Hacia un Estado entrometido

Javier Paz García
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09