Javier
Paz García
Hace diez años los secuestros eran algo que sucedía en
Colombia o en las películas de acción, pero no en Santa Cruz. Hoy hay
secuestros a cada rato y de todo tipo. Hay desde secuestros de alto calibre,
donde luego de mucho estudio y planificación se rapta a gente con mucho dinero,
se los tiene una semana y se piden cifras exorbitantes, hasta secuestros
“express”, que son menos selectivos, duran unas cuantas horas y cuestan
menos.
Y solo contando los secuestros que llegan a ser de
conocimiento público ya hay bastantes secuestros en Santa Cruz. ¡Cuántos más
quedarán en el anonimato! La Policía boliviana, poco o nada dice sobre esto, y
con el prontuario delictivo que posee esta organización del Estado, no es de
extrañar que haya miembros que sean cómplices de estos hechos. Incluso hay
gente que se pregunta si el mismo gobierno no está implicado como una
estrategia más para asustar a la “oligarquía cruceña”. Sin lugar a dudas,
semejante especulación implica una acción macabra por parte del Estado, pero si
recordamos que el gobierno fue organizador de los luctuosos hechos de Pando,
donde murió gente para inculpar a Leopoldo Fernández, que mandó dinamitar un
medio de comunicación en Yacuiba, que infiltró una marcha indígena y luego los
apaleó y que tiene más de 700 exiliados con asilo en otros países hasta la
fecha, podemos llegar a la conclusión de que aunque es inverosímil, no es
imposible que el gobierno sea cómplice por acción u omisión en la ola de
secuestros que azota a la sociedad cruceña.
Es también muy probable que esta ola de secuestros sea un
subproducto del tráfico de drogas que trae a Bolivia a extremadamente
peligrosos y violentos delincuentes colombianos y mejicanos que luego ven otras
oportunidades de negocio en el secuestro de personas. Esta es una razón
adicional para condenar la penalización de las drogas, ya que si su
comercialización fuera lícita, la criminalidad se reduciría substancialmente y
no pagarían justos por pecadores, como tienen que pagar, tanto en dinero como
en sufrimiento, familias que nada tienen que ver con este negocio; como tiene
que pagar la población entera que vive en la incertidumbre y el miedo de verse
indefensa y vulnerable ante la criminalidad.
Por ahora, no nos queda más que cruzar los dedos y rogar que
una de las organizaciones más corruptas e ineficaces del país – la Policía –
haga algo al respecto.
Santa
Cruz de la Sierra, 01/09/13
http://javierpaz01.blogspot.com/
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