Javier Paz García
YPFB es un monopolio creado por el Estado que hace algo contrario a la lógica empresarial: compra caro y vende barato. Debido a que vende combustibles por debajo de los precios del mercado, genera la oportunidad de arbitraje: una persona puede comprar barato en Bolivia y llevarlo a cualquier país fronterizo, donde vale mucho más y ganar dinero. Además, por ser relativamente baratos, los consumidores nacionales consumen más de lo que consumirían si tuvieran que pagar precios de mercado. Como el Estado pierde dinero en la venta de combustibles, hace algo que también es contrario a la lógica empresarial: quisiera vender menos en vez de más. Entonces empieza a crear restricciones en torno a la compra y venta con medidas como: hacerlos sustancias controladas, controlar lo que cada vehículo carga, poner restricciones en los usos y en lo que se puede transportar, inventar nuevos trámites, departamentos de control, agencias de fiscalización y poner funcionarios y burocracia encima de todo el esquema, que perjudican a los usuarios legítimos y entorpecen las actividades productivas.
Cuando el Estado crea un monopolio con sus restricciones al libre comercio, regulaciones y un ejército de burócratas fiscalizadores, sucede lo que siempre sucede: esos burócratas que tienen el poder de dar o negar un permiso, de fiscalizar o hacer de la vista gorda, ven una oportunidad de hacerse ricos con el poder que el Estado les dio. Así se genera una corrupción rampante estructurada a lo largo de toda la cadena que se exacerba en periodos de desabastecimiento. Luego viene otro gobierno y denuncia la corrupción y cambia a los funcionarios, dejando intacto el sistema, con lo cual se enriquecen los nuevos funcionarios. Entonces el gobierno dice que los entes fiscalizadores son corruptos y no fiscalizan y que la ANH no sirve y que hay que poner fiscalizadores encima de los fiscalizadores con lo cual es natural preguntarse ¿y quién va a fiscalizar al fiscalizador del fiscalizador?
En el caso de los combustibles, la causa raíz de la corrupción y del desabastecimiento es el monopolio estatal de YPFB y el precio regulado (el Estado dice estar en contra de los monopolios, a menos que ellos sean los monopolistas). Si el gobierno permitiera la libre importación y libre competencia, en cuestión de semanas se acabaría el desabastecimiento para no volver jamás. También se acabaría la corrupción, sin necesidad de ANH ni ninguna fiscalizadora, de la misma manera que no hay una ANH de la papa o el tomate que fiscalice estos mercados, que por cierto funcionan de maravilla, sin desabastecimiento, sin corrupción.
Lo mismo sucede en Emapa, que también compra caro y vende barato, con lo cual, se puede generar una “economía circular” muy interesante. Alguien le vende un camión de maíz a Emapa a un precio alto, Emapa se lo vende a la misma persona a un precio más bajo, con lo cual la persona tiene un nuevo camión de maíz para venderle a Emapa a un precio alto, todo con la venia de funcionarios que definen quiénes son los ganadores y perdedores y se llevan su tajada. Y así con empresas como Boa, Banco Unión, Entel, Ende, Papelbol, etc. donde quien provee el catering o da algún servicio es el tío del primo del compadre del ministro. Los políticos hacen un show de lucha contra la corrupción, se rajan las vestiduras y cada gobierno entrante denuncia al saliente, pero no cambian el sistema y no atacan las causas raíz, solo alternan los funcionarios, con lo cual no reducen la corrupción, solo cambian a los beneficiarios.
La corrupción no se combate cambiando funcionarios y creando más agencias de fiscalización y más burocracia. Se combate eliminando monopolios estatales y permitiendo la competencia, eliminando empresas estatales, simplificando trámites y la burocracia a la que está sometida el ciudadano común, reduciendo las atribuciones y discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Santa Cruz de la Sierra, 06/09/26
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