Javier Paz
García
Los
movimientos de indignados desde Europa hasta Latinoamérica tienen en común que
sufren las consecuencias de los Estados de bienestar en proceso de
descomposición. El Estado de bienestar, una amalgama de socialismo
redistribuidor con liberalismo político, promete a sus ciudadanos educación,
salud, empleo, vivienda, etc. Para ello impone un sistema de impuestos altos,
proteccionismo y en general traba y dificulta la actividad económica. Mientras
el capital instalado previamente a la construcción del sistema de bienestar
sigue vigente, el Estado es capaz de recaudar fondos suficientes para seguir
construyendo el sistema, y efectivamente otorga los servicios prometidos aunque
a menudo de mala calidad (los sistemas públicos de salud y educación son
generalmente malos). Este proceso puede tomar diez o veinte años, pero tarde o
temprano las inversiones disminuyen, la actividad económica se desacelera, el
desempleo aumenta y aparecen los indignados. Aparecen quienes se dan cuenta que
el Estado les cobra impuestos suficientes para subvencionar servicios de
primera y que a cambio reciben servicios de tercera categoría; aparecen quienes
protestan por la corrupción e ineficiencia del aparato político; aparecen los
jóvenes que no consiguen trabajos porque el Estados ha impuesto las suficientes
trabas para evitar que el sector privado los contrate. Y todos ellos tienen
razón al sentirse indignados. El problema radica en el diagnóstico que dan del
problema y su solución. Quienes reclaman por mejores servicios no piensan en
privatizarlos, sino en que el Estado milagrosamente los mejores y que además
les baje los impuestos; quienes protestan por la corrupción, no piensan en
reducir las atribuciones del Estado, sino en cambiar a sus funcionarios e
incluso aumentar sus atribuciones y su poder; quienes protestan por el
desempleo, no exigen leyes laborales más flexibles, sino al contrario más
inflexibles. Por supuesto todo ello empeora el problema.
El
origen de la indignación surge de la promesa incumplida de los políticos de
garantizar el bienestar a todos y por contraparte de las expectativas creadas
por millones de personas que llegan a creer que el bienestar económico no debe
surgir del esfuerzo propio sino que es un “derecho” que el Estado está obligado
a cumplir. Los indignados tienen razón cuando protestan contra el fracaso del
Estado de bienestar que se les prometió, se equivocan cuando exigen más Estado
de bienestar.
Santa Cruz de la
Sierra, 30/06/13
http://javierpaz01.blogspot.com/
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