Javier Paz
García
En
mi artículo Revolución en Egipto (El
Deber, 11/12/2012) hacía notar que en Egipto había llegado la democracia pero
que ello no era sinónimo de libertad, y que el gobierno de Mohamed Mursi, se
encaminaba más bien a cercenar libertades fundamentales e imponer ideas del
fundamentalismo musulmán.
Muy
a mi pesar aquel pronóstico se ha cumplido. La mayoría de los egipcios eligió
democráticamente a un gobierno que quiere imponer sus preceptos religiosos a
toda la nación. Tal imposición implica un cercenamiento de libertades y
derechos humanos ampliamente reconocidos. Por ello una minoría que teme perder
sus libertades civiles se ha insurreccionado contra un gobierno elegido
democráticamente que sin embargo actúa de manera autoritaria. La idea de
levantarse contra gobiernos autoritarios y liberticidas no es nueva. Por
ejemplo John Locke defendía explícitamente el derecho de los ciudadanos a
destronar a un rey cuando éste se convertía en un tirano; con lo encomiable que
son los movimientos pacifistas y la admiración que tengo por personajes como
Martin Luther King, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, podemos tener plena
seguridad que si George Washington o Simón Bolívar no hubiesen tomado las
armas, no se hubiese logrado la independencia americana.
En
el caso egipcio existe legitimidad de ambos lados. Mursi tiene la legitimidad
de haber sido elegido por la mayoría en elecciones libres. Los insurrectos
tienen la legitimidad de estar luchando por preservar sus libertades civiles.
El problema radica en los abusos de poder cometidos por el gobierno de Mursi.
La solución por lo tanto debe basarse en consensuar una constitución que
preserve y garantice las libertades civiles y políticas de todos los ciudadanos
y ponga límites el poder del Estado. Entre las libertades que dicha
constitución debe garantizar están la libertad de religión, la libertad de
expresión, y el igual trato de hombres y mujeres ante la ley. Llegar a esa
solución no es fácil. La mayoría musulmana debe comprometerse a respetar los
derechos de las minorías. Pero incluso si los movimientos fundamentalistas
musulmanes estuvieran dispuestos a dar tales garantías, existe la duda legítima
(y reforzada por las acciones del gobierno de Mursi) sobre su compromiso a
cumplirlas. Además están de por medio las Fuerzas Armadas, cuya cúpula es la
que efectivamente tiene el poder y que no debe tener mucho interés en
devolverlo a la sociedad civil y correr el riesgo de ser sustituida o incluso
encarcelada.
Santa Cruz de la
Sierra, 14/07/13
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