Una agenda para el censo

Javier Paz García

En Bolivia, de acuerdo a leyes vigentes correspondía que se realice un censo nacional el año 2010 que hasta ahora no se ha llevado a cabo. No es difícil especular sobre los motivos de esta dilación. Los datos del censo son utilizados principalmente para dos cosas: 1) distribuir recursos de coparticipación tributaria a municipios y gobernaciones, y 2) redistribuir escaños parlamentarios. Santa Cruz tiene el mayor crecimiento demográfico del país y un nuevo censo tendría como resultado un aumento en recursos económicos de parte del gobierno central y un incremento en el número de diputados asignados al departamento. Pero Santa Cruz, a pesar de la persecución política y la incesante propaganda del gobierno, sigue siendo el bastión de la oposición política. Por ello el Movimiento al Socialismo no tiene ningún interés en realizar un censo cuyo resultado inevitablemente beneficiará a esta región.

Adicionalmente, en Bolivia nos hemos acostumbrado a pisotear el Estado de Derecho y la justicia y a obtener las cosas por la fuerza. A menudo no importa cuán injustificada o reñida con las leyes es una causa, sino cuanta presión pueden ejercer sus patrocinadores. Verbigracia, según los resultados del último censo, a Santa Cruz le correspondía un mayor número de parlamentarios del que tiene actualmente, pero la presión de los departamentos que iban a perder esos escaños resultó en un “compromiso político” ilegal y desventajoso para Santa Cruz. En Bolivia, como en todo Estado débil, las leyes a veces se cumplen y a veces no. En ocasiones los acuerdos políticos quedan por encima incluso de la constitución y a menudo gana, no el que tiene la razón o el derecho de su lado, sino quien llora y grita más fuerte.

Dado este escenario, considero que la dirigencia cruceña debería elaborar una agenda y una estrategia que garantice dos cosas: 1) la impostergable realización del censo este año y 2) la garantía ex – ante de que se respeten y se apliquen sus resultados antes de las elecciones generales del 2014.

Es de suponer que la realización del censo y su cabal aplicación solo se lograrán mediante la presión de las regiones que se ven perjudicadas por su aplazamiento.

Por otro lado este escenario abre la oportunidad para reunificar a la oposición política, la dirigencia cívica, los sectores empresariales y gremiales cruceños en torno a un objetivo común y de difícil deslegitimación. Adicionalmente, la dirigencia cruceña tiene una inmejorable oportunidad de aunar esfuerzos con regiones simpatizantes al gobierno, pero que también tienen un interés en que se realice el censo, como es el caso de la ciudad de El Alto. Llevar a buen término esta agenda, podría sacar de la irrelevancia de los últimos años a la dirigencia cívica cruceña y fortalecer a la oposición democrática en el país.

Santa Cruz de la Sierra, 26/04/12

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