Consecuencias del segundo aguinaldo

Javier Paz García

A corto plazo el doble aguinaldo eleva el costo laboral de las empresas y puede incluso significar la quiebra o el cierre de algunas empresas que no estén en condiciones de cumplir con una obligación inesperada y onerosa. La medida tampoco beneficia inequívocamente a los trabajadores: efectivamente beneficia a quienes trabajan en empresas formales, pero para quienes estaban buscando trabajo cuando el decreto fue publicado, las perspectivas de encontrarlo se les dificulta, ya que muchas empresas se protegen congelando las contrataciones u ofreciendo salarios menores, además de quienes pierdan sus trabajos precisamente a causa de la medida.

En el mediano plazo, a medida que las empresas internalizan el pago del segundo aguinaldo dentro de sus estructuras de costos ya sea 1) bajando los salarios nominales o 2) subiendo el precio de sus productos, tanto el costo para las empresas como el beneficio para los trabajadores se va diluyendo paulatinamente.

En el largo plazo, cuando las empresas internalizan totalmente el shock, el beneficio del segundo aguinaldo desaparece. De hecho el doble aguinaldo en el largo plazo se transforma en un perjuicio para el trabajador, ya que obliga a las empresas a pagar parte del trabajo realizado por un empleado a fin de año, en vez de recibirlo mensualmente. Y es que en el largo plazo, la decisión de contratar o no contratar a alguien y cuánto pagarle está dictada por la capacidad productiva del trabajador y las condiciones de mercado.

Pero aunque tanto el shock negativo para las empresas, como el shock positivo para los empleados desaparece en el largo plazo, eso no significa que esta u otras medidas similares tengan efectos neutros en el largo plazo. Tales medidas generan malas señales de inseguridad jurídica que duran décadas en borrarse, generan inflación que distorsiona los planes de inversión y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Por supuesto, una menor inversión y una mayor inflación a la larga significan menos ofertas de trabajo para los asalariados.  

Aunque en el corto plazo, el doble aguinaldo beneficia a los asalariados que al momento del decreto tienen trabajo en el sector formal, en el largo plazo, la medida perjudica a los futuros asalariados porque reduce la seguridad jurídica lo cual tiene como consecuencia menos inversión y por ende menos puestos de trabajo y por otro lado aumenta la inflación.

Santa Cruz de la Sierra, 11/10/15

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Consideraciones sobre el segundo aguinaldo

Javier Paz García

La relación laboral es de naturaleza voluntaria; es decir, el empleador se compromete a pagar cierta cantidad de dinero y el empleado a realizar ciertas labores. De este acuerdo voluntario surgen obligaciones legales y morales conocidas y aceptadas por ambas partes.

La imposición del doble aguinaldo mediante un decreto, violenta la naturaleza voluntaria del acuerdo laboral imponiendo una transferencia pecuniaria que 1) no estaba pactada entre el empleador y el empleado y 2) no estaba contemplada entre los costos del empleador. En tal sentido el doble aguinaldo no es muy diferente a un robo, donde un ladrón obliga a la víctima a entregar dinero y la víctima se ve obligada a hacerlo para preservar su vida o su integridad física. En este caso quien comete el abuso es el Estado, aunque el beneficiario sea el trabajador.

El Tribunal Constitucional, mostrando una vez más la mediocridad intelectual y moral de sus miembros, ha declarando la constitucionalidad del decreto, indicando además que el doble aguinaldo no implica una violación a la propiedad privada.

Para entender por qué el Tribunal Constitucional está equivocado, imaginemos que el decreto haya dicho que en vez de 1 aguinaldo adicional, se paguen 100 aguinaldos. Cualquiera puede ver que la obligación de pagar 100 aguinaldos significaría para muchos empleadores perder todos sus bienes a favor de los empleados. Cualquiera puede ver que esto sería una forma de confiscación de la propiedad privada. La diferencia entre haber decretado el pago del segundo aguinaldo o de 100 aguinaldos, es sólo de grado, pero conceptualmente es igual. Es decir que si creemos que decretar el pago de 100 aguinaldos debe ser considerado atentatorio a la propiedad privada, para ser coherentes deberíamos considerar el decreto del segundo aguinaldo de igual forma.

El hecho de que algo tenga la aprobación legal, no significa que sea justo o moral. El decreto del doble aguinaldo, por distorsionar el acuerdo voluntario entre empleados y empleadores y por haber sido anunciado sin previo aviso, privando a los empleadores de tomar previsiones, aunque tenga la legalidad que el abusivo y arbitrario Estado boliviano le da, no deja de ser una injusticia.

Santa Cruz de la Sierra, 04/10/15

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Quietud de Pueblo y la Santa Cruz que se fue

Javier Paz García

Aproveché el feriado para irme al campo, escaparme del bullicio de la ciudad y olvidarme momentáneamente de las preocupaciones del trabajo. Quería también descansar de la lectura técnica, dejar de lado, las noticias, los textos de economía y buscar alguna novela o cuento corto que me invite a la relajación. Fue así que tuve el acierto de elegir Quietud de Pueblo de Alfredo Flores. El libro es un compendio de anécdotas, impresiones y recuerdos de la Santa Cruz de la Sierra de principios del siglo XX, escrito por alguien que ha vivido en grandes metrópolis y atesora la sencillez, el provincialismo e incluso la pobreza de su pequeño pueblo natal. El libro no es novela pero su estilo me recordó a las Leyendas de Gustavo Adolfo Becquer. Tampoco es un tratado sociológico, pero retrata la forma de vivir y de pensar de la sociedad cruceña de la época.

Quedé sorprendido por la clarividencia del autor que en su prólogo sostiene:

Algún día el riel revolucionará el silencio de su ambiente colonial y hará de la tranquila villa provinciana una ciudad moderna y bulliciosa… Pero entonces ya no gozaremos de ese apacible sol de la mañana, tan nuestro, tan claro, tan intenso, porque en las ciudades grandes hasta el brillo del sol parece que perdiera su pureza; ya no veremos pasar a la hora de la misa a las jovenzuelas cubiertas por negros mantones largos, ni a las viejas mascullando su rosario, porque el progreso ahuyenta la ingenuidad de las sencillas almas; ya no oiremos tampoco al pie de la ventana el rasgueo de las guitarras ni el canto apasionado de los galanes, porque eso sería ridículo frente a la música infernal de los vehículos y ante la seriedad gris de las enormes casas modernas… Yo aplaudo a los que hablan de la riqueza de nuestra tierra, a los que trabajan para atraer la mirada del capital a su fecundo suelo, para que su transformación de pueblo en ciudad se lleve pronto a cabo; pero con profundo egoísmo, quizás con sacrílego egoísmo, declaro que añoraré siempre la rústica hermosura de mi pueblo, su reposo completo, su calma de aldea, que convida a soñar y es fuente inagotable de poesía.

El pueblo que don Alfredo Flores describe todavía existe como un anacronismo en algunos pueblos de la chiquitanía, pero Santa Cruz de la Sierra, para bien y para mal, es ya la metrópoli que él vaticinó con tristeza y resignación.

Santa Cruz de la Sierra, 27/09/15

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¿Por qué el Estado debe ser limitado?

Javier Paz García

Existen una infinidad de formas en las cuales los seres humanos se pueden organizar como sociedad. Tales formas están influenciadas por los paradigmas mentales de las personas. Por ejemplo, en un contexto donde se cree mucho en lo místico, la tradición y en castas sociales inamovibles es natural que la forma de gobierno sea una monarquía apoyada bajo la noción de que el monarca es elegido por Dios, como sucedía en la Europa del medioevo.

Pero si la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos de todos los seres humanos son nuestro paradigma, un sistema monárquico e incluso un Estado socialista son incompatibles. El Estado es una organización que ejerce acciones colectivas, que en general involucran a todos o casi todos sus habitantes. Por su naturaleza, el Estado es un ente coercitivo: estamos obligados a cumplir las leyes, aunque no nos gusten. Por otro lado el mercado es el lugar o la acción de entablar transacciones voluntarias entre dos o más partes. Si no existiera el Estado y todas las transacciones fueran voluntarias, tendríamos un estado de anarquía, donde nadie es obligado a hacer nada en contra de su voluntad. Al otro extremo está el Estado que decide todo por el individuo y le confisca su libertad. El extremo del Estado omnipotente es abominable y el extremo anarquista es utópico.

Es difícil imaginar un conglomerado social sin un ente que gestione las acciones colectivas. Por ello el Estado es una necesidad, tal vez un mal necesario, pero en la medida en que valoramos la libertad y la dignidad de las personas, entonces debemos reconocerles el derecho a tener el mayor grado de acción posible dentro de la sociedad, debemos procurar que en la sociedad predominen los acuerdos voluntarios por sobre la acción colectiva del Estado, un Estado que, al contrario del mercado que se basa en acuerdos voluntarios y de beneficios mutuos entre partes y sin intentar ser peyorativo, se basa en la imposición, la coerción, el monopolio de la fuerza y la amenaza de multas y cárcel para quienes no cumplen con sus leyes.

El anarquismo es una hermosa utopía, que a mi parecer es impracticable, pero si valoramos la libertad y la dignidad humana, debemos inclinarnos por el lado de menos leyes y menos coerción estatal. Debemos tener un Estado tan pequeño como sea posible y dejar que los acuerdos voluntarios (también llamados “el mercado”) primen en las relaciones humanas.

Santa Cruz de la Sierra, 20/09/15

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Criminalizando las opiniones

Javier Paz García

Un requisito indispensable de una sociedad democrática y de derecho es el respeto casi absoluto a la libertad de expresión. La posibilidad de emitir opiniones sin represalias por parte del Estado, incluso cuando estas opiniones no son compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos es la base misma de la democracia. Sin libertad de expresión corren riesgo los partidos políticos de oposición; sin libertad de expresión no puede existir una prensa independiente que cuestione, investigue e incomode al poder político y económico. Sin libertad de expresión es más fácil que los gobernantes cometan y oculten más violaciones a los derechos humanos, además de perpetrarse en el poder y enriquecerse.

Por ello hay que ser muy cautos a la hora de permitir que el Estado ponga límites a la libertad de expresión, por más noble que parezca ser el objetivo de tales límites y en lo que respecta a este tema, ante la duda o el riesgo de abusos por parte del poder, siempre es mejor pecar del lado de proteger la libertad de expresión antes que limitarla.

Un ejemplo de ello es el racismo y la discriminación. Sin duda es noble la idea de acabar con estos prejuicios. Sin embargo la criminalización difícilmente elimina los prejuicios subyacentes y por otro lado puede ocasionar abusos de poder y limitaciones a la libertad de opinión y prensa. Un ejemplo concreto es Bolivia, donde una ley “contra el racismo y toda forma de discriminación” (no puedo dejar de mencionar la pomposidad del título en conjunción con la idiotez de procurar prohibir “toda forma de discriminación”) ha servido para iniciar acciones legales a dos personalidades de la televisión, una por decir que Oruro es feo y el otro por decir que las modelos cruceñas son tontas. Quienes están en desacuerdo o se sienten ofendidos por tales opiniones tienen el derecho de expresar su molestia en las redes sociales o en la prensa, tienen el derecho de dejar de mirar el programa del conductor cuya opinión les indignó, si la indignación general es tal, los dueños del canal pueden evaluar despedir a la persona. ¡Pero ser enjuiciado y tener la posibilidad de ir a presión por opinar que una ciudad es fea o porque ciertas mujeres son tontas es un exceso y un abuso mayúsculo! Si por tal cosa una persona puede ir a prisión, surge la interrogante de cuáles son los límites de esta ley y qué opinión está a salvo de la mirada inquisidora de los legisladores. Este tipo de leyes, como es el caso boliviano, pueden servir para desatar una injusta cacería de brujas, limitar la libertad de expresión y provocar autocensura.

Santa Cruz de la Sierra, 23/09/14

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