Javier Paz García
Los controles de precios están bien estudiados en las ciencias económicas y existen numerosos casos documentados a lo largo de la historia. La teoría señala que cuando el Estado impone un precio por debajo de su nivel de equilibrio y logra hacer cumplir esa medida, la consecuencia inevitable es una contracción de la producción, un exceso de demanda frente a la oferta y, por ende, la aparición de colas y listas de espera. En la práctica, a menudo se forman mercados paralelos, lo que reduce al mínimo o desaparece el comercio por los canales formales sujetos a la regulación, mientras florecen los canales informales. Por esta razón, los controles casi siempre fracasan en su objetivo de evitar la inflación e, incluso, resultan contraproducentes.
La historia está llena de ejemplos: desde el Edicto de Diocleciano en el Imperio Romano, pasando por el control de alquileres en la Nueva York actual, hasta la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. El caso alemán es particularmente interesante. El economista Ludwig Erhard, quien fungía como director de asuntos económicos de la zona de ocupación anglo-estadounidense, emitió un decreto de eliminación de controles de precios un domingo. Aprovechó deliberadamente el día no laboral para que sus jefes —los militares de Estados Unidos e Inglaterra a cargo de la ocupación, quienes se oponían firmemente a la medida— no tuvieran tiempo de reaccionar hasta el día siguiente. El lunes, los bienes empezaron a aparecer “milagrosamente” en los estantes, el mercado negro se extinguió y comenzó lo que el mundo denominaría “el milagro económico alemán”.
En Bolivia, desde el 2023 hasta junio de 2026, experimentamos un control en el precio de un bien en particular: el dólar americano. La consecuencia fue exactamente la misma que predice la teoría y demuestra la historia: el desabastecimiento de los mercados formales y la formación de circuitos paralelos. A partir de ese año, nadie volvió a depositar dólares en el sistema financiero ni a venderlos a la cotización oficial de 6,96, a pesar de que existían millones de compradores dispuestos a adquirirlos a ese valor. Los actores económicos encontraron mecanismos para operar a precios de mercado; los bancos, por ejemplo, realizaban su ajuste a través de la tasa de giro.
Hago aquí una digresión, ya que algunas personas podrían interpretar que el sector financiero actuó de mala fe. Al contrario: si los bancos no hubieran logrado transaccionar divisas a valores reales de mercado, simplemente habrían dejado de participar en él, provocando peores consecuencias para los exportadores e importadores que necesitaban esos dólares. Se escucha a mucha gente quejar y satanizar a los bancos porque obtuvieron altas ganancias de estas operaciones. Sin embargo, ellos no son los culpables de las distorsiones e ineficiencias, sino el Estado que impuso una normativa impracticable.
Antes de 2023, Bolivia también operaba con un tipo de cambio fijo, pero no sufría un control de precios del dólar. Esta es una diferencia conceptual fundamental que me parece que muchos, incluso economistas, no tienen clara. Hasta antes de febrero de 2023, el tipo de cambio se mantenía en 6,96 porque el Estado boliviano estaba dispuesto a entregar dólares a ese valor a cualquiera que lo requiriera. El Estado definía el valor de la moneda a través de mecanismos del propio mercado utilizando las reservas internacionales para sostener su política cambiaria, pero no existía un control de precios desde la perspectiva de la ciencia económica. Cualquiera podía vender y comprar dólares a cualquier cotización, pero por supuesto nadie en su sano juicio iba a comprar a tasas superiores a 6,96 si había un actor (el Estado) que ofrecía ese precio a quien lo requiriera. En este sentido, el tipo de cambio, aunque era fijo, era libre, en el sentido en que no estaba sujeto a ningún control de precios. El mecanismo usado por el gobierno para mantener el tipo de cambio fijo, era un mecanismo de mercado.
A partir de febrero de 2023, el Estado dejó de ofertar dólares en las cantidades demandadas, pero mantuvo por ley la obligación de transaccionar a 6,96, prohibiendo el uso de cualquier otra cotización. En ese momento, el tipo de cambio, que seguía siendo fijo, dejó de ser libre para imponerse por ley, se le impuso un control de precios. Y pasó lo que usualmente pasa con los controles de precios: desabastecimiento del mercado formal y aparición de mercados paralelos. Es mentira que no había dólares, es verdad que no había dólares a 6,96.
Cuando en junio de 2026 el gobierno de Bolivia eliminó el régimen de tipo de cambio fijo y migró a uno variable con una cotización inicial de Bs. 9,73 por dólar, formalmente devaluó la moneda en un 39,8%. Sin embargo, en la economía real, los mercados ya operaban con tipos de cambio cercanos a los Bs. 10. Bajo el esquema anterior, un importador que pagaba un dólar real por su producto se veía obligado a registrarlo contablemente bajo el absurdo de un tipo de cambio oficial ficticio. Lo mismo ocurría con un exportador que por ejemplo compraba soya en el mercado local a $us 400 al oficial y luego la vendía en el mercado exterior a $us 300 reales; contablemente registraba una pérdida de $us 100 dólares en la operación que se compensaba con una ganancia en la cuenta de diferencia por tipo de cambio. Esta brecha cambiaria generaba severas distorsiones en la contabilidad corporativa, pero no en los precios reales, los cuales ya dependían del tipo de cambio paralelo (al menos para los bienes transables). Existe un amplio debate académico sobre las ventajas y desventajas de diferentes regímenes cambiarios; en cambio hay un enorme consenso sobre la ineficacia de los controles de precios y pocos economistas serios los sugerirían. El 29 de junio el gobierno formalmente devaluó la moneda; sin embargo, en la realidad económica no hubo tal devaluación, porque está ya se había dado; lo que sí hizo fue eliminar el control de precios sobre los dólares.
Santa Cruz de la Sierra, 12/07/26
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