Javier Paz García
Hace pocos días el rimbombante presidente venezolano censuró al periódico El Nacional por publicar fotos de personas fallecidas por la violencia en Venezuela. Hace algunos años no renovó la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), y ahora el presidente del único canal de televisión independiente en este país, Guillermo Zuloaga, tiene una orden de arresto. En Argentina, el matrimonio K hizo promulgar una ley de medios, que bajo el pretexto de “democratizar los medios”, impone restricciones a los canales y periódicos privados. Hace pocos días retiró la licencia de una empresa de internet del grupo Clarín. En Ecuador, el rabioso Correa decreta la venta obligatoria de medios independientes o los confisca con cualquier pretexto.
En todos los casos el régimen insulta, amenaza judicial y extrajudicialmente a los periodistas independientes y crea un clima de terror y amedrentamiento que tiene como objetivo hacer que los periodistas prefieran callar.
En Bolivia, otro de los países bajo la influencia chavista, los periodistas también son perseguidos, acosados, apaleados, los medios demandados, denigrados y acusados, incluso por el mismo presidente. En Bolivia existe cada día más miedo a criticar al gobierno y quienes lo hacen pueden esperar un juicio por diversos motivos, desde ser acusado de terrorismo hasta enriquecimiento ilícito.
En Venezuela, Ecuador, Bolivia y en menor grado Argentina, se vive un clima de miedo inspirado y promovido desde las más altas esferas del poder ejecutivo. Miedo a opinar diferente, miedo a disentir del dogma oficialista, miedo a denunciar a los corruptos cuando estos pertenecen al partido de gobierno, miedo a enfrentar un juicio o una auditoría con jueces y fiscales cuyo servilismo al partido de gobierno es cada día más difícil de poner en duda, miedo a perder la libertad e incluso la vida.
El sistema de censura bolivariano no consta solo de cerrar medios de prensa, sino principalmente de causar miedo para que los medios de prensa, usando el instinto de supervivencia, se autocensuren, se callen.
Venezuela lleva 11 años por este camino, Argentina 7, Bolivia 4, Ecuador 3.
Santa Cruz de la Sierra, 26/08/10
sábado, 28 de agosto de 2010
domingo, 22 de agosto de 2010
Bolivia en el Índice de Libertad Económica
Javier Paz García
Todos los años, el Wall Street Journal y la Fundación Heritage, publican el Índice de Libertad Económica, un estudio que mide diez áreas esenciales para el desempeño económico.
El estudio abarca a casi todos los países del mundo y demuestra fehacientemente mediante datos objetivos, que existe una relación positiva entre la libertad económica y la prosperidad. Los países donde es fácil abrir y cerrar un negocio, donde hay pocas restricciones al comercio internacional, donde los gobiernos mantienen cierta disciplina monetaria y fiscal, donde los impuestos son relativamente bajos, donde se fomenta la inversión y se protegen los derechos de propiedad, donde las leyes laborales no son restrictivas, y donde no hay excesiva corrupción, son los países con mayor crecimiento económico y menor pobreza.
Este año Bolivia obtuvo el puesto 146 de un total de 183 países evaluados. En el ámbito regional ocupa el puesto 25 de un total de 29 países. Además, el 2010, Bolivia obtuvo su nota más baja desde 1995, año en que se publicó el índice por primera vez. Es decir, Bolivia está en su peor momento, en cuanto a libertad económica se refiere. Las áreas más preocupantes, según el estudio, son la situación de los derechos de propiedad con una nota de 10 sobre 100, la libertad para realizar inversiones con una nota de 15 sobre 100 y la corrupción con una nota de 30 sobre 100.
Los resultados del estudio nos deben preocupar, porque significa que cada vez se está haciendo más difícil crear y operar empresas en el país. Por supuesto eso se traduce en una mayor dificultad de encontrar trabajo. Asimismo, este tipo de estudios es utilizado a menudo por inversionistas extranjeros antes de decidir si es conveniente arriesgar sus capitales en el país. Vale la pena recalcar que el Banco Central de Bolivia, en su último informe de política monetaria, denota preocupación por la caída de la inversión extranjera. Dado el deterioro de la libertad económica en el país, esta caída de inversiones no nos debería extrañar.
Por contraste, Suiza, un país con el que el presidente Morales alguna vez nos ha comparado, obtuvo el puesto número 6 del índice, y año tras año se encuentra entre los 20 países con mayor puntaje. Si el presidente Morales verdaderamente quiere que Bolivia tenga el desarrollo económico de Suiza, tal vez debería imitar algunas de las cosas que hacen los suizos. El Índice de Libertad Económica es una buena guía sobre cuáles cosas imitar.
El estudio puede ser visto (en inglés) sin costo alguno en la página web http://www.heritage.org/index/ .
Santa Cruz de la Sierra, 04/02/10
Todos los años, el Wall Street Journal y la Fundación Heritage, publican el Índice de Libertad Económica, un estudio que mide diez áreas esenciales para el desempeño económico.
El estudio abarca a casi todos los países del mundo y demuestra fehacientemente mediante datos objetivos, que existe una relación positiva entre la libertad económica y la prosperidad. Los países donde es fácil abrir y cerrar un negocio, donde hay pocas restricciones al comercio internacional, donde los gobiernos mantienen cierta disciplina monetaria y fiscal, donde los impuestos son relativamente bajos, donde se fomenta la inversión y se protegen los derechos de propiedad, donde las leyes laborales no son restrictivas, y donde no hay excesiva corrupción, son los países con mayor crecimiento económico y menor pobreza.
Este año Bolivia obtuvo el puesto 146 de un total de 183 países evaluados. En el ámbito regional ocupa el puesto 25 de un total de 29 países. Además, el 2010, Bolivia obtuvo su nota más baja desde 1995, año en que se publicó el índice por primera vez. Es decir, Bolivia está en su peor momento, en cuanto a libertad económica se refiere. Las áreas más preocupantes, según el estudio, son la situación de los derechos de propiedad con una nota de 10 sobre 100, la libertad para realizar inversiones con una nota de 15 sobre 100 y la corrupción con una nota de 30 sobre 100.
Los resultados del estudio nos deben preocupar, porque significa que cada vez se está haciendo más difícil crear y operar empresas en el país. Por supuesto eso se traduce en una mayor dificultad de encontrar trabajo. Asimismo, este tipo de estudios es utilizado a menudo por inversionistas extranjeros antes de decidir si es conveniente arriesgar sus capitales en el país. Vale la pena recalcar que el Banco Central de Bolivia, en su último informe de política monetaria, denota preocupación por la caída de la inversión extranjera. Dado el deterioro de la libertad económica en el país, esta caída de inversiones no nos debería extrañar.
Por contraste, Suiza, un país con el que el presidente Morales alguna vez nos ha comparado, obtuvo el puesto número 6 del índice, y año tras año se encuentra entre los 20 países con mayor puntaje. Si el presidente Morales verdaderamente quiere que Bolivia tenga el desarrollo económico de Suiza, tal vez debería imitar algunas de las cosas que hacen los suizos. El Índice de Libertad Económica es una buena guía sobre cuáles cosas imitar.
El estudio puede ser visto (en inglés) sin costo alguno en la página web http://www.heritage.org/index/ .
Santa Cruz de la Sierra, 04/02/10
Inconsecuencias con la libertad
Javier Paz García
Sintonizando radio Fides en Santa Cruz, escuché al presentador de noticias criticar a las agencias de empleo y pedir a las autoridades que las intervengan y las prohíban, por “esquilmar” a los trabajadores cuando les consiguen un puesto de trabajo. Voy a ilustrar mi oposición a este tipo de pronunciamientos con un ejemplo: Si yo voy a un banco en busca de un préstamo y considero que el interés es muy alto, simplemente no tomo ese préstamo y si me conviene, lo tomo. Absolutamente nadie en el banco me obliga a recibir el préstamo. Lo mismo sucede con las agencias de empleo, o con agentes de bienes raíces, o con las vendedoras de verduras. Ellos ofrecen un producto y cobran cierto precio por ello, y el interesado decide voluntariamente si compra o no dicho producto. Si una agencia de empleo puede conseguirme un empleo en menos tiempo del que yo tendría que invertir buscando por mi cuenta, es lógico que considere contratar una agencia y pagarle una comisión por esos beneficios.
Toco este tema porque me preocupa inconsecuencia que existe para con la defensa de la libertad individual. Todas las personas, pero especialmente los periodistas que son esenciales en la defensa y promoción de la libertad, deberían pensarlo dos veces, antes de emitir un criterio contrario a una transacción en la cual las partes involucradas participan voluntariamente.
Una agencia de empleo es un intermediario entre un empleador y un empleado, y cobra cierto monto por este trabajo de intermediación. Si este periodista opina que las agencias de empleo deberían estar prohibidas, para ser consecuente con su opinión, también debería propugnar el cierre de bancos, que funcionan de intermediarios entre gente que tiene exceso de fondos y gente que tiene necesidad de fondos; debería pedir a la alcaldía que clausure a todas las cholas en los mercados que nos “esquilman” al vendernos tomates más caro de lo que ellas los compraron; debería propugnar el cierre de agencias de bienes raíces que funcionan de intermediarios entre vendedores y compradores de inmuebles.
Conceptualmente no existe ninguna diferencia entre la función de un banco, una chola de mercado, un agente de bienes raíces y una agencia de empleo, en su rol de intermediarios, y como economista los defiendo, porque juegan un rol importantísimo en la economía. Pero también los defiendo como liberal, y considero que toda persona que promueve la libertad debería hacerlo, porque la actividad de estos intermediarios requiere el libre consentimiento de las partes, y si un empleador y un empleado, libre y voluntariamente deciden usar una agencia de empleo, ¿quién soy yo para prohibirles hacerlo?
Santa Cruz de la Sierra, 20/08/10
Sintonizando radio Fides en Santa Cruz, escuché al presentador de noticias criticar a las agencias de empleo y pedir a las autoridades que las intervengan y las prohíban, por “esquilmar” a los trabajadores cuando les consiguen un puesto de trabajo. Voy a ilustrar mi oposición a este tipo de pronunciamientos con un ejemplo: Si yo voy a un banco en busca de un préstamo y considero que el interés es muy alto, simplemente no tomo ese préstamo y si me conviene, lo tomo. Absolutamente nadie en el banco me obliga a recibir el préstamo. Lo mismo sucede con las agencias de empleo, o con agentes de bienes raíces, o con las vendedoras de verduras. Ellos ofrecen un producto y cobran cierto precio por ello, y el interesado decide voluntariamente si compra o no dicho producto. Si una agencia de empleo puede conseguirme un empleo en menos tiempo del que yo tendría que invertir buscando por mi cuenta, es lógico que considere contratar una agencia y pagarle una comisión por esos beneficios.
Toco este tema porque me preocupa inconsecuencia que existe para con la defensa de la libertad individual. Todas las personas, pero especialmente los periodistas que son esenciales en la defensa y promoción de la libertad, deberían pensarlo dos veces, antes de emitir un criterio contrario a una transacción en la cual las partes involucradas participan voluntariamente.
Una agencia de empleo es un intermediario entre un empleador y un empleado, y cobra cierto monto por este trabajo de intermediación. Si este periodista opina que las agencias de empleo deberían estar prohibidas, para ser consecuente con su opinión, también debería propugnar el cierre de bancos, que funcionan de intermediarios entre gente que tiene exceso de fondos y gente que tiene necesidad de fondos; debería pedir a la alcaldía que clausure a todas las cholas en los mercados que nos “esquilman” al vendernos tomates más caro de lo que ellas los compraron; debería propugnar el cierre de agencias de bienes raíces que funcionan de intermediarios entre vendedores y compradores de inmuebles.
Conceptualmente no existe ninguna diferencia entre la función de un banco, una chola de mercado, un agente de bienes raíces y una agencia de empleo, en su rol de intermediarios, y como economista los defiendo, porque juegan un rol importantísimo en la economía. Pero también los defiendo como liberal, y considero que toda persona que promueve la libertad debería hacerlo, porque la actividad de estos intermediarios requiere el libre consentimiento de las partes, y si un empleador y un empleado, libre y voluntariamente deciden usar una agencia de empleo, ¿quién soy yo para prohibirles hacerlo?
Santa Cruz de la Sierra, 20/08/10
La principal función del Estado
Javier Paz García
Imaginemos un estado de anarquía total, donde no existen leyes; donde impera la ley del más fuerte. Es evidente que en estas condiciones es muy difícil que los habitantes de esta región puedan vivir en paz y prosperidad. Sin ley existe propiedad privada, o mejor dicho, cualquier título de posesión es efímero y amparado exclusivamente en la fuerza. En estas condiciones no vale la pena hacer una huerta o criar una vaca, porque cualquiera puede “robar” los frutos del trabajo ajeno. En estas condiciones no vale la pena realizar ningún trabajo o inversión cuyos réditos no sean inmediatos. No sirve sembrar si otros van a cosechar y lo más conveniente es cosechar lo que ya se ha sembrado o existía siempre. Estamos imaginando aquí una conglomeración de humanos en un estado casi salvaje, en ausencia de una sociedad organizada.
El individuo crea al Estado, para escapar de esta situación. Los individuos se reúnen en comunidad y crean sociedades con ciertas normas morales y éticas. La formalización de este proceso crea al Estado. Por lo tanto, la función principal de un Estado es la aplicación y cumplimiento de estas normas, que vienen a convertirse en leyes. Un Estado puede dejar en manos privadas la construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, de fábricas, sin dejar de perder su esencia, pero si deja de administrar justicia deja de ser Estado.
La administración de justicia es la función principal de un Estado de ciudadanos libres. Y la principal función de la administración de justicia es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Acudimos a la justicia cuando otro nos ha causado un daño, para resarcir ese daño. Cuando la sociedad se rige por leyes, y existe un ente externo e imparcial encargado de administrar justicia, los individuos ya no necesitan ser los más fuertes o los más armados para proteger sus bienes y sus vidas. Por ello, un requisito indispensable para generar paz y prosperidad es un sistema judicial imparcial, transparente, estable y confiable. Bajo esta perspectiva, podemos calificar a los Estados fallidos, como aquellos donde el sistema de justicia no reúne estas condiciones. Donde la gente no confía en el sistema formal y toma la justicia por manos propias, donde los juicios los gana quien tiene más dinero o mejores conexiones para corromper al juez, donde la ley favorece al rico, donde la ley discrimina de acuerdo a razas o géneros, o condición socioeconómica, donde la ley se convierte en un instrumento de opresión de los poderosos de turno, entonces existe un Estado fallido.
Un sistema judicial que imparte justicia de manera imparcial es la característica de una sociedad civilizada. Por contraste la degradación de la justicia conduce a una sociedad hacia ese estado salvaje donde domina el más fuerte.
Santa Cruz de la Sierra, 08/08/10
Imaginemos un estado de anarquía total, donde no existen leyes; donde impera la ley del más fuerte. Es evidente que en estas condiciones es muy difícil que los habitantes de esta región puedan vivir en paz y prosperidad. Sin ley existe propiedad privada, o mejor dicho, cualquier título de posesión es efímero y amparado exclusivamente en la fuerza. En estas condiciones no vale la pena hacer una huerta o criar una vaca, porque cualquiera puede “robar” los frutos del trabajo ajeno. En estas condiciones no vale la pena realizar ningún trabajo o inversión cuyos réditos no sean inmediatos. No sirve sembrar si otros van a cosechar y lo más conveniente es cosechar lo que ya se ha sembrado o existía siempre. Estamos imaginando aquí una conglomeración de humanos en un estado casi salvaje, en ausencia de una sociedad organizada.
El individuo crea al Estado, para escapar de esta situación. Los individuos se reúnen en comunidad y crean sociedades con ciertas normas morales y éticas. La formalización de este proceso crea al Estado. Por lo tanto, la función principal de un Estado es la aplicación y cumplimiento de estas normas, que vienen a convertirse en leyes. Un Estado puede dejar en manos privadas la construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, de fábricas, sin dejar de perder su esencia, pero si deja de administrar justicia deja de ser Estado.
La administración de justicia es la función principal de un Estado de ciudadanos libres. Y la principal función de la administración de justicia es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Acudimos a la justicia cuando otro nos ha causado un daño, para resarcir ese daño. Cuando la sociedad se rige por leyes, y existe un ente externo e imparcial encargado de administrar justicia, los individuos ya no necesitan ser los más fuertes o los más armados para proteger sus bienes y sus vidas. Por ello, un requisito indispensable para generar paz y prosperidad es un sistema judicial imparcial, transparente, estable y confiable. Bajo esta perspectiva, podemos calificar a los Estados fallidos, como aquellos donde el sistema de justicia no reúne estas condiciones. Donde la gente no confía en el sistema formal y toma la justicia por manos propias, donde los juicios los gana quien tiene más dinero o mejores conexiones para corromper al juez, donde la ley favorece al rico, donde la ley discrimina de acuerdo a razas o géneros, o condición socioeconómica, donde la ley se convierte en un instrumento de opresión de los poderosos de turno, entonces existe un Estado fallido.
Un sistema judicial que imparte justicia de manera imparcial es la característica de una sociedad civilizada. Por contraste la degradación de la justicia conduce a una sociedad hacia ese estado salvaje donde domina el más fuerte.
Santa Cruz de la Sierra, 08/08/10
Los efectos de las políticas de estabilidad laboral
Javier Paz García
El empleador busca pagar el menor sueldo posible a sus empleados; pero si lo que paga es muy bajo con respecto a lo que pagan otras empresas, entonces sus empleados paulatinamente van a migrar hacia lugares que ofrezcan sueldos más competitivos. La competencia, entendida como la posibilidad del empleado de elegir a su empleador, hace que su sueldo esté en línea con su capacidad productiva. Es decir, el mecanismo de libre mercado protege a los empleados de ganar sueldos por debajo de sus capacidades de producción.
Por otro lado, la libertad del empleador de contratar y despedir a sus empleados, obliga a los empleados a mantener cierto nivel de calidad en su desempeño laboral. El sistema de libre mercado protege así al empleador de quedar atascado con empleados flojos, ladrones o ineficientes.
Por lo tanto, el sistema de libre mercado laboral protege a los empleados de tener sueldos bajos, dándoles la libertad de renunciar y buscar mejores puestos de trabajo y protege a los empleadores dándoles la libertad de despedir y buscar mejores trabajadores.
Las políticas de estabilidad laboral tienden a restringir la libertad de las empresas para despedir a sus empleados. Estas políticas tienen un efecto contraproducente ya que reducen el nivel de empleo, perjudicando a los trabajadores, y reducen la productividad. Reducen el nivel de empleo porque los empresarios, al saber que es más difícil y más costoso despedir a un trabajador, se hacen más reacios a contratarlos. Por ejemplo, una empresa que experimenta una demanda variable según la temporada, podría incrementar su personal en época de alta demanda y reducirlo en época baja. Sin embargo, si es muy difícil despedir personal, probablemente esta empresa decida mantener el mínimo personal todo el año. Esto significa pérdida de fuentes laborales.
Por otro lado las leyes de estabilidad laboral generan incentivos para que los trabajadores disminuyan su rendimiento, porque si saben que incluso si flojean no pueden ser despedidos, algunos elegirán ser flojos.
No es una buena política empresarial despedir o tratar mal a los buenos empleados, las empresas en general buscan como atraer y mantener a los mejores trabajadores porque entienden que un excelente capital humano es primordial para mantener la competitividad y maximizar las ganancias. Por lo tanto, el mejor seguro de estabilidad laboral de un buen trabajador, es el deseo del empresario de hacer dinero con su trabajo. Las leyes de estabilidad laboral, por los incentivos que crean, no protegen a los buenos trabajadores, que por ser buenos no necesitan protección, ya que son buscados y cotizados, pero sí protegen a los flojos e ineficientes; y es más, hacen que trabajadores que en condiciones de libre mercado fuesen buenos, se conviertan en mediocres, bajo la tranquilidad de saberse inamovibles.
Al final con estas políticas pierden todos los sectores, porque se reduce la cantidad de empleos disponibles y se reduce la productividad del país.
Santa Cruz de la Sierra, 06/08/10
El empleador busca pagar el menor sueldo posible a sus empleados; pero si lo que paga es muy bajo con respecto a lo que pagan otras empresas, entonces sus empleados paulatinamente van a migrar hacia lugares que ofrezcan sueldos más competitivos. La competencia, entendida como la posibilidad del empleado de elegir a su empleador, hace que su sueldo esté en línea con su capacidad productiva. Es decir, el mecanismo de libre mercado protege a los empleados de ganar sueldos por debajo de sus capacidades de producción.
Por otro lado, la libertad del empleador de contratar y despedir a sus empleados, obliga a los empleados a mantener cierto nivel de calidad en su desempeño laboral. El sistema de libre mercado protege así al empleador de quedar atascado con empleados flojos, ladrones o ineficientes.
Por lo tanto, el sistema de libre mercado laboral protege a los empleados de tener sueldos bajos, dándoles la libertad de renunciar y buscar mejores puestos de trabajo y protege a los empleadores dándoles la libertad de despedir y buscar mejores trabajadores.
Las políticas de estabilidad laboral tienden a restringir la libertad de las empresas para despedir a sus empleados. Estas políticas tienen un efecto contraproducente ya que reducen el nivel de empleo, perjudicando a los trabajadores, y reducen la productividad. Reducen el nivel de empleo porque los empresarios, al saber que es más difícil y más costoso despedir a un trabajador, se hacen más reacios a contratarlos. Por ejemplo, una empresa que experimenta una demanda variable según la temporada, podría incrementar su personal en época de alta demanda y reducirlo en época baja. Sin embargo, si es muy difícil despedir personal, probablemente esta empresa decida mantener el mínimo personal todo el año. Esto significa pérdida de fuentes laborales.
Por otro lado las leyes de estabilidad laboral generan incentivos para que los trabajadores disminuyan su rendimiento, porque si saben que incluso si flojean no pueden ser despedidos, algunos elegirán ser flojos.
No es una buena política empresarial despedir o tratar mal a los buenos empleados, las empresas en general buscan como atraer y mantener a los mejores trabajadores porque entienden que un excelente capital humano es primordial para mantener la competitividad y maximizar las ganancias. Por lo tanto, el mejor seguro de estabilidad laboral de un buen trabajador, es el deseo del empresario de hacer dinero con su trabajo. Las leyes de estabilidad laboral, por los incentivos que crean, no protegen a los buenos trabajadores, que por ser buenos no necesitan protección, ya que son buscados y cotizados, pero sí protegen a los flojos e ineficientes; y es más, hacen que trabajadores que en condiciones de libre mercado fuesen buenos, se conviertan en mediocres, bajo la tranquilidad de saberse inamovibles.
Al final con estas políticas pierden todos los sectores, porque se reduce la cantidad de empleos disponibles y se reduce la productividad del país.
Santa Cruz de la Sierra, 06/08/10
sábado, 7 de agosto de 2010
Apoyando el autoritarismo
Javier Paz García
Es preocupante que regímenes totalitarios tengan y mantengan el apoyo de significativos sectores de la población, incluso cuando sus intenciones antidemocráticas se vuelven evidentes. El pueblo venezolano por ejemplo, luego de más de diez años del gobierno de Hugo Chávez, no puede pretender desconocer las intenciones totalitarias del caudillo. Los venezolanos tampoco pueden argumentar que no tuvieron la oportunidad de sacarlo democráticamente. Ahora que el país es un desastre económico y un infierno político por culpa de Hugo Chávez, el pueblo va a pagar los pecados de su propia ignorancia. Lo triste es que los primeros en sufrir las consecuencias nefastas del régimen son precisamente quienes se oponen al régimen. Los primeros en perder sus fuentes de trabajo no son los que votaron por el régimen, sino quienes no votaron por este. Los primeros exiliados y presos políticos no son los irresponsables que apoyaron el régimen, sino quienes hicieron un intento por combatirlo. Al final, la ausencia de oportunidades económicas, de derechos políticos, de libertad de expresión termina pasando la factura a todos, con excepción de unos cuantos burócratas privilegiados y sus amigos (lo justo sería que cada uno asuma el costo de sus decisiones y quienes votaron por un gobierno centralista y estatista sean los primeros en sufrir confiscaciones de bienes y ver sus derechos civiles reducidos).
La desastrosa situación de Venezuela no es la única en Sudamérica, similar camino siguen Ecuador y Bolivia, donde se ha quebrantado el Estado de Derecho ante la pasividad y complicidad de la mayoría de la población. Y en estos países la población también tuvo la oportunidad de poner un freno democráticamente a las intenciones totalitarias de los caudillos y prefirió reiterarles el apoyo. Ahora que mediante el amedrentamiento, el miedo y el atropello controlan casi todos los órganos del Estado, será muy difícil detener a estos regímenes totalitarios. Tal vez la única forma de librarse de estos caudillos sea esperar a que dejen en la quiebra económica a sus respectivos países, algo que puede tardar muchísimo tiempo. Y ni aun esto garantiza la salida de los caudillos, como lo demuestra el caso de Cuba que lleva 51 años en las manos de dos hermanos irresponsables, verdaderos genios para acumular poder pero absolutamente ineptos para generar prosperidad.
A menudo escucho a personas repetir como loros que “la voz del pueblo es la voz de Dios” o que “el pueblo nunca se equivoca”, frases sin sentido que son probadas falsas por los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero la moraleja de estos casos no es – no debe ser – que la democracia no sirve. La democracia es una condición necesaria para que exista libertad, paz y estabilidad. Pero la democracia no es suficiente, sino que el Estado y la sociedad civil deben crear instituciones fuertes e independientes que pongan límites a los gobernantes y permitan un verdadero equilibrio de poder. Eso faltó en estos países, y será una tarea pendiente para el futuro, para que una vez estos caudillos nefastos se hayan ido, no volvamos a resucitarlos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/08/10
Es preocupante que regímenes totalitarios tengan y mantengan el apoyo de significativos sectores de la población, incluso cuando sus intenciones antidemocráticas se vuelven evidentes. El pueblo venezolano por ejemplo, luego de más de diez años del gobierno de Hugo Chávez, no puede pretender desconocer las intenciones totalitarias del caudillo. Los venezolanos tampoco pueden argumentar que no tuvieron la oportunidad de sacarlo democráticamente. Ahora que el país es un desastre económico y un infierno político por culpa de Hugo Chávez, el pueblo va a pagar los pecados de su propia ignorancia. Lo triste es que los primeros en sufrir las consecuencias nefastas del régimen son precisamente quienes se oponen al régimen. Los primeros en perder sus fuentes de trabajo no son los que votaron por el régimen, sino quienes no votaron por este. Los primeros exiliados y presos políticos no son los irresponsables que apoyaron el régimen, sino quienes hicieron un intento por combatirlo. Al final, la ausencia de oportunidades económicas, de derechos políticos, de libertad de expresión termina pasando la factura a todos, con excepción de unos cuantos burócratas privilegiados y sus amigos (lo justo sería que cada uno asuma el costo de sus decisiones y quienes votaron por un gobierno centralista y estatista sean los primeros en sufrir confiscaciones de bienes y ver sus derechos civiles reducidos).
La desastrosa situación de Venezuela no es la única en Sudamérica, similar camino siguen Ecuador y Bolivia, donde se ha quebrantado el Estado de Derecho ante la pasividad y complicidad de la mayoría de la población. Y en estos países la población también tuvo la oportunidad de poner un freno democráticamente a las intenciones totalitarias de los caudillos y prefirió reiterarles el apoyo. Ahora que mediante el amedrentamiento, el miedo y el atropello controlan casi todos los órganos del Estado, será muy difícil detener a estos regímenes totalitarios. Tal vez la única forma de librarse de estos caudillos sea esperar a que dejen en la quiebra económica a sus respectivos países, algo que puede tardar muchísimo tiempo. Y ni aun esto garantiza la salida de los caudillos, como lo demuestra el caso de Cuba que lleva 51 años en las manos de dos hermanos irresponsables, verdaderos genios para acumular poder pero absolutamente ineptos para generar prosperidad.
A menudo escucho a personas repetir como loros que “la voz del pueblo es la voz de Dios” o que “el pueblo nunca se equivoca”, frases sin sentido que son probadas falsas por los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero la moraleja de estos casos no es – no debe ser – que la democracia no sirve. La democracia es una condición necesaria para que exista libertad, paz y estabilidad. Pero la democracia no es suficiente, sino que el Estado y la sociedad civil deben crear instituciones fuertes e independientes que pongan límites a los gobernantes y permitan un verdadero equilibrio de poder. Eso faltó en estos países, y será una tarea pendiente para el futuro, para que una vez estos caudillos nefastos se hayan ido, no volvamos a resucitarlos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/08/10
lunes, 2 de agosto de 2010
Sobre el uso de tecnología en el fútbol
Javier Paz García
Hoy la tecnología permite revisar las jugadas de un partido de fútbol (o cualquier otro deporte) inmediatamente, en cámara lenta y desde muchos ángulos. El mundial de Sudáfrica, hasta la fecha, tristemente se ha caracterizado por malos arbitrajes que han alterado el curso de los partidos. El gol de Luis Fabiano, luego de haber tocado el balón con la mano, el gol no validado de Inglaterra contra Alemania, o el gol en posición adelantada de Tevez son los casos más notorios. Durante la eliminatoria europea podemos destacar la clasificación de Francia al mundial gracias a un gol con la mano que el árbitro juzgó válido y que dejó fuera del mundial a Irlanda.
Estos errores groseros podrían evitarse si se permitiera la revisión televisiva por parte de los árbitros. Sin embargo la FIFA se rehúsa a ello.
Dos argumentos he escuchado para defender esta postura. El primero sostiene que los errores arbitrales sirven para generar polémica y hacen del juego algo más interesante. La postura me parece idiota, pero la defienden muchas personas de probada capacidad intelectual. El argumento es análogo a sugerir que un servicio de mala calidad es mejor a uno de buena calidad, que si el arbitraje mejora, el fútbol será más aburrido. En mi opinión el fútbol no necesita de malos arbitrajes para llamar la atención y atraer público. La gente no va a un partido a ver mediocridad e injusticia por parte de los árbitros o jugadores, sino a ver un buen espectáculo donde gane quien demuestre mayor habilidad. Además para derrumbar este argumento podemos citar el caso del tenis o el fútbol americano, donde “a pesar” del uso de la tecnología, el público no ha perdido interés por el juego y las polémicas siguen existiendo.
Otro argumento sostiene que el uso de la televisión daría lugar a demasiadas pausas en el juego. De nuevo cito el caso del tenis o el fútbol americano donde la revisión de jugadas no se da a cada momento sino, solo en casos críticos. De la misma manera en el fútbol, la revisión de jugadas se podría dar solo en casos de faltas graves donde haya dudas y ameriten amonestaciones a algún jugador, o en situaciones de gol. Además, de nuevo tomando el caso del tenis o el fútbol americano, se podría permitir que cada equipo tenga un número limitado de ocasiones (digamos 3 veces) donde pueda demandar al árbitro la revisión de una jugada.
El uso de la televisión no implica parar el partido cada 5 minutos, ni revisar cada jugada. En la mayoría de los casos el árbitro podrá juzgar adecuadamente y fallar correctamente sin el uso de ninguna tecnología audiovisual. En muchos casos los fallos serán inconsecuentes con el desarrollo y resultado de un partido. Pero en algunos casos contados, donde se anula un gol legítimo o se valida un gol ilegal, el uso de la tecnología disponibles le haría mucho bien al fútbol sin quitarle nada de su belleza, ni de su polémica.
Santa Cruz de la Sierra, 02/07/10
Hoy la tecnología permite revisar las jugadas de un partido de fútbol (o cualquier otro deporte) inmediatamente, en cámara lenta y desde muchos ángulos. El mundial de Sudáfrica, hasta la fecha, tristemente se ha caracterizado por malos arbitrajes que han alterado el curso de los partidos. El gol de Luis Fabiano, luego de haber tocado el balón con la mano, el gol no validado de Inglaterra contra Alemania, o el gol en posición adelantada de Tevez son los casos más notorios. Durante la eliminatoria europea podemos destacar la clasificación de Francia al mundial gracias a un gol con la mano que el árbitro juzgó válido y que dejó fuera del mundial a Irlanda.
Estos errores groseros podrían evitarse si se permitiera la revisión televisiva por parte de los árbitros. Sin embargo la FIFA se rehúsa a ello.
Dos argumentos he escuchado para defender esta postura. El primero sostiene que los errores arbitrales sirven para generar polémica y hacen del juego algo más interesante. La postura me parece idiota, pero la defienden muchas personas de probada capacidad intelectual. El argumento es análogo a sugerir que un servicio de mala calidad es mejor a uno de buena calidad, que si el arbitraje mejora, el fútbol será más aburrido. En mi opinión el fútbol no necesita de malos arbitrajes para llamar la atención y atraer público. La gente no va a un partido a ver mediocridad e injusticia por parte de los árbitros o jugadores, sino a ver un buen espectáculo donde gane quien demuestre mayor habilidad. Además para derrumbar este argumento podemos citar el caso del tenis o el fútbol americano, donde “a pesar” del uso de la tecnología, el público no ha perdido interés por el juego y las polémicas siguen existiendo.
Otro argumento sostiene que el uso de la televisión daría lugar a demasiadas pausas en el juego. De nuevo cito el caso del tenis o el fútbol americano donde la revisión de jugadas no se da a cada momento sino, solo en casos críticos. De la misma manera en el fútbol, la revisión de jugadas se podría dar solo en casos de faltas graves donde haya dudas y ameriten amonestaciones a algún jugador, o en situaciones de gol. Además, de nuevo tomando el caso del tenis o el fútbol americano, se podría permitir que cada equipo tenga un número limitado de ocasiones (digamos 3 veces) donde pueda demandar al árbitro la revisión de una jugada.
El uso de la televisión no implica parar el partido cada 5 minutos, ni revisar cada jugada. En la mayoría de los casos el árbitro podrá juzgar adecuadamente y fallar correctamente sin el uso de ninguna tecnología audiovisual. En muchos casos los fallos serán inconsecuentes con el desarrollo y resultado de un partido. Pero en algunos casos contados, donde se anula un gol legítimo o se valida un gol ilegal, el uso de la tecnología disponibles le haría mucho bien al fútbol sin quitarle nada de su belleza, ni de su polémica.
Santa Cruz de la Sierra, 02/07/10
Indicios de una sociedad en decadencia
Javier Paz García
Siempre me he preguntado por qué en algunos países las empresas pueden convertirse en exitosas transnacionales, mientras que en otros no.
En el caso de Bolivia creo que más allá de elementos como el minúsculo mercado de capitales o la baja productividad, la explicación también involucra factores institucionales de la sociedad y el Estado.
Los países que generan empresas exitosas generalmente gozan del apoyo y la protección del Estado dentro y fuera de sus fronteras, tienen las reglas del juego claras y duraderas, y es más, las reglas del juego están diseñadas para permitir el éxito de las empresas. No es inusual por ejemplo, escuchar en las noticias que los gobiernos español, estadounidense, británico o brasilero intervengan para ayudar a sus empresas privadas nacionales cuando tienen problemas en algún país extranjero. En Bolivia, actualmente sucede lo contrario y el Estado es más bien la principal amenaza para el empresariado nacional, creando reglas arbitrarias y dañinas, politizando la economía, generando competencia desleal, subvencionando empresas estatales ineficientes, prohibiendo exportaciones, cambiando las reglas de juego a su antojo y sin previo aviso, etc. Por ejemplo, Aceite Rico, la única empresa aceitera constituida por capitales nacionales, fue perjudicada por el actual gobierno, netamente por razones de índole político. Aerosur, que es una de las pocas empresas que podríamos catalogar como una transnacional boliviana, está siendo víctima del acoso estatal por capricho de nada más ni nada menos que del vicepresidente del Estado. Vemos por lo tanto que el Estado en vez de apoyar los emprendimientos exitosos, más bien les pone trabas y busca su fracaso.
Lo lamentable es que este tipo de medidas tienen el respaldo tácito o explicito de buena parte de la población.
Cuando una sociedad castiga el éxito, cuando una sociedad considera que acumular riqueza es reprochable, cuando desde el Estado se persigue el fracaso del empresariado nacional, entonces no podemos esperar otra cosa más que un país en decadencia, cada vez más pobre, cada vez más mediocre. Para allá vamos, a paso firme.
Santa Cruz de la Sierra, 23/07/10
Siempre me he preguntado por qué en algunos países las empresas pueden convertirse en exitosas transnacionales, mientras que en otros no.
En el caso de Bolivia creo que más allá de elementos como el minúsculo mercado de capitales o la baja productividad, la explicación también involucra factores institucionales de la sociedad y el Estado.
Los países que generan empresas exitosas generalmente gozan del apoyo y la protección del Estado dentro y fuera de sus fronteras, tienen las reglas del juego claras y duraderas, y es más, las reglas del juego están diseñadas para permitir el éxito de las empresas. No es inusual por ejemplo, escuchar en las noticias que los gobiernos español, estadounidense, británico o brasilero intervengan para ayudar a sus empresas privadas nacionales cuando tienen problemas en algún país extranjero. En Bolivia, actualmente sucede lo contrario y el Estado es más bien la principal amenaza para el empresariado nacional, creando reglas arbitrarias y dañinas, politizando la economía, generando competencia desleal, subvencionando empresas estatales ineficientes, prohibiendo exportaciones, cambiando las reglas de juego a su antojo y sin previo aviso, etc. Por ejemplo, Aceite Rico, la única empresa aceitera constituida por capitales nacionales, fue perjudicada por el actual gobierno, netamente por razones de índole político. Aerosur, que es una de las pocas empresas que podríamos catalogar como una transnacional boliviana, está siendo víctima del acoso estatal por capricho de nada más ni nada menos que del vicepresidente del Estado. Vemos por lo tanto que el Estado en vez de apoyar los emprendimientos exitosos, más bien les pone trabas y busca su fracaso.
Lo lamentable es que este tipo de medidas tienen el respaldo tácito o explicito de buena parte de la población.
Cuando una sociedad castiga el éxito, cuando una sociedad considera que acumular riqueza es reprochable, cuando desde el Estado se persigue el fracaso del empresariado nacional, entonces no podemos esperar otra cosa más que un país en decadencia, cada vez más pobre, cada vez más mediocre. Para allá vamos, a paso firme.
Santa Cruz de la Sierra, 23/07/10
Aerosur y las reglas claras
Javier Paz García
Lo que pide Aerosur es algo muy simple: reglas claras. Reglas claras significa que son las mismas reglas para todos, es decir, reglas que no dan preferencia a las empresas públicas y por otro lado ponen trabas a las empresas privadas; reglas que no cambian de un día para otro, para que quienes invierten puedan hacer una planificación a largo plazo, sabiendo que las condiciones de mañana serán similares a las de hoy.
Lo que pide Aerosur no es ningún privilegio especial para sí misma, sino precisamente, la eliminación de los privilegios. Las reglas claras para Bolivia, son precisamente para incentivar las inversiones y así crear más fuentes de trabajo, son para evitar que se destruyan fuentes de empleo.
Por esto, el gobierno del MAS está atacando viciosamente Aerosur y a su presidente Humberto Roca. Está castigando a una empresa por pedir algo que todo gobierno debería otorgar a todos por igual. El mensaje detrás de los ataques es que cualquier persona que ose criticar al gobierno las va a pagar caro. La intención es claramente atemorizar al resto de la población y así acallar cualquier crítica pública. La actitud de Humberto Roca es por lo tanto muy valiente, además demuestra una visión de largo plazo, ya que si no defendemos nuestros derecho ahora, eventualmente los vamos a perder. Si no nos despojamos del miedo ahora, estaremos condenados a vivir con miedo por mucho tiempo más. Si no dejamos de lado la apatía o la comodidad, y no tomamos una postura activa de defensa de nuestros derechos, nuestras libertades se irán reduciendo sistemáticamente.
La actitud de Humberto Roca es también es muy riesgosa. Riesgosa porque el adversario es un gobierno sin escrúpulos, dispuesto a lo que sea para acabar a quienes consideran enemigos. Riesgosa porque es una pelea desigual, en desventajas, donde – perdón por la redundancia – no hay reglas claras y las reglas las pone y el gobierno a su conveniencia y las modifica (o las ignora) a su antojo. Riesgosa porque su lucha por reglas claras tendrá éxito en la medida que la ciudadanía en general forme parte de esa lucha. Ojala la ciudadanía responda con su apoyo a esta causa.
Por ello desde mi columna le deseo los mayores éxitos a Humberto Roca porque entiendo que su movimiento ciudadano por reglas claras no es solo en beneficio de una empresa, sino en beneficio de todos los bolivianos.
Santa Cruz de la Sierra, 16/07/10
Lo que pide Aerosur es algo muy simple: reglas claras. Reglas claras significa que son las mismas reglas para todos, es decir, reglas que no dan preferencia a las empresas públicas y por otro lado ponen trabas a las empresas privadas; reglas que no cambian de un día para otro, para que quienes invierten puedan hacer una planificación a largo plazo, sabiendo que las condiciones de mañana serán similares a las de hoy.
Lo que pide Aerosur no es ningún privilegio especial para sí misma, sino precisamente, la eliminación de los privilegios. Las reglas claras para Bolivia, son precisamente para incentivar las inversiones y así crear más fuentes de trabajo, son para evitar que se destruyan fuentes de empleo.
Por esto, el gobierno del MAS está atacando viciosamente Aerosur y a su presidente Humberto Roca. Está castigando a una empresa por pedir algo que todo gobierno debería otorgar a todos por igual. El mensaje detrás de los ataques es que cualquier persona que ose criticar al gobierno las va a pagar caro. La intención es claramente atemorizar al resto de la población y así acallar cualquier crítica pública. La actitud de Humberto Roca es por lo tanto muy valiente, además demuestra una visión de largo plazo, ya que si no defendemos nuestros derecho ahora, eventualmente los vamos a perder. Si no nos despojamos del miedo ahora, estaremos condenados a vivir con miedo por mucho tiempo más. Si no dejamos de lado la apatía o la comodidad, y no tomamos una postura activa de defensa de nuestros derechos, nuestras libertades se irán reduciendo sistemáticamente.
La actitud de Humberto Roca es también es muy riesgosa. Riesgosa porque el adversario es un gobierno sin escrúpulos, dispuesto a lo que sea para acabar a quienes consideran enemigos. Riesgosa porque es una pelea desigual, en desventajas, donde – perdón por la redundancia – no hay reglas claras y las reglas las pone y el gobierno a su conveniencia y las modifica (o las ignora) a su antojo. Riesgosa porque su lucha por reglas claras tendrá éxito en la medida que la ciudadanía en general forme parte de esa lucha. Ojala la ciudadanía responda con su apoyo a esta causa.
Por ello desde mi columna le deseo los mayores éxitos a Humberto Roca porque entiendo que su movimiento ciudadano por reglas claras no es solo en beneficio de una empresa, sino en beneficio de todos los bolivianos.
Santa Cruz de la Sierra, 16/07/10
La Guardia Municipal como emblema de la autonomía
Javier Paz García
Considero que la autonomía más importante es la del nivel municipal, por ser la más cercana al ciudadano. En esa lógica aplaudo la creación y fortalecimiento de las guardias municipales. Éstas son emblemas vivos de la verdadera autonomía y alivian un poco la dependencia que sufren los municipios (y los ciudadanos) de parte de una Policía Nacional que, por un lado es altamente inefectiva y corrupta y que por otro lado más se parece una brigada de colonización y dominio (prácticamente el 100% de sus miembros son del occidente del país).
En otros países existen diferentes niveles de policía. Por ejemplo en los Estados Unidos existe una policía federal (FBI) que investiga casos de carácter nacional o que involucren a varios estados, pero existe una policía municipal, cuya cabeza es el alcalde de cada ciudad y que se ocupa de la mayoría de los delitos. En el país del norte incluso existe una policía estatal, que para Bolivia equivaldría al ámbito departamental. Brasil tiene una policía militar en cada Estado, cuyo responsable es el gobernador del estado. En España existe un Cuerpo Nacional de Policía bajo la tuición del gobierno central y varias policías autonómicas.
Sin embargo Bolivia es un país altamente centralista y pocas instituciones tienen un carácter tan marcadamente andino y centralista como la Policía Nacional boliviana. Por ello no nos debe sorprender que la Policía Nacional se oponga a la creación de instituciones que puedan quitarle atribuciones, recursos e importancia. Además, hoy la democracia boliviana moderna atraviesa su momento más difícil, con un gobierno claramente autoritario, abusivo y que además antagoniza con la región oriental del país.
La guardia municipal es un paso importantísimo en el camino de la autonomía y debe seguir creciendo, tanto en miembros como en competencias. Dado que existe una resistencia a su fortalecimiento de parte del poder central, es imperativo que la alcaldía sea muy cuidadosa en cuanto a los procedimientos relativos a la creación y utilización de la guardia municipal. Es importante que esta institución se gane el respeto de la ciudadanía, protegiendo y sirviendo al ciudadano, llegando donde la policía nacional no llega, y no se convierta en un instrumento de extorsión, corrupción y miedo. Por contrapartida, es necesario que la ciudadanía apoye a esta incipiente institución tratando con respeto a los gendarmes, ayudándoles en sus funciones y fiscalizándolos en su desempeño. Es tarea de todos construir una Guardia Municipal de la cual nos sintamos orgullosos.
Santa Cruz de la Sierra, 08/07/10
Considero que la autonomía más importante es la del nivel municipal, por ser la más cercana al ciudadano. En esa lógica aplaudo la creación y fortalecimiento de las guardias municipales. Éstas son emblemas vivos de la verdadera autonomía y alivian un poco la dependencia que sufren los municipios (y los ciudadanos) de parte de una Policía Nacional que, por un lado es altamente inefectiva y corrupta y que por otro lado más se parece una brigada de colonización y dominio (prácticamente el 100% de sus miembros son del occidente del país).
En otros países existen diferentes niveles de policía. Por ejemplo en los Estados Unidos existe una policía federal (FBI) que investiga casos de carácter nacional o que involucren a varios estados, pero existe una policía municipal, cuya cabeza es el alcalde de cada ciudad y que se ocupa de la mayoría de los delitos. En el país del norte incluso existe una policía estatal, que para Bolivia equivaldría al ámbito departamental. Brasil tiene una policía militar en cada Estado, cuyo responsable es el gobernador del estado. En España existe un Cuerpo Nacional de Policía bajo la tuición del gobierno central y varias policías autonómicas.
Sin embargo Bolivia es un país altamente centralista y pocas instituciones tienen un carácter tan marcadamente andino y centralista como la Policía Nacional boliviana. Por ello no nos debe sorprender que la Policía Nacional se oponga a la creación de instituciones que puedan quitarle atribuciones, recursos e importancia. Además, hoy la democracia boliviana moderna atraviesa su momento más difícil, con un gobierno claramente autoritario, abusivo y que además antagoniza con la región oriental del país.
La guardia municipal es un paso importantísimo en el camino de la autonomía y debe seguir creciendo, tanto en miembros como en competencias. Dado que existe una resistencia a su fortalecimiento de parte del poder central, es imperativo que la alcaldía sea muy cuidadosa en cuanto a los procedimientos relativos a la creación y utilización de la guardia municipal. Es importante que esta institución se gane el respeto de la ciudadanía, protegiendo y sirviendo al ciudadano, llegando donde la policía nacional no llega, y no se convierta en un instrumento de extorsión, corrupción y miedo. Por contrapartida, es necesario que la ciudadanía apoye a esta incipiente institución tratando con respeto a los gendarmes, ayudándoles en sus funciones y fiscalizándolos en su desempeño. Es tarea de todos construir una Guardia Municipal de la cual nos sintamos orgullosos.
Santa Cruz de la Sierra, 08/07/10
Justificando los abusos de poder
Javier Paz García
Imaginemos el caso de un sacerdote pedófilo. Supongamos que dicho sacerdote ha hecho cosas muy buenas por la comunidad en la que vive, que realiza importantes labores humanitarias, que ayuda a los pobres y necesitados. Es decir, exceptuando el hecho de que este sacerdote practica la pedofilia, es un tipazo en todos los otros aspectos. Pregunto, ¿la sociedad debería, considerando las buenas obras que realiza, perdonarle su delito?
Imaginemos otro caso, digamos que un cantante famoso mata a su mujer. ¿Debería la justicia no pasarle factura por este crimen sobre la base de que canta muy bonito?
Presento estos ejemplos porque los creo que relevantes a la coyuntura política boliviana.
Muchos consideran que el gobierno ha hecho cosas buenas, como ser la nacionalización del sector de hidrocarburos o la entrega de bonos. No pretendo en esta nota dar mi opinión sobre si dichas políticas son buenas o malas, simplemente señalar el hecho de que una parte de la población las considera positivas. Tenemos también un gobierno que continuamente comete delitos y atropellos. Para citar algunos están los cercos al congreso, la bomba plantada en una estación de Unitel en Yacuiba, la Calancha, la quema de la prefectura de Cochabamba, el acoso y desmantelamiento del Poder Judicial, los enfrentamientos en Pando, las agresiones a periodistas, la persecución judicial a políticos y empresarios críticos del gobierno, etc. A esto hay que agregar una corrupción tremenda acompañada de una impunidad escandalosa para los miembros del partido y por otro lado niveles de narcotráfico similares a los de la dictadura de García Meza.
Sin embargo para la gran mayoría todos estos abusos no tienen importancia o se ven justificados por “las cosas buenas” que está haciendo el MAS. No se puede interpretar de otra forma la apabullante votación que obtuvo el partido de gobierno en las elecciones nacionales. Por supuesto, con control absoluto de las dos cámaras del Poder Legislativo, el MAS tiene carta blanca para hacer lo que quiera. El pueblo le ha dado permiso, mediante el voto, para que siga cometiendo todo tipo de abusos y arbitrariedades.
Esta actitud de obviar lo malo y excusar lo inexcusable en cuanto a violación de derechos humanos, acaparamiento de las instituciones del Estado, violación del debido proceso y persecución política, es entendible entre la gente de bajos estratos sociales y baja educación, para quienes recibir un bono es lo máximo, pero censurable entre las clases medias y altas que deberían valorar el equilibrio de poder en un sistema democrático y totalmente reprochable en intelectuales que dicen pertenecer a una izquierda democrática, que dicen defender la democracia y los derechos humanos.
Fue evidente durante los primeros cuatro años de gobierno del MAS su tendencia totalitaria. El pueblo tuvo la oportunidad en las últimas elecciones de moderar dichas tendencias y no lo hizo. El costo podría ser, como nos muestra el caso de Venezuela, la destrucción total de la democracia en los próximos años.
Santa Cruz de la Sierra, 04/06/10
Imaginemos el caso de un sacerdote pedófilo. Supongamos que dicho sacerdote ha hecho cosas muy buenas por la comunidad en la que vive, que realiza importantes labores humanitarias, que ayuda a los pobres y necesitados. Es decir, exceptuando el hecho de que este sacerdote practica la pedofilia, es un tipazo en todos los otros aspectos. Pregunto, ¿la sociedad debería, considerando las buenas obras que realiza, perdonarle su delito?
Imaginemos otro caso, digamos que un cantante famoso mata a su mujer. ¿Debería la justicia no pasarle factura por este crimen sobre la base de que canta muy bonito?
Presento estos ejemplos porque los creo que relevantes a la coyuntura política boliviana.
Muchos consideran que el gobierno ha hecho cosas buenas, como ser la nacionalización del sector de hidrocarburos o la entrega de bonos. No pretendo en esta nota dar mi opinión sobre si dichas políticas son buenas o malas, simplemente señalar el hecho de que una parte de la población las considera positivas. Tenemos también un gobierno que continuamente comete delitos y atropellos. Para citar algunos están los cercos al congreso, la bomba plantada en una estación de Unitel en Yacuiba, la Calancha, la quema de la prefectura de Cochabamba, el acoso y desmantelamiento del Poder Judicial, los enfrentamientos en Pando, las agresiones a periodistas, la persecución judicial a políticos y empresarios críticos del gobierno, etc. A esto hay que agregar una corrupción tremenda acompañada de una impunidad escandalosa para los miembros del partido y por otro lado niveles de narcotráfico similares a los de la dictadura de García Meza.
Sin embargo para la gran mayoría todos estos abusos no tienen importancia o se ven justificados por “las cosas buenas” que está haciendo el MAS. No se puede interpretar de otra forma la apabullante votación que obtuvo el partido de gobierno en las elecciones nacionales. Por supuesto, con control absoluto de las dos cámaras del Poder Legislativo, el MAS tiene carta blanca para hacer lo que quiera. El pueblo le ha dado permiso, mediante el voto, para que siga cometiendo todo tipo de abusos y arbitrariedades.
Esta actitud de obviar lo malo y excusar lo inexcusable en cuanto a violación de derechos humanos, acaparamiento de las instituciones del Estado, violación del debido proceso y persecución política, es entendible entre la gente de bajos estratos sociales y baja educación, para quienes recibir un bono es lo máximo, pero censurable entre las clases medias y altas que deberían valorar el equilibrio de poder en un sistema democrático y totalmente reprochable en intelectuales que dicen pertenecer a una izquierda democrática, que dicen defender la democracia y los derechos humanos.
Fue evidente durante los primeros cuatro años de gobierno del MAS su tendencia totalitaria. El pueblo tuvo la oportunidad en las últimas elecciones de moderar dichas tendencias y no lo hizo. El costo podría ser, como nos muestra el caso de Venezuela, la destrucción total de la democracia en los próximos años.
Santa Cruz de la Sierra, 04/06/10
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