Contra el Estado expoliador

Javier Paz García

El propósito de un sistema republicano y democrático de gobierno es proteger a los habitantes de los abusos de los gobernantes. En una monarquía absoluta, el soberano es el rey y como tal puede hacer lo que sea, matar a quien sea, encarcelar a quien sea y quitarle la propiedad a quien sea. Incluso en las monarquías absolutas hubo intentos de limitar el poder del rey, un ejemplo de ello es la Carta Magna (Magna Carta Libertatum) que en 1215 los barones ingleses lograron imponer al rey de Inglaterra. Este documento protegía contra detenciones arbitrarias, ponía límites a ciertos impuestos y garantizaba ciertos derechos. La Carta Magna es un precursor de las modernas constituciones, cuya principal razón de ser son establecer cómo se organiza el Estado, imponer límites al poder de los gobernantes y garantizar ciertos derechos de los ciudadanos.

Si el gobierno puede hacer lo que sea, si el legislativo puede dictar cualquier ley, entonces no necesitamos una Constitución. Si la Constitución lo permite todo y da poderes ilimitados a los gobernantes, entonces no necesitamos una. Si nuestra Constitución no defiende a los ciudadanos contra el abuso de poder, contra las detenciones arbitrarias, contra el robo y el expolio, entonces nuestra Constitución no sirve para nada. 

La Cámara de Diputados ayer ha aprobado una ley que condona los alquileres. Preguntémonos ¿quién condona los alquileres? ¿El Estado? Pero si el Estado no es dueño del bien que genera el alquiler, ¿cómo puede condonar algo que no le pertenece? ¿Acaso disponer de algo que no le pertenece no es un robo? Precisamente, de aprobarse dicha ley, el Estado estará cometiendo un robo, un expolio, no muy diferente a que si un ladrón le apunte con una pistola en la calle y le robe su dinero y en realidad peor, porque el ladrón no tiene otra obligación con su víctima más allá de no robarle o causarle daño (obligación que evidentemente viola al robar), pero el legislador es elegido precisamente para defender a los ciudadanos y mediante su investidura está realizando un acto que va en contra de lo que precisamente tenía que proteger: está expoliando la propiedad ajena. 

Y si el gobierno puede hacer esto, entonces ¿hay algo que no pueda hacer? ¿Existen límites a las leyes que puede aprobar el parlamento? Muchos aplauden que el Estado se convierta en un Robin Hood que quita a algunos para darlo a otros. Hay varios problemas con esto, primero, uno de principios: el robo es robo, independientemente del fin, robar a unos para ayudar a otros, no borra el acto de robar. Segundo, que a quien se le priva de ese ingreso, se le está haciendo un daño. A los caricaturistas colectivistas les gusta pintar a un gordo despiadado con su habano entre los dedos recolectando rentas mientras disfruta del sufrimiento de los pobres. La realidad es otra y hay muchas personas que necesitan esos ingresos para vivir, por ejemplo, personas mayores que ya no pueden trabajar y que han invertido el fruto de toda una vida de trabajo para comprarse algunos departamentos que le generen una renta. Esta ley, traspasa el problema de unos para recargarlo sobre otros. E incluso a quien pueda vivir sin los alquileres, se le está haciendo una injusticia, porque seguramente tuvo que trabajar duro para comprar esos bienes: solo los políticos y los ladrones tienen algo sin trabajar. Tercero, la gente industriosa huye de donde prevalece el robo. Las inversiones y las personas talentosas escapan de los lugares donde parte del fruto de su trabajo es confiscado y a la larga, que pueden ser 5 o 10 años, queda más pobreza. Muchos se alegrarán de esta medida porque circunstancialmente los beneficia, como muchos venezolanos aplaudieron a Hugo Chávez en Venezuela y ahora están escarbando en la basura para buscar qué comer.

Santa Cruz de la Sierra, 29/04/20

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