Como dar plata a un drogadicto para que deje las drogas

Javier Paz García

Imagine que tiene un hermano drogadicto. Imagine que su hermano fue una persona trabajadora que tenía su casa y su auto y que debido a las drogas dejó de trabajar y fue consumiendo su patrimonio hasta quedar en la calle. Imagine que estando en esta situación su hermano le pide 12.000 dólares con la promesa de que va a usar esa plata para dejar de consumir drogas. Si le da ese dinero ¿en qué cree que lo va a gastar? Lo más probable es que se lo gaste en drogas.

El Estado boliviano tiene un grave problema de gasto excesivo. Gasta mucho más de lo que recauda en impuestos. Por cada 100 bolivianos que recauda, el Estado gasta alrededor de 110 bolivianos. Haga una búsqueda en Google y encontrará que el déficit fiscal del país el 2025 rozó el 10,44%, lo que ubicó a Bolivia en el quinto puesto a nivel mundial entre las naciones con mayor porcentaje de déficit fiscal. Y sin embargo, a menudo escuchamos en la prensa declaraciones en la línea de que Bolivia se va a arreglar porque tal o cual organismo internacional nos va a prestar tantos millones de dólares. De hecho, durante la campaña electoral, tanto el equipo de Rodrigo Paz como el de Tuto Quiroga coincidían en que Bolivia necesitaba 12 mil millones de dólares en préstamos que ellos iban a gestionar. Para tener una noción del monto, cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en 2006, la deuda externa del país era de aproximadamente 3 mil millones de dólares, para el 2025 esa deuda había subido a 14 mil millones. Es decir que en 19 años del MAS, endeudaron al país en 11 mil millones de dólares y la propuesta de los dos candidatos más votados en la última elección era disponer de 12 mil millones más en 5 años. 

El Estado boliviano tiene un grave problema de gasto excesivo y eso no se soluciona con más plata. El Estado boliviano no necesita más plata para reducir el número de funcionarios públicos, la necesita para no achicarse; el Estado boliviano no necesita más plata para cerrar empresas públicas deficitarias, la necesita para no cerrarlas; el Estado boliviano no necesita más plata para eliminar subvenciones, la necesita para mantenerlas; el Estado boliviano no necesita más plata para hacer reformas a la constitución o a la justicia, la necesita para no hacerlas. Estrictamente hablando, los principales ajustes que necesita el país se pueden hacer sin recibir ningún préstamo, pero tener algo de recursos podría ayudar gestionar mejor la transición. El problema es de voluntad, si hay un gobierno convencido de la necesidad de los cambios y dispuesto a asumir el costo político, prestarle plata para ejecutar un plan bien diseñado puede ser algo prudente; si el gobierno no está convencido de la necesidad de hacer ajustes o no quiere asumir el costo político, va a usar la plata prestada para mantener el status quo, sería como darle plata a un drogadicto para que deje las drogas.

Santa Cruz de la Sierra, 13/09/26

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Anatomía de la corrupción

 Javier Paz García

YPFB es un monopolio creado por el Estado que hace algo contrario a la lógica empresarial: compra caro y vende barato. Debido a que vende combustibles por debajo de los precios del mercado, genera la oportunidad de arbitraje: una persona puede comprar barato en Bolivia y llevarlo a cualquier país fronterizo, donde vale mucho más y ganar dinero. Además, por ser relativamente baratos, los consumidores nacionales consumen más de lo que consumirían si tuvieran que pagar precios de mercado. Como el Estado pierde dinero en la venta de combustibles, hace algo que también es contrario a la lógica empresarial: quisiera vender menos en vez de más. Entonces empieza a crear restricciones en torno a la compra y venta con medidas como: hacerlos sustancias controladas, controlar lo que cada vehículo carga, poner restricciones en los usos y en lo que se puede transportar, inventar nuevos trámites, departamentos de control, agencias de fiscalización y poner funcionarios y burocracia encima de todo el esquema, que perjudican a los usuarios legítimos y entorpecen las actividades productivas. 

Cuando el Estado crea un monopolio con sus restricciones al libre comercio, regulaciones y un ejército de burócratas fiscalizadores, sucede lo que siempre sucede: esos burócratas que tienen el poder de dar o negar un permiso, de fiscalizar o hacer de la vista gorda, ven una oportunidad de hacerse ricos con el poder que el Estado les dio. Así se genera una corrupción rampante estructurada a lo largo de toda la cadena que se exacerba en periodos de desabastecimiento. Luego viene otro gobierno y denuncia la corrupción y cambia a los funcionarios, dejando intacto el sistema, con lo cual se enriquecen los nuevos funcionarios. Entonces el gobierno dice que los entes fiscalizadores son corruptos y no fiscalizan y que la ANH no sirve y que hay que poner fiscalizadores encima de los fiscalizadores con lo cual es natural preguntarse ¿y quién va a fiscalizar al fiscalizador del fiscalizador? 

En el caso de los combustibles, la causa raíz de la corrupción y del desabastecimiento es el monopolio estatal de YPFB y el precio regulado (el Estado dice estar en contra de los monopolios, a menos que ellos sean los monopolistas). Si el gobierno permitiera la libre importación y libre competencia, en cuestión de semanas se acabaría el desabastecimiento para no volver jamás. También se acabaría la corrupción, sin necesidad de ANH ni ninguna fiscalizadora, de la misma manera que no hay una ANH de la papa o el tomate que fiscalice estos mercados, que por cierto funcionan de maravilla, sin desabastecimiento, sin corrupción.  

Lo mismo sucede en Emapa, que también compra caro y vende barato, con lo cual, se puede generar una “economía circular” muy interesante. Alguien le vende un camión de maíz a Emapa a un precio alto, Emapa se lo vende a la misma persona a un precio más bajo, con lo cual la persona tiene un nuevo camión de maíz para venderle a Emapa a un precio alto, todo con la venia de funcionarios que definen quiénes son los ganadores y perdedores y se llevan su tajada. Y así con empresas como Boa, Banco Unión, Entel, Ende, Papelbol, etc. donde quien provee el catering o da algún servicio es el tío del primo del compadre del ministro. Los políticos hacen un show de lucha contra la corrupción, se rajan las vestiduras y cada gobierno entrante denuncia al saliente, pero no cambian el sistema y no atacan las causas raíz, solo alternan los funcionarios, con lo cual no reducen la corrupción, solo cambian a los beneficiarios.  

La corrupción no se combate cambiando funcionarios y creando más agencias de fiscalización y más burocracia. Se combate eliminando monopolios estatales y permitiendo la competencia, eliminando empresas estatales, simplificando trámites y la burocracia a la que está sometida el ciudadano común, reduciendo las atribuciones y discrecionalidad de los funcionarios públicos.

Santa Cruz de la Sierra, 06/09/26

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