menor grado Argentina, se vive un clima de miedo inspirado y promovido desde las más altas esferas del poder ejecutivo. Miedo a opinar diferente, miedo a disentir del dogma oficialista, miedo a denunciar a los corruptos cuando estos pertenecen al partido de gobierno, miedo a enfrentar un juicio o una auditoría con jueces y fiscales cuyo servilismo al partido de gobierno es cada día más difícil de poner en duda, miedo a perder la libertad e incluso la vida.
El sistema de censura bolivariano no consta solo de cerrar medios de prensa, sino principalmente de causar miedo para que los medios de prensa, usando el instinto de supervivencia, se autocensuren, se callen.
Venezuela lleva 11 años por este camino, Argentina 7, Bolivia 4, Ecuador 3.
Santa Cruz de la Sierra, 26/08/10
sábado, 28 de agosto de 2010
domingo, 22 de agosto de 2010
Bolivia en el Índice de Libertad Económica
Javier Paz García
Todos los años, el Wall Street Journal y la Fundación Heritage, publican el Índice de Libertad Económica, un estudio que mide diez áreas esenciales para el desempeño económico.
El estudio abarca a casi todos los países del mundo y demuestra fehacientemente mediante datos objetivos, que existe una relación positiva entre la libertad económica y la prosperidad. Los países donde es fácil abrir y cerrar un negocio, donde hay pocas restricciones al comercio internacional, donde los gobiernos mantienen cierta disciplina monetaria y fiscal, donde los impuestos son relativamente bajos, donde se fomenta la inversión y se protegen los derechos de propiedad, donde las leyes laborales no son restrictivas, y donde no hay excesiva corrupción, son los países con mayor crecimiento económico y menor pobreza.
Este año Bolivia obtuvo el puesto 146 de un total de 183 países evaluados. En el ámbito regional ocupa el puesto 25 de un total de 29 países. Además, el 2010, Bolivia obtuvo su nota más baja desde 1995, año en que se publicó el índice por primera vez. Es decir, Bolivia está en su peor momento, en cuanto a libertad económica se refiere. Las áreas más preocupantes, según el estudio, son la situación de los derechos de propiedad con una nota de 10 sobre 100, la libertad para realizar inversiones con una nota de 15 sobre 100 y la corrupción con una nota de 30 sobre 100.
Los resultados del estudio nos deben preocupar, porque significa que cada vez se está haciendo más difícil crear y operar empresas en el país. Por supuesto eso se traduce en una mayor dificultad de encontrar trabajo. Asimismo, este tipo de estudios es utilizado a menudo por inversionistas extranjeros antes de decidir si es conveniente arriesgar sus capitales en el país. Vale la pena recalcar que el Banco Central de Bolivia, en su último informe de política monetaria, denota preocupación por la caída de la inversión extranjera. Dado el deterioro de la libertad económica en el país, esta caída de inversiones no nos debería extrañar.
Por contraste, Suiza, un país con el que el presidente Morales alguna vez nos ha comparado, obtuvo el puesto número 6 del índice, y año tras año se encuentra entre los 20 países con mayor puntaje. Si el presidente Morales verdaderamente quiere que Bolivia tenga el desarrollo económico de Suiza, tal vez debería imitar algunas de las cosas que hacen los suizos. El Índice de Libertad Económica es una buena guía sobre cuáles cosas imitar.
El estudio puede ser visto (en inglés) sin costo alguno en la página web http://www.heritage.org/index/ .
Santa Cruz de la Sierra, 04/02/10
Todos los años, el Wall Street Journal y la Fundación Heritage, publican el Índice de Libertad Económica, un estudio que mide diez áreas esenciales para el desempeño económico.
El estudio abarca a casi todos los países del mundo y demuestra fehacientemente mediante datos objetivos, que existe una relación positiva entre la libertad económica y la prosperidad. Los países donde es fácil abrir y cerrar un negocio, donde hay pocas restricciones al comercio internacional, donde los gobiernos mantienen cierta disciplina monetaria y fiscal, donde los impuestos son relativamente bajos, donde se fomenta la inversión y se protegen los derechos de propiedad, donde las leyes laborales no son restrictivas, y donde no hay excesiva corrupción, son los países con mayor crecimiento económico y menor pobreza.
Este año Bolivia obtuvo el puesto 146 de un total de 183 países evaluados. En el ámbito regional ocupa el puesto 25 de un total de 29 países. Además, el 2010, Bolivia obtuvo su nota más baja desde 1995, año en que se publicó el índice por primera vez. Es decir, Bolivia está en su peor momento, en cuanto a libertad económica se refiere. Las áreas más preocupantes, según el estudio, son la situación de los derechos de propiedad con una nota de 10 sobre 100, la libertad para realizar inversiones con una nota de 15 sobre 100 y la corrupción con una nota de 30 sobre 100.
Los resultados del estudio nos deben preocupar, porque significa que cada vez se está haciendo más difícil crear y operar empresas en el país. Por supuesto eso se traduce en una mayor dificultad de encontrar trabajo. Asimismo, este tipo de estudios es utilizado a menudo por inversionistas extranjeros antes de decidir si es conveniente arriesgar sus capitales en el país. Vale la pena recalcar que el Banco Central de Bolivia, en su último informe de política monetaria, denota preocupación por la caída de la inversión extranjera. Dado el deterioro de la libertad económica en el país, esta caída de inversiones no nos debería extrañar.
Por contraste, Suiza, un país con el que el presidente Morales alguna vez nos ha comparado, obtuvo el puesto número 6 del índice, y año tras año se encuentra entre los 20 países con mayor puntaje. Si el presidente Morales verdaderamente quiere que Bolivia tenga el desarrollo económico de Suiza, tal vez debería imitar algunas de las cosas que hacen los suizos. El Índice de Libertad Económica es una buena guía sobre cuáles cosas imitar.
El estudio puede ser visto (en inglés) sin costo alguno en la página web http://www.heritage.org/index/ .
Santa Cruz de la Sierra, 04/02/10
Inconsecuencias con la libertad
Javier Paz García
Sintonizando radio Fides en Santa Cruz, escuché al presentador de noticias criticar a las agencias de empleo y pedir a las autoridades que las intervengan y las prohíban, por “esquilmar” a los trabajadores cuando les consiguen un puesto de trabajo. Voy a ilustrar mi oposición a este tipo de pronunciamientos con un ejemplo: Si yo voy a un banco en busca de un préstamo y considero que el interés es muy alto, simplemente no tomo ese préstamo y si me conviene, lo tomo. Absolutamente nadie en el banco me obliga a recibir el préstamo. Lo mismo sucede con las agencias de empleo, o con agentes de bienes raíces, o con las vendedoras de verduras. Ellos ofrecen un producto y cobran cierto precio por ello, y el interesado decide voluntariamente si compra o no dicho producto. Si una agencia de empleo puede conseguirme un empleo en menos tiempo del que yo tendría que invertir buscando por mi cuenta, es lógico que considere contratar una agencia y pagarle una comisión por esos beneficios.
Toco este tema porque me preocupa inconsecuencia que existe para con la defensa de la libertad individual. Todas las personas, pero especialmente los periodistas que son esenciales en la defensa y promoción de la libertad, deberían pensarlo dos veces, antes de emitir un criterio contrario a una transacción en la cual las partes involucradas participan voluntariamente.
Una agencia de empleo es un intermediario entre un empleador y un empleado, y cobra cierto monto por este trabajo de intermediación. Si este periodista opina que las agencias de empleo deberían estar prohibidas, para ser consecuente con su opinión, también debería propugnar el cierre de bancos, que funcionan de intermediarios entre gente que tiene exceso de fondos y gente que tiene necesidad de fondos; debería pedir a la alcaldía que clausure a todas las cholas en los mercados que nos “esquilman” al vendernos tomates más caro de lo que ellas los compraron; debería propugnar el cierre de agencias de bienes raíces que funcionan de intermediarios entre vendedores y compradores de inmuebles.
Conceptualmente no existe ninguna diferencia entre la función de un banco, una chola de mercado, un agente de bienes raíces y una agencia de empleo, en su rol de intermediarios, y como economista los defiendo, porque juegan un rol importantísimo en la economía. Pero también los defiendo como liberal, y considero que toda persona que promueve la libertad debería hacerlo, porque la actividad de estos intermediarios requiere el libre consentimiento de las partes, y si un empleador y un empleado, libre y voluntariamente deciden usar una agencia de empleo, ¿quién soy yo para prohibirles hacerlo?
Santa Cruz de la Sierra, 20/08/10
Sintonizando radio Fides en Santa Cruz, escuché al presentador de noticias criticar a las agencias de empleo y pedir a las autoridades que las intervengan y las prohíban, por “esquilmar” a los trabajadores cuando les consiguen un puesto de trabajo. Voy a ilustrar mi oposición a este tipo de pronunciamientos con un ejemplo: Si yo voy a un banco en busca de un préstamo y considero que el interés es muy alto, simplemente no tomo ese préstamo y si me conviene, lo tomo. Absolutamente nadie en el banco me obliga a recibir el préstamo. Lo mismo sucede con las agencias de empleo, o con agentes de bienes raíces, o con las vendedoras de verduras. Ellos ofrecen un producto y cobran cierto precio por ello, y el interesado decide voluntariamente si compra o no dicho producto. Si una agencia de empleo puede conseguirme un empleo en menos tiempo del que yo tendría que invertir buscando por mi cuenta, es lógico que considere contratar una agencia y pagarle una comisión por esos beneficios.
Toco este tema porque me preocupa inconsecuencia que existe para con la defensa de la libertad individual. Todas las personas, pero especialmente los periodistas que son esenciales en la defensa y promoción de la libertad, deberían pensarlo dos veces, antes de emitir un criterio contrario a una transacción en la cual las partes involucradas participan voluntariamente.
Una agencia de empleo es un intermediario entre un empleador y un empleado, y cobra cierto monto por este trabajo de intermediación. Si este periodista opina que las agencias de empleo deberían estar prohibidas, para ser consecuente con su opinión, también debería propugnar el cierre de bancos, que funcionan de intermediarios entre gente que tiene exceso de fondos y gente que tiene necesidad de fondos; debería pedir a la alcaldía que clausure a todas las cholas en los mercados que nos “esquilman” al vendernos tomates más caro de lo que ellas los compraron; debería propugnar el cierre de agencias de bienes raíces que funcionan de intermediarios entre vendedores y compradores de inmuebles.
Conceptualmente no existe ninguna diferencia entre la función de un banco, una chola de mercado, un agente de bienes raíces y una agencia de empleo, en su rol de intermediarios, y como economista los defiendo, porque juegan un rol importantísimo en la economía. Pero también los defiendo como liberal, y considero que toda persona que promueve la libertad debería hacerlo, porque la actividad de estos intermediarios requiere el libre consentimiento de las partes, y si un empleador y un empleado, libre y voluntariamente deciden usar una agencia de empleo, ¿quién soy yo para prohibirles hacerlo?
Santa Cruz de la Sierra, 20/08/10
La principal función del Estado
Javier Paz García
Imaginemos un estado de anarquía total, donde no existen leyes; donde impera la ley del más fuerte. Es evidente que en estas condiciones es muy difícil que los habitantes de esta región puedan vivir en paz y prosperidad. Sin ley existe propiedad privada, o mejor dicho, cualquier título de posesión es efímero y amparado exclusivamente en la fuerza. En estas condiciones no vale la pena hacer una huerta o criar una vaca, porque cualquiera puede “robar” los frutos del trabajo ajeno. En estas condiciones no vale la pena realizar ningún trabajo o inversión cuyos réditos no sean inmediatos. No sirve sembrar si otros van a cosechar y lo más conveniente es cosechar lo que ya se ha sembrado o existía siempre. Estamos imaginando aquí una conglomeración de humanos en un estado casi salvaje, en ausencia de una sociedad organizada.
El individuo crea al Estado, para escapar de esta situación. Los individuos se reúnen en comunidad y crean sociedades con ciertas normas morales y éticas. La formalización de este proceso crea al Estado. Por lo tanto, la función principal de un Estado es la aplicación y cumplimiento de estas normas, que vienen a convertirse en leyes. Un Estado puede dejar en manos privadas la construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, de fábricas, sin dejar de perder su esencia, pero si deja de administrar justicia deja de ser Estado.
La administración de justicia es la función principal de un Estado de ciudadanos libres. Y la principal función de la administración de justicia es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Acudimos a la justicia cuando otro nos ha causado un daño, para resarcir ese daño. Cuando la sociedad se rige por leyes, y existe un ente externo e imparcial encargado de administrar justicia, los individuos ya no necesitan ser los más fuertes o los más armados para proteger sus bienes y sus vidas. Por ello, un requisito indispensable para generar paz y prosperidad es un sistema judicial imparcial, transparente, estable y confiable. Bajo esta perspectiva, podemos calificar a los Estados fallidos, como aquellos donde el sistema de justicia no reúne estas condiciones. Donde la gente no confía en el sistema formal y toma la justicia por manos propias, donde los juicios los gana quien tiene más dinero o mejores conexiones para corromper al juez, donde la ley favorece al rico, donde la ley discrimina de acuerdo a razas o géneros, o condición socioeconómica, donde la ley se convierte en un instrumento de opresión de los poderosos de turno, entonces existe un Estado fallido.
Un sistema judicial que imparte justicia de manera imparcial es la característica de una sociedad civilizada. Por contraste la degradación de la justicia conduce a una sociedad hacia ese estado salvaje donde domina el más fuerte.
Santa Cruz de la Sierra, 08/08/10
Imaginemos un estado de anarquía total, donde no existen leyes; donde impera la ley del más fuerte. Es evidente que en estas condiciones es muy difícil que los habitantes de esta región puedan vivir en paz y prosperidad. Sin ley existe propiedad privada, o mejor dicho, cualquier título de posesión es efímero y amparado exclusivamente en la fuerza. En estas condiciones no vale la pena hacer una huerta o criar una vaca, porque cualquiera puede “robar” los frutos del trabajo ajeno. En estas condiciones no vale la pena realizar ningún trabajo o inversión cuyos réditos no sean inmediatos. No sirve sembrar si otros van a cosechar y lo más conveniente es cosechar lo que ya se ha sembrado o existía siempre. Estamos imaginando aquí una conglomeración de humanos en un estado casi salvaje, en ausencia de una sociedad organizada.
El individuo crea al Estado, para escapar de esta situación. Los individuos se reúnen en comunidad y crean sociedades con ciertas normas morales y éticas. La formalización de este proceso crea al Estado. Por lo tanto, la función principal de un Estado es la aplicación y cumplimiento de estas normas, que vienen a convertirse en leyes. Un Estado puede dejar en manos privadas la construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, de fábricas, sin dejar de perder su esencia, pero si deja de administrar justicia deja de ser Estado.
La administración de justicia es la función principal de un Estado de ciudadanos libres. Y la principal función de la administración de justicia es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Acudimos a la justicia cuando otro nos ha causado un daño, para resarcir ese daño. Cuando la sociedad se rige por leyes, y existe un ente externo e imparcial encargado de administrar justicia, los individuos ya no necesitan ser los más fuertes o los más armados para proteger sus bienes y sus vidas. Por ello, un requisito indispensable para generar paz y prosperidad es un sistema judicial imparcial, transparente, estable y confiable. Bajo esta perspectiva, podemos calificar a los Estados fallidos, como aquellos donde el sistema de justicia no reúne estas condiciones. Donde la gente no confía en el sistema formal y toma la justicia por manos propias, donde los juicios los gana quien tiene más dinero o mejores conexiones para corromper al juez, donde la ley favorece al rico, donde la ley discrimina de acuerdo a razas o géneros, o condición socioeconómica, donde la ley se convierte en un instrumento de opresión de los poderosos de turno, entonces existe un Estado fallido.
Un sistema judicial que imparte justicia de manera imparcial es la característica de una sociedad civilizada. Por contraste la degradación de la justicia conduce a una sociedad hacia ese estado salvaje donde domina el más fuerte.
Santa Cruz de la Sierra, 08/08/10
Los efectos de las políticas de estabilidad laboral
Javier Paz García
El empleador busca pagar el menor sueldo posible a sus empleados; pero si lo que paga es muy bajo con respecto a lo que pagan otras empresas, entonces sus empleados paulatinamente van a migrar hacia lugares que ofrezcan sueldos más competitivos. La competencia, entendida como la posibilidad del empleado de elegir a su empleador, hace que su sueldo esté en línea con su capacidad productiva. Es decir, el mecanismo de libre mercado protege a los empleados de ganar sueldos por debajo de sus capacidades de producción.
Por otro lado, la libertad del empleador de contratar y despedir a sus empleados, obliga a los empleados a mantener cierto nivel de calidad en su desempeño laboral. El sistema de libre mercado protege así al empleador de quedar atascado con empleados flojos, ladrones o ineficientes.
Por lo tanto, el sistema de libre mercado laboral protege a los empleados de tener sueldos bajos, dándoles la libertad de renunciar y buscar mejores puestos de trabajo y protege a los empleadores dándoles la libertad de despedir y buscar mejores trabajadores.
Las políticas de estabilidad laboral tienden a restringir la libertad de las empresas para despedir a sus empleados. Estas políticas tienen un efecto contraproducente ya que reducen el nivel de empleo, perjudicando a los trabajadores, y reducen la productividad. Reducen el nivel de empleo porque los empresarios, al saber que es más difícil y más costoso despedir a un trabajador, se hacen más reacios a contratarlos. Por ejemplo, una empresa que experimenta una demanda variable según la temporada, podría incrementar su personal en época de alta demanda y reducirlo en época baja. Sin embargo, si es muy difícil despedir personal, probablemente esta empresa decida mantener el mínimo personal todo el año. Esto significa pérdida de fuentes laborales.
Por otro lado las leyes de estabilidad laboral generan incentivos para que los trabajadores disminuyan su rendimiento, porque si saben que incluso si flojean no pueden ser despedidos, algunos elegirán ser flojos.
No es una buena política empresarial despedir o tratar mal a los buenos empleados, las empresas en general buscan como atraer y mantener a los mejores trabajadores porque entienden que un excelente capital humano es primordial para mantener la competitividad y maximizar las ganancias. Por lo tanto, el mejor seguro de estabilidad laboral de un buen trabajador, es el deseo del empresario de hacer dinero con su trabajo. Las leyes de estabilidad laboral, por los incentivos que crean, no protegen a los buenos trabajadores, que por ser buenos no necesitan protección, ya que son buscados y cotizados, pero sí protegen a los flojos e ineficientes; y es más, hacen que trabajadores que en condiciones de libre mercado fuesen buenos, se conviertan en mediocres, bajo la tranquilidad de saberse inamovibles.
Al final con estas políticas pierden todos los sectores, porque se reduce la cantidad de empleos disponibles y se reduce la productividad del país.
Santa Cruz de la Sierra, 06/08/10
El empleador busca pagar el menor sueldo posible a sus empleados; pero si lo que paga es muy bajo con respecto a lo que pagan otras empresas, entonces sus empleados paulatinamente van a migrar hacia lugares que ofrezcan sueldos más competitivos. La competencia, entendida como la posibilidad del empleado de elegir a su empleador, hace que su sueldo esté en línea con su capacidad productiva. Es decir, el mecanismo de libre mercado protege a los empleados de ganar sueldos por debajo de sus capacidades de producción.
Por otro lado, la libertad del empleador de contratar y despedir a sus empleados, obliga a los empleados a mantener cierto nivel de calidad en su desempeño laboral. El sistema de libre mercado protege así al empleador de quedar atascado con empleados flojos, ladrones o ineficientes.
Por lo tanto, el sistema de libre mercado laboral protege a los empleados de tener sueldos bajos, dándoles la libertad de renunciar y buscar mejores puestos de trabajo y protege a los empleadores dándoles la libertad de despedir y buscar mejores trabajadores.
Las políticas de estabilidad laboral tienden a restringir la libertad de las empresas para despedir a sus empleados. Estas políticas tienen un efecto contraproducente ya que reducen el nivel de empleo, perjudicando a los trabajadores, y reducen la productividad. Reducen el nivel de empleo porque los empresarios, al saber que es más difícil y más costoso despedir a un trabajador, se hacen más reacios a contratarlos. Por ejemplo, una empresa que experimenta una demanda variable según la temporada, podría incrementar su personal en época de alta demanda y reducirlo en época baja. Sin embargo, si es muy difícil despedir personal, probablemente esta empresa decida mantener el mínimo personal todo el año. Esto significa pérdida de fuentes laborales.
Por otro lado las leyes de estabilidad laboral generan incentivos para que los trabajadores disminuyan su rendimiento, porque si saben que incluso si flojean no pueden ser despedidos, algunos elegirán ser flojos.
No es una buena política empresarial despedir o tratar mal a los buenos empleados, las empresas en general buscan como atraer y mantener a los mejores trabajadores porque entienden que un excelente capital humano es primordial para mantener la competitividad y maximizar las ganancias. Por lo tanto, el mejor seguro de estabilidad laboral de un buen trabajador, es el deseo del empresario de hacer dinero con su trabajo. Las leyes de estabilidad laboral, por los incentivos que crean, no protegen a los buenos trabajadores, que por ser buenos no necesitan protección, ya que son buscados y cotizados, pero sí protegen a los flojos e ineficientes; y es más, hacen que trabajadores que en condiciones de libre mercado fuesen buenos, se conviertan en mediocres, bajo la tranquilidad de saberse inamovibles.
Al final con estas políticas pierden todos los sectores, porque se reduce la cantidad de empleos disponibles y se reduce la productividad del país.
Santa Cruz de la Sierra, 06/08/10
sábado, 7 de agosto de 2010
Apoyando el autoritarismo
Javier Paz García
Es preocupante que regímenes totalitarios tengan y mantengan el apoyo de significativos sectores de la población, incluso cuando sus intenciones antidemocráticas se vuelven evidentes. El pueblo venezolano por ejemplo, luego de más de diez años del gobierno de Hugo Chávez, no puede pretender desconocer las intenciones totalitarias del caudillo. Los venezolanos tampoco pueden argumentar que no tuvieron la oportunidad de sacarlo democráticamente. Ahora que el país es un desastre económico y un infierno político por culpa de Hugo Chávez, el pueblo va a pagar los pecados de su propia ignorancia. Lo triste es que los primeros en sufrir las consecuencias nefastas del régimen son precisamente quienes se oponen al régimen. Los primeros en perder sus fuentes de trabajo no son los que votaron por el régimen, sino quienes no votaron por este. Los primeros exiliados y presos políticos no son los irresponsables que apoyaron el régimen, sino quienes hicieron un intento por combatirlo. Al final, la ausencia de oportunidades económicas, de derechos políticos, de libertad de expresión termina pasando la factura a todos, con excepción de unos cuantos burócratas privilegiados y sus amigos (lo justo sería que cada uno asuma el costo de sus decisiones y quienes votaron por un gobierno centralista y estatista sean los primeros en sufrir confiscaciones de bienes y ver sus derechos civiles reducidos).
La desastrosa situación de Venezuela no es la única en Sudamérica, similar camino siguen Ecuador y Bolivia, donde se ha quebrantado el Estado de Derecho ante la pasividad y complicidad de la mayoría de la población. Y en estos países la población también tuvo la oportunidad de poner un freno democráticamente a las intenciones totalitarias de los caudillos y prefirió reiterarles el apoyo. Ahora que mediante el amedrentamiento, el miedo y el atropello controlan casi todos los órganos del Estado, será muy difícil detener a estos regímenes totalitarios. Tal vez la única forma de librarse de estos caudillos sea esperar a que dejen en la quiebra económica a sus respectivos países, algo que puede tardar muchísimo tiempo. Y ni aun esto garantiza la salida de los caudillos, como lo demuestra el caso de Cuba que lleva 51 años en las manos de dos hermanos irresponsables, verdaderos genios para acumular poder pero absolutamente ineptos para generar prosperidad.
A menudo escucho a personas repetir como loros que “la voz del pueblo es la voz de Dios” o que “el pueblo nunca se equivoca”, frases sin sentido que son probadas falsas por los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero la moraleja de estos casos no es – no debe ser – que la democracia no sirve. La democracia es una condición necesaria para que exista libertad, paz y estabilidad. Pero la democracia no es suficiente, sino que el Estado y la sociedad civil deben crear instituciones fuertes e independientes que pongan límites a los gobernantes y permitan un verdadero equilibrio de poder. Eso faltó en estos países, y será una tarea pendiente para el futuro, para que una vez estos caudillos nefastos se hayan ido, no volvamos a resucitarlos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/08/10
Es preocupante que regímenes totalitarios tengan y mantengan el apoyo de significativos sectores de la población, incluso cuando sus intenciones antidemocráticas se vuelven evidentes. El pueblo venezolano por ejemplo, luego de más de diez años del gobierno de Hugo Chávez, no puede pretender desconocer las intenciones totalitarias del caudillo. Los venezolanos tampoco pueden argumentar que no tuvieron la oportunidad de sacarlo democráticamente. Ahora que el país es un desastre económico y un infierno político por culpa de Hugo Chávez, el pueblo va a pagar los pecados de su propia ignorancia. Lo triste es que los primeros en sufrir las consecuencias nefastas del régimen son precisamente quienes se oponen al régimen. Los primeros en perder sus fuentes de trabajo no son los que votaron por el régimen, sino quienes no votaron por este. Los primeros exiliados y presos políticos no son los irresponsables que apoyaron el régimen, sino quienes hicieron un intento por combatirlo. Al final, la ausencia de oportunidades económicas, de derechos políticos, de libertad de expresión termina pasando la factura a todos, con excepción de unos cuantos burócratas privilegiados y sus amigos (lo justo sería que cada uno asuma el costo de sus decisiones y quienes votaron por un gobierno centralista y estatista sean los primeros en sufrir confiscaciones de bienes y ver sus derechos civiles reducidos).
La desastrosa situación de Venezuela no es la única en Sudamérica, similar camino siguen Ecuador y Bolivia, donde se ha quebrantado el Estado de Derecho ante la pasividad y complicidad de la mayoría de la población. Y en estos países la población también tuvo la oportunidad de poner un freno democráticamente a las intenciones totalitarias de los caudillos y prefirió reiterarles el apoyo. Ahora que mediante el amedrentamiento, el miedo y el atropello controlan casi todos los órganos del Estado, será muy difícil detener a estos regímenes totalitarios. Tal vez la única forma de librarse de estos caudillos sea esperar a que dejen en la quiebra económica a sus respectivos países, algo que puede tardar muchísimo tiempo. Y ni aun esto garantiza la salida de los caudillos, como lo demuestra el caso de Cuba que lleva 51 años en las manos de dos hermanos irresponsables, verdaderos genios para acumular poder pero absolutamente ineptos para generar prosperidad.
A menudo escucho a personas repetir como loros que “la voz del pueblo es la voz de Dios” o que “el pueblo nunca se equivoca”, frases sin sentido que son probadas falsas por los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero la moraleja de estos casos no es – no debe ser – que la democracia no sirve. La democracia es una condición necesaria para que exista libertad, paz y estabilidad. Pero la democracia no es suficiente, sino que el Estado y la sociedad civil deben crear instituciones fuertes e independientes que pongan límites a los gobernantes y permitan un verdadero equilibrio de poder. Eso faltó en estos países, y será una tarea pendiente para el futuro, para que una vez estos caudillos nefastos se hayan ido, no volvamos a resucitarlos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/08/10
lunes, 2 de agosto de 2010
Sobre el uso de tecnología en el fútbol
Javier Paz García
Hoy la tecnología permite revisar las jugadas de un partido de fútbol (o cualquier otro deporte) inmediatamente, en cámara lenta y desde muchos ángulos. El mundial de Sudáfrica, hasta la fecha, tristemente se ha caracterizado por malos arbitrajes que han alterado el curso de los partidos. El gol de Luis Fabiano, luego de haber tocado el balón con la mano, el gol no validado de Inglaterra contra Alemania, o el gol en posición adelantada de Tevez son los casos más notorios. Durante la eliminatoria europea podemos destacar la clasificación de Francia al mundial gracias a un gol con la mano que el árbitro juzgó válido y que dejó fuera del mundial a Irlanda.
Estos errores groseros podrían evitarse si se permitiera la revisión televisiva por parte de los árbitros. Sin embargo la FIFA se rehúsa a ello.
Dos argumentos he escuchado para defender esta postura. El primero sostiene que los errores arbitrales sirven para generar polémica y hacen del juego algo más interesante. La postura me parece idiota, pero la defienden muchas personas de probada capacidad intelectual. El argumento es análogo a sugerir que un servicio de mala calidad es mejor a uno de buena calidad, que si el arbitraje mejora, el fútbol será más aburrido. En mi opinión el fútbol no necesita de malos arbitrajes para llamar la atención y atraer público. La gente no va a un partido a ver mediocridad e injusticia por parte de los árbitros o jugadores, sino a ver un buen espectáculo donde gane quien demuestre mayor habilidad. Además para derrumbar este argumento podemos citar el caso del tenis o el fútbol americano, donde “a pesar” del uso de la tecnología, el público no ha perdido interés por el juego y las polémicas siguen existiendo.
Otro argumento sostiene que el uso de la televisión daría lugar a demasiadas pausas en el juego. De nuevo cito el caso del tenis o el fútbol americano donde la revisión de jugadas no se da a cada momento sino, solo en casos críticos. De la misma manera en el fútbol, la revisión de jugadas se podría dar solo en casos de faltas graves donde haya dudas y ameriten amonestaciones a algún jugador, o en situaciones de gol. Además, de nuevo tomando el caso del tenis o el fútbol americano, se podría permitir que cada equipo tenga un número limitado de ocasiones (digamos 3 veces) donde pueda demandar al árbitro la revisión de una jugada.
El uso de la televisión no implica parar el partido cada 5 minutos, ni revisar cada jugada. En la mayoría de los casos el árbitro podrá juzgar adecuadamente y fallar correctamente sin el uso de ninguna tecnología audiovisual. En muchos casos los fallos serán inconsecuentes con el desarrollo y resultado de un partido. Pero en algunos casos contados, donde se anula un gol legítimo o se valida un gol ilegal, el uso de la tecnología disponibles le haría mucho bien al fútbol sin quitarle nada de su belleza, ni de su polémica.
Santa Cruz de la Sierra, 02/07/10
Hoy la tecnología permite revisar las jugadas de un partido de fútbol (o cualquier otro deporte) inmediatamente, en cámara lenta y desde muchos ángulos. El mundial de Sudáfrica, hasta la fecha, tristemente se ha caracterizado por malos arbitrajes que han alterado el curso de los partidos. El gol de Luis Fabiano, luego de haber tocado el balón con la mano, el gol no validado de Inglaterra contra Alemania, o el gol en posición adelantada de Tevez son los casos más notorios. Durante la eliminatoria europea podemos destacar la clasificación de Francia al mundial gracias a un gol con la mano que el árbitro juzgó válido y que dejó fuera del mundial a Irlanda.
Estos errores groseros podrían evitarse si se permitiera la revisión televisiva por parte de los árbitros. Sin embargo la FIFA se rehúsa a ello.
Dos argumentos he escuchado para defender esta postura. El primero sostiene que los errores arbitrales sirven para generar polémica y hacen del juego algo más interesante. La postura me parece idiota, pero la defienden muchas personas de probada capacidad intelectual. El argumento es análogo a sugerir que un servicio de mala calidad es mejor a uno de buena calidad, que si el arbitraje mejora, el fútbol será más aburrido. En mi opinión el fútbol no necesita de malos arbitrajes para llamar la atención y atraer público. La gente no va a un partido a ver mediocridad e injusticia por parte de los árbitros o jugadores, sino a ver un buen espectáculo donde gane quien demuestre mayor habilidad. Además para derrumbar este argumento podemos citar el caso del tenis o el fútbol americano, donde “a pesar” del uso de la tecnología, el público no ha perdido interés por el juego y las polémicas siguen existiendo.
Otro argumento sostiene que el uso de la televisión daría lugar a demasiadas pausas en el juego. De nuevo cito el caso del tenis o el fútbol americano donde la revisión de jugadas no se da a cada momento sino, solo en casos críticos. De la misma manera en el fútbol, la revisión de jugadas se podría dar solo en casos de faltas graves donde haya dudas y ameriten amonestaciones a algún jugador, o en situaciones de gol. Además, de nuevo tomando el caso del tenis o el fútbol americano, se podría permitir que cada equipo tenga un número limitado de ocasiones (digamos 3 veces) donde pueda demandar al árbitro la revisión de una jugada.
El uso de la televisión no implica parar el partido cada 5 minutos, ni revisar cada jugada. En la mayoría de los casos el árbitro podrá juzgar adecuadamente y fallar correctamente sin el uso de ninguna tecnología audiovisual. En muchos casos los fallos serán inconsecuentes con el desarrollo y resultado de un partido. Pero en algunos casos contados, donde se anula un gol legítimo o se valida un gol ilegal, el uso de la tecnología disponibles le haría mucho bien al fútbol sin quitarle nada de su belleza, ni de su polémica.
Santa Cruz de la Sierra, 02/07/10
Indicios de una sociedad en decadencia
Javier Paz García
Siempre me he preguntado por qué en algunos países las empresas pueden convertirse en exitosas transnacionales, mientras que en otros no.
En el caso de Bolivia creo que más allá de elementos como el minúsculo mercado de capitales o la baja productividad, la explicación también involucra factores institucionales de la sociedad y el Estado.
Los países que generan empresas exitosas generalmente gozan del apoyo y la protección del Estado dentro y fuera de sus fronteras, tienen las reglas del juego claras y duraderas, y es más, las reglas del juego están diseñadas para permitir el éxito de las empresas. No es inusual por ejemplo, escuchar en las noticias que los gobiernos español, estadounidense, británico o brasilero intervengan para ayudar a sus empresas privadas nacionales cuando tienen problemas en algún país extranjero. En Bolivia, actualmente sucede lo contrario y el Estado es más bien la principal amenaza para el empresariado nacional, creando reglas arbitrarias y dañinas, politizando la economía, generando competencia desleal, subvencionando empresas estatales ineficientes, prohibiendo exportaciones, cambiando las reglas de juego a su antojo y sin previo aviso, etc. Por ejemplo, Aceite Rico, la única empresa aceitera constituida por capitales nacionales, fue perjudicada por el actual gobierno, netamente por razones de índole político. Aerosur, que es una de las pocas empresas que podríamos catalogar como una transnacional boliviana, está siendo víctima del acoso estatal por capricho de nada más ni nada menos que del vicepresidente del Estado. Vemos por lo tanto que el Estado en vez de apoyar los emprendimientos exitosos, más bien les pone trabas y busca su fracaso.
Lo lamentable es que este tipo de medidas tienen el respaldo tácito o explicito de buena parte de la población.
Cuando una sociedad castiga el éxito, cuando una sociedad considera que acumular riqueza es reprochable, cuando desde el Estado se persigue el fracaso del empresariado nacional, entonces no podemos esperar otra cosa más que un país en decadencia, cada vez más pobre, cada vez más mediocre. Para allá vamos, a paso firme.
Santa Cruz de la Sierra, 23/07/10
Siempre me he preguntado por qué en algunos países las empresas pueden convertirse en exitosas transnacionales, mientras que en otros no.
En el caso de Bolivia creo que más allá de elementos como el minúsculo mercado de capitales o la baja productividad, la explicación también involucra factores institucionales de la sociedad y el Estado.
Los países que generan empresas exitosas generalmente gozan del apoyo y la protección del Estado dentro y fuera de sus fronteras, tienen las reglas del juego claras y duraderas, y es más, las reglas del juego están diseñadas para permitir el éxito de las empresas. No es inusual por ejemplo, escuchar en las noticias que los gobiernos español, estadounidense, británico o brasilero intervengan para ayudar a sus empresas privadas nacionales cuando tienen problemas en algún país extranjero. En Bolivia, actualmente sucede lo contrario y el Estado es más bien la principal amenaza para el empresariado nacional, creando reglas arbitrarias y dañinas, politizando la economía, generando competencia desleal, subvencionando empresas estatales ineficientes, prohibiendo exportaciones, cambiando las reglas de juego a su antojo y sin previo aviso, etc. Por ejemplo, Aceite Rico, la única empresa aceitera constituida por capitales nacionales, fue perjudicada por el actual gobierno, netamente por razones de índole político. Aerosur, que es una de las pocas empresas que podríamos catalogar como una transnacional boliviana, está siendo víctima del acoso estatal por capricho de nada más ni nada menos que del vicepresidente del Estado. Vemos por lo tanto que el Estado en vez de apoyar los emprendimientos exitosos, más bien les pone trabas y busca su fracaso.
Lo lamentable es que este tipo de medidas tienen el respaldo tácito o explicito de buena parte de la población.
Cuando una sociedad castiga el éxito, cuando una sociedad considera que acumular riqueza es reprochable, cuando desde el Estado se persigue el fracaso del empresariado nacional, entonces no podemos esperar otra cosa más que un país en decadencia, cada vez más pobre, cada vez más mediocre. Para allá vamos, a paso firme.
Santa Cruz de la Sierra, 23/07/10
Aerosur y las reglas claras
Javier Paz García
Lo que pide Aerosur es algo muy simple: reglas claras. Reglas claras significa que son las mismas reglas para todos, es decir, reglas que no dan preferencia a las empresas públicas y por otro lado ponen trabas a las empresas privadas; reglas que no cambian de un día para otro, para que quienes invierten puedan hacer una planificación a largo plazo, sabiendo que las condiciones de mañana serán similares a las de hoy.
Lo que pide Aerosur no es ningún privilegio especial para sí misma, sino precisamente, la eliminación de los privilegios. Las reglas claras para Bolivia, son precisamente para incentivar las inversiones y así crear más fuentes de trabajo, son para evitar que se destruyan fuentes de empleo.
Por esto, el gobierno del MAS está atacando viciosamente Aerosur y a su presidente Humberto Roca. Está castigando a una empresa por pedir algo que todo gobierno debería otorgar a todos por igual. El mensaje detrás de los ataques es que cualquier persona que ose criticar al gobierno las va a pagar caro. La intención es claramente atemorizar al resto de la población y así acallar cualquier crítica pública. La actitud de Humberto Roca es por lo tanto muy valiente, además demuestra una visión de largo plazo, ya que si no defendemos nuestros derecho ahora, eventualmente los vamos a perder. Si no nos despojamos del miedo ahora, estaremos condenados a vivir con miedo por mucho tiempo más. Si no dejamos de lado la apatía o la comodidad, y no tomamos una postura activa de defensa de nuestros derechos, nuestras libertades se irán reduciendo sistemáticamente.
La actitud de Humberto Roca es también es muy riesgosa. Riesgosa porque el adversario es un gobierno sin escrúpulos, dispuesto a lo que sea para acabar a quienes consideran enemigos. Riesgosa porque es una pelea desigual, en desventajas, donde – perdón por la redundancia – no hay reglas claras y las reglas las pone y el gobierno a su conveniencia y las modifica (o las ignora) a su antojo. Riesgosa porque su lucha por reglas claras tendrá éxito en la medida que la ciudadanía en general forme parte de esa lucha. Ojala la ciudadanía responda con su apoyo a esta causa.
Por ello desde mi columna le deseo los mayores éxitos a Humberto Roca porque entiendo que su movimiento ciudadano por reglas claras no es solo en beneficio de una empresa, sino en beneficio de todos los bolivianos.
Santa Cruz de la Sierra, 16/07/10
Lo que pide Aerosur es algo muy simple: reglas claras. Reglas claras significa que son las mismas reglas para todos, es decir, reglas que no dan preferencia a las empresas públicas y por otro lado ponen trabas a las empresas privadas; reglas que no cambian de un día para otro, para que quienes invierten puedan hacer una planificación a largo plazo, sabiendo que las condiciones de mañana serán similares a las de hoy.
Lo que pide Aerosur no es ningún privilegio especial para sí misma, sino precisamente, la eliminación de los privilegios. Las reglas claras para Bolivia, son precisamente para incentivar las inversiones y así crear más fuentes de trabajo, son para evitar que se destruyan fuentes de empleo.
Por esto, el gobierno del MAS está atacando viciosamente Aerosur y a su presidente Humberto Roca. Está castigando a una empresa por pedir algo que todo gobierno debería otorgar a todos por igual. El mensaje detrás de los ataques es que cualquier persona que ose criticar al gobierno las va a pagar caro. La intención es claramente atemorizar al resto de la población y así acallar cualquier crítica pública. La actitud de Humberto Roca es por lo tanto muy valiente, además demuestra una visión de largo plazo, ya que si no defendemos nuestros derecho ahora, eventualmente los vamos a perder. Si no nos despojamos del miedo ahora, estaremos condenados a vivir con miedo por mucho tiempo más. Si no dejamos de lado la apatía o la comodidad, y no tomamos una postura activa de defensa de nuestros derechos, nuestras libertades se irán reduciendo sistemáticamente.
La actitud de Humberto Roca es también es muy riesgosa. Riesgosa porque el adversario es un gobierno sin escrúpulos, dispuesto a lo que sea para acabar a quienes consideran enemigos. Riesgosa porque es una pelea desigual, en desventajas, donde – perdón por la redundancia – no hay reglas claras y las reglas las pone y el gobierno a su conveniencia y las modifica (o las ignora) a su antojo. Riesgosa porque su lucha por reglas claras tendrá éxito en la medida que la ciudadanía en general forme parte de esa lucha. Ojala la ciudadanía responda con su apoyo a esta causa.
Por ello desde mi columna le deseo los mayores éxitos a Humberto Roca porque entiendo que su movimiento ciudadano por reglas claras no es solo en beneficio de una empresa, sino en beneficio de todos los bolivianos.
Santa Cruz de la Sierra, 16/07/10
La Guardia Municipal como emblema de la autonomía
Javier Paz García
Considero que la autonomía más importante es la del nivel municipal, por ser la más cercana al ciudadano. En esa lógica aplaudo la creación y fortalecimiento de las guardias municipales. Éstas son emblemas vivos de la verdadera autonomía y alivian un poco la dependencia que sufren los municipios (y los ciudadanos) de parte de una Policía Nacional que, por un lado es altamente inefectiva y corrupta y que por otro lado más se parece una brigada de colonización y dominio (prácticamente el 100% de sus miembros son del occidente del país).
En otros países existen diferentes niveles de policía. Por ejemplo en los Estados Unidos existe una policía federal (FBI) que investiga casos de carácter nacional o que involucren a varios estados, pero existe una policía municipal, cuya cabeza es el alcalde de cada ciudad y que se ocupa de la mayoría de los delitos. En el país del norte incluso existe una policía estatal, que para Bolivia equivaldría al ámbito departamental. Brasil tiene una policía militar en cada Estado, cuyo responsable es el gobernador del estado. En España existe un Cuerpo Nacional de Policía bajo la tuición del gobierno central y varias policías autonómicas.
Sin embargo Bolivia es un país altamente centralista y pocas instituciones tienen un carácter tan marcadamente andino y centralista como la Policía Nacional boliviana. Por ello no nos debe sorprender que la Policía Nacional se oponga a la creación de instituciones que puedan quitarle atribuciones, recursos e importancia. Además, hoy la democracia boliviana moderna atraviesa su momento más difícil, con un gobierno claramente autoritario, abusivo y que además antagoniza con la región oriental del país.
La guardia municipal es un paso importantísimo en el camino de la autonomía y debe seguir creciendo, tanto en miembros como en competencias. Dado que existe una resistencia a su fortalecimiento de parte del poder central, es imperativo que la alcaldía sea muy cuidadosa en cuanto a los procedimientos relativos a la creación y utilización de la guardia municipal. Es importante que esta institución se gane el respeto de la ciudadanía, protegiendo y sirviendo al ciudadano, llegando donde la policía nacional no llega, y no se convierta en un instrumento de extorsión, corrupción y miedo. Por contrapartida, es necesario que la ciudadanía apoye a esta incipiente institución tratando con respeto a los gendarmes, ayudándoles en sus funciones y fiscalizándolos en su desempeño. Es tarea de todos construir una Guardia Municipal de la cual nos sintamos orgullosos.
Santa Cruz de la Sierra, 08/07/10
Considero que la autonomía más importante es la del nivel municipal, por ser la más cercana al ciudadano. En esa lógica aplaudo la creación y fortalecimiento de las guardias municipales. Éstas son emblemas vivos de la verdadera autonomía y alivian un poco la dependencia que sufren los municipios (y los ciudadanos) de parte de una Policía Nacional que, por un lado es altamente inefectiva y corrupta y que por otro lado más se parece una brigada de colonización y dominio (prácticamente el 100% de sus miembros son del occidente del país).
En otros países existen diferentes niveles de policía. Por ejemplo en los Estados Unidos existe una policía federal (FBI) que investiga casos de carácter nacional o que involucren a varios estados, pero existe una policía municipal, cuya cabeza es el alcalde de cada ciudad y que se ocupa de la mayoría de los delitos. En el país del norte incluso existe una policía estatal, que para Bolivia equivaldría al ámbito departamental. Brasil tiene una policía militar en cada Estado, cuyo responsable es el gobernador del estado. En España existe un Cuerpo Nacional de Policía bajo la tuición del gobierno central y varias policías autonómicas.
Sin embargo Bolivia es un país altamente centralista y pocas instituciones tienen un carácter tan marcadamente andino y centralista como la Policía Nacional boliviana. Por ello no nos debe sorprender que la Policía Nacional se oponga a la creación de instituciones que puedan quitarle atribuciones, recursos e importancia. Además, hoy la democracia boliviana moderna atraviesa su momento más difícil, con un gobierno claramente autoritario, abusivo y que además antagoniza con la región oriental del país.
La guardia municipal es un paso importantísimo en el camino de la autonomía y debe seguir creciendo, tanto en miembros como en competencias. Dado que existe una resistencia a su fortalecimiento de parte del poder central, es imperativo que la alcaldía sea muy cuidadosa en cuanto a los procedimientos relativos a la creación y utilización de la guardia municipal. Es importante que esta institución se gane el respeto de la ciudadanía, protegiendo y sirviendo al ciudadano, llegando donde la policía nacional no llega, y no se convierta en un instrumento de extorsión, corrupción y miedo. Por contrapartida, es necesario que la ciudadanía apoye a esta incipiente institución tratando con respeto a los gendarmes, ayudándoles en sus funciones y fiscalizándolos en su desempeño. Es tarea de todos construir una Guardia Municipal de la cual nos sintamos orgullosos.
Santa Cruz de la Sierra, 08/07/10
Justificando los abusos de poder
Javier Paz García
Imaginemos el caso de un sacerdote pedófilo. Supongamos que dicho sacerdote ha hecho cosas muy buenas por la comunidad en la que vive, que realiza importantes labores humanitarias, que ayuda a los pobres y necesitados. Es decir, exceptuando el hecho de que este sacerdote practica la pedofilia, es un tipazo en todos los otros aspectos. Pregunto, ¿la sociedad debería, considerando las buenas obras que realiza, perdonarle su delito?
Imaginemos otro caso, digamos que un cantante famoso mata a su mujer. ¿Debería la justicia no pasarle factura por este crimen sobre la base de que canta muy bonito?
Presento estos ejemplos porque los creo que relevantes a la coyuntura política boliviana.
Muchos consideran que el gobierno ha hecho cosas buenas, como ser la nacionalización del sector de hidrocarburos o la entrega de bonos. No pretendo en esta nota dar mi opinión sobre si dichas políticas son buenas o malas, simplemente señalar el hecho de que una parte de la población las considera positivas. Tenemos también un gobierno que continuamente comete delitos y atropellos. Para citar algunos están los cercos al congreso, la bomba plantada en una estación de Unitel en Yacuiba, la Calancha, la quema de la prefectura de Cochabamba, el acoso y desmantelamiento del Poder Judicial, los enfrentamientos en Pando, las agresiones a periodistas, la persecución judicial a políticos y empresarios críticos del gobierno, etc. A esto hay que agregar una corrupción tremenda acompañada de una impunidad escandalosa para los miembros del partido y por otro lado niveles de narcotráfico similares a los de la dictadura de García Meza.
Sin embargo para la gran mayoría todos estos abusos no tienen importancia o se ven justificados por “las cosas buenas” que está haciendo el MAS. No se puede interpretar de otra forma la apabullante votación que obtuvo el partido de gobierno en las elecciones nacionales. Por supuesto, con control absoluto de las dos cámaras del Poder Legislativo, el MAS tiene carta blanca para hacer lo que quiera. El pueblo le ha dado permiso, mediante el voto, para que siga cometiendo todo tipo de abusos y arbitrariedades.
Esta actitud de obviar lo malo y excusar lo inexcusable en cuanto a violación de derechos humanos, acaparamiento de las instituciones del Estado, violación del debido proceso y persecución política, es entendible entre la gente de bajos estratos sociales y baja educación, para quienes recibir un bono es lo máximo, pero censurable entre las clases medias y altas que deberían valorar el equilibrio de poder en un sistema democrático y totalmente reprochable en intelectuales que dicen pertenecer a una izquierda democrática, que dicen defender la democracia y los derechos humanos.
Fue evidente durante los primeros cuatro años de gobierno del MAS su tendencia totalitaria. El pueblo tuvo la oportunidad en las últimas elecciones de moderar dichas tendencias y no lo hizo. El costo podría ser, como nos muestra el caso de Venezuela, la destrucción total de la democracia en los próximos años.
Santa Cruz de la Sierra, 04/06/10
Imaginemos el caso de un sacerdote pedófilo. Supongamos que dicho sacerdote ha hecho cosas muy buenas por la comunidad en la que vive, que realiza importantes labores humanitarias, que ayuda a los pobres y necesitados. Es decir, exceptuando el hecho de que este sacerdote practica la pedofilia, es un tipazo en todos los otros aspectos. Pregunto, ¿la sociedad debería, considerando las buenas obras que realiza, perdonarle su delito?
Imaginemos otro caso, digamos que un cantante famoso mata a su mujer. ¿Debería la justicia no pasarle factura por este crimen sobre la base de que canta muy bonito?
Presento estos ejemplos porque los creo que relevantes a la coyuntura política boliviana.
Muchos consideran que el gobierno ha hecho cosas buenas, como ser la nacionalización del sector de hidrocarburos o la entrega de bonos. No pretendo en esta nota dar mi opinión sobre si dichas políticas son buenas o malas, simplemente señalar el hecho de que una parte de la población las considera positivas. Tenemos también un gobierno que continuamente comete delitos y atropellos. Para citar algunos están los cercos al congreso, la bomba plantada en una estación de Unitel en Yacuiba, la Calancha, la quema de la prefectura de Cochabamba, el acoso y desmantelamiento del Poder Judicial, los enfrentamientos en Pando, las agresiones a periodistas, la persecución judicial a políticos y empresarios críticos del gobierno, etc. A esto hay que agregar una corrupción tremenda acompañada de una impunidad escandalosa para los miembros del partido y por otro lado niveles de narcotráfico similares a los de la dictadura de García Meza.
Sin embargo para la gran mayoría todos estos abusos no tienen importancia o se ven justificados por “las cosas buenas” que está haciendo el MAS. No se puede interpretar de otra forma la apabullante votación que obtuvo el partido de gobierno en las elecciones nacionales. Por supuesto, con control absoluto de las dos cámaras del Poder Legislativo, el MAS tiene carta blanca para hacer lo que quiera. El pueblo le ha dado permiso, mediante el voto, para que siga cometiendo todo tipo de abusos y arbitrariedades.
Esta actitud de obviar lo malo y excusar lo inexcusable en cuanto a violación de derechos humanos, acaparamiento de las instituciones del Estado, violación del debido proceso y persecución política, es entendible entre la gente de bajos estratos sociales y baja educación, para quienes recibir un bono es lo máximo, pero censurable entre las clases medias y altas que deberían valorar el equilibrio de poder en un sistema democrático y totalmente reprochable en intelectuales que dicen pertenecer a una izquierda democrática, que dicen defender la democracia y los derechos humanos.
Fue evidente durante los primeros cuatro años de gobierno del MAS su tendencia totalitaria. El pueblo tuvo la oportunidad en las últimas elecciones de moderar dichas tendencias y no lo hizo. El costo podría ser, como nos muestra el caso de Venezuela, la destrucción total de la democracia en los próximos años.
Santa Cruz de la Sierra, 04/06/10
martes, 1 de junio de 2010
Dos lecciones invaluables
Javier Paz García
La siguiente anécdota sucedió cuando cursaba 3ro intermedio. El profesor de matemáticas, Julio Vargas repartía las hojas de un examen que habíamos tomado días atrás. Como era de esperarse, para muchos éste era un momento de lamentaciones; yo recibí el mío sin pena ni gloria. Cuando el profesor terminó de entregarlos, un alumno pidió permiso para acercarse a su escritorio, obviamente para cuestionar algo sobre su examen. Luego de una breve charla entre ambos, el profesor levanto la cabeza y dirigiéndose a toda la clase dijo: “Muchos alumnos vienen aquí a reclamarme – !por qué me saqué esta nota!, !la nota que me puso está mal, tiene que aumentarme! – En cambio este alumno viene de manera educada a preguntar qué fue lo que él hizo mal y cuál es la respuesta correcta. Él está interesado en aprender y no solo en que le suban la nota”.
Las palabras del profesor me enseñaron dos lecciones invaluables.
La primera lección es una cuestión de estilo o técnica. Consiste en pedir las cosas con respeto y educación, especialmente cuando se va a hacer un reclamo.
La segunda lección que saqué de esta anécdota es más de fondo. Consiste en un cambio de actitud. Consiste en poner el énfasis en aprender de los errores para no volverlos a cometer y no quedarse simplemente en el reclamo de una mejor nota. Consiste en que, cuando algo me sale mal, buscar la razón primeramente en mí, antes de buscar causas o personas externas a quienes culpar.
¿Cuántas veces en la vida buscamos culpables ajenos de nuestros males, sin siquiera, ni por si acaso, considerar la posibilidad de que nosotros mismos tuvimos algo de responsabilidad? ¿Cuántas veces exigimos que otros solucionen nuestros problemas, pero al mismo tiempo no hacemos nada para resolverlos nosotros mismos? Es natural en las personas atribuir el éxito a causas internas contraladas por uno mismo y el fracaso a causas externas sobre las que el individuo no tiene control. El problema de pensar así es que difícilmente se puede aprender y crecer como persona.
Como es natural, en muchas ocasiones he tenido que acercarme a mis profesores y pedirles explicaciones sobre tal o cual resultado de mis exámenes. El sermón de aquel día fue por lo tanto valiosísimo para hacer mis reclamos de manera respetuosa y así ganarme el respeto de mis profesores, así como también mantener una actitud de interés por el conocimiento, y no meramente por la calificación. Y por supuesto, ésta es una lección que no solo se aplica a lo académico, sino a la vida en general, y por la cual les agradezco a mi profesor y al alumno que sirvió de ejemplo.
Santa Cruz de la Sierra, 25/05/10
javierpaz01.blogspot.com
La siguiente anécdota sucedió cuando cursaba 3ro intermedio. El profesor de matemáticas, Julio Vargas repartía las hojas de un examen que habíamos tomado días atrás. Como era de esperarse, para muchos éste era un momento de lamentaciones; yo recibí el mío sin pena ni gloria. Cuando el profesor terminó de entregarlos, un alumno pidió permiso para acercarse a su escritorio, obviamente para cuestionar algo sobre su examen. Luego de una breve charla entre ambos, el profesor levanto la cabeza y dirigiéndose a toda la clase dijo: “Muchos alumnos vienen aquí a reclamarme – !por qué me saqué esta nota!, !la nota que me puso está mal, tiene que aumentarme! – En cambio este alumno viene de manera educada a preguntar qué fue lo que él hizo mal y cuál es la respuesta correcta. Él está interesado en aprender y no solo en que le suban la nota”.
Las palabras del profesor me enseñaron dos lecciones invaluables.
La primera lección es una cuestión de estilo o técnica. Consiste en pedir las cosas con respeto y educación, especialmente cuando se va a hacer un reclamo.
La segunda lección que saqué de esta anécdota es más de fondo. Consiste en un cambio de actitud. Consiste en poner el énfasis en aprender de los errores para no volverlos a cometer y no quedarse simplemente en el reclamo de una mejor nota. Consiste en que, cuando algo me sale mal, buscar la razón primeramente en mí, antes de buscar causas o personas externas a quienes culpar.
¿Cuántas veces en la vida buscamos culpables ajenos de nuestros males, sin siquiera, ni por si acaso, considerar la posibilidad de que nosotros mismos tuvimos algo de responsabilidad? ¿Cuántas veces exigimos que otros solucionen nuestros problemas, pero al mismo tiempo no hacemos nada para resolverlos nosotros mismos? Es natural en las personas atribuir el éxito a causas internas contraladas por uno mismo y el fracaso a causas externas sobre las que el individuo no tiene control. El problema de pensar así es que difícilmente se puede aprender y crecer como persona.
Como es natural, en muchas ocasiones he tenido que acercarme a mis profesores y pedirles explicaciones sobre tal o cual resultado de mis exámenes. El sermón de aquel día fue por lo tanto valiosísimo para hacer mis reclamos de manera respetuosa y así ganarme el respeto de mis profesores, así como también mantener una actitud de interés por el conocimiento, y no meramente por la calificación. Y por supuesto, ésta es una lección que no solo se aplica a lo académico, sino a la vida en general, y por la cual les agradezco a mi profesor y al alumno que sirvió de ejemplo.
Santa Cruz de la Sierra, 25/05/10
javierpaz01.blogspot.com
domingo, 23 de mayo de 2010
Los límites de la democracia
Javier Paz García
Soy un ferviente defensor de la democracia como sistema de gobierno. No pretendo en esta nota insinuar que exista una mejor forma de gobierno que aquella en la cual los gobernantes son elegidos por el pueblo en elecciones libres y transparentes. Simplemente deseo señalar que la democracia tiene sus limitaciones y que un Estado democrático moderno no puede apartarse del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos individuales. Es decir, un Estado debe ser democrático y de derecho.
Escribo esto porque a menudo se escuchan estupideces como “la voz del pueblo es la voz de Dios” o “el pueblo no se equivoca” que se invocan para justificar todo tipo de atropellos a los derechos humanos. El voto popular no puede ser usado para justificar abusos y violaciones de los derechos humanos como ser el derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad y a la propiedad privada.
Para dar ejemplos didácticos, no es lícito que dos personas se suban a un taxi, realicen una votación entre los presentes para determinar quiénes serán los nuevos dueños del vehículo, y que bajo el pretexto de que democráticamente se decidió sobre la propiedad del mismo, el taxista tenga que bajarse y abandonar lo que hasta hace instantes le pertenecía. Asimismo, no es lícito que dos hombres decidan violar a una mujer, bajo el pretexto de que dos tercios de los presentes así lo decidieron. Mis ejemplos pueden parecer grotescos, pero son muy análogos a cosas que suceden en la realidad donde gobiernos se amparan en el apoyo de las mayorías y en victorias democráticas legítimas para cometer abusos y violaciones a la libertad, propiedad y dignidad de las personas. Es preciso entender los límites de la democracia para poder identificar cuando los gobernantes abusan de ella, o mejor dicho cuando violan derechos humanos en su nombre. Es necesario educar al pueblo sobre la importancia de un Estado de Derecho y no solamente un Estado democrático. Es imperioso hacer de cada ciudadano un defensor de los derechos individuales. Solo así tendremos gobiernos que no violen las leyes ni usen el poder de la democracia para abusar de otros. Este es un requisito indispensable para que una sociedad puede vivir en paz.
Podemos citar casos históricos sobre casos donde la democracia se utilizó para violar derechos humanos. Hitler por ejemplo llegó al poder en Alemania mediante el sistema democrático e inmediatamente empezó a restringir la libertad de los judíos y a violar sistemáticamente sus derechos. Los Estados Unidos y Sudáfrica mantuvieron por mucho tiempo esquemas de segregación y discriminación contra los negros, a pesar de ser Estados democráticos. La Revolución Francesa fue un alzamiento popular que acabó con la monarquía pero instauró reinados del terror amparados en el pueblo.
En un Estado de Derechos la libertad y la propiedad individual no pueden ser sujetas a decisiones “democráticas”. No se puede invocar el apoyo de las mayorías para caprichosamente apropiarse de los bienes de persona alguna o privarle de libertad. Permitir que bajo el amparo de la democracia y el apoyo de las mayorías se violen derechos humanos y se restrinjan las libertades individuales es dar paso a la tiranía.
http://javierpaz01.blogspot.com/
Santa Cruz de la Sierra, 21/05/10
Soy un ferviente defensor de la democracia como sistema de gobierno. No pretendo en esta nota insinuar que exista una mejor forma de gobierno que aquella en la cual los gobernantes son elegidos por el pueblo en elecciones libres y transparentes. Simplemente deseo señalar que la democracia tiene sus limitaciones y que un Estado democrático moderno no puede apartarse del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos individuales. Es decir, un Estado debe ser democrático y de derecho.
Escribo esto porque a menudo se escuchan estupideces como “la voz del pueblo es la voz de Dios” o “el pueblo no se equivoca” que se invocan para justificar todo tipo de atropellos a los derechos humanos. El voto popular no puede ser usado para justificar abusos y violaciones de los derechos humanos como ser el derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad y a la propiedad privada.
Para dar ejemplos didácticos, no es lícito que dos personas se suban a un taxi, realicen una votación entre los presentes para determinar quiénes serán los nuevos dueños del vehículo, y que bajo el pretexto de que democráticamente se decidió sobre la propiedad del mismo, el taxista tenga que bajarse y abandonar lo que hasta hace instantes le pertenecía. Asimismo, no es lícito que dos hombres decidan violar a una mujer, bajo el pretexto de que dos tercios de los presentes así lo decidieron. Mis ejemplos pueden parecer grotescos, pero son muy análogos a cosas que suceden en la realidad donde gobiernos se amparan en el apoyo de las mayorías y en victorias democráticas legítimas para cometer abusos y violaciones a la libertad, propiedad y dignidad de las personas. Es preciso entender los límites de la democracia para poder identificar cuando los gobernantes abusan de ella, o mejor dicho cuando violan derechos humanos en su nombre. Es necesario educar al pueblo sobre la importancia de un Estado de Derecho y no solamente un Estado democrático. Es imperioso hacer de cada ciudadano un defensor de los derechos individuales. Solo así tendremos gobiernos que no violen las leyes ni usen el poder de la democracia para abusar de otros. Este es un requisito indispensable para que una sociedad puede vivir en paz.
Podemos citar casos históricos sobre casos donde la democracia se utilizó para violar derechos humanos. Hitler por ejemplo llegó al poder en Alemania mediante el sistema democrático e inmediatamente empezó a restringir la libertad de los judíos y a violar sistemáticamente sus derechos. Los Estados Unidos y Sudáfrica mantuvieron por mucho tiempo esquemas de segregación y discriminación contra los negros, a pesar de ser Estados democráticos. La Revolución Francesa fue un alzamiento popular que acabó con la monarquía pero instauró reinados del terror amparados en el pueblo.
En un Estado de Derechos la libertad y la propiedad individual no pueden ser sujetas a decisiones “democráticas”. No se puede invocar el apoyo de las mayorías para caprichosamente apropiarse de los bienes de persona alguna o privarle de libertad. Permitir que bajo el amparo de la democracia y el apoyo de las mayorías se violen derechos humanos y se restrinjan las libertades individuales es dar paso a la tiranía.
http://javierpaz01.blogspot.com/
Santa Cruz de la Sierra, 21/05/10
La demagogia del populismo y sus costos
Javier Paz García
El manejo de las finanzas de un país debe seguir los mismos principios económicos que rigen a una empresa o familia. Los gastos no deben superar a los ingresos, y si esto ocurre, no debe ser por periodos prolongados de tiempo. Lo contrario es conducir al país a una crisis fiscal que puede desencadenar en hechos como la hiperinflación que vivió Bolivia durante la primera mitad de los 80 o la crisis de deuda que vive Grecia actualmente.
Tanto en el caso de Bolivia como de Grecia la crisis se dio porque sus respectivos gobiernos estuvieron años y décadas gastando por encima de sus ingresos y endeudándose por encima de sus capacidades de pago. En ambos casos, cuando los prestamistas dejaron de prestar, la crisis explotó.
La génesis de este tipo de crisis no se la puede asignar al gobierno del momento. Por ejemplo, el gobierno dictatorial de Hugo Banzer es tan responsable como el de Siles Suazo por la hiperinflación boliviana, porque fue durante los setenta que Bolivia adquirió la deuda que no pudo pagar en los ochenta.
Por supuesto, desde un punto de vista político, existen muchos incentivos para que el gobierno de turno incremente el gasto público. Si quien gobierna, puede endeudarse y gastar a gusto, mejorando temporalmente los niveles de vida de la población, y sabe que ni él ni su partido político estarán en el poder cuando toque pagar las cuentas, pues probablemente termine adquiriendo deuda.
Este tipo de política populista, a pesar de ser irresponsable, raramente es entendida así por el electorado. En Bolivia solo en los círculos académicos se discute la responsabilidad del gobierno de los setenta por el descalabro de los ochenta. Para la mayoría de la población, este tipo de análisis de causa y efecto es demasiado abstracto ya que la causa y el efecto están demasiado separados en el tiempo. Los mineros relocalizados durante los ochenta en Bolivia, culpan de su suerte a la llegada del neoliberalismo o al decreto 21060; no entienden que su relocalización fue causada por décadas de irresponsabilidad fiscal.
Quien gasta lo que no tiene, puede por un tiempo mejorar su nivel de vida, pero cuando le toca pagar lo adeudado se las ve negras. Este gobierno sigue ese camino, creando bonos, creando empresas que pierden plata, comprando armas y satélites o incrementando el número de funcionarios del Estado. Y aunque la buena coyuntura económica (de la cual el gobierno no tiene ningún mérito) le ha permitido incrementar los gastos sin incurrir en déficit fiscales, una vez pase la bonanza, el Estado se las verá negras. Y se tendrán que quitar los bonos, y se tendrá que reducir el número de funcionarios públicos, y podríamos tener una crisis social, como la de Grecia hoy o como la de nosotros mismos en los ochentas. Y si esto llega a suceder, será dentro de varios años, por lo que nadie o casi nadie culpará al actual gobierno por el descalabro.
Santa Cruz de la Sierra, 14/05/10
El manejo de las finanzas de un país debe seguir los mismos principios económicos que rigen a una empresa o familia. Los gastos no deben superar a los ingresos, y si esto ocurre, no debe ser por periodos prolongados de tiempo. Lo contrario es conducir al país a una crisis fiscal que puede desencadenar en hechos como la hiperinflación que vivió Bolivia durante la primera mitad de los 80 o la crisis de deuda que vive Grecia actualmente.
Tanto en el caso de Bolivia como de Grecia la crisis se dio porque sus respectivos gobiernos estuvieron años y décadas gastando por encima de sus ingresos y endeudándose por encima de sus capacidades de pago. En ambos casos, cuando los prestamistas dejaron de prestar, la crisis explotó.
La génesis de este tipo de crisis no se la puede asignar al gobierno del momento. Por ejemplo, el gobierno dictatorial de Hugo Banzer es tan responsable como el de Siles Suazo por la hiperinflación boliviana, porque fue durante los setenta que Bolivia adquirió la deuda que no pudo pagar en los ochenta.
Por supuesto, desde un punto de vista político, existen muchos incentivos para que el gobierno de turno incremente el gasto público. Si quien gobierna, puede endeudarse y gastar a gusto, mejorando temporalmente los niveles de vida de la población, y sabe que ni él ni su partido político estarán en el poder cuando toque pagar las cuentas, pues probablemente termine adquiriendo deuda.
Este tipo de política populista, a pesar de ser irresponsable, raramente es entendida así por el electorado. En Bolivia solo en los círculos académicos se discute la responsabilidad del gobierno de los setenta por el descalabro de los ochenta. Para la mayoría de la población, este tipo de análisis de causa y efecto es demasiado abstracto ya que la causa y el efecto están demasiado separados en el tiempo. Los mineros relocalizados durante los ochenta en Bolivia, culpan de su suerte a la llegada del neoliberalismo o al decreto 21060; no entienden que su relocalización fue causada por décadas de irresponsabilidad fiscal.
Quien gasta lo que no tiene, puede por un tiempo mejorar su nivel de vida, pero cuando le toca pagar lo adeudado se las ve negras. Este gobierno sigue ese camino, creando bonos, creando empresas que pierden plata, comprando armas y satélites o incrementando el número de funcionarios del Estado. Y aunque la buena coyuntura económica (de la cual el gobierno no tiene ningún mérito) le ha permitido incrementar los gastos sin incurrir en déficit fiscales, una vez pase la bonanza, el Estado se las verá negras. Y se tendrán que quitar los bonos, y se tendrá que reducir el número de funcionarios públicos, y podríamos tener una crisis social, como la de Grecia hoy o como la de nosotros mismos en los ochentas. Y si esto llega a suceder, será dentro de varios años, por lo que nadie o casi nadie culpará al actual gobierno por el descalabro.
Santa Cruz de la Sierra, 14/05/10
lunes, 10 de mayo de 2010
La lucha autonómica en perspectiva
Javier Paz García
Los días posteriores al referéndum autonómico los líderes cruceños coreaban el slogan “ya somos autónomos”. Me parecía (y me sigue pareciendo) que dicha postura era apresurada y respondía más a una necesidad política que a la realidad; se necesita mucho más que una votación para conquistar la autonomía.
Por otra parte ahora se escuchan voces que dicen que la autonomía se perdió, que perdimos el rumbo, etc., posición que también me parece apresurada.
Lo cierto es que ni ganamos la autonomía el 4 de mayo de 2008 ni la perdimos en los meses posteriores. La autonomía es un proceso por el cual estamos transitando, a veces rápido, a veces lento. Hemos avanzado muchísimo, y nos queda muchísimo por avanzar.
Hoy en la mente de una mayoría del país las autonomías están consolidadas como una obligación del Estado para con la población, éste es un gran logro. Pero aun falta hacerlas realidad en la aplicación, en la transferencia de competencias y recursos económicos desde el nivel central hacia los gobiernos departamentales y municipales; éste es un arduo y moroso trabajo.
Es muy importante destacar que todo el proceso autonómico fue y sigue siendo resistido a rajatablas por el centralismo, mucho antes de que Evo Morales asumiera la presidencia. Goni aseguraba que nunca iba a permitir las autonomías y Evo con todo el poder del Estado central a sus espaldas hizo todo lo posible para frenar el proceso autonómico, haciendo campaña por el No en el referéndum que se realizó conjuntamente para convocar una Asamblea Constituyente y luego tratando de impedir los referendos del 4 de mayo. Finalmente el gobierno decidió incluir la autonomía departamental en su constitución, pero como una fachada, ausente de muchas competencias y recursos que esenciales para verdaderamente tener gobiernos departamentales autónomos. No está demás notar que hoy algunos de los que impulsaron esos referendos están siendo enjuiciados por el gobierno central.
El proceso autonómico es complicado y difícil, incluso existiendo la voluntad de todas las partes. Por ahora no hay esa voluntad y el proceso autonómico se enfrenta a un gobierno en extremo centralista que se va a aferrar al poder que tiene. Pero el proceso autonómico no solo se enfrenta con un gobierno que en lo más íntimo reniega de la autonomía (aunque públicamente exprese su apoyo por dicho proceso), sino también con un gobierno con tendencias totalitarista, que viola las leyes, que realiza persecuciones políticas, que utiliza el poder judicial como instrumento del partido y que está dispuesto a recurrir a la mentira, la farsa, la violencia y el terrorismo de Estado para conseguir sus metas.
Siendo realistas, no podemos esperar avanzar satisfactoriamente en el proceso autonómico con las condiciones actuales. Mientras siga el actual gobierno, las autonomías avanzarán lentamente; por momentos retrocederán y se centralizarán más recursos, como ha sucedido con el IDH por ejemplo.
Pero el proceso autonómico seguirá avanzando a su ritmo mientras exista la voluntad política de los líderes regionales, respaldada por el apoyo de una ciudadanía que crea que con la autonomía tendremos mejores gobiernos en todos los niveles.
Este es un proceso largo y difícil donde no hay que perder la perspectiva ni la paciencia.
Santa Cruz de la Sierra, 06/05/10
Los días posteriores al referéndum autonómico los líderes cruceños coreaban el slogan “ya somos autónomos”. Me parecía (y me sigue pareciendo) que dicha postura era apresurada y respondía más a una necesidad política que a la realidad; se necesita mucho más que una votación para conquistar la autonomía.
Por otra parte ahora se escuchan voces que dicen que la autonomía se perdió, que perdimos el rumbo, etc., posición que también me parece apresurada.
Lo cierto es que ni ganamos la autonomía el 4 de mayo de 2008 ni la perdimos en los meses posteriores. La autonomía es un proceso por el cual estamos transitando, a veces rápido, a veces lento. Hemos avanzado muchísimo, y nos queda muchísimo por avanzar.
Hoy en la mente de una mayoría del país las autonomías están consolidadas como una obligación del Estado para con la población, éste es un gran logro. Pero aun falta hacerlas realidad en la aplicación, en la transferencia de competencias y recursos económicos desde el nivel central hacia los gobiernos departamentales y municipales; éste es un arduo y moroso trabajo.
Es muy importante destacar que todo el proceso autonómico fue y sigue siendo resistido a rajatablas por el centralismo, mucho antes de que Evo Morales asumiera la presidencia. Goni aseguraba que nunca iba a permitir las autonomías y Evo con todo el poder del Estado central a sus espaldas hizo todo lo posible para frenar el proceso autonómico, haciendo campaña por el No en el referéndum que se realizó conjuntamente para convocar una Asamblea Constituyente y luego tratando de impedir los referendos del 4 de mayo. Finalmente el gobierno decidió incluir la autonomía departamental en su constitución, pero como una fachada, ausente de muchas competencias y recursos que esenciales para verdaderamente tener gobiernos departamentales autónomos. No está demás notar que hoy algunos de los que impulsaron esos referendos están siendo enjuiciados por el gobierno central.
El proceso autonómico es complicado y difícil, incluso existiendo la voluntad de todas las partes. Por ahora no hay esa voluntad y el proceso autonómico se enfrenta a un gobierno en extremo centralista que se va a aferrar al poder que tiene. Pero el proceso autonómico no solo se enfrenta con un gobierno que en lo más íntimo reniega de la autonomía (aunque públicamente exprese su apoyo por dicho proceso), sino también con un gobierno con tendencias totalitarista, que viola las leyes, que realiza persecuciones políticas, que utiliza el poder judicial como instrumento del partido y que está dispuesto a recurrir a la mentira, la farsa, la violencia y el terrorismo de Estado para conseguir sus metas.
Siendo realistas, no podemos esperar avanzar satisfactoriamente en el proceso autonómico con las condiciones actuales. Mientras siga el actual gobierno, las autonomías avanzarán lentamente; por momentos retrocederán y se centralizarán más recursos, como ha sucedido con el IDH por ejemplo.
Pero el proceso autonómico seguirá avanzando a su ritmo mientras exista la voluntad política de los líderes regionales, respaldada por el apoyo de una ciudadanía que crea que con la autonomía tendremos mejores gobiernos en todos los niveles.
Este es un proceso largo y difícil donde no hay que perder la perspectiva ni la paciencia.
Santa Cruz de la Sierra, 06/05/10
sábado, 1 de mayo de 2010
Inseguridad e indefensión: fallas del Estado central
Javier Paz García
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
¿La gente pobre es idiota e irresponsable?
Javier Paz García
La pregunta surge luego de una conversación con un amigo mío. Creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con el fruto de su trabajo. Consecuentemente no estoy de acuerdo con que el Estado obligue a los trabajadores a ahorrar en fondos de pensiones (no estoy en contra del ahorro, sino en contra de la coacción estatal). Hace unos días, un amigo mío se quedó pasmado de que yo tuviese semejante postura y me dijo que sin aportes obligatorios a las pensiones, la gente pobre, los obreros y asalariados no ahorrarían y en el futuro tendríamos un ejército de ancianos indigentes. Yo le dije que no creía en esa visión, sino más bien que la gente es en su mayoría responsable y capaz de prever y ahorrar para el futuro. A esto él respondió diciendo que yo estaba alejado de la realidad, que no tenía idea sobre cómo actúa la gente pobre y de escasa educación, que personas inteligentes como él y yo podemos tener la capacidad de previsión, pero no los pobres e ignorantes. Puso como ejemplo a los obreros de la planta en la cual él trabaja que llegan a fin de mes sin un peso, y cuando reciben su sueldo se lo beben o lo malgastan y no ahorran nada por cuenta propia.
No niego que haya gente irresponsable en todos los estratos sociales y económicos. Sin embargo me asusta cuando alguien sostiene que la mayoría de la gente pobre o con escasa instrucción es incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre su presente y su futuro. Me aterra cuando muchos piensan así.
El germen del socialismo radica en creer precisamente eso; que la mayoría de la gente es idiota y por lo tanto debe existir una minoría ilustrada que tome decisiones por ellos. El ilustre filósofo Adam Smith escribió al respecto: “El estadista que intentara dirigir a la gente sobre cómo emplear su dinero, no solo se recargaría de un trabajo innecesario, sino que estaría asumiendo una autoridad que no puede ser conferida sin riesgos a ningún comité o senado, y que en ninguna parte sería más peligrosa que en las manos de una persona con tanta locura y presunción como para imaginarse a sí mismo capaz de ejercitarla”.
Mi amigo cree que yo soy un ingenuo, que vivo en otro planeta y que la gente pobre es idiota e irresponsable. Su visión fatalista obvia la historia de la humanidad, donde en su mayor parte no existieron programas estatales de pensiones ni ejércitos de ancianos indigentes (podemos afirmar que el Estado paternalista nace con la Alemania de Bismark recién a finales del siglo XIX). Obvia también el presente donde existen millones de personas no adineradas que no aportan a pensiones estatales y que no terminan sus días mendigando. Niega que la gente de escasos recursos cuida responsablemente de sus hijos e invierte en ellos. Niega la creatividad y espíritu emprendedor del sector informal de la economía en su mayoría compuesto por personas de escasos recursos. Por lo tanto, no comparto la noción de que la gente pobre y sin educación es idiota e irresponsable. Creo que casi todos, más allá de la educación o el dinero que tengamos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro bienestar; creo que es un derecho y un deber que lo hagamos. Creo también que cuando el Estado empieza a quitarle al individuo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su bienestar y su propiedad, empieza verdaderamente a idiotizarlo.
Santa Cruz de la Sierra, 22/04/10
La pregunta surge luego de una conversación con un amigo mío. Creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con el fruto de su trabajo. Consecuentemente no estoy de acuerdo con que el Estado obligue a los trabajadores a ahorrar en fondos de pensiones (no estoy en contra del ahorro, sino en contra de la coacción estatal). Hace unos días, un amigo mío se quedó pasmado de que yo tuviese semejante postura y me dijo que sin aportes obligatorios a las pensiones, la gente pobre, los obreros y asalariados no ahorrarían y en el futuro tendríamos un ejército de ancianos indigentes. Yo le dije que no creía en esa visión, sino más bien que la gente es en su mayoría responsable y capaz de prever y ahorrar para el futuro. A esto él respondió diciendo que yo estaba alejado de la realidad, que no tenía idea sobre cómo actúa la gente pobre y de escasa educación, que personas inteligentes como él y yo podemos tener la capacidad de previsión, pero no los pobres e ignorantes. Puso como ejemplo a los obreros de la planta en la cual él trabaja que llegan a fin de mes sin un peso, y cuando reciben su sueldo se lo beben o lo malgastan y no ahorran nada por cuenta propia.
No niego que haya gente irresponsable en todos los estratos sociales y económicos. Sin embargo me asusta cuando alguien sostiene que la mayoría de la gente pobre o con escasa instrucción es incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre su presente y su futuro. Me aterra cuando muchos piensan así.
El germen del socialismo radica en creer precisamente eso; que la mayoría de la gente es idiota y por lo tanto debe existir una minoría ilustrada que tome decisiones por ellos. El ilustre filósofo Adam Smith escribió al respecto: “El estadista que intentara dirigir a la gente sobre cómo emplear su dinero, no solo se recargaría de un trabajo innecesario, sino que estaría asumiendo una autoridad que no puede ser conferida sin riesgos a ningún comité o senado, y que en ninguna parte sería más peligrosa que en las manos de una persona con tanta locura y presunción como para imaginarse a sí mismo capaz de ejercitarla”.
Mi amigo cree que yo soy un ingenuo, que vivo en otro planeta y que la gente pobre es idiota e irresponsable. Su visión fatalista obvia la historia de la humanidad, donde en su mayor parte no existieron programas estatales de pensiones ni ejércitos de ancianos indigentes (podemos afirmar que el Estado paternalista nace con la Alemania de Bismark recién a finales del siglo XIX). Obvia también el presente donde existen millones de personas no adineradas que no aportan a pensiones estatales y que no terminan sus días mendigando. Niega que la gente de escasos recursos cuida responsablemente de sus hijos e invierte en ellos. Niega la creatividad y espíritu emprendedor del sector informal de la economía en su mayoría compuesto por personas de escasos recursos. Por lo tanto, no comparto la noción de que la gente pobre y sin educación es idiota e irresponsable. Creo que casi todos, más allá de la educación o el dinero que tengamos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro bienestar; creo que es un derecho y un deber que lo hagamos. Creo también que cuando el Estado empieza a quitarle al individuo la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su bienestar y su propiedad, empieza verdaderamente a idiotizarlo.
Santa Cruz de la Sierra, 22/04/10
viernes, 16 de abril de 2010
Descentralizando las labores policiales
Javier Paz García
Es absolutamente justificable que exista una Policía Nacional. Sin embargo es por demás de cuestionable que casi la totalidad de sus miembros sean del occidente del país. Por ejemplo, es una rareza encontrar un policía cruceño en Santa Cruz o un policía beniano en el Beni y lo mismo debe suceder en el resto del país con la obvia excepción de La Paz. Es como si viviéramos en un régimen de colonización y dominio.
Los miembros de la policía deberían ser oriundos de la tierra donde ejercen sus funciones. Este no es un tema de racismo en lo absoluto: es tan absurdo pretender que todos los policías en Bolivia sean collas, como que todos sean cambas. Lo lógico y lo óptimo sería que la policía refleje la diversidad de la sociedad civil y que cada región pueda formar sus cuadros policiales con personas pertenecientes a la comunidad donde van a prestar sus servicios.
Por otro lado es inconcebible que las multas de tránsito que se generan en cualquier parte del país, terminen en La Paz. Así como la alcaldía de cada ciudad es responsable del mantenimiento de las calles y semáforos, así también debería ser responsable del control del tránsito. En la actualidad el municipio es responsable de generar el gasto (colocar el semáforo) y la Policía Nacional de percibir el ingreso (cobrar las multas que dicho semáforo genera); esto es un absurdo y como resultado vivimos con los semáforos en mal estado.
No hay duda de que la policía es una institución centralista, como lo demuestran las situaciones anteriormente expuestas. Tristemente hablar de descentralizar la Policía Nacional o crear academias descentralizadas en diversos municipios del país, genera reacciones propias del centralismo más retrógrado: ¡que se quiere dividir Bolivia!, ¡que la Policía es una sola!, consignas que apelan más a los sentimientos nacionalistas y centralistas que a la lógica y la razón.
Por ello, veo improbable que en el futuro próximo la Policía Nacional atraviese por un proceso de descentralización. Sin embargo los municipios del país pueden avanzar en una descentralización de las labores policiales creando sus propias guardias municipales, como sucede ya en algunos municipios, y recuperando paulatinamente funciones que por naturaleza deberían pertenecer al municipio, como ser la administración del tránsito municipal.
Tener una policía responsable ante el municipio y no ante un comando central a mil kilómetros de distancia; e integrada por habitantes del municipio y no por personas que nacieron y vivieron a mil kilómetros de distancia mejorará el servicio que prestan por dos motivos: la policía será sujeta a un escrutinio más minucioso por parte del municipio, y los policías tendrán mayor interés en ser bien vistos por los habitantes de la ciudad en la cual ellos también viven.
Estas son cosas difíciles de explicar a las personas con mentes centralistas, pero no deberíamos esperar a tener su aprobación para empezar a llevarlas a cabo. Al final, la autonomía consiste en permitir que aflore la creatividad desde lo pequeño y cercano; y no esperar a que quienes están lejos de nosotros nos digan qué hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 16/04/10
Es absolutamente justificable que exista una Policía Nacional. Sin embargo es por demás de cuestionable que casi la totalidad de sus miembros sean del occidente del país. Por ejemplo, es una rareza encontrar un policía cruceño en Santa Cruz o un policía beniano en el Beni y lo mismo debe suceder en el resto del país con la obvia excepción de La Paz. Es como si viviéramos en un régimen de colonización y dominio.
Los miembros de la policía deberían ser oriundos de la tierra donde ejercen sus funciones. Este no es un tema de racismo en lo absoluto: es tan absurdo pretender que todos los policías en Bolivia sean collas, como que todos sean cambas. Lo lógico y lo óptimo sería que la policía refleje la diversidad de la sociedad civil y que cada región pueda formar sus cuadros policiales con personas pertenecientes a la comunidad donde van a prestar sus servicios.
Por otro lado es inconcebible que las multas de tránsito que se generan en cualquier parte del país, terminen en La Paz. Así como la alcaldía de cada ciudad es responsable del mantenimiento de las calles y semáforos, así también debería ser responsable del control del tránsito. En la actualidad el municipio es responsable de generar el gasto (colocar el semáforo) y la Policía Nacional de percibir el ingreso (cobrar las multas que dicho semáforo genera); esto es un absurdo y como resultado vivimos con los semáforos en mal estado.
No hay duda de que la policía es una institución centralista, como lo demuestran las situaciones anteriormente expuestas. Tristemente hablar de descentralizar la Policía Nacional o crear academias descentralizadas en diversos municipios del país, genera reacciones propias del centralismo más retrógrado: ¡que se quiere dividir Bolivia!, ¡que la Policía es una sola!, consignas que apelan más a los sentimientos nacionalistas y centralistas que a la lógica y la razón.
Por ello, veo improbable que en el futuro próximo la Policía Nacional atraviese por un proceso de descentralización. Sin embargo los municipios del país pueden avanzar en una descentralización de las labores policiales creando sus propias guardias municipales, como sucede ya en algunos municipios, y recuperando paulatinamente funciones que por naturaleza deberían pertenecer al municipio, como ser la administración del tránsito municipal.
Tener una policía responsable ante el municipio y no ante un comando central a mil kilómetros de distancia; e integrada por habitantes del municipio y no por personas que nacieron y vivieron a mil kilómetros de distancia mejorará el servicio que prestan por dos motivos: la policía será sujeta a un escrutinio más minucioso por parte del municipio, y los policías tendrán mayor interés en ser bien vistos por los habitantes de la ciudad en la cual ellos también viven.
Estas son cosas difíciles de explicar a las personas con mentes centralistas, pero no deberíamos esperar a tener su aprobación para empezar a llevarlas a cabo. Al final, la autonomía consiste en permitir que aflore la creatividad desde lo pequeño y cercano; y no esperar a que quienes están lejos de nosotros nos digan qué hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 16/04/10
Las señales que damos
Javier Paz García
Poco o nada sé sobre los detalles y entretelones del caso de las boletas de garantía que el gobierno quiere cobrar a la Jindal. Por lo tanto no puedo opinar sobre si corresponde cobrarlas o no. Sin embargo, más allá de quien tiene la razón, cuando una empresa amenaza parar sus inversiones, como lo ha hecho la Jindal, manda una señal clara de que en el país no existe seguridad jurídica, no hay seriedad por parte del gobierno y que es mejor no invertir. A esto sumemos persecuciones políticas, jueces nombrados a dedo por el presidente, prohibiciones arbitrarias contra las exportaciones, amenazas de nacionalizaciones, controles de precio y un ambiente abiertamente hostil contra las empresas extranjeras y podemos ver por qué Bolivia está lejos de ser un paraíso para los inversionistas.
Bolivia tiene una buena tradición de tirarse un tiro en el pie. Ya años atrás hicimos que la Litco, que estaba interesada en el litio del Salar de Uyuni, se vaya espantada y curada de querer invertir aquí. No tendría que sorprendernos si la Jindal termina haciendo lo mismo.
Probablemente, a pesar de la inseguridad jurídica y las rabietas del gobierno, las empresas petroleras sigan trabajando en Bolivia, probablemente lo haga también la Jindal; a fin de cuentas, estas empresas extractivas tienen que trabajar donde están los recursos naturales. Sin embargo difícilmente podemos esperar inversiones extranjeras en otros rubros que no sean extractivos. Las empresas petroleras no eligen donde hay petróleo, trabajan donde les toca. Sin embargo las empresas que crean valor agregado, que transforman las materias primas u ofrecen servicios, sí pueden elegir dónde invertir. Y difícilmente este tipo de empresas apostaría por Bolivia en las actuales condiciones, cuando pueden hacerlo en países vecinos que ofrecen mejores condiciones.
Las señales que damos son de alarma y precaución para el inversionista y los diversos estudios que evalúan las condiciones de inversión en Bolivia así lo dicen.
Esta situación nos conduce a depender cada vez más de los recursos naturales y a convertirnos de nuevo en un país monoproductor. Mientras los precios del gas y de dos o tres productos adicionales sean buenos, el país va a andar; cuando estos precios caigan todo el país se va a tambalear.
Santa Cruz de la Sierra, 09/04/10
Poco o nada sé sobre los detalles y entretelones del caso de las boletas de garantía que el gobierno quiere cobrar a la Jindal. Por lo tanto no puedo opinar sobre si corresponde cobrarlas o no. Sin embargo, más allá de quien tiene la razón, cuando una empresa amenaza parar sus inversiones, como lo ha hecho la Jindal, manda una señal clara de que en el país no existe seguridad jurídica, no hay seriedad por parte del gobierno y que es mejor no invertir. A esto sumemos persecuciones políticas, jueces nombrados a dedo por el presidente, prohibiciones arbitrarias contra las exportaciones, amenazas de nacionalizaciones, controles de precio y un ambiente abiertamente hostil contra las empresas extranjeras y podemos ver por qué Bolivia está lejos de ser un paraíso para los inversionistas.
Bolivia tiene una buena tradición de tirarse un tiro en el pie. Ya años atrás hicimos que la Litco, que estaba interesada en el litio del Salar de Uyuni, se vaya espantada y curada de querer invertir aquí. No tendría que sorprendernos si la Jindal termina haciendo lo mismo.
Probablemente, a pesar de la inseguridad jurídica y las rabietas del gobierno, las empresas petroleras sigan trabajando en Bolivia, probablemente lo haga también la Jindal; a fin de cuentas, estas empresas extractivas tienen que trabajar donde están los recursos naturales. Sin embargo difícilmente podemos esperar inversiones extranjeras en otros rubros que no sean extractivos. Las empresas petroleras no eligen donde hay petróleo, trabajan donde les toca. Sin embargo las empresas que crean valor agregado, que transforman las materias primas u ofrecen servicios, sí pueden elegir dónde invertir. Y difícilmente este tipo de empresas apostaría por Bolivia en las actuales condiciones, cuando pueden hacerlo en países vecinos que ofrecen mejores condiciones.
Las señales que damos son de alarma y precaución para el inversionista y los diversos estudios que evalúan las condiciones de inversión en Bolivia así lo dicen.
Esta situación nos conduce a depender cada vez más de los recursos naturales y a convertirnos de nuevo en un país monoproductor. Mientras los precios del gas y de dos o tres productos adicionales sean buenos, el país va a andar; cuando estos precios caigan todo el país se va a tambalear.
Santa Cruz de la Sierra, 09/04/10
viernes, 2 de abril de 2010
Sugieren no invertir en Bolivia
Javier Paz García
Tomé el título de esta columna de una nota de prensa de El Deber del domingo 28 de marzo. La noticia se refiere a un informe publicado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Parte de la nota dice lo siguiente: “En el estudio, Bolivia es visto como un país en el que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital, ya que se trata de ‘un país pequeño y complicado en diversos sectores, con unos niveles generales de seguridad jurídica muy bajos’. El informe señala que la mala imagen de Bolivia está generada por ‘las campañas de desprestigio de algunas de las empresas españolas del sector de hidrocarburos’”.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, una institución española, no es la única en desahuciar las inversiones en el país. La Fundación Heritage, de origen estadounidense, publica cada año el Índice de Libertad Económica, donde mide diez aspectos relevantes a la misma y hace una clasificación de casi todos los países del mundo según su puntuación. Como dije en un artículo publicado anteriormente (Bolivia en el Índice de Libertad Económica, El Deber, 9/02/10) el año 2010 Bolivia obtuvo su peor calificación desde que se empezó a publicar el estudio en 1995, siendo las áreas más preocupantes los derechos de propiedad, la libertad para realizar inversiones y la corrupción.
El Instituto Fraser, de origen canadiense también publica un reporte similar. La última versión, que contiene datos hasta el año 2007 nos ubica en la posición 96, la peor en más de veinte años.
El Banco Mundial anualmente publica el informe Doing Business (Haciendo Negocios). En su versión 2010, este informe ubica a Bolivia en el puesto 161 de un total de 183 países, tres posiciones menos que el 2009.
Estos estudios son realizados por instituciones serias de diversos países y que no tienen ningún interés particular en Bolivia. No pretenden desestabilizar gobiernos o apoyar a facciones políticas. El propósito de los estudios es dar una guía a los inversionistas que desean hacer negocios fuera de sus fronteras nacionales, y servir de guía a los gobiernos sobre acciones que pueden tomar para mejorar sus regulaciones, activar sus economías y atraer inversiones.
Bolivia nunca ha sido una estrella en este tipo de mediciones, encontrándose casi siempre de la mitad para abajo. Pero no solamente nos debe preocupar la posición absoluta del país, sino también su dirección. Bolivia, a pesar de no tener buenas notas, había mostrado mejoras sistemáticas en este tipo de estudios desde mediados de la década pasada hasta mediados de la presente. Desde entonces las calificaciones del país han ido cayendo año tras año. Como cuando se planta un árbol, los frutos de las malas políticas que nos están llevando por este camino tardarán su tiempo en aparecer, pero inevitablemente aparecerán. Tal vez (ojalá) para entonces haya otros gobernantes, pero seremos nosotros los que pagaremos los platos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/04/10
Tomé el título de esta columna de una nota de prensa de El Deber del domingo 28 de marzo. La noticia se refiere a un informe publicado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Parte de la nota dice lo siguiente: “En el estudio, Bolivia es visto como un país en el que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital, ya que se trata de ‘un país pequeño y complicado en diversos sectores, con unos niveles generales de seguridad jurídica muy bajos’. El informe señala que la mala imagen de Bolivia está generada por ‘las campañas de desprestigio de algunas de las empresas españolas del sector de hidrocarburos’”.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, una institución española, no es la única en desahuciar las inversiones en el país. La Fundación Heritage, de origen estadounidense, publica cada año el Índice de Libertad Económica, donde mide diez aspectos relevantes a la misma y hace una clasificación de casi todos los países del mundo según su puntuación. Como dije en un artículo publicado anteriormente (Bolivia en el Índice de Libertad Económica, El Deber, 9/02/10) el año 2010 Bolivia obtuvo su peor calificación desde que se empezó a publicar el estudio en 1995, siendo las áreas más preocupantes los derechos de propiedad, la libertad para realizar inversiones y la corrupción.
El Instituto Fraser, de origen canadiense también publica un reporte similar. La última versión, que contiene datos hasta el año 2007 nos ubica en la posición 96, la peor en más de veinte años.
El Banco Mundial anualmente publica el informe Doing Business (Haciendo Negocios). En su versión 2010, este informe ubica a Bolivia en el puesto 161 de un total de 183 países, tres posiciones menos que el 2009.
Estos estudios son realizados por instituciones serias de diversos países y que no tienen ningún interés particular en Bolivia. No pretenden desestabilizar gobiernos o apoyar a facciones políticas. El propósito de los estudios es dar una guía a los inversionistas que desean hacer negocios fuera de sus fronteras nacionales, y servir de guía a los gobiernos sobre acciones que pueden tomar para mejorar sus regulaciones, activar sus economías y atraer inversiones.
Bolivia nunca ha sido una estrella en este tipo de mediciones, encontrándose casi siempre de la mitad para abajo. Pero no solamente nos debe preocupar la posición absoluta del país, sino también su dirección. Bolivia, a pesar de no tener buenas notas, había mostrado mejoras sistemáticas en este tipo de estudios desde mediados de la década pasada hasta mediados de la presente. Desde entonces las calificaciones del país han ido cayendo año tras año. Como cuando se planta un árbol, los frutos de las malas políticas que nos están llevando por este camino tardarán su tiempo en aparecer, pero inevitablemente aparecerán. Tal vez (ojalá) para entonces haya otros gobernantes, pero seremos nosotros los que pagaremos los platos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/04/10
lunes, 29 de marzo de 2010
Hacia una despenalización de las drogas
Javier Paz García
Los californianos votarán en noviembre una iniciativa para legalizar la marihuana. En mi opinión, se debería despenalizar el consumo de todas las drogas. Primero aclaro que nunca he consumido o producido drogas. Soy consciente del sufrimiento que pueden ocasionar, tanto a quien las consume, como a sus seres queridos. Sin embargo, y a pesar de ello sostengo esta posición porque creo que ningún gobierno debería legislar sobre las preferencias de consumo de nadie. Creo que cada persona adulta (resalto lo de persona adulta), debería tener el derecho de consumir las drogas, alcohol, tabaco o colesterol que desee. Una persona adulta sabe que tomar bebidas alcohólicas en exceso es malo, que hay que comer verduras y frutas, que las comidas grasosas causan obesidad y graves daños al sistema circulatorio y que las drogas son malas; es por tanto una cuestión de responsabilidad personal e individual decidir la cantidad de alcohol, verduras, comidas grasosas o drogas que cada quien desea consumir. Desde esta perspectiva, prohibir el consumo de drogas es tan arbitrario como prohibir el consumo de chocolates.
Pero más allá de la posición principista, existen razones prácticas para defender la despenalización de las drogas. Primeramente, la guerra contra las drogas es inefectiva: cualquiera puede conseguir cualquier droga, en cualquier parte del mundo. Es además demasiado costosa, tanto en lo económico, como en pérdidas humanas. Miles de personas mueren cada año, víctimas de la violencia generada, no por las drogas, sino por su penalización. Criminalizar las drogas hace que solo los criminales se dediquen a su comercio, con el tráfico de armas, la corrupción y la lucha por mantener los monopolios que dicho tráfico conlleva. Un ejemplo relevante nos lo da el caso de la prohibición de alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920. La prohibición dio origen al crimen organizado, la violencia, la corrupción de las autoridades públicas y creó a Al Capone, uno de los mafiosos más reconocidos de todos los tiempos. Al final la prohibición fue un fracaso y tuvo que ser abolida… y con la abolición se acabó la violencia que esta actividad previamente ilegal generaba. Si mañana vuelven a prohibir el alcohol, podemos estar seguros que se crearan los carteles y las mafias dispuestas a comercializarlo a costa de violencia y muerte (con los chocolates sería peor aún).
Si las drogas no fueran ilegales, Ciudad Juárez en Méjico no sería uno de los lugares más peligrosos del mundo, no hubiera surgido Pablo Escobar sembrando violencia en Colombia, las FARC probablemente ya estuvieran derrotadas y Evo Morales no hubiera logrado secuestrar a un país entero mediante bloqueos y marchas.
Si las drogas fueran legales, se podría fiscalizar la calidad de las mismas, disminuyendo los efectos nocivos sobre los consumidores y las enormes sumas de dinero que hoy se utilizan para la erradicación se podrían usar para campañas de prevención y educación.
La guerra contra las drogas nunca se va a ganar: mientras haya gente dispuesta a consumirla, habrá gente dispuesta a producirla y comercializarla. Por razones de principio y prácticas, los líderes mundiales deberían moverse en la dirección de California.
Santa Cruz de la Sierra, 26/03/10
Los californianos votarán en noviembre una iniciativa para legalizar la marihuana. En mi opinión, se debería despenalizar el consumo de todas las drogas. Primero aclaro que nunca he consumido o producido drogas. Soy consciente del sufrimiento que pueden ocasionar, tanto a quien las consume, como a sus seres queridos. Sin embargo, y a pesar de ello sostengo esta posición porque creo que ningún gobierno debería legislar sobre las preferencias de consumo de nadie. Creo que cada persona adulta (resalto lo de persona adulta), debería tener el derecho de consumir las drogas, alcohol, tabaco o colesterol que desee. Una persona adulta sabe que tomar bebidas alcohólicas en exceso es malo, que hay que comer verduras y frutas, que las comidas grasosas causan obesidad y graves daños al sistema circulatorio y que las drogas son malas; es por tanto una cuestión de responsabilidad personal e individual decidir la cantidad de alcohol, verduras, comidas grasosas o drogas que cada quien desea consumir. Desde esta perspectiva, prohibir el consumo de drogas es tan arbitrario como prohibir el consumo de chocolates.
Pero más allá de la posición principista, existen razones prácticas para defender la despenalización de las drogas. Primeramente, la guerra contra las drogas es inefectiva: cualquiera puede conseguir cualquier droga, en cualquier parte del mundo. Es además demasiado costosa, tanto en lo económico, como en pérdidas humanas. Miles de personas mueren cada año, víctimas de la violencia generada, no por las drogas, sino por su penalización. Criminalizar las drogas hace que solo los criminales se dediquen a su comercio, con el tráfico de armas, la corrupción y la lucha por mantener los monopolios que dicho tráfico conlleva. Un ejemplo relevante nos lo da el caso de la prohibición de alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920. La prohibición dio origen al crimen organizado, la violencia, la corrupción de las autoridades públicas y creó a Al Capone, uno de los mafiosos más reconocidos de todos los tiempos. Al final la prohibición fue un fracaso y tuvo que ser abolida… y con la abolición se acabó la violencia que esta actividad previamente ilegal generaba. Si mañana vuelven a prohibir el alcohol, podemos estar seguros que se crearan los carteles y las mafias dispuestas a comercializarlo a costa de violencia y muerte (con los chocolates sería peor aún).
Si las drogas no fueran ilegales, Ciudad Juárez en Méjico no sería uno de los lugares más peligrosos del mundo, no hubiera surgido Pablo Escobar sembrando violencia en Colombia, las FARC probablemente ya estuvieran derrotadas y Evo Morales no hubiera logrado secuestrar a un país entero mediante bloqueos y marchas.
Si las drogas fueran legales, se podría fiscalizar la calidad de las mismas, disminuyendo los efectos nocivos sobre los consumidores y las enormes sumas de dinero que hoy se utilizan para la erradicación se podrían usar para campañas de prevención y educación.
La guerra contra las drogas nunca se va a ganar: mientras haya gente dispuesta a consumirla, habrá gente dispuesta a producirla y comercializarla. Por razones de principio y prácticas, los líderes mundiales deberían moverse en la dirección de California.
Santa Cruz de la Sierra, 26/03/10
¡Felicidades Colombia!
Javier Paz García
Durante el mes de abril del 2007 atravesé Colombia comenzando en Maicao, ciudad fronteriza con Venezuela al noreste del país, hasta llegar a Ecuador por la ciudad de Pasto, en el extremo suroeste. El viaje lo realice por tierra, en flotas de transporte público. Al inicio de mi viaje, entre Maicao y Barranquilla el ejército colombiano detuvo la flota en la que me encontraba, bajó a todas las personas, nos puso con las manos arriba contra el bus y nos requisó. Luego de algunos minutos todos subimos al bus y seguimos viaje. En los más de mil kilómetros que anduve por suelo colombiano, no volví a tener otro evento de tal naturaleza.
Pensar en realizar la misma travesía 5 años antes de esa fecha hubiera sido una locura. Durante los noventa y los primeros años de la década siguiente Colombia era un país secuestrado por las guerrillas y los paramilitares. El país entero era víctima del miedo y como me contó don Héctor, mientras saboreábamos un café Juan Valdez en Manizales, antes la gente no podía salir de una ciudad a otra, e incluso evitaba los lugares públicos por miedo a los secuestros y coches bomba. Una señora que se sentó a mi lado en el teleférico de Medellín me dio otro testimonio conmovedor. Ella vive en un barrio pobre donde antes era cosa de todos los días oír tiroteos en las noches. Cuenta ella que no era infrecuente salir a trabajar al día siguiente y encontrar uno o dos cuerpos desangrados en las calles.
Ahora en Colombia las cosas están mejor gracias a Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática que puso a la guerrilla en jaque, y tiene a las FARC en el peor momento de su historia. La política de seguridad democrática del presidente Uribe devolvió a los colombianos una libertad y tranquilidad que no habían experimentado en décadas.
Personalmente creo que Uribe ha puesto a Colombia en rumbo hacia la victoria frente a las guerrillas y hacia el desarrollo económico, con plena vigencia de la democracia y el estado de derecho. Por ello, tengo gran admiración por el presidente Uribe.
A la vez celebro y felicito al pueblo colombiano por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que le cerró las puertas a una segunda reelección. Critico de Uribe que haya querido cambiar las reglas de juego para reelegirse. Creo que el caudillismo ha sido y sigue siendo nefasto para Latinoamérica, y pocas cosas me asustan más que el político que se cree imprescindible. Creo que los latinoamericanos debemos acostumbrarnos a poner la Ley por encima de las personas. El mensaje que dio Colombia con el fallo en contra de Uribe, precisamente sienta un precedente y es un ejemplo de institucionalidad y respeto a las leyes. Por eso deseo felicitar a Colombia, cuya democracia se verá fortalecida con este fallo. Y deseo sinceramente que el próximo presidente colombiano sea tan bueno como lo es Álvaro Uribe.
Santa Cruz de la Sierra, 05/03/10
Durante el mes de abril del 2007 atravesé Colombia comenzando en Maicao, ciudad fronteriza con Venezuela al noreste del país, hasta llegar a Ecuador por la ciudad de Pasto, en el extremo suroeste. El viaje lo realice por tierra, en flotas de transporte público. Al inicio de mi viaje, entre Maicao y Barranquilla el ejército colombiano detuvo la flota en la que me encontraba, bajó a todas las personas, nos puso con las manos arriba contra el bus y nos requisó. Luego de algunos minutos todos subimos al bus y seguimos viaje. En los más de mil kilómetros que anduve por suelo colombiano, no volví a tener otro evento de tal naturaleza.
Pensar en realizar la misma travesía 5 años antes de esa fecha hubiera sido una locura. Durante los noventa y los primeros años de la década siguiente Colombia era un país secuestrado por las guerrillas y los paramilitares. El país entero era víctima del miedo y como me contó don Héctor, mientras saboreábamos un café Juan Valdez en Manizales, antes la gente no podía salir de una ciudad a otra, e incluso evitaba los lugares públicos por miedo a los secuestros y coches bomba. Una señora que se sentó a mi lado en el teleférico de Medellín me dio otro testimonio conmovedor. Ella vive en un barrio pobre donde antes era cosa de todos los días oír tiroteos en las noches. Cuenta ella que no era infrecuente salir a trabajar al día siguiente y encontrar uno o dos cuerpos desangrados en las calles.
Ahora en Colombia las cosas están mejor gracias a Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática que puso a la guerrilla en jaque, y tiene a las FARC en el peor momento de su historia. La política de seguridad democrática del presidente Uribe devolvió a los colombianos una libertad y tranquilidad que no habían experimentado en décadas.
Personalmente creo que Uribe ha puesto a Colombia en rumbo hacia la victoria frente a las guerrillas y hacia el desarrollo económico, con plena vigencia de la democracia y el estado de derecho. Por ello, tengo gran admiración por el presidente Uribe.
A la vez celebro y felicito al pueblo colombiano por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que le cerró las puertas a una segunda reelección. Critico de Uribe que haya querido cambiar las reglas de juego para reelegirse. Creo que el caudillismo ha sido y sigue siendo nefasto para Latinoamérica, y pocas cosas me asustan más que el político que se cree imprescindible. Creo que los latinoamericanos debemos acostumbrarnos a poner la Ley por encima de las personas. El mensaje que dio Colombia con el fallo en contra de Uribe, precisamente sienta un precedente y es un ejemplo de institucionalidad y respeto a las leyes. Por eso deseo felicitar a Colombia, cuya democracia se verá fortalecida con este fallo. Y deseo sinceramente que el próximo presidente colombiano sea tan bueno como lo es Álvaro Uribe.
Santa Cruz de la Sierra, 05/03/10
sábado, 27 de febrero de 2010
¿Qué son los precios y los controles de precios?
Javier Paz García
El sistema de precios es una forma de comunicación; es un lenguaje. El sistema de precios es el lenguaje mediante el cual se comunican productores y consumidores entre sí.
¿Cómo se lleva a cabo esta comunicación? Veamos un ejemplo. Supongamos que un nuevo estudio determina que la cerveza es saludable para los huesos y se produce un incremento en el consumo de cerveza. Entonces las cerveceras incrementan su producción y por ello demandan mayor cantidad de cebada. Esto genera escases de cebada que a su vez hace que incremente su precio. El incremento del precio de la cebada indica a los productores que deben producir más cebada. Mediante el sistema de precios los consumidores de cerveza están diciéndole a los productores de cebada ¡produzcan más! Asimismo, si un estudio determina que el vino es bueno para el corazón y muchos bebedores de cerveza deciden reemplazar la cerveza por el vino, este mecanismo les hará saber a los productores de cebada que deben disminuir su producción. De igual forma, un ama de casas que compra sus verduras en algún mercado citadino se comunica con cientos de productores rurales a quienes no conoce ni va a conocer. Si desaparecieran los precios o se mantuvieran estáticos, los consumidores y productores no pudieran comunicarse entre sí.
El control de precio es la intervención del gobierno para fijar límites o definir los precios de las mercancías. Generalmente el control de precios se da con límites máximos, por sobre los cuales es prohibido vender el producto. El control de precio distorsiona la comunicación entre productores y consumidores.
Si la gente demanda más maíz, pero el gobierno instaura un control del precio del maíz, el productor no recibe ninguna señal que le indique que debe aumentar su producción.
Un control de precio puede tener éxito en el corto plazo. Si la siembra y la cosecha del maíz ya se realizaron y el gobierno establece un control de precios, pues los productores se verán obligados a vender su maíz al nuevo precio. Sin embargo a la larga, las áreas de cultivo del maíz se van reduciendo, y se genera un desabastecimiento.
Los controles de precios pueden ser medidas populares, que en el corto plazo reduzcan los precios y causen una buena acogida entre la población, pero a la larga (tal vez luego de varios años) perjudican a la población, porque tienen como consecuencia que el producto sea más escaso y más caro (los controles de precio generalmente generan mercados negros, donde el acceso al producto depende muchas veces depende de privilegios e influencias y el precio está por encima del determinado por el gobierno).
Otro efecto de los controles de precios es una disminución de la calidad. Cuando a un producto se le impone un precio con el cual no recupera sus costos, generalmente termina reduciéndolos para adecuarse al nuevo precio. Esta reducción de costos generalmente se consigue disminuyendo la calidad del producto.
En un mercado competitivo los precios son determinados por un intricado proceso de oferta y demanda que depende de miles de factores. Que un burócrata o un departamento de burócratas intenten controlar los precios es un ejercicio en futilidad que tiene efectos extremadamente nocivos y costosos para la salud de la economía y que además evidencia una tremenda ignorancia y engreimiento.
Santa Cruz de la Sierra, 26/02/10
El sistema de precios es una forma de comunicación; es un lenguaje. El sistema de precios es el lenguaje mediante el cual se comunican productores y consumidores entre sí.
¿Cómo se lleva a cabo esta comunicación? Veamos un ejemplo. Supongamos que un nuevo estudio determina que la cerveza es saludable para los huesos y se produce un incremento en el consumo de cerveza. Entonces las cerveceras incrementan su producción y por ello demandan mayor cantidad de cebada. Esto genera escases de cebada que a su vez hace que incremente su precio. El incremento del precio de la cebada indica a los productores que deben producir más cebada. Mediante el sistema de precios los consumidores de cerveza están diciéndole a los productores de cebada ¡produzcan más! Asimismo, si un estudio determina que el vino es bueno para el corazón y muchos bebedores de cerveza deciden reemplazar la cerveza por el vino, este mecanismo les hará saber a los productores de cebada que deben disminuir su producción. De igual forma, un ama de casas que compra sus verduras en algún mercado citadino se comunica con cientos de productores rurales a quienes no conoce ni va a conocer. Si desaparecieran los precios o se mantuvieran estáticos, los consumidores y productores no pudieran comunicarse entre sí.
El control de precio es la intervención del gobierno para fijar límites o definir los precios de las mercancías. Generalmente el control de precios se da con límites máximos, por sobre los cuales es prohibido vender el producto. El control de precio distorsiona la comunicación entre productores y consumidores.
Si la gente demanda más maíz, pero el gobierno instaura un control del precio del maíz, el productor no recibe ninguna señal que le indique que debe aumentar su producción.
Un control de precio puede tener éxito en el corto plazo. Si la siembra y la cosecha del maíz ya se realizaron y el gobierno establece un control de precios, pues los productores se verán obligados a vender su maíz al nuevo precio. Sin embargo a la larga, las áreas de cultivo del maíz se van reduciendo, y se genera un desabastecimiento.
Los controles de precios pueden ser medidas populares, que en el corto plazo reduzcan los precios y causen una buena acogida entre la población, pero a la larga (tal vez luego de varios años) perjudican a la población, porque tienen como consecuencia que el producto sea más escaso y más caro (los controles de precio generalmente generan mercados negros, donde el acceso al producto depende muchas veces depende de privilegios e influencias y el precio está por encima del determinado por el gobierno).
Otro efecto de los controles de precios es una disminución de la calidad. Cuando a un producto se le impone un precio con el cual no recupera sus costos, generalmente termina reduciéndolos para adecuarse al nuevo precio. Esta reducción de costos generalmente se consigue disminuyendo la calidad del producto.
En un mercado competitivo los precios son determinados por un intricado proceso de oferta y demanda que depende de miles de factores. Que un burócrata o un departamento de burócratas intenten controlar los precios es un ejercicio en futilidad que tiene efectos extremadamente nocivos y costosos para la salud de la economía y que además evidencia una tremenda ignorancia y engreimiento.
Santa Cruz de la Sierra, 26/02/10
Dilema en la Unión Europea
Javier Paz García
La crisis fiscal por la que atraviesa Grecia ha puesto en aprietos a los demás miembros de la Unión Europea y especialmente a Alemania, el país miembro con la economía más importante de la región.
Los países miembros de la Unión Europea no deben sobrepasar ciertos márgenes de endeudamiento y déficit fiscal; Grecia está muy por encima de estos márgenes y su situación fiscal está al borde del colapso.
El dilema de la Unión Europea es si intervenir, mediante préstamos para rescatar a Grecia, o dejarla a su suerte. El tema no es sencillo y presenta un problema de riesgo moral. Si la Unión Europea rescata a Grecia, señala a otros países miembros que pueden ser fiscalmente irresponsables, ya que si se meten en problemas, la Unión Europea vendrá en su rescate. El problema es muy similar al de los rescates financieros para las grandes empresas durante la reciente crisis económica: los gobiernos salvaron a muchas empresas, premiando a malos gerentes y a accionistas descuidados. De esta manera los mismos gobiernos incentivan a que las empresas y los accionistas sigan realizando inversiones de alto riesgo, con la idea de que si les va bien, van a tener altas ganancias, y si les va mal, el gobierno nuevamente los va a rescatar. Esto es efectivamente privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Hay que conocer un poco del pasado Alemán para entender por qué este salvamento financiero es un tema espinoso para este país. Luego de la 1ra Guerra Mundial Alemania sufrió una de las inflaciones más altas de la historia. Esta experiencia traumática hizo de los Alemanes uno de los pueblos con mayor disciplina fiscal en el mundo. La adopción del euro como moneda común tuvo mucha resistencia dentro de este país porque significaba abandonar el marco alemán, una de las monedas más estables del mundo, y pasar a definir la política monetaria junto a países menos prudentes como Italia o Grecia. El miedo de muchos alemanes era precisamente que, al tener una moneda común, Alemania termine pagando por la irresponsabilidad fiscal de otros países miembros. Si la Unión Europea rescata a Grecia (y si lo hace, Alemania pondrá buena parte del rescate), esos miedos se harán realidad y el costo político para Angela Merkel, la actual canciller alemana puede ser muy alto.
Por otro lado dejar a Grecia por su cuenta puede causar un efecto dominó, con países como Portugal, España o Irlanda, países cuya situación fiscal no está en buen estado. Esto podría hundir a Europa en otra crisis económica.
Quienes abogan por el salvamento financiero argumentan que no intervenir en Grecia tendría consecuencias peores para todos los países miembros de la EU y para la una economía global todavía frágil y en recuperación.
Quienes creen que la Unión Europea no debería intervenir, argumentan que hacerlo no evita una crisis simplemente la posterga y que además, al premiar el comportamiento irresponsable y castigar el comportamiento responsable (Alemania, la responsable paga por la indisciplina fiscal de Grecia), hace que los países no tomen las medidas necesarias para sanear sus economías y así evitar estas crisis en el futuro.
Santa Cruz de la Sierra, 20/02/10
La crisis fiscal por la que atraviesa Grecia ha puesto en aprietos a los demás miembros de la Unión Europea y especialmente a Alemania, el país miembro con la economía más importante de la región.
Los países miembros de la Unión Europea no deben sobrepasar ciertos márgenes de endeudamiento y déficit fiscal; Grecia está muy por encima de estos márgenes y su situación fiscal está al borde del colapso.
El dilema de la Unión Europea es si intervenir, mediante préstamos para rescatar a Grecia, o dejarla a su suerte. El tema no es sencillo y presenta un problema de riesgo moral. Si la Unión Europea rescata a Grecia, señala a otros países miembros que pueden ser fiscalmente irresponsables, ya que si se meten en problemas, la Unión Europea vendrá en su rescate. El problema es muy similar al de los rescates financieros para las grandes empresas durante la reciente crisis económica: los gobiernos salvaron a muchas empresas, premiando a malos gerentes y a accionistas descuidados. De esta manera los mismos gobiernos incentivan a que las empresas y los accionistas sigan realizando inversiones de alto riesgo, con la idea de que si les va bien, van a tener altas ganancias, y si les va mal, el gobierno nuevamente los va a rescatar. Esto es efectivamente privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Hay que conocer un poco del pasado Alemán para entender por qué este salvamento financiero es un tema espinoso para este país. Luego de la 1ra Guerra Mundial Alemania sufrió una de las inflaciones más altas de la historia. Esta experiencia traumática hizo de los Alemanes uno de los pueblos con mayor disciplina fiscal en el mundo. La adopción del euro como moneda común tuvo mucha resistencia dentro de este país porque significaba abandonar el marco alemán, una de las monedas más estables del mundo, y pasar a definir la política monetaria junto a países menos prudentes como Italia o Grecia. El miedo de muchos alemanes era precisamente que, al tener una moneda común, Alemania termine pagando por la irresponsabilidad fiscal de otros países miembros. Si la Unión Europea rescata a Grecia (y si lo hace, Alemania pondrá buena parte del rescate), esos miedos se harán realidad y el costo político para Angela Merkel, la actual canciller alemana puede ser muy alto.
Por otro lado dejar a Grecia por su cuenta puede causar un efecto dominó, con países como Portugal, España o Irlanda, países cuya situación fiscal no está en buen estado. Esto podría hundir a Europa en otra crisis económica.
Quienes abogan por el salvamento financiero argumentan que no intervenir en Grecia tendría consecuencias peores para todos los países miembros de la EU y para la una economía global todavía frágil y en recuperación.
Quienes creen que la Unión Europea no debería intervenir, argumentan que hacerlo no evita una crisis simplemente la posterga y que además, al premiar el comportamiento irresponsable y castigar el comportamiento responsable (Alemania, la responsable paga por la indisciplina fiscal de Grecia), hace que los países no tomen las medidas necesarias para sanear sus economías y así evitar estas crisis en el futuro.
Santa Cruz de la Sierra, 20/02/10
jueves, 28 de enero de 2010
Alegato contra la libertad de prensa
Javier Paz García
Uno de los argumentos más frecuentes que encuentro para disfrazar la censura, alegando libertad de expresión va más o menos así: 1) Hay que garantizar la libertad de expresión. 2) Los medios de comunicación (o algunos medios) no transmiten todo el espectro de opiniones, por lo tanto limitan la libertad de expresión. 3) Por ello el gobierno debe intervenir y controlar a los medios para “garantizar la libertad de expresión".
Las formas del argumento pueden variar; algunos hablarán de “democratizar los medios” otros de “permitir al pueblo el acceso a los medios”, o “acabar con el monopolio donde solo los ricos y poderosos tienen voz”, etc., pero el fondo es básicamente igual. Quienes esgriman esta explicación en realidad no creen en la libertad de expresión, pero aparentan defenderla.
El argumento es ingenioso e incluso efectivo (no son pocos quienes se lo creen), pero es falaz. El error estriba en confundir lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado.
En el ámbito privado, un padre puede prohibir a su hijo a decir malas palabras, un medio de prensa privado puede y debe decidir qué programas emitir, toda persona está en todo su derecho de echar de su casa a alguien cuya opinión o presencia le sea molesta. Sin embargo un padre no puede obligar a todos los padres a que eduquen a sus hijos de cierta manera, un medio de prensa no puede decirle a los otros medios qué publicar y una persona no puede prohibir a otra persona a circular por áreas públicas. Cada individuo tiene cierta capacidad para limitar la libertad de otros dentro de su ámbito privado.
En cambio el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la creación de leyes y de la administración de justicia y por ello podría mediante estos instrumentos coartar ciertas libertades y derechos de manera generalizada. Precisamente para poner límites a este poder es que todo Estado que se precie de democrático se impone a sí mismo la obligación de no coartar la libertad de prensa; y la defensa de este derecho, es esencialmente una defensa de la sociedad civil contra el potencial de abusos por parte del Estado.
Los apologistas de la censura, en cambio, se confunden y pretenden defender a la sociedad civil de sí misma. Ya no hablan de ponerle una demarcación al poder del Estado y prohibirle limitar la libertad de expresión de la sociedad civil, sino que hablan de incrementar la libertad de expresión poniéndola bajo la tutela y control del Estado (una contradicción). Elaboran un discurso que enfrenta a varios grupos de la sociedad civil entre sí y convierten la libertad de expresión en un juego de suma cero, donde la libertad de expresión de algunos impide la libertad de expresión de las mayorías o arguyen que son los medios de comunicación quienes restringen la libertad de expresión porque dan acceso solamente a ciertos sectores. Por ello, el Estado debe intervenir como “restaurador” del equilibrio.
La forma de preservar la libertad de expresión no consiste en hacer que el Estado limite y controle a los medios, sino al contrario, en que los medios se desenvuelvan en un ambiente de libre competencia y fiscalicen al Estado.
Santa Cruz de la Sierra, 28/01/10
Uno de los argumentos más frecuentes que encuentro para disfrazar la censura, alegando libertad de expresión va más o menos así: 1) Hay que garantizar la libertad de expresión. 2) Los medios de comunicación (o algunos medios) no transmiten todo el espectro de opiniones, por lo tanto limitan la libertad de expresión. 3) Por ello el gobierno debe intervenir y controlar a los medios para “garantizar la libertad de expresión".
Las formas del argumento pueden variar; algunos hablarán de “democratizar los medios” otros de “permitir al pueblo el acceso a los medios”, o “acabar con el monopolio donde solo los ricos y poderosos tienen voz”, etc., pero el fondo es básicamente igual. Quienes esgriman esta explicación en realidad no creen en la libertad de expresión, pero aparentan defenderla.
El argumento es ingenioso e incluso efectivo (no son pocos quienes se lo creen), pero es falaz. El error estriba en confundir lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado.
En el ámbito privado, un padre puede prohibir a su hijo a decir malas palabras, un medio de prensa privado puede y debe decidir qué programas emitir, toda persona está en todo su derecho de echar de su casa a alguien cuya opinión o presencia le sea molesta. Sin embargo un padre no puede obligar a todos los padres a que eduquen a sus hijos de cierta manera, un medio de prensa no puede decirle a los otros medios qué publicar y una persona no puede prohibir a otra persona a circular por áreas públicas. Cada individuo tiene cierta capacidad para limitar la libertad de otros dentro de su ámbito privado.
En cambio el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la creación de leyes y de la administración de justicia y por ello podría mediante estos instrumentos coartar ciertas libertades y derechos de manera generalizada. Precisamente para poner límites a este poder es que todo Estado que se precie de democrático se impone a sí mismo la obligación de no coartar la libertad de prensa; y la defensa de este derecho, es esencialmente una defensa de la sociedad civil contra el potencial de abusos por parte del Estado.
Los apologistas de la censura, en cambio, se confunden y pretenden defender a la sociedad civil de sí misma. Ya no hablan de ponerle una demarcación al poder del Estado y prohibirle limitar la libertad de expresión de la sociedad civil, sino que hablan de incrementar la libertad de expresión poniéndola bajo la tutela y control del Estado (una contradicción). Elaboran un discurso que enfrenta a varios grupos de la sociedad civil entre sí y convierten la libertad de expresión en un juego de suma cero, donde la libertad de expresión de algunos impide la libertad de expresión de las mayorías o arguyen que son los medios de comunicación quienes restringen la libertad de expresión porque dan acceso solamente a ciertos sectores. Por ello, el Estado debe intervenir como “restaurador” del equilibrio.
La forma de preservar la libertad de expresión no consiste en hacer que el Estado limite y controle a los medios, sino al contrario, en que los medios se desenvuelvan en un ambiente de libre competencia y fiscalicen al Estado.
Santa Cruz de la Sierra, 28/01/10
¿Qué es el tipo de cambio?
Javier Paz García
El tipo de cambio es un precio; es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Conceptualmente el tipo de cambio no es muy diferente que el precio que uno paga por comprar tomates. En un mercado se intercambian bienes por monedas: un kilo de tomates por 3 bolivianos, 100 achachairuces por 20 bolivianos, etc. Con las monedas sucede lo mismo, con la diferencia que ya no se intercambian bienes o servicios por monedas, sino que se intercambian monedas por monedas: 7 bolivianos por 1 dólar, 10 bolivianos por 1 euro, 1 dólar por 4 pesos argentinos, etc.
El tipo de cambio se determina por factores de oferta y demanda similares a los que determinan el precio del pollo o de la papa en un mercado competitivo. Sin embargo cada Estado que emite una moneda propia, tiene mecanismos para controlar y manipular hasta cierto punto el tipo de cambio de su moneda con respecto al resto de las monedas de otros países.
El tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación a través del costo de los bienes y servicios importados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio actual es 7 bolivianos por 1 dólar y que una licuadora importada cuesta 100 dólares. Esto quiere decir que la licuadora cuesta 700 bolivianos. Si la moneda boliviana se devalúa a 10 bolivianos por dólar, esa misma licuadora en Bolivia sube de precio a 1000 bolivianos. Por ello, para un país que importa una gran cantidad de bienes de consumo, el tipo de cambio tiene efectos directos y significativos sobre el índice inflacionario.
Por otro lado, si la moneda se apreciara a 5 bolivianos por dólar, esa misma licuadora que antes costaba Bs. 700 ahora costaría Bs. 500. Una apreciación del boliviano beneficia al consumidor de productos importados.
¿Por qué entonces no apreciar la moneda y así abaratar los costos de vehículos, televisores, maquinarias agrícolas, medicamentos, etc.? Porque perjudica al sector exportador nacional, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si un productor de aceite vegetal vende su producto a Bs. 7, a un tipo de cambio de 7 Bs. por dólar, ese mismo producto en el extranjero vale 1 dólar. Si el boliviano se apreciara a 3,5 Bs. por dólar, ese mismo aceite vegetal que antes costaba 1 dólar en el extranjero, ahora pasa a costar 2 dólares, a pesar que su costo en bolivianos sigue siendo el mismo. Por supuesto, al aumentar de precio en el extranjero, los compradores dejan de comprar el aceite boliviano y buscan alternativas más baratas. Una apreciación del tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones nacionales.
El tipo de cambio puede ser determinado por las fuerzas del mercado, sin que el Estado intervenga de forma directa. Cuando no es así, los burócratas encargados de determinarlo, deben tener en cuenta tanto el efecto sobre la inflación y el bolsillo del consumidor, como también la competitividad del sector exportador.
Santa Cruz de la Sierra, 22/01/10
El tipo de cambio es un precio; es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Conceptualmente el tipo de cambio no es muy diferente que el precio que uno paga por comprar tomates. En un mercado se intercambian bienes por monedas: un kilo de tomates por 3 bolivianos, 100 achachairuces por 20 bolivianos, etc. Con las monedas sucede lo mismo, con la diferencia que ya no se intercambian bienes o servicios por monedas, sino que se intercambian monedas por monedas: 7 bolivianos por 1 dólar, 10 bolivianos por 1 euro, 1 dólar por 4 pesos argentinos, etc.
El tipo de cambio se determina por factores de oferta y demanda similares a los que determinan el precio del pollo o de la papa en un mercado competitivo. Sin embargo cada Estado que emite una moneda propia, tiene mecanismos para controlar y manipular hasta cierto punto el tipo de cambio de su moneda con respecto al resto de las monedas de otros países.
El tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación a través del costo de los bienes y servicios importados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio actual es 7 bolivianos por 1 dólar y que una licuadora importada cuesta 100 dólares. Esto quiere decir que la licuadora cuesta 700 bolivianos. Si la moneda boliviana se devalúa a 10 bolivianos por dólar, esa misma licuadora en Bolivia sube de precio a 1000 bolivianos. Por ello, para un país que importa una gran cantidad de bienes de consumo, el tipo de cambio tiene efectos directos y significativos sobre el índice inflacionario.
Por otro lado, si la moneda se apreciara a 5 bolivianos por dólar, esa misma licuadora que antes costaba Bs. 700 ahora costaría Bs. 500. Una apreciación del boliviano beneficia al consumidor de productos importados.
¿Por qué entonces no apreciar la moneda y así abaratar los costos de vehículos, televisores, maquinarias agrícolas, medicamentos, etc.? Porque perjudica al sector exportador nacional, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si un productor de aceite vegetal vende su producto a Bs. 7, a un tipo de cambio de 7 Bs. por dólar, ese mismo producto en el extranjero vale 1 dólar. Si el boliviano se apreciara a 3,5 Bs. por dólar, ese mismo aceite vegetal que antes costaba 1 dólar en el extranjero, ahora pasa a costar 2 dólares, a pesar que su costo en bolivianos sigue siendo el mismo. Por supuesto, al aumentar de precio en el extranjero, los compradores dejan de comprar el aceite boliviano y buscan alternativas más baratas. Una apreciación del tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones nacionales.
El tipo de cambio puede ser determinado por las fuerzas del mercado, sin que el Estado intervenga de forma directa. Cuando no es así, los burócratas encargados de determinarlo, deben tener en cuenta tanto el efecto sobre la inflación y el bolsillo del consumidor, como también la competitividad del sector exportador.
Santa Cruz de la Sierra, 22/01/10
domingo, 17 de enero de 2010
El rol social de la educación privada
Javier Paz García
Hace unos meses tuve una conversación con un joven de escasos recursos, en la cual él decía que la educación privada en universidades caras no cumplía un rol social porque solo podían asistir personas pudientes. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude convencer a este joven de lo contrario. Por ello escribo esta nota.
Primero debemos recalcar que muchas instituciones de educación privada, ya sean colegios o universidades, ofrecen becas de estudio para personas de escasos recursos. Sin embargo, no pretendo en esta nota analizar los actos de beneficencia de los centros educativos privados, sino más bien, me pregunto ¿cuál es el rol social de la educación dirigida a las personas pudientes?
El concepto central que debemos entender para responder esta pregunta es que los beneficios de la educación no recaen únicamente en el alumno. La premisa de que la educación solo beneficia a quien la recibe, nos lleva a la conclusión de que la educación privada a la que solo pueden acceder las personas adineradas, beneficia solamente a las personas adineradas. Sin embargo esta premisa es falsa. Por supuesto, la educación es una inversión donde el mayor beneficiario es quien la recibe, pero no el único. En la medida que la educación crea emprendedores, genera a su vez empleo para otras personas. Los nuevos inventos o las mejoras en productos y procesos, son otro ejemplo de beneficios que no recaen únicamente en el inventor.
Por ejemplo, si un ingeniero mejorar un proceso, reduciendo el costo de cosechar trigo, esa reducción de costos, que a la larga invariablemente se traduce en una reducción de precios para el consumidor final, termina beneficiando a millones de personas en todas partes del mundo. De la misma manera, cuando alguien reduce el tamaño de un chip de computadora, o diseña un nuevo sistema operativo, su invento lo puede convertir en millonario, pero solo en la medida en que ayude a los consumidores finales.
La educación privada en general es mejor que la educación pública. Los centros de educación privada producen personas mejor preparadas que los centros de educación públicos. Esta diferencia cualitativa significa un aporte que beneficia a la sociedad en todas sus escalas.
El teléfono celular o el sistema operativo Windows provienen de personas educadas en universidades privadas, pero cuyos inventos hoy benefician a todo el mundo, desde las comunidades más pobres de África hasta las oficinas más prestigiosas de Wall Street.
Y es que, como dije antes, los beneficios de la educación no recaen exclusivamente sobre quien recibe dicha educación, y más al contrario, la educación de mayor calidad, es la que más tiende a generar beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Santa Cruz de la Sierra, 15/01/10
Hace unos meses tuve una conversación con un joven de escasos recursos, en la cual él decía que la educación privada en universidades caras no cumplía un rol social porque solo podían asistir personas pudientes. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude convencer a este joven de lo contrario. Por ello escribo esta nota.
Primero debemos recalcar que muchas instituciones de educación privada, ya sean colegios o universidades, ofrecen becas de estudio para personas de escasos recursos. Sin embargo, no pretendo en esta nota analizar los actos de beneficencia de los centros educativos privados, sino más bien, me pregunto ¿cuál es el rol social de la educación dirigida a las personas pudientes?
El concepto central que debemos entender para responder esta pregunta es que los beneficios de la educación no recaen únicamente en el alumno. La premisa de que la educación solo beneficia a quien la recibe, nos lleva a la conclusión de que la educación privada a la que solo pueden acceder las personas adineradas, beneficia solamente a las personas adineradas. Sin embargo esta premisa es falsa. Por supuesto, la educación es una inversión donde el mayor beneficiario es quien la recibe, pero no el único. En la medida que la educación crea emprendedores, genera a su vez empleo para otras personas. Los nuevos inventos o las mejoras en productos y procesos, son otro ejemplo de beneficios que no recaen únicamente en el inventor.
Por ejemplo, si un ingeniero mejorar un proceso, reduciendo el costo de cosechar trigo, esa reducción de costos, que a la larga invariablemente se traduce en una reducción de precios para el consumidor final, termina beneficiando a millones de personas en todas partes del mundo. De la misma manera, cuando alguien reduce el tamaño de un chip de computadora, o diseña un nuevo sistema operativo, su invento lo puede convertir en millonario, pero solo en la medida en que ayude a los consumidores finales.
La educación privada en general es mejor que la educación pública. Los centros de educación privada producen personas mejor preparadas que los centros de educación públicos. Esta diferencia cualitativa significa un aporte que beneficia a la sociedad en todas sus escalas.
El teléfono celular o el sistema operativo Windows provienen de personas educadas en universidades privadas, pero cuyos inventos hoy benefician a todo el mundo, desde las comunidades más pobres de África hasta las oficinas más prestigiosas de Wall Street.
Y es que, como dije antes, los beneficios de la educación no recaen exclusivamente sobre quien recibe dicha educación, y más al contrario, la educación de mayor calidad, es la que más tiende a generar beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Santa Cruz de la Sierra, 15/01/10
¿Por qué regular el costo de los colegios privados?
Javier Paz García
Primero quiero hacer notar la ironía de que el gobierno pretenda regular la educación privada, cuando la educación pública es un desastre.
Hablando específicamente sobre regular los precios, la decisión de un padre de familia sobre a cuál colegio inscribir a sus hijos o cuánto pagar es estrictamente personal y voluntaria: un colegio no puede obligar a los padres inscribir a sus hijos ahí si los padres consideran que lo que cobra dicho colegio es demasiado. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Hay colegios privados a todo precio. Un padre de familia puede elegir colegios privados que cuesten desde $us 10.- por mes hasta $us 300.-. Si estos montos le parecen altos, tiene la opción de meter a sus hijos en los peores colegios del sistema educativo boliviano (los colegios públicos, por supuesto) y así incluso ganar un bono a fin de año. Por lo tanto los costos de la educación escolar pueden variar desde montos mayores a los $us 3000 anuales hasta una ganancia de Bs. 200.-. El padre que no quiere o no puede pagar una cantidad x por la educación de sus hijos, tiene muchas opciones para pagar menos que x en varios colegios. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
En general en todos los ámbitos y también con respecto a la educación, una mayor calidad requiere un mayor costo. Los colegios más caros son generalmente los mejores porque sus cuotas altas les permiten atraer a los mejores educadores, construir mejor infraestructura, enseñar con la mejor tecnología, etc. Forzar a los colegios a que cobren menos matrículas y mensualidades es condenarlos a reducir la calidad de la enseñanza que imparten (la caída de la calidad no es necesariamente inmediata a la reducción de precios, pero a la larga es inexorable). Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Cuando el Estado obliga a los colegios privados a reducir sus precios, a su vez reduce la calidad de la educación, hace que el país sea menos competitivo con respecto a otros países, le limita la posibilidad de desarrollar tecnología, la cual requiere una alta inversión en capital humano y por supuesto limita el potencial de reducir la pobreza en el país.
Si los padres tienen la opción de pagar lo que deseen o incluso no pagar nada por la educación de los hijos; si la decisión sobre qué presupuesto asignar para la educación de los hijos y a que colegio inscribirlos es hecha de manera libre y voluntaria; si reducir las mensualidades significa reducir la calidad de la educación privada, y esto a su vez implica una pérdida de competitividad y mayor pobreza para el país; si el Estado no tiene argumentos para intervenir en la educación privada, dado que la educación pública boliviana es de las peores del mundo; entonces uno se pregunta, ¿a qué santos se meten?
Santa Cruz de la Sierra, 08/01/10
Primero quiero hacer notar la ironía de que el gobierno pretenda regular la educación privada, cuando la educación pública es un desastre.
Hablando específicamente sobre regular los precios, la decisión de un padre de familia sobre a cuál colegio inscribir a sus hijos o cuánto pagar es estrictamente personal y voluntaria: un colegio no puede obligar a los padres inscribir a sus hijos ahí si los padres consideran que lo que cobra dicho colegio es demasiado. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Hay colegios privados a todo precio. Un padre de familia puede elegir colegios privados que cuesten desde $us 10.- por mes hasta $us 300.-. Si estos montos le parecen altos, tiene la opción de meter a sus hijos en los peores colegios del sistema educativo boliviano (los colegios públicos, por supuesto) y así incluso ganar un bono a fin de año. Por lo tanto los costos de la educación escolar pueden variar desde montos mayores a los $us 3000 anuales hasta una ganancia de Bs. 200.-. El padre que no quiere o no puede pagar una cantidad x por la educación de sus hijos, tiene muchas opciones para pagar menos que x en varios colegios. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
En general en todos los ámbitos y también con respecto a la educación, una mayor calidad requiere un mayor costo. Los colegios más caros son generalmente los mejores porque sus cuotas altas les permiten atraer a los mejores educadores, construir mejor infraestructura, enseñar con la mejor tecnología, etc. Forzar a los colegios a que cobren menos matrículas y mensualidades es condenarlos a reducir la calidad de la enseñanza que imparten (la caída de la calidad no es necesariamente inmediata a la reducción de precios, pero a la larga es inexorable). Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Cuando el Estado obliga a los colegios privados a reducir sus precios, a su vez reduce la calidad de la educación, hace que el país sea menos competitivo con respecto a otros países, le limita la posibilidad de desarrollar tecnología, la cual requiere una alta inversión en capital humano y por supuesto limita el potencial de reducir la pobreza en el país.
Si los padres tienen la opción de pagar lo que deseen o incluso no pagar nada por la educación de los hijos; si la decisión sobre qué presupuesto asignar para la educación de los hijos y a que colegio inscribirlos es hecha de manera libre y voluntaria; si reducir las mensualidades significa reducir la calidad de la educación privada, y esto a su vez implica una pérdida de competitividad y mayor pobreza para el país; si el Estado no tiene argumentos para intervenir en la educación privada, dado que la educación pública boliviana es de las peores del mundo; entonces uno se pregunta, ¿a qué santos se meten?
Santa Cruz de la Sierra, 08/01/10
Hacia un Estado entrometido
Javier Paz García
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09
Algunas predicciones
Javier Paz García
Los resultados electorales otorgan un cheque en blanco al partido oficialista, lo que me anima a hacer algunas predicciones.
Podemos tener certidumbre, por ejemplo, que ya no habrán más cercos al Congreso (rebautizado como Asamblea Plurinacional). Tendremos que acostumbrarnos a ver lo que vimos en la Asamblea Constituyente… dóciles levantamanos que ni siquiera han leído las leyes que aprueban. Veremos a una bancada opositora totalmente impotente, cuyo único rol será la denuncia a nivel nacional e internacional.
El 2010, se acabarán las acefalias en las instituciones del Estado y dichos cargos serán designados con apego total a la Constitución y las Leyes. La Corte Suprema de Justicia, La Contraloría General de la Nación, el Banco Central de Bolivia, la Corte Nacional Electoral, las cortes departamentales electorales, las empresas estatales, etc. tendrán a sus jerarcas elegidos de acuerdo a ley, con aprobación de la Asamblea Plurinacional cuando sea necesario. Por supuesto de quienes dirijan estas instituciones podemos esperar la misma militancia y lealtad hacia el partido de gobierno, como también incapacidad y parcialidad.
Ya no habrán neoliberales que bloquen las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso, ni los habrá en ninguna institución del Estado, pero de alguna forma los neoliberales seguirán siendo responsables del desabastecimiento, de la inflación, de la deflación, del mal estado de las carreteras, del aumento de la corrupción (¡y sin controles, cómo va a aumentar la corrupción!).
Podemos augurar una Contraloría que va a escarbar las prefecturas y alcaldías en manos ajenas, pero que archivará rápidamente las denuncias de corrupción que involucren a miembros del partido.
La CIA, la DEA y la Embajada seguirán conspirando, según el Gobierno. Sin duda, las plantaciones de coca tendrán un crecimiento sostenido. Probablemente las plantaciones de soya, girasol y maíz sufrirán un estancamiento en su crecimiento e incluso una reducción.
Con el control del Poder Judicial veremos más presos políticos, todos enjuiciados con su debido proceso, aunque con total falta de imparcialidad. No faltarán quienes, ante la falta de garantías, tanto para invertir como para enfrentar procesos judiciales, prefieran abandonar el país.
Los periodistas van a seguir llevando palo.
Luego que el partido de gobierno ponga a sus allegados en todas las cortes departamentales electorales, el nuevo poder del Estado perderá la confianza de la población pensante.
Cuando el país pase por una buena situación económica, será por mérito del Ministro de Economía y Finanzas Públicas; cuando el país pase por una mala situación económica, no será culpa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Luego de cinco años nos veremos más cerca de África que de Europa.
El pueblo es sabio y no se equivoca. Qué pena que los que nos equivocamos también tengamos que pagar los platos rotos.
Santa Cruz de la Sierra, 10/12/09
Los resultados electorales otorgan un cheque en blanco al partido oficialista, lo que me anima a hacer algunas predicciones.
Podemos tener certidumbre, por ejemplo, que ya no habrán más cercos al Congreso (rebautizado como Asamblea Plurinacional). Tendremos que acostumbrarnos a ver lo que vimos en la Asamblea Constituyente… dóciles levantamanos que ni siquiera han leído las leyes que aprueban. Veremos a una bancada opositora totalmente impotente, cuyo único rol será la denuncia a nivel nacional e internacional.
El 2010, se acabarán las acefalias en las instituciones del Estado y dichos cargos serán designados con apego total a la Constitución y las Leyes. La Corte Suprema de Justicia, La Contraloría General de la Nación, el Banco Central de Bolivia, la Corte Nacional Electoral, las cortes departamentales electorales, las empresas estatales, etc. tendrán a sus jerarcas elegidos de acuerdo a ley, con aprobación de la Asamblea Plurinacional cuando sea necesario. Por supuesto de quienes dirijan estas instituciones podemos esperar la misma militancia y lealtad hacia el partido de gobierno, como también incapacidad y parcialidad.
Ya no habrán neoliberales que bloquen las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso, ni los habrá en ninguna institución del Estado, pero de alguna forma los neoliberales seguirán siendo responsables del desabastecimiento, de la inflación, de la deflación, del mal estado de las carreteras, del aumento de la corrupción (¡y sin controles, cómo va a aumentar la corrupción!).
Podemos augurar una Contraloría que va a escarbar las prefecturas y alcaldías en manos ajenas, pero que archivará rápidamente las denuncias de corrupción que involucren a miembros del partido.
La CIA, la DEA y la Embajada seguirán conspirando, según el Gobierno. Sin duda, las plantaciones de coca tendrán un crecimiento sostenido. Probablemente las plantaciones de soya, girasol y maíz sufrirán un estancamiento en su crecimiento e incluso una reducción.
Con el control del Poder Judicial veremos más presos políticos, todos enjuiciados con su debido proceso, aunque con total falta de imparcialidad. No faltarán quienes, ante la falta de garantías, tanto para invertir como para enfrentar procesos judiciales, prefieran abandonar el país.
Los periodistas van a seguir llevando palo.
Luego que el partido de gobierno ponga a sus allegados en todas las cortes departamentales electorales, el nuevo poder del Estado perderá la confianza de la población pensante.
Cuando el país pase por una buena situación económica, será por mérito del Ministro de Economía y Finanzas Públicas; cuando el país pase por una mala situación económica, no será culpa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Luego de cinco años nos veremos más cerca de África que de Europa.
El pueblo es sabio y no se equivoca. Qué pena que los que nos equivocamos también tengamos que pagar los platos rotos.
Santa Cruz de la Sierra, 10/12/09
Consecuencias de un Estado estatista
Javier Paz García
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
A 20 años de la caída del muro de Berlín
Javier Paz García
El 9 de noviembre del 2009, habrán pasado 20 años desde la caída del muro de Berlín. Este evento marcó el principio del fin del comunismo en Europa. El muro fue construido por el régimen comunista en 1961 con el propósito de evitar la migración hacia Berlín occidental (más de 3 millones de personas habían abandonado Berlín oriental antes de su construcción). Una vez finalizado, cientos de personas de Alemania oriental murieron o fueron heridas tratando de cruzar el muro hacia la otra Alemania.
El muro de Berlín encarna los postulados del socialismo: controlar y restringir a tantos como sea posible, quitar la libertad de los individuos y convertirlos en peones del régimen, sin opción a disentir o protestar. Todos los regímenes comunistas han construido muros de una u otra manera. Cuba, China, la Unión Soviética, verbigracia han limitado o prohibido la salida de sus habitantes al exterior. Esto en sí mismo es una muestra del fracaso de sus políticas, porque construyen sociedades donde los únicos que quieren vivir son quienes administran el poder.
El gobierno de Estados Unidos no necesita restringir la libertad de sus ciudadanos a salir al exterior. Por contraste, si el régimen castrista levantara el embargo que ha impuesto sobre la población, las playas de la Florida se verían inundadas de cientos de miles de cubanos escapando de su prisión. Lo tristemente irónico en todo esto, es que también son miles los que admiran a Fidel, aunque por supuesto, la mayoría de sus admiradores no viven en Cuba, ni tienen que batírselas con las ínfimas raciones alimenticias que proporciona el régimen castrista.
Hace 20 años cayó el muro de Berlín, poniendo fin a un periodo negro de la historia. Sin embargo, los regímenes totalitarios siguen existiendo, muchos de ellos orgullosamente pregonando las mismas ideologías de Marx, Lenin, Stalin, Mao, siguen habiendo líderes y generadores de opinión que proclaman su admiración por Fidel Castro. En China y en Cuba, los ciudadanos no pueden votar por ningún partido que no sea el comunista, los derechos políticos son inexistentes y criticar al régimen puede ser motivo suficiente para ir a la cárcel.
Y se siguen construyendo muros alrededor de la gente. Los regímenes totalitarios siguen buscando formas de coartar la libertad de los individuos, monitorear sus vidas, y acallar a los disidentes. Las formas de controlar a la población son diversas y pueden variar desde prohibir la importación de armas de fuego y municiones, so pretexto de reducir la delincuencia, hasta exigir el registro de todos los celulares, so pretexto de reducir la delincuencia.
A 20 años de la caída del muro de Berlín, los regímenes totalitarios siguen apareciendo, tal vez en versiones más suaves que antes, los derechos humanos de las personas siguen siendo violados por muchos Estados de manera sistemática e intencional y la libertad individual no es algo que se pueda dar por descontado en gran parte del mundo.
A 20 años de la caída del muro de Berlín queda mucho por hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 06/11/09
El 9 de noviembre del 2009, habrán pasado 20 años desde la caída del muro de Berlín. Este evento marcó el principio del fin del comunismo en Europa. El muro fue construido por el régimen comunista en 1961 con el propósito de evitar la migración hacia Berlín occidental (más de 3 millones de personas habían abandonado Berlín oriental antes de su construcción). Una vez finalizado, cientos de personas de Alemania oriental murieron o fueron heridas tratando de cruzar el muro hacia la otra Alemania.
El muro de Berlín encarna los postulados del socialismo: controlar y restringir a tantos como sea posible, quitar la libertad de los individuos y convertirlos en peones del régimen, sin opción a disentir o protestar. Todos los regímenes comunistas han construido muros de una u otra manera. Cuba, China, la Unión Soviética, verbigracia han limitado o prohibido la salida de sus habitantes al exterior. Esto en sí mismo es una muestra del fracaso de sus políticas, porque construyen sociedades donde los únicos que quieren vivir son quienes administran el poder.
El gobierno de Estados Unidos no necesita restringir la libertad de sus ciudadanos a salir al exterior. Por contraste, si el régimen castrista levantara el embargo que ha impuesto sobre la población, las playas de la Florida se verían inundadas de cientos de miles de cubanos escapando de su prisión. Lo tristemente irónico en todo esto, es que también son miles los que admiran a Fidel, aunque por supuesto, la mayoría de sus admiradores no viven en Cuba, ni tienen que batírselas con las ínfimas raciones alimenticias que proporciona el régimen castrista.
Hace 20 años cayó el muro de Berlín, poniendo fin a un periodo negro de la historia. Sin embargo, los regímenes totalitarios siguen existiendo, muchos de ellos orgullosamente pregonando las mismas ideologías de Marx, Lenin, Stalin, Mao, siguen habiendo líderes y generadores de opinión que proclaman su admiración por Fidel Castro. En China y en Cuba, los ciudadanos no pueden votar por ningún partido que no sea el comunista, los derechos políticos son inexistentes y criticar al régimen puede ser motivo suficiente para ir a la cárcel.
Y se siguen construyendo muros alrededor de la gente. Los regímenes totalitarios siguen buscando formas de coartar la libertad de los individuos, monitorear sus vidas, y acallar a los disidentes. Las formas de controlar a la población son diversas y pueden variar desde prohibir la importación de armas de fuego y municiones, so pretexto de reducir la delincuencia, hasta exigir el registro de todos los celulares, so pretexto de reducir la delincuencia.
A 20 años de la caída del muro de Berlín, los regímenes totalitarios siguen apareciendo, tal vez en versiones más suaves que antes, los derechos humanos de las personas siguen siendo violados por muchos Estados de manera sistemática e intencional y la libertad individual no es algo que se pueda dar por descontado en gran parte del mundo.
A 20 años de la caída del muro de Berlín queda mucho por hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 06/11/09
lunes, 2 de noviembre de 2009
Consecuencias de los controles de precio
Javier Paz García
¿Qué pasa cuando el gobierno fija un precio tope a un producto? Primeramente, es obvio que si el precio del mercado está por debajo del precio tope establecido por el gobierno, entonces, el control de precio no tiene ningún efecto (en realidad sí tiene efectos indirectos como ser las señales que manda sobre seguridad jurídica, pero por el momento no vamos a analizarlos).
Por otro lado, si el precio establecido por el gobierno es inferior al que se establecería libremente en el mercado (asumiendo un mercado competitivo), el resultado será un incremento en la cantidad demandada del mismo y una disminución en la cantidad ofertada. Por ejemplo, si el tomate baja de precio, los consumidores querrán comprar más tomate y los productores querrán producir menos tomate. Si previamente existía un equilibrio entre la oferta y la demanda de tomates, una disminución de precios provocará el desabastecimiento de este producto.
Los controles de precios además conllevan a la aparición de mercados negros donde los vendedores y compradores están dispuestos a intercambiar el producto por un precio superior al establecido por el gobierno. También generan discriminación sobre quienes tienen acceso al producto, ya que, al existir demasiados compradores, los productores pueden elegir a quienes vender y a quienes no vender.
En el largo plazo, también decae la calidad del producto, porque si los productores se ven forzados a disminuir sus precios, entonces utilizan insumos de menor calidad para producir.
Finalmente, si el precio establecido por el gobierno está por debajo del costo de producción, eventualmente la industria desaparece.
Esto lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía, por lo que cual no le puede sorprender que por ejemplo haya desabastecimiento de leche en Venezuela, o que el servicio de transporte público en Bolivia sea de los peores de Latinoamérica en cuanto a calidad. Y si a un buen estudiante de primer año de economía le preguntan que se puede hacer para acabar con el desabastecimiento de leche en Venezuela y mejorar la calidad del transporte público en Bolivia, su respuesta será que habría que eliminar los controles de precio.
El infierno está empedrado de buenas intenciones, reza un refrán. Los topes de precio generalmente se establecen para ayudar a las familias pobres a tener acceso a cierto producto a un “precio justo”, sin embargo tienen como consecuencia privarles de dicho acceso, ocasionando desabastecimientos, mercados negros, discriminación en la asignación del producto y disminución de la calidad.
Santa Cruz de la Sierra, 30/10/09
¿Qué pasa cuando el gobierno fija un precio tope a un producto? Primeramente, es obvio que si el precio del mercado está por debajo del precio tope establecido por el gobierno, entonces, el control de precio no tiene ningún efecto (en realidad sí tiene efectos indirectos como ser las señales que manda sobre seguridad jurídica, pero por el momento no vamos a analizarlos).
Por otro lado, si el precio establecido por el gobierno es inferior al que se establecería libremente en el mercado (asumiendo un mercado competitivo), el resultado será un incremento en la cantidad demandada del mismo y una disminución en la cantidad ofertada. Por ejemplo, si el tomate baja de precio, los consumidores querrán comprar más tomate y los productores querrán producir menos tomate. Si previamente existía un equilibrio entre la oferta y la demanda de tomates, una disminución de precios provocará el desabastecimiento de este producto.
Los controles de precios además conllevan a la aparición de mercados negros donde los vendedores y compradores están dispuestos a intercambiar el producto por un precio superior al establecido por el gobierno. También generan discriminación sobre quienes tienen acceso al producto, ya que, al existir demasiados compradores, los productores pueden elegir a quienes vender y a quienes no vender.
En el largo plazo, también decae la calidad del producto, porque si los productores se ven forzados a disminuir sus precios, entonces utilizan insumos de menor calidad para producir.
Finalmente, si el precio establecido por el gobierno está por debajo del costo de producción, eventualmente la industria desaparece.
Esto lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía, por lo que cual no le puede sorprender que por ejemplo haya desabastecimiento de leche en Venezuela, o que el servicio de transporte público en Bolivia sea de los peores de Latinoamérica en cuanto a calidad. Y si a un buen estudiante de primer año de economía le preguntan que se puede hacer para acabar con el desabastecimiento de leche en Venezuela y mejorar la calidad del transporte público en Bolivia, su respuesta será que habría que eliminar los controles de precio.
El infierno está empedrado de buenas intenciones, reza un refrán. Los topes de precio generalmente se establecen para ayudar a las familias pobres a tener acceso a cierto producto a un “precio justo”, sin embargo tienen como consecuencia privarles de dicho acceso, ocasionando desabastecimientos, mercados negros, discriminación en la asignación del producto y disminución de la calidad.
Santa Cruz de la Sierra, 30/10/09
El Sucre, más allá de la retórica
Javier Paz García
Recientemente, algunos países sudamericanos propusieron la creación del Sucre, una moneda común para la región, que inicialmente reemplazaría al dólar como medio de intercambio entre gobiernos, para posteriormente convertirse en una moneda real de uso comercial.
La mayor ventaja de tener una moneda común es la reducción de los costos de transacción en el comercio de los países miembros. Por ejemplo, tener que convertir pesos chilenos a bolivianos y bolivianos a pesos argentinos tiene un costo que se puede eliminar si los tres países utilizan una moneda común.
Por otro lado, la implantación de una moneda común tiene sus costos y dificultades. Los países que estén dispuestos a formar parte de una zona monetaria, deben renunciar a una política monetaria independiente, cediendo soberanía a un ente supranacional. Ceder la soberanía de la política monetaria puede ser políticamente complicado por razones ideológicas. Seguramente en varios países de la región, los debates sobre la adopción de una moneda común estarían basado en consideraciones “patrióticas”, más que técnicas. Además existe la susceptibilidad de países con políticas monetarias serias y responsables, de ceder dicha potestad a un ente compuesto por países con políticas fiscales y monetarias irresponsables.
Pero incluso, una vez superadas las dificultades políticas, los problemas técnicos de implantar una moneda común no son menores. Una moneda común básicamente significa la adopción y el compromiso de un tipo de cambio fijo entre los países miembros. Por ejemplo, hoy en día, el tipo de cambio entre Bolivia y sus países vecinos fluctúa diariamente. Adoptar una moneda común es similar a mantener los tipos de cambios fijos entre los países miembros, con la diferencia que la moneda común implica un compromiso de largo plazo de mantener dichos tipos de cambio. El problema está en que el tipo de cambio de una moneda en relación a otra afecta el intercambio comercial que existe entre los países que emiten dichas monedas. Por ejemplo, a Bolivia le puede convenir tener un tipo de cambio diferente al que tiene Brasil con respecto al yuan chino. Si Bolivia y Brasil tienen una moneda común, pues el tipo de cambio con respecto al yuan debe ser el mismo para ambos países. Por ello, determinar el tipo de cambio, al menos inicialmente, no es fácil.
Cuando los países miembros de una zona monetaria son económicamente similares entre sí, tienen fuertes lazos comerciales y una economía diversificada estas dificultades disminuyen y los beneficios de una moneda común aumentan. Este no es el caso de Sudamérica donde existen grandes asimetrías con respecto al tamaño de los países y su nivel de industrialización, y el grado de comercio interno.
Pero además una moneda común, no solo requiere de un Banco Central común, sino también de una ingeniería institucional seria, donde los países miembros se manejen responsablemente, con límites al nivel de endeudamiento y déficit fiscales y otros requisitos que hoy no se cumplen.
Falta mucho para que una moneda sudamericana sea técnicamente factible y beneficiosa.
Santa Cruz de la Sierra, 23/10/09
Recientemente, algunos países sudamericanos propusieron la creación del Sucre, una moneda común para la región, que inicialmente reemplazaría al dólar como medio de intercambio entre gobiernos, para posteriormente convertirse en una moneda real de uso comercial.
La mayor ventaja de tener una moneda común es la reducción de los costos de transacción en el comercio de los países miembros. Por ejemplo, tener que convertir pesos chilenos a bolivianos y bolivianos a pesos argentinos tiene un costo que se puede eliminar si los tres países utilizan una moneda común.
Por otro lado, la implantación de una moneda común tiene sus costos y dificultades. Los países que estén dispuestos a formar parte de una zona monetaria, deben renunciar a una política monetaria independiente, cediendo soberanía a un ente supranacional. Ceder la soberanía de la política monetaria puede ser políticamente complicado por razones ideológicas. Seguramente en varios países de la región, los debates sobre la adopción de una moneda común estarían basado en consideraciones “patrióticas”, más que técnicas. Además existe la susceptibilidad de países con políticas monetarias serias y responsables, de ceder dicha potestad a un ente compuesto por países con políticas fiscales y monetarias irresponsables.
Pero incluso, una vez superadas las dificultades políticas, los problemas técnicos de implantar una moneda común no son menores. Una moneda común básicamente significa la adopción y el compromiso de un tipo de cambio fijo entre los países miembros. Por ejemplo, hoy en día, el tipo de cambio entre Bolivia y sus países vecinos fluctúa diariamente. Adoptar una moneda común es similar a mantener los tipos de cambios fijos entre los países miembros, con la diferencia que la moneda común implica un compromiso de largo plazo de mantener dichos tipos de cambio. El problema está en que el tipo de cambio de una moneda en relación a otra afecta el intercambio comercial que existe entre los países que emiten dichas monedas. Por ejemplo, a Bolivia le puede convenir tener un tipo de cambio diferente al que tiene Brasil con respecto al yuan chino. Si Bolivia y Brasil tienen una moneda común, pues el tipo de cambio con respecto al yuan debe ser el mismo para ambos países. Por ello, determinar el tipo de cambio, al menos inicialmente, no es fácil.
Cuando los países miembros de una zona monetaria son económicamente similares entre sí, tienen fuertes lazos comerciales y una economía diversificada estas dificultades disminuyen y los beneficios de una moneda común aumentan. Este no es el caso de Sudamérica donde existen grandes asimetrías con respecto al tamaño de los países y su nivel de industrialización, y el grado de comercio interno.
Pero además una moneda común, no solo requiere de un Banco Central común, sino también de una ingeniería institucional seria, donde los países miembros se manejen responsablemente, con límites al nivel de endeudamiento y déficit fiscales y otros requisitos que hoy no se cumplen.
Falta mucho para que una moneda sudamericana sea técnicamente factible y beneficiosa.
Santa Cruz de la Sierra, 23/10/09
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