Javier Paz García
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
domingo, 17 de enero de 2010
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