Sobre nuestra mala ortografía

Javier Paz García

La mala ortografía en nuestro país es un asunto de Estado. Desde que llegamos al mundo, el Estado registra nuestro nombre obviando tildes en los certificados de nacimiento y carnets de identidad. Yo, por ejemplo, según los documentos oficiales del Estado boliviano soy Garcia, y no García. Y de igual forma los Rodríguez, Fernández, y compañía tienen sus apellidos mal escritos. Igual destino sufren los Matías y Sebastián y seguramente un Argüello en realidad se llama Arguello.

Las antiguas máquinas de escribir con frecuencia no podían poner tilde a una letra mayúscula, porque ésta al ser de mayor altura, abarcaba el espacio que le correspondía al tilde. Por tal motivo se permitía la omisión del tilde en palabras mecanografiadas en mayúsculas. La computadora superó ese problema y por ello las MAYÚSCULAS se deben tildar; el no hacerlo es incurrir en mala ortografía.

En Bolivia, hace mucho, mucho tiempo, alguien decidió que los nombres propios deberían escribirse completamente en mayúsculas. Sería interesante investigar quienes tomaron esta decisión y por qué motivos. Tal vez hubo una consideración práctica, como por ejemplo, que poner tilde implica una digitación adicional y por ende una pérdida de tiempo; quizá pensaron que obviar el tilde evitaría complicaciones legales como ser el llamarse Pérez en el certificado de nacimiento y Perez en el carnet de identidad. O tal vez razonaron que, siendo Bolivia un país donde predominan los ignorantes y analfabetos, no sería infrecuente que tanto el interesado, como el policía responsable de mecanografiar el nombre en el carnet de identidad, no sepan que el susodicho nombre lleva tilde. Cualesquiera que fueran las causas que llevaron a escribir los nombres con mayúsculas y sin acentos, hoy las computadoras permiten la acentuación de las mayúsculas y no existe justificativo para que las palabras mayúsculas estén exentas de ser acentuadas. Lo único que nos impide escribir nuestros nombres propiamente es la inercia de las leyes y la incultura de nuestros funcionarios públicos.

Pero nuestros nombres no son las únicas víctimas de la incultura gubernamental: las calles de la ciudad de Santa Cruz tampoco tienen tilde y con seguridad que no es el único caso.

Santa Cruz de la Sierra, 01/03/15

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El carnaval de los políticos

Javier Paz García

Algo feo del carnaval cruceño es el abuso que se comete contra bienes públicos y privados que son pintarrajeados, ensuciados y orinados por los participantes. No debe ser nada agradable para el propietario de un negocio o para un habitante del centro de la ciudad amanecer el miércoles con su pared manchada con pinturas. Pero los carnavaleros no son los únicos que pintarrajean y ensucian la ciudad; los políticos cada cierto tiempo hacen lo propio. Cada elección viene precedida por una avalancha de afiches, banderines y pinturas que, como un tsunami, inundan, ensucian y afean la ciudad. La propaganda política no respeta nada: uno puede ver un canal de desagüe pintado con los colores de un partido, los postes de luz adornados con banderas de otro partido o las paredes de domicilios privados bombardeada con afiches de un candidato tapando los afiches del contrario.

Por supuesto que los candidatos tienen el derecho de hacer propaganda, como lo tiene cualquier empresa, pero la misma no debería infringir las normas, ni ensuciar espacios públicos o privados sin autorización; pero lo que sucede es que pintan paredes sin permiso de los dueños, prenden afiches en todas partes y llenan la ciudad de basura. Lo irónico de todo esto es que estos políticos, o al menos quienes salen victoriosos, son los responsables de hacer que las leyes y normas se cumplan, pero ellos ganan sus elecciones gracias a un aparato propagandístico que infringe las normas de limpieza, aseo y uso de espacios públicos y privados; incluso no nos debería sorprender que quien más ensucie sea el ganador.

Y así, los políticos cada cierto tiempo festejan su carnaval, embanderando, pintarrajeando y ensuciando la ciudad. En fin, no deberíamos ser tan duros con Evo por meterle nomás; en este país todos le meten nomás.

Santa Cruz de la Sierra, 15/02/15

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Sobre la inamovilidad laboral

Javier Paz García

La visión de que el Estado debe garantizar la inamovilidad laboral adolece de serios problemas conceptuales. El primero es que dicha noción presupone que el empleador es un déspota que aprovecha de su posición para explotar a los empleados y que incluso disfruta de despedir y dejarlos sin trabajo. Lo cierto es que desde un punto de vista técnico, una alta rotación de empleados es perjudicial y costosa para una empresa. Un despido obliga a invertir tiempo y dinero para encontrar un reemplazante, significa menor productividad durante el tiempo de aprendizaje y adaptación del nuevo empleado, implica incertidumbre sobre la capacidad y honradez del nuevo trabajador. Y estos costos son muy altos. Además despedir a alguien, desde un punto de vista afectivo y personal es en general algo desagradable. Por ello, el sueño de un empresario es tener a sus empleados por siempre, no porque la ley le prohíba botarlos, sino porque son productivos y honrados. Un segundo problema conceptual es que si una empresa despide a alguien para contratar a otro en reemplazo, el efecto en el mercado de trabajo es nulo y no tiene fundamento acusar a tal empresa de atentar contra los trabajadores. Un tercer problema es que la inamovilidad laboral no protege a los buenos trabajadores, que por su profesionalismo, productividad y honradez no necesitan la protección de ninguna ley, y que más bien son cotizados y buscados por las mejores empresas, pero sí protege y fomenta a los mediocres, a los flojos y a los malandros. De hecho, la inamovilidad laboral forzada por el Estado hace que las empresas sean más cautas al contratar, hace que crezcan menos de su potencial y hace que muchos posibles emprendedores prefieran no arriesgar su capital y su tiempo en crear nuevas empresas. El efecto de este freno al crecimiento es que los empleados tienen menos opciones para conseguir trabajo, tienen menores salarios de los posibles en un mercado más dinámico y existe mayor desempleo en el país.

La inamovilidad ralentiza el mercado laboral, deprimiendo los salarios y reduciendo la cantidad de empleos, promueve una fuerza laboral conformista, mediocre, chantajista y floja y protege a los empleados que merecen ser despedidos de sus empleos. La inamovilidad laboral reduce la productividad, desincentiva al crecimiento y creación de empresas, disminuye el crecimiento del país y aumenta el desempleo agregado. La inamovilidad laboral no protege a los trabajadores, los perjudica.

Santa Cruz de la Sierra, 08/02/15

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Sobre los salarios de los servidores públicos

Javier Paz García

Una fuente inagotable de demagogia es el tema de cuánto deberían ganar los funcionarios públicos. Uno podría justificar los bajos salarios para los funcionarios públicos diciendo que el servicio público es un acto de vocación y que por lo tanto requiere de un sacrificio. Sin embargo existe un gran número de personas (posiblemente la gran mayoría) que no trabajan para el Estado por sentir una vocación especial o por lograr el “bien común”, sino simplemente porque tienen que alimentar a su familia como cualquier otro mortal, necesitan de un trabajo para vivir y lo encontraron en alguna dependencia estatal. Los mensajeros, secretarias, recepcionistas, asesores, abogados, etc., trabajan más por necesidad que por vocación, ¿pero sucede lo mismo con ministros, parlamentarios y jueces? Sin lugar a dudas que existen personas que tienen una vocación de servicio a la comunidad y eligen la política para vivir su vocación, pero la realidad es que con o sin vocación, también necesitan alimentar a su familia.

Los gobiernos populistas a menudo llevan la bandera de la austeridad y de reducir los sueldos, pero esto va en contrasentido con el mensaje popular que llevan. Para explicarlo, imaginemos que los políticos no roban y solo viven de su sueldo. Si el Estado quiere que la mayor cantidad de gente se interese en la política y participe como candidato a los puestos electivos o como funcionario, lo mejor que puede hacer ofrecer sueldos elevados. Por el contrario, si el Estado quiere políticos elitistas, puede determinar que el sueldo de los ministros y parlamentarios sea cero. Con ello atraerá solo a los millonarios a los cargos electivos, a aquellos que no necesitan trabajar para vivir.

La calidad de los funcionarios es también proporcional al salario: sueldos altos atraerán a personas mejor calificadas tanto para cargos electivos, como designados. La corrupción tiene una relación inversamente proporcional a los sueldos. No cuesta lo mismo sobornar a un policía que gana 200 dólares a otro que gana 1000. Nadie duda que en este país, los policías y los ministros ganan más de lo que dice la planilla de sueldos y muchos entienden y justifican la corrupción, porque los sueldos que reciben oficialmente no son suficientes, en el caso de un policía para sustentar a la familia, y en el caso de un ministro para atraer a personas calificadas y probas.

Sueldos más altos a la larga harán que tengamos mejores policías, jueces, políticos y servidores públicos en general.

Santa Cruz de la Sierra, 02/02/15

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¿Qué nos debe la sociedad?

Javier Paz García

¿Qué me debe la sociedad a mí o a usted? ¿La sociedad le debe una casa, un auto, medicinas y servicios de salud, educación desde el colegio a la universidad, seguro de desempleo, pensión de vejez? Dependiendo de su corriente filosófica la respuesta puede ser un sí completo o parcial, como lo da el comunismo, el socialismo y los Estados de Bienestar modernos. Estas corrientes consideran obligación del Estado cuidar a los ciudadanos como si fueran niños desde la cuna hasta la tumba. Por supuesto, si el Estado es responsable de proveer estos servicios, y para ello, confisca parte de la producción de los miembros de la sociedad mediante impuestos, entonces es la sociedad la que paga estos servicios.

Por otro lado, los liberales creemos que es responsabilidad de cada persona adulta, proveerse de los bienes y servicios que considere necesarios y dar a los hijos el sustento, la salud y la educación. ¿Esto significa que para un liberal la sociedad no le debe nada? No, la sociedad le debe respeto y protección de su vida, libertad y propiedad. La sociedad le debe la libertad para perseguir sus sueños, buscar riquezas, trasladarse de un lugar a otro y expresarse. La única limitación que le impone es que sus acciones no atenten contra la vida y la propiedad de otros.

Alguien podría pensar, ¿por qué no tener una sociedad que provea todo y a la vez les dé tanta libertad como un régimen liberal? El problema es que estos dos objetivos son contradictorios. Tomando un caso extremo ¿acaso puede haber una prensa libre si el Estado es dueño de la propiedad como sucede en los países comunistas? Pero incluso en sociedades que intentan salvaguardar las libertades individuales, la implementación de un Estado de Bienestar implica impuestos cada vez más altos, lo cual es una confiscación de la propiedad y el trabajo ajeno, implica cada vez más regulación y más restricciones a los ciudadanos.

La noción de que la sociedad nos debe dar trabajo, casa, comida, salud y educación, por un lado implica que cada uno de nosotros le debemos a los demás estos beneficios y por otro lado autoriza al Estado a convertirse en juez y promotor de un objetivo comunista que, si la historia sirve de lección, inevitablemente lleva a totalitarismos nefastos.    

Por el contrario, los Estados liberales, al poner la obligación del bienestar de cada persona sobre sí mismo conduce a sociedades con mejores niveles de salud, educación, riqueza y bienestar.

Santa Cruz de la Sierra, 26/01/15

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