Javier
Paz García
El
Instituto Nacional de Estadística (INE) ha declarado que el crecimiento de
Bolivia de octubre 2015 a septiembre 2016 ha sido de 4,43%. Las reacciones han
sido de alivio y júbilo para quienes pagan salarios, y de tristeza e indignación
para otros. Especialmente iracunda ha sido la reacción de la Central Obrera Boliviana,
institución de la cual no se puede esperar ni un acto de sensatez.
El
vicepresidente evidencia lo absurdo del decreto cuando expresa “que es
preferible no tener segundo aguinaldo este año, tenerlo el siguiente trabajando
más a no tener trabajo, es mejor no recibir segundo aguinaldo, pero si
garantizar que usted tiene su trabajo, que el obrero siga con su trabajo, que
forzar las cosas para tener segundo aguinaldo, pasar una buena navidad y llorar
en enero". Y es que si las aseveraciones del vicepresidente son válidas
ahora, ¿por qué no lo fueron antes? Tales declaraciones reafirman la pobreza
intelectual de quien es considerado el mayor intelectual del proceso de cambio.
Decretar
un salario adicional a todas las empresas del país sobre la base del
crecimiento agregado de una nación es un disparate análogo a premiar a un
estudiante que se aplazó en la materia, bajo el argumento de que el promedio de
todos los alumnos del curso fue de aprobación. Algunos han sugerido que el
doble aguinaldo se pague por rubro económico, lo cual no deja de seguir siendo
un disparate pero a menor escala, ya que dentro de cada rubro también hay
empresas que prosperan y otras que se contraen y mueren.
Incluso
más allá del cálculo economicista de si es factible para el país, para un
sector económico o para una empresa en particular pagar el segundo aguinaldo,
debemos considerar el hecho legal y ético. La relación laboral es eminentemente
una relación contractual voluntaria. Un potencial empleador y un potencial
empleado se reúnen y negocian las condiciones laborales; solo de una
negociación donde ambas partes están de acuerdo con las condiciones, incluida la
remuneración, es que nace una relación laboral. El decreto violenta ese mutuo y
voluntario acuerdo entre empleador y empleado y obliga a una parte a efectuar una remuneración a la
que nunca se comprometió. Esto es tan inmoral como hacer lo contrario: si el
gobierno decretara que intempestivamente que los empleadores en todo el país
deben reducir los salarios en 10% cometería un abuso similar al de decretar un
aguinaldo adicional, la única diferencia es quién paga y quién se beneficia.
Santa Cruz de la Sierra, 16/10/10
http://javierpaz01.blogspot.com/
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