Algunas medidas estructurales para la crisis

Javier Paz García

La pandemia del coronavirus, junto con la cuarentena aplicada están asfixiando a la economía. En las próximas semanas y meses miles de personas perderán sus empleos, perderán sus empresas y con ellas el ahorro y esfuerzo de toda su vida, aumentarán el hambre, la desnutrición infantil y podemos llegar a situaciones de vandalismo y conmoción social. Cito lo que me escribió una amiga: “Hoy solo puedo mirar desde el balcón de mi departamento cómo el sueño de emprender se escurre entre mis manos sin poder hacer nada. Estamos cerca de tener que pagar un segundo sueldo a los trabajadores del propio bolsillo porque hace dos meses no generamos nada. En mi caso por el resto del año no tengo más trabajo, solo miedo y una incertidumbre que me carcome”. 

El Estado hasta ahora ha optado por soluciones de corto plazo, principalmente enfocadas en sostener el flujo de dinero en las empresas y en las familias: préstamos para pago de salarios, diferimiento de pago de impuestos, bonos focalizados a los más pobres. El impacto de estas medidas habrá desaparecido por completo en dos meses y la crisis que se viene es más larga que eso. La recuperación depende de generar trabajos sostenibles que absorban a los desempleados. Para ello hay que facilitar el emprendimiento y la creación de empresas. No quiero usar el término “ayuda a las empresas” porque esto puede significar dádivas y privilegios que siempre son sectorizados y llegan a quienes tienen más influencia o acceso al poder. Los créditos blandos y subsidios no llegan a todos por igual y de hecho requieren que se quite a unos para dar a otros. Y con frecuencia estás medidas quitan recursos a los sectores sustentables para darlos a sectores o empresas ineficientes y que destruyen valor en la economía. Las medidas que sugiero a continuación no son ayudas del gobierno, sino una reducción de la carga que el gobierno le impone a las empresas. Para entenderlas, podemos visualizar a la empresa como una persona que corre todos los días y al Estado como una serie de sabandijas chupándole la sangre, quitándole fuerzas, quitándole la energía que le permitiría correr más rápido y llegar más lejos. Las medidas que propongo no están en la línea de regalarle alimento o ponerle suero a la persona, sino de quitarle el número de sabandijas que lleva prendidas. 

Carga impositiva

Hay que entender que el Estado no genera recursos, quienes generan recursos son las personas en el sector privado, esto incluye emprendedores, financiadores y trabajadores. Quien ejecuta una visión de crear un nuevo producto o servicio, genera valor. El cajero en un supermercado o el chofer que transporta alimentos del campo a la ciudad generan valor. El Estado lo que hace es apropiarse de parte de ese valor en forma similar a un ladrón que nos roba la billetera con el fruto de nuestro trabajo. Lo que hace el ladrón es ilegal, lo que hace el Estado es permitido por la ley, pero conceptualmente es una transferencia forzosa de valor. Si la solución pasa por generar empleo sustentable, entonces ayudemos a quienes generan empleo, reduciendo la carga laboral. Una propuesta concreta es eliminar el impuesto a las transacciones (IT), el impuesto a las transacciones financieras (ITF) y reducir el IVA y el IUE a 10%. 

Flexibilidad laboral

La flexibilidad laboral significa que el Estado respete la naturaleza del acuerdo laboral como un acuerdo entre partes: el empleador y el empleado. Como un matrimonio que solo se consuma cuando ambos están de acuerdo y se mantiene armonioso mientras ambos sigan de acuerdo en continuar, la relación laboral es un acuerdo entre partes. En un matrimonio, el momento en que una de las partes ya no quiere seguir, pero es obligada por la otra parte, la relación y la vida de ambos se hacen un infierno. Por otro lado, al momento de contratar, ambas partes llegan a un acuerdo que por su naturaleza voluntaria es mutuamente beneficioso. El Estado al imponer incrementos salariales al sector privado (tiene todo el derecho de definir incrementos para los empleados públicos), viola la naturaleza voluntaria del acuerdo laboral. Los incrementos salariales forzosos son violatorios del derecho civil y la seguridad jurídica. La consecuencia de estas medidas es que las empresas contratan menos personal del que estarían dispuestas a contratar y ofrecen menores salarios del que estarían dispuestas a pagar: las empresas pierden potencial productivo y pierden los trabajadores con menos empleos y menores salarios. Cuando discuto este punto a veces recibo el argumento de que si no existiera un salario mínimo o el gobierno no impusiera incrementos salariales, los trabajadores ganarían algo cercano a cero por toda su vida. Eso no es cierto. En el sector informal la gente no trabaja por cero, ni por cien pesos. En el sector formal la mayoría de la gente gana por encima del salario mínimo. Los sindicatos de trabajadores temen estas medidas porque creen que llevarán a desempleo masivo. En realidad facilitan que los recursos de una sociedad vayan a los sectores que generan más valor, que un emprendimiento que opera a pérdida pueda ser liquidado con menos costo y menos tiempo, liberando esos recursos humanos para que vayan a sectores productivos de forma más rápida y que igualmente el capital del negocio pueda redireccionarse a actividades que generan valor en vez de seguir desangrándose en un negocio que no funciona y que posterga una liquidación, bajo el falso argumento de una estabilidad laboral. Aunque parezca paradójico para algunos, facilitar que una empresa pueda despedir a sus empleados, incrementa el empleo en un país, porque incentiva a los emprendedores y negocios a contratar más personas, sabiendo que, si luego el negocio no funciona, podrán hacer los ajustes necesarios. Algunas medidas que el gobierno podría tomar son reintroducir el preaviso de despido de 3 meses y garantizar el respeto a los acuerdos salariales en el sector privado. El gobierno no debería tener la potestad para definir incrementos salariales en las empresas privadas.

Trámites y Burocracia

Otra forma en la que el Estado le chupa la sangre al pueblo es en la cantidad de trámites, en la cantidad de colas, en la cantidad de dinero y en la cantidad de tiempo que los ciudadanos y las empresas tienen que invertir para cumplir con toda la burocracia del Estado. Un ejemplo concreto es la inspección vehicular. Eliminar este trámite ahorraría miles de horas de productividad perdida en todo el país, más allá del costo pecuniario. El informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, que mide, entre otras cosas, la facilidad para abrir una SRL ubica a Bolivia en el puesto 175 de 190 países. Se requieren 12 procedimientos, 39,5 días, y 37,3% del PIB per cápita para abrir un negocio en este país. Para referencia, en Nueva Zelandia abrir un negocio requiere un solo procedimiento que se puede hacer desde su casa con una conexión de internet, toma medio día y no tiene costo. Para algo más cercano a nosotros, en Chile se requieren 6 trámites, 4 días y 2,7% de su PIB per cápita para abrir un negocio. En Bolivia abrir un negocio pareciera un lujo destinado exclusivamente a los adinerados. Y así podemos seguir con una cantidad de trámites, ante el Ministerio de Trabajo, ante el Senasag, ante el municipio, etc. que nos roban nuestro tiempo, nos tumban nuestra productividad y mantienen a un ejército de funcionarios públicos haciendo funciones inútiles que son pagadas con los impuestos de los que trabajamos en actividades productivas.

Esto nos lleva a un segundo punto. Si el país va a sufrir una contracción tremenda, la gente va a pasar hambre y miles de empresas van a quebrar, el Estado no debería continuar como si nada ha pasado. Sus ingresos se van a reducir, por lo tanto, sus gastos también deben reducirse, de otra manera cualquier reducción de impuestos es insostenible y temporal. Debe deshacerse de las empresas públicas que sabemos que son ineficientes estructuras de clientelismo político; debe eliminar y reducir ministerios, viceministerios y agencias estatales y liberar a ese ejército de funcionarios públicos para que pasen al sector privado a mejorar la productividad del país. 

Seguridad jurídica

El gobierno del MAS decía algo por la línea de que en Bolivia había seguridad jurídica siempre y cuando los empresarios no se entrometan en política. Esa versión light de el Estado soy yo del rey Luis XIV de Francia es la antítesis de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está basada en lo sagrado que debe ser el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Está basada en el imperio de la ley, por encima de las personas. Está basada en leyes generales para todos y no en leyes sectoriales que benefician a unos a costa de otros. Está basada en que un trámite debe durar lo mismo para el rico, que para el pobre, para el que es amigo del ministro como para quien es su oponente político. Necesitamos más y mejores jueces, con sueldos sustancialmente superiores a los que ahora reciben, queremos jueces probos e idóneos, pues paguemos lo que cuestan. Necesitamos simplificar las leyes y eliminar aquellas que violan el respeto a la propiedad privada y sirven como mecanismos de extorsión como la Función Económica Social (FES). Hay que eliminar agencias que no agregan valor a la sociedad y que sirven de mecanismos de extorsión y recaudación tributaria como la Autoridad de Empresas o la Autoridad de Juegos, hay que eliminarlas sin reemplazarlas por nada. Se deben simplificar trámites para que nadie tenga que pagar una coima para sacar en 3 días un trámite que debe durar 3 días pero que sin la coima dura 100. Se deben simplificar procedimientos para que sean fáciles de cumplir y claros y las empresas no estén expuestas a la interpretación extorsiva de cada funcionario público, que entiende lo que le da la gana. Hay que cambiar la constitución para devolver el poder al ciudadano. El ciudadano no debería tenerle miedo al Estado, pero una constitución que le permite todo al Estado en nombre de proteger derechos es la mejor forma de violar los derechos de los ciudadanos. Las reformas de seguridad jurídica son tal vez las más arduas, pero son probablemente las más importantes, las que mayor impacto a largo plazo pueden tener en la prosperidad de la nación.

Santa Cruz de la Sierra, 15/04/20

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