¿Quién determina el precio del petróleo?

Javier Paz García

He escuchado varias explicaciones sobre la razón de la caída de los precios del petróleo. Desde las teorías conspirativas culpando a los Estados Unidos, hasta las teorías conspirativas señalando a Arabia Saudita. Mi mayor objeción a estas hipótesis es que sería extremadamente difícil (si no imposible) y absurdamente costoso para un país lograr manipular el precio del petróleo para bajarlo de 100 a 60 dólares. Un país productor puede hacer subir el precio del petróleo dejando de producirlo; es decir, tirándose un tiro en el pie. Semejante acción solo beneficia a los otros productores ya que el momento que este país vuelve a producir, el precio baja de manera casi inmediata. El cartel de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un intento de controlar el precio del petróleo a través de cuotas de producción repartidas entre todos los países miembros. Por supuesto para que un gobierno pueda determinar sus niveles de producción de petróleo, debe manejar su producción petrolera, por ello los miembros de la OPEP son generalmente monarquías, dictaduras o democracias semi-socialistas. Un gobierno como el de Estados Unidos, donde se respeta la propiedad privada y donde el petróleo le pertenece a quien lo extrae de su tierra no tiene como controlar la producción (al menos en el corto plazo), porque la misma está en manos privadas. Esto es una razón más para descartar las teorías conspirativas que involucran al gobierno de los Estados Unidos.

Lo que los expertos en energía señalan, es que en Estados Unidos existe un boom de inversiones para explorar yacimientos de esquisto lo que ha incrementado considerablemente la producción de ese país. Además si agregamos una desaceleración de las economías de China, India, Brasil y un estancamiento de Europa y Estados Unidos, no es difícil concluir que la explicación de la caída del petróleo no está en teorías conspirativas sino en la llana oferta y demanda. Yo no soy un experto en energía, pero como economista puedo decir que cuando un negocio produce muchas ganancias, atrae muchas inversiones y viceversa. El petróleo ha experimentado más de una década con precios altos, entonces no es de extrañarse que estos precios hayan incentivado muchas inversiones. A medida que estás inversiones han dado sus frutos y la producción ha aumentado, los precios han caído. Análogamente, en la medida en la que estos precios bajos se mantengan por un largo plazo, podemos pronosticar una reducción en el ritmo de inversiones petroleras.

Santa Cruz de la Sierra, 21/12/14

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El achachairú y la seguridad jurídica

Javier Paz García

El hecho que una fruta tan deliciosa y endémica de Bolivia como es el achachairú sea sembrada y comercializada en otro país debe llamarnos a la reflexión. Eso traté de hacer en el artículo Las lecciones del achachairú (El Deber, 09/12/14). Pero hay que evitar sacar conclusiones incorrectas. Por ejemplo sería absurdo prohibir la exportación de semillas. Esta es la actitud del perro del hortelano que no come ni deja comer. Esta actitud desgraciadamente es muy prevaleciente en este país de patrioteros.

O tal vez alguien puede afirmar que en Bolivia sí hay inversiones grandes y de largo plazo, que hay petroleras transnacionales, que la construcción tiene una bonanza, que hay miles de hectáreas de soya. Para responder este argumento podríamos decir que en realidad no han entrado nuevos operadores petroleros desde la nacionalización y que las inversiones en construcción y soya se recuperan en un menor plazo que las inversiones en una planta que necesita varios años antes de dar frutos. Pero más importante es entender que ni la inversión ni la seguridad jurídica son cualidades finitas. Es decir, no son atributos que existen al 100% o no existen, sino más bien son continuas. No existe un país que tenga 0 seguridad jurídica ni tampoco un país con 0 inversión. Pero podemos comparar países y decir que en A existe mayor seguridad jurídica que en B. Y si entendemos que la seguridad jurídica no es una cualidad finita y estamos de acuerdo en que a mayor seguridad jurídica habrá más inversiones, entonces el contraargumento de que en Bolivia hay inversiones millonarias y por lo tanto hay seguridad jurídica pierde validez. 

Bolivia tiene inversiones que van acorde a su nivel de seguridad jurídica, por ejemplo es más seguro invertir en Bolivia que hacerlo en Irak o en Afganistán, por ello podemos esperar que Bolivia tenga más inversión que esos países. Bolivia tiene menos seguridad jurídica que Australia, Estados Unidos o Uruguay y por ende podemos esperar que la inversión en Bolivia sea menor que en aquellos países. Entonces la pregunta es ¿cuánta inversión adicional podríamos haber atraído si tuviéramos niveles de seguridad jurídica similares a los de Australia? ¿Cuánto habría bajado la pobreza y el desempleo? ¿Cuántos edificios, viviendas, hectáreas de cultivos y fábricas adicionales habría?

El costo de la inseguridad jurídica no se ve, porque es el costo de lo que se dejó de crear y producir, pero es un costo real y muy alto.

 Santa Cruz de la Sierra, 13/12/14

Lecciones del achachairú

Javier Paz García

Una de las frutas más deliciosas que conozco es el achachairú, cuyo árbol es endémico de Bolivia. Esta fruta es tal vez uno de los secretos mejor guardados del país, lo cual no es motivo para enorgullecerse. Y lo que quiero decir es que si tenemos algo tan delicioso, ¡entonces por qué no lo producimos en gran escala, lo industrializamos y lo vendemos al mundo!

En realidad ya hay personas que han hecho esto ¡en Australia! Un grupo de inversionistas extranjeros (y que no son australianos) llevo semillas de Bolivia y plantó cientos de hectáreas al otro lado del mundo. Alguien me comentó que ya empezaron a comercializar la fruta, que le acortaron el nombre a achacha, porque pronunciar achachairú para un gringo o un europeo resulta muy complicado y podría desincentivar las ventas y que lo venden como algo exótico y exclusivo. No debería sorprendernos si en 20 años el mundo conoce el “achacha” como la maravilla australiana.

Vale la pena hacernos varios cuestionamientos sobre esta situación. Por ejemplo ¿no hay en Bolivia personas emprendedoras y visionarias que pudieran haber emprendido un proyecto serio de producción y exportación del achachairú? Yo creo que abundan los emprendedores en este país, y que podemos encontrar centenas de personas que viniendo de la  absoluta pobreza han creado fortunas a punta de trabajo honesto, creatividad y visión de futuro. Entonces no podemos atribuir la responsabilidad a la falta de iniciativa y talento empresarial. Una pregunta que tal vez nos lleva hacia una respuesta más acertada es ¿por qué un extranjero que no es australiano, se llevaría la semilla a Australia en vez de sembrarla acá?

Para responder a esta pregunta, voy a formular otra. ¿Usted invertiría ahora en un proyecto que requiere una fuerte inversión ahora y que empieza a producir ganancias en 10 años si ese proyecto debe realizarse en Irak? Probablemente no. Y usted si tiene la alternativa entre invertir en un país donde organizaciones criminales avasallan tierras productivas impunemente, donde el sistema judicial es tan corrupto que los jueces otorgan sus fallos a quien más dinero les da y donde el Estado no solo no protege la inversión y la propiedad privada, sino que la ataca y la vulnera o invertir un país donde si usted compra un pedazo de tierra, tiene la tranquilidad de que nadie se la va a quitar, ni le va a controlar los precios o ponerle cuotas de exportación. ¿Qué país elegiría? Esa es la diferencia entre Australia y Bolivia.

Santa Cruz de la Sierra, 08/12/14

Estatismo, alimentación y coca

Javier Paz García

La noción de que el Estado debe regular, por motivos de salud, lo que puede y no puede consumir una persona, es absolutamente contrario a los principios de libertad y responsabilidad individual. Me resulta inaceptable que el Estado nos imponga la dieta alimenticia. Permitirlo, abre una ventana peligrosa y sienta un precedente nefasto sobre las potestades del Estado sobre el individuo, su soberanía y su libertad. Las decisiones de cada ser humano sobre sí mismo y sus asuntos, en tanto esas decisiones no comprometan la vida, la integridad y la propiedad de otros, deben ser absolutamente inviolables.

Lo cierto es que son poquísimas personas las que siguen una dieta alimenticia óptima. La mayoría comemos demasiada carne roja, frituras, bebidas alcohólicas, tabaco, gaseosas, sal, azúcar, caramelos y un largo etc. Lo hacemos porque para la mayoría de las personas, vivir largo tiempo, aunque es algo importante, no es el único objetivo en la vida; ni siquiera el principal. Casi todos cometemos irresponsabilidades con nuestra dieta, pero no es función del Estado prohibirnos las carnes rojas o la sal en exceso.

Pero incluso si suponemos que el Estado tiene un legítimo derecho a intervenir coercitivamente en las opciones alimenticias de la gente, tampoco considero que, por motivos de salud el consumo de coca debería ser prohibido, porque ni el té de coca ni el acullico en cantidades moderadas son dañinos a la salud. Por supuesto, si yo comiera 10 huevos fritos todos los días en el desayuno, el almuerzo y la cena, en poco tiempo mi salud estaría muy deteriorada. Pero el responsable de ello no serían los huevos, sino mi propia irresponsabilidad e insensatez. Que muchos consumidores de coca, abusen de ella, y no se laven los dientes, y tengan dientes verdes y no coman ni duerman adecuadamente, no es culpa de una hoja cuyo consumo, en cantidades moderadas (como debe ser todo alimento) no ocasiona mayores perjuicios para la salud.

La convención de Viena cometió una arbitrariedad al decir que el consumo de la coca debería ser eliminado, legislando sobre un tema que en primer lugar no debería ser de su competencia y en segundo lugar porque la coca ni es dañina para la salud, ni es peor que otros alimentos que no están prohibidos, como ser las bebidas alcohólicas, el tabaco, las papas fritas o las tripas rellenas. Que el Estado determine la dieta de las personas me parece una de las formas más denigrantes de estatismo e irrespeto a la dignidad humana.

Santa Cruz de la Sierra, 22/03/12

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Una agenda posible para la oposición liberal

Javier Paz García

La siguiente legislatura estará controlada por el partido de gobierno. Por lo tanto, podemos suponer que las leyes que salgan de ahí darán más poder al Estado en desmedro de la libertad de los ciudadanos. Los legisladores de oposición en la mayoría de los casos tendrán un rol testimonial de rechazo y protesta contra la aplanadora oficialista o apoyarán las tantas leyes inútiles que salen del Congreso Nacional como declarar a tal ciudad como la capital del durazno.

Sin embargo existen áreas donde un parlamentario liberal puede conseguir el apoyo de sus colegas socialistas para avanzar en una agenda que beneficie a la población. La cantidad de trámites al que está sometido el ciudadano, junto a su inutilidad, redundancia y morosidad es apabullante. Una legislatura que no dictara más leyes que aquellas que facilitan, agilizan o mejor aun, eliminan tanto trámite pasaría a la historia como una de las mejores del país.

Para ejemplo tomemos el caso de la inspección técnica vehicular. Para obtener esta viñeta es necesario ir a un banco a hacer cola y luego hacer unas colas del demonio ante la policía. Solo basta ver los micros en el centro de la ciudad botando un humo más negro que la noche para concluir que la inspección técnica es una payasada cuyo único propósito es generar ingresos para la policía. Y si uno calcula la producción perdida por miles de personas que en vez de trabajar y producir tienen que hacer tales colas bajo el endemoniado sol oriental o el terrorífico frio occidental, no puede sino concluir que este asunto es un despropósito muy caro. No debe haber un ciudadano boliviano que se oponga a eliminar completamente este solapado impuesto, a menos que el ciudadano sea miembro de la policía o funcionario de gobierno.

Otro ejemplo es la necesidad de hacer un memorial con un abogado para declarar que se perdió el pasaporte o que uno se lo quiere quedar por tener visas vigentes.  ¿Por qué no tener en la misma oficina de migración formularios que sirvan como declaraciones juradas? Semejante medida ahorraría tiempo al ciudadano que tramita un pasaporte, ahorraría el dinero que le tiene que pagar a un abogadillo de pacotilla para que cambie el nombre a su archivo de Word, imprima, firme y selle el documento y obligaría a docenas de abogados a buscarse un trabajo más útil para la sociedad.

Y así podemos seguir con cada repartición del Estado, con cada trámite, con cada requisito, con cada cola que el Estado nos obliga a sufrir a nosotros, los pobres ciudadanos.

Santa Cruz de la Sierra, 23/11/14

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Cosas que yo no entiendo

Javier Paz García

Este fin de semana se ha mantenido en mi pensamiento, a veces en primer plano, en otras ocasiones como una melancolía subyacente permeando la cotidianidad, la noticia del bebé de 8 meses que murió a causa de una vejación sexual. Tal vez estas cosas no me deberían sorprender; después de todo, cada día mueren niños por hambre, por negligencia, por violencia familiar, por guerras y por miles de motivos (inicialmente escribí “niños inocentes” ¿pero acaso un niño puede ser culpable?).

La muerte y el sufrimiento de un niño, sea por causas naturales o no, es algo que yo no entiendo y es una de las razones por las cuales no creo en el Dios omnisciente, omnipotente, benévolo y misericordioso del cristianismo; ese Dios y este mundo, ni siquiera con la noción del libre albedrío (¿qué libre albedrío ejerció ese bebé?), me parecen compatibles (aunque, como Unamuno, quisiera creer). Pero a pesar de mi incredulidad, de mi posición agnóstica, no creo ser un completo hedonista. Creo que, aunque tenemos la misión principal de ser felices, también tenemos la obligación de no dañar al prójimo, de no mentir, de no robar, de no causar un daño que no sea justificable como una defensa de nuestra vida, integridad y propiedad; de hecho, en concomitancia con una noción muy cristiana, considero que el mejor camino hacia la felicidad es el amor y me alegro de ver a personas felices a mi alrededor como también me entristezco por el sufrimiento ajeno (tal vez Descartes tiene razón y estas ideas innatas me las pone Dios). También creo que no hay mayor responsabilidad que la protección de los hijos, ni mayor placer que verlos felices. Por ello no entiendo cómo un padre puede dejarlos en el abandono.

La muerte de este bebé, se asemeja a una inevitable tragedia griega. La indefensa criatura es arrebata de padres alcohólicos para su protección y muere por el maltrato de sus supuestos protectores. He alzado a mi hijo de dos meses pensando en su completa indefensión y dependencia; pensando que aquél bebé que falleció era tan indefenso y tan dependiente como el mío, como el que yo tengo en mis brazos. Cuando suceden estas cosas, cuando una criatura inocente sufre injusta e innecesariamente, cuando surgen entre nosotros los comportamientos más depravados y crueles, este mundo me resulta incomprensible.

Santa Cruz de la Sierra, 16/11/14

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La inmoralidad del elector

Javier Paz García

Los seres humanos por naturaleza tenemos un doble estándar. Uno para nosotros, y otro para los demás. Protestamos airadamente cuando alguien se estaciona en doble fila y entorpece el tráfico o peor aun, nos impide salir con nuestro vehículo, reclamamos por la suciedad en las calles, nos molesta que el micro cruce el semáforo en rojo y nos ofende que un millonario evada impuestos, pero nosotros no tenemos tanto reparo en estacionarnos en doble fila, botar un papelito en la calle porque ya está sucia, cruzar el semáforo cuando recién se puso rojo, ni en comprar sin factura. Creo que todos los seres humanos en algún grado pecamos de incoherentes en beneficio propio.

En nuestro relacionamiento con el Estado sucede lo mismo. El productor de caña quiere que el Estado le otorgue créditos subvencionados y le garantice cierto precio mínimo a su azúcar, pero no quiere pagar los impuestos que implicarían seguir esa política con todos los productos de una canasta básica; el consumidor de azúcar quiere que el Estado le garantice un precio máximo, pero si ese consumidor es un taxista no quiere que el Estado le diga a cuánto debe vender una carrera, si es médico a cuanto debe cobrar una consulta, si es productor de tomates a cuanto debe vender sus tomates, etc. Los gremios empresariales quieren que el Estado les subvencione el diésel, créditos y los ayude en épocas de crisis, pero se molestan si se cortan las exportaciones, se regulan los precios, se aumenta el salario o se decreta un doble aguinaldo. Los manufactureros de textiles quieren que se prohíba la importación de ropa pero no reclaman si se permite la importación de trigo. Y así podemos continuar ilustrando cómo queremos que el Estado nos provea a un precio reducido aquello que no producimos y nos compre a un precio beneficioso aquello que producimos; cómo queremos ayudas e incentivos para nosotros y regulación y control para todos los demás. Esta incoherencia que en última instancia es un acto de inmoralidad conlleva a elegir políticos, no de acuerdo a sus características de honestidad, probidad y capacidad (si es que algún político las tuviera), sino a los intereses que tal o cuál político defenderá. La consecuencia lógica es que los políticos exitosos serán aquellos que plasmen los deseos de los grupos de interés más numerosos y mejor organizados, lo que finalmente produce populistas como Hugo Chávez, Lula da Silva o Evo Morales.

Santa Cruz de la Sierra, 07/11/14

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