Javier Paz García
La principal función del Estado es la de administrar justicia y velar por la seguridad de sus habitantes. Cuando el Estado falla en esta función, se debilita y pierde credibilidad ante la sociedad civil, y a su vez, la sociedad civil crea sus propios mecanismos de justicia y defensa. No otra cosa son la justicia comunitaria, común en Bolivia o las autodefensas en Colombia. Ambos fenómenos son el producto de la falla del Estado en brindar seguridad a los ciudadanos. El problema de la justicia por mano propia es que a menudo es desmesurada y violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, en nombre de la justicia comunitaria se realizan ejecuciones sumarias de una crueldad espantosa y las autodefensas colombianas surgieron para defenderse de los asesinatos, secuestros y extorsiones de las guerrillas, pero terminaron cometiendo los mismos crímenes.
Hago estas reflexiones porque el grupo de Rosza surge como consecuencia del cerco de campesinos del 2008 a la ciudad de Santa Cruz y un Estado cómplice representado por los jefes policiales y militares que en su momento anunciaron que no iban a intervenir. Aquí existe el agravante de que no solo había un abandono del Estado, sino que el Estado mismo era promotor del cerco. Difícilmente se hubiera formado el grupo de Rosza si las instituciones de defensa del Estado y la sociedad civil (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) hubieran intervenido en su momento; sin embargo, anunciaron su no intervención y dejaron a la ciudadanía cruceña con una sensación de indefensión y abandono.
Hace pocos días hubo un loteamiento de predios pertenecientes al Ingenio San Aurelio. La Policía Nacional y la Fiscalía, como una repetición del cerco del 2008, nuevamente anunciaron que no intervendrían en la defensa de la propiedad privada. El escenario es similar: ausencia de Estado, indefensión y preocupación en la ciudadanía.
Ante esta situación la ciudadanía podría elegir de nuevo el camino de las autodefensas clandestinas y al margen de la ley. Este camino tiene muchos riesgos y consecuencias nocivas tanto si fracasa (el caso Rosza) como si tiene éxito (las autodefensas en Colombia).
Yo sugiero tomar una postura que fortalezca la ruta autonómica y que a la vez fortalezca al Estado en sí. Esta postura consiste en fortalecer las guardias municipales y crear los mecanismos legales y logísticos para que puedan intervenir en la defensa de la ciudadanía cuando la Policía Nacional rehúya su deber. Además la Gobernación y los municipios cruceños no deberían destinar ni un solo peso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ha perdido credibilidad y ha renunciado a su rol como servidora y protectora de la sociedad civil para convertirse en servidora del gobierno central, pues que sea el gobierno quien la mantenga. Fortalecer las guardias municipales es fortalecer el Estado desde la perspectiva autonómica, es fortalecer el respeto a la Ley y al Estado de Derecho y es darle al ciudadano la esperanza de creer que existe una institución del orden capaz de defender sus derechos.
Santa Cruz de la Sierra, 29/04/10
sábado, 1 de mayo de 2010
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