Javier Paz García
Uno de los argumentos más frecuentes que encuentro para disfrazar la censura, alegando libertad de expresión va más o menos así: 1) Hay que garantizar la libertad de expresión. 2) Los medios de comunicación (o algunos medios) no transmiten todo el espectro de opiniones, por lo tanto limitan la libertad de expresión. 3) Por ello el gobierno debe intervenir y controlar a los medios para “garantizar la libertad de expresión".
Las formas del argumento pueden variar; algunos hablarán de “democratizar los medios” otros de “permitir al pueblo el acceso a los medios”, o “acabar con el monopolio donde solo los ricos y poderosos tienen voz”, etc., pero el fondo es básicamente igual. Quienes esgriman esta explicación en realidad no creen en la libertad de expresión, pero aparentan defenderla.
El argumento es ingenioso e incluso efectivo (no son pocos quienes se lo creen), pero es falaz. El error estriba en confundir lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado.
En el ámbito privado, un padre puede prohibir a su hijo a decir malas palabras, un medio de prensa privado puede y debe decidir qué programas emitir, toda persona está en todo su derecho de echar de su casa a alguien cuya opinión o presencia le sea molesta. Sin embargo un padre no puede obligar a todos los padres a que eduquen a sus hijos de cierta manera, un medio de prensa no puede decirle a los otros medios qué publicar y una persona no puede prohibir a otra persona a circular por áreas públicas. Cada individuo tiene cierta capacidad para limitar la libertad de otros dentro de su ámbito privado.
En cambio el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la creación de leyes y de la administración de justicia y por ello podría mediante estos instrumentos coartar ciertas libertades y derechos de manera generalizada. Precisamente para poner límites a este poder es que todo Estado que se precie de democrático se impone a sí mismo la obligación de no coartar la libertad de prensa; y la defensa de este derecho, es esencialmente una defensa de la sociedad civil contra el potencial de abusos por parte del Estado.
Los apologistas de la censura, en cambio, se confunden y pretenden defender a la sociedad civil de sí misma. Ya no hablan de ponerle una demarcación al poder del Estado y prohibirle limitar la libertad de expresión de la sociedad civil, sino que hablan de incrementar la libertad de expresión poniéndola bajo la tutela y control del Estado (una contradicción). Elaboran un discurso que enfrenta a varios grupos de la sociedad civil entre sí y convierten la libertad de expresión en un juego de suma cero, donde la libertad de expresión de algunos impide la libertad de expresión de las mayorías o arguyen que son los medios de comunicación quienes restringen la libertad de expresión porque dan acceso solamente a ciertos sectores. Por ello, el Estado debe intervenir como “restaurador” del equilibrio.
La forma de preservar la libertad de expresión no consiste en hacer que el Estado limite y controle a los medios, sino al contrario, en que los medios se desenvuelvan en un ambiente de libre competencia y fiscalicen al Estado.
Santa Cruz de la Sierra, 28/01/10
jueves, 28 de enero de 2010
¿Qué es el tipo de cambio?
Javier Paz García
El tipo de cambio es un precio; es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Conceptualmente el tipo de cambio no es muy diferente que el precio que uno paga por comprar tomates. En un mercado se intercambian bienes por monedas: un kilo de tomates por 3 bolivianos, 100 achachairuces por 20 bolivianos, etc. Con las monedas sucede lo mismo, con la diferencia que ya no se intercambian bienes o servicios por monedas, sino que se intercambian monedas por monedas: 7 bolivianos por 1 dólar, 10 bolivianos por 1 euro, 1 dólar por 4 pesos argentinos, etc.
El tipo de cambio se determina por factores de oferta y demanda similares a los que determinan el precio del pollo o de la papa en un mercado competitivo. Sin embargo cada Estado que emite una moneda propia, tiene mecanismos para controlar y manipular hasta cierto punto el tipo de cambio de su moneda con respecto al resto de las monedas de otros países.
El tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación a través del costo de los bienes y servicios importados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio actual es 7 bolivianos por 1 dólar y que una licuadora importada cuesta 100 dólares. Esto quiere decir que la licuadora cuesta 700 bolivianos. Si la moneda boliviana se devalúa a 10 bolivianos por dólar, esa misma licuadora en Bolivia sube de precio a 1000 bolivianos. Por ello, para un país que importa una gran cantidad de bienes de consumo, el tipo de cambio tiene efectos directos y significativos sobre el índice inflacionario.
Por otro lado, si la moneda se apreciara a 5 bolivianos por dólar, esa misma licuadora que antes costaba Bs. 700 ahora costaría Bs. 500. Una apreciación del boliviano beneficia al consumidor de productos importados.
¿Por qué entonces no apreciar la moneda y así abaratar los costos de vehículos, televisores, maquinarias agrícolas, medicamentos, etc.? Porque perjudica al sector exportador nacional, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si un productor de aceite vegetal vende su producto a Bs. 7, a un tipo de cambio de 7 Bs. por dólar, ese mismo producto en el extranjero vale 1 dólar. Si el boliviano se apreciara a 3,5 Bs. por dólar, ese mismo aceite vegetal que antes costaba 1 dólar en el extranjero, ahora pasa a costar 2 dólares, a pesar que su costo en bolivianos sigue siendo el mismo. Por supuesto, al aumentar de precio en el extranjero, los compradores dejan de comprar el aceite boliviano y buscan alternativas más baratas. Una apreciación del tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones nacionales.
El tipo de cambio puede ser determinado por las fuerzas del mercado, sin que el Estado intervenga de forma directa. Cuando no es así, los burócratas encargados de determinarlo, deben tener en cuenta tanto el efecto sobre la inflación y el bolsillo del consumidor, como también la competitividad del sector exportador.
Santa Cruz de la Sierra, 22/01/10
El tipo de cambio es un precio; es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Conceptualmente el tipo de cambio no es muy diferente que el precio que uno paga por comprar tomates. En un mercado se intercambian bienes por monedas: un kilo de tomates por 3 bolivianos, 100 achachairuces por 20 bolivianos, etc. Con las monedas sucede lo mismo, con la diferencia que ya no se intercambian bienes o servicios por monedas, sino que se intercambian monedas por monedas: 7 bolivianos por 1 dólar, 10 bolivianos por 1 euro, 1 dólar por 4 pesos argentinos, etc.
El tipo de cambio se determina por factores de oferta y demanda similares a los que determinan el precio del pollo o de la papa en un mercado competitivo. Sin embargo cada Estado que emite una moneda propia, tiene mecanismos para controlar y manipular hasta cierto punto el tipo de cambio de su moneda con respecto al resto de las monedas de otros países.
El tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación a través del costo de los bienes y servicios importados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio actual es 7 bolivianos por 1 dólar y que una licuadora importada cuesta 100 dólares. Esto quiere decir que la licuadora cuesta 700 bolivianos. Si la moneda boliviana se devalúa a 10 bolivianos por dólar, esa misma licuadora en Bolivia sube de precio a 1000 bolivianos. Por ello, para un país que importa una gran cantidad de bienes de consumo, el tipo de cambio tiene efectos directos y significativos sobre el índice inflacionario.
Por otro lado, si la moneda se apreciara a 5 bolivianos por dólar, esa misma licuadora que antes costaba Bs. 700 ahora costaría Bs. 500. Una apreciación del boliviano beneficia al consumidor de productos importados.
¿Por qué entonces no apreciar la moneda y así abaratar los costos de vehículos, televisores, maquinarias agrícolas, medicamentos, etc.? Porque perjudica al sector exportador nacional, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si un productor de aceite vegetal vende su producto a Bs. 7, a un tipo de cambio de 7 Bs. por dólar, ese mismo producto en el extranjero vale 1 dólar. Si el boliviano se apreciara a 3,5 Bs. por dólar, ese mismo aceite vegetal que antes costaba 1 dólar en el extranjero, ahora pasa a costar 2 dólares, a pesar que su costo en bolivianos sigue siendo el mismo. Por supuesto, al aumentar de precio en el extranjero, los compradores dejan de comprar el aceite boliviano y buscan alternativas más baratas. Una apreciación del tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones nacionales.
El tipo de cambio puede ser determinado por las fuerzas del mercado, sin que el Estado intervenga de forma directa. Cuando no es así, los burócratas encargados de determinarlo, deben tener en cuenta tanto el efecto sobre la inflación y el bolsillo del consumidor, como también la competitividad del sector exportador.
Santa Cruz de la Sierra, 22/01/10
domingo, 17 de enero de 2010
El rol social de la educación privada
Javier Paz García
Hace unos meses tuve una conversación con un joven de escasos recursos, en la cual él decía que la educación privada en universidades caras no cumplía un rol social porque solo podían asistir personas pudientes. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude convencer a este joven de lo contrario. Por ello escribo esta nota.
Primero debemos recalcar que muchas instituciones de educación privada, ya sean colegios o universidades, ofrecen becas de estudio para personas de escasos recursos. Sin embargo, no pretendo en esta nota analizar los actos de beneficencia de los centros educativos privados, sino más bien, me pregunto ¿cuál es el rol social de la educación dirigida a las personas pudientes?
El concepto central que debemos entender para responder esta pregunta es que los beneficios de la educación no recaen únicamente en el alumno. La premisa de que la educación solo beneficia a quien la recibe, nos lleva a la conclusión de que la educación privada a la que solo pueden acceder las personas adineradas, beneficia solamente a las personas adineradas. Sin embargo esta premisa es falsa. Por supuesto, la educación es una inversión donde el mayor beneficiario es quien la recibe, pero no el único. En la medida que la educación crea emprendedores, genera a su vez empleo para otras personas. Los nuevos inventos o las mejoras en productos y procesos, son otro ejemplo de beneficios que no recaen únicamente en el inventor.
Por ejemplo, si un ingeniero mejorar un proceso, reduciendo el costo de cosechar trigo, esa reducción de costos, que a la larga invariablemente se traduce en una reducción de precios para el consumidor final, termina beneficiando a millones de personas en todas partes del mundo. De la misma manera, cuando alguien reduce el tamaño de un chip de computadora, o diseña un nuevo sistema operativo, su invento lo puede convertir en millonario, pero solo en la medida en que ayude a los consumidores finales.
La educación privada en general es mejor que la educación pública. Los centros de educación privada producen personas mejor preparadas que los centros de educación públicos. Esta diferencia cualitativa significa un aporte que beneficia a la sociedad en todas sus escalas.
El teléfono celular o el sistema operativo Windows provienen de personas educadas en universidades privadas, pero cuyos inventos hoy benefician a todo el mundo, desde las comunidades más pobres de África hasta las oficinas más prestigiosas de Wall Street.
Y es que, como dije antes, los beneficios de la educación no recaen exclusivamente sobre quien recibe dicha educación, y más al contrario, la educación de mayor calidad, es la que más tiende a generar beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Santa Cruz de la Sierra, 15/01/10
Hace unos meses tuve una conversación con un joven de escasos recursos, en la cual él decía que la educación privada en universidades caras no cumplía un rol social porque solo podían asistir personas pudientes. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude convencer a este joven de lo contrario. Por ello escribo esta nota.
Primero debemos recalcar que muchas instituciones de educación privada, ya sean colegios o universidades, ofrecen becas de estudio para personas de escasos recursos. Sin embargo, no pretendo en esta nota analizar los actos de beneficencia de los centros educativos privados, sino más bien, me pregunto ¿cuál es el rol social de la educación dirigida a las personas pudientes?
El concepto central que debemos entender para responder esta pregunta es que los beneficios de la educación no recaen únicamente en el alumno. La premisa de que la educación solo beneficia a quien la recibe, nos lleva a la conclusión de que la educación privada a la que solo pueden acceder las personas adineradas, beneficia solamente a las personas adineradas. Sin embargo esta premisa es falsa. Por supuesto, la educación es una inversión donde el mayor beneficiario es quien la recibe, pero no el único. En la medida que la educación crea emprendedores, genera a su vez empleo para otras personas. Los nuevos inventos o las mejoras en productos y procesos, son otro ejemplo de beneficios que no recaen únicamente en el inventor.
Por ejemplo, si un ingeniero mejorar un proceso, reduciendo el costo de cosechar trigo, esa reducción de costos, que a la larga invariablemente se traduce en una reducción de precios para el consumidor final, termina beneficiando a millones de personas en todas partes del mundo. De la misma manera, cuando alguien reduce el tamaño de un chip de computadora, o diseña un nuevo sistema operativo, su invento lo puede convertir en millonario, pero solo en la medida en que ayude a los consumidores finales.
La educación privada en general es mejor que la educación pública. Los centros de educación privada producen personas mejor preparadas que los centros de educación públicos. Esta diferencia cualitativa significa un aporte que beneficia a la sociedad en todas sus escalas.
El teléfono celular o el sistema operativo Windows provienen de personas educadas en universidades privadas, pero cuyos inventos hoy benefician a todo el mundo, desde las comunidades más pobres de África hasta las oficinas más prestigiosas de Wall Street.
Y es que, como dije antes, los beneficios de la educación no recaen exclusivamente sobre quien recibe dicha educación, y más al contrario, la educación de mayor calidad, es la que más tiende a generar beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Santa Cruz de la Sierra, 15/01/10
¿Por qué regular el costo de los colegios privados?
Javier Paz García
Primero quiero hacer notar la ironía de que el gobierno pretenda regular la educación privada, cuando la educación pública es un desastre.
Hablando específicamente sobre regular los precios, la decisión de un padre de familia sobre a cuál colegio inscribir a sus hijos o cuánto pagar es estrictamente personal y voluntaria: un colegio no puede obligar a los padres inscribir a sus hijos ahí si los padres consideran que lo que cobra dicho colegio es demasiado. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Hay colegios privados a todo precio. Un padre de familia puede elegir colegios privados que cuesten desde $us 10.- por mes hasta $us 300.-. Si estos montos le parecen altos, tiene la opción de meter a sus hijos en los peores colegios del sistema educativo boliviano (los colegios públicos, por supuesto) y así incluso ganar un bono a fin de año. Por lo tanto los costos de la educación escolar pueden variar desde montos mayores a los $us 3000 anuales hasta una ganancia de Bs. 200.-. El padre que no quiere o no puede pagar una cantidad x por la educación de sus hijos, tiene muchas opciones para pagar menos que x en varios colegios. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
En general en todos los ámbitos y también con respecto a la educación, una mayor calidad requiere un mayor costo. Los colegios más caros son generalmente los mejores porque sus cuotas altas les permiten atraer a los mejores educadores, construir mejor infraestructura, enseñar con la mejor tecnología, etc. Forzar a los colegios a que cobren menos matrículas y mensualidades es condenarlos a reducir la calidad de la enseñanza que imparten (la caída de la calidad no es necesariamente inmediata a la reducción de precios, pero a la larga es inexorable). Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Cuando el Estado obliga a los colegios privados a reducir sus precios, a su vez reduce la calidad de la educación, hace que el país sea menos competitivo con respecto a otros países, le limita la posibilidad de desarrollar tecnología, la cual requiere una alta inversión en capital humano y por supuesto limita el potencial de reducir la pobreza en el país.
Si los padres tienen la opción de pagar lo que deseen o incluso no pagar nada por la educación de los hijos; si la decisión sobre qué presupuesto asignar para la educación de los hijos y a que colegio inscribirlos es hecha de manera libre y voluntaria; si reducir las mensualidades significa reducir la calidad de la educación privada, y esto a su vez implica una pérdida de competitividad y mayor pobreza para el país; si el Estado no tiene argumentos para intervenir en la educación privada, dado que la educación pública boliviana es de las peores del mundo; entonces uno se pregunta, ¿a qué santos se meten?
Santa Cruz de la Sierra, 08/01/10
Primero quiero hacer notar la ironía de que el gobierno pretenda regular la educación privada, cuando la educación pública es un desastre.
Hablando específicamente sobre regular los precios, la decisión de un padre de familia sobre a cuál colegio inscribir a sus hijos o cuánto pagar es estrictamente personal y voluntaria: un colegio no puede obligar a los padres inscribir a sus hijos ahí si los padres consideran que lo que cobra dicho colegio es demasiado. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Hay colegios privados a todo precio. Un padre de familia puede elegir colegios privados que cuesten desde $us 10.- por mes hasta $us 300.-. Si estos montos le parecen altos, tiene la opción de meter a sus hijos en los peores colegios del sistema educativo boliviano (los colegios públicos, por supuesto) y así incluso ganar un bono a fin de año. Por lo tanto los costos de la educación escolar pueden variar desde montos mayores a los $us 3000 anuales hasta una ganancia de Bs. 200.-. El padre que no quiere o no puede pagar una cantidad x por la educación de sus hijos, tiene muchas opciones para pagar menos que x en varios colegios. Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
En general en todos los ámbitos y también con respecto a la educación, una mayor calidad requiere un mayor costo. Los colegios más caros son generalmente los mejores porque sus cuotas altas les permiten atraer a los mejores educadores, construir mejor infraestructura, enseñar con la mejor tecnología, etc. Forzar a los colegios a que cobren menos matrículas y mensualidades es condenarlos a reducir la calidad de la enseñanza que imparten (la caída de la calidad no es necesariamente inmediata a la reducción de precios, pero a la larga es inexorable). Esto debería ser razón suficiente para que el Estado no intervenga en la definición de costos de los colegios privados.
Cuando el Estado obliga a los colegios privados a reducir sus precios, a su vez reduce la calidad de la educación, hace que el país sea menos competitivo con respecto a otros países, le limita la posibilidad de desarrollar tecnología, la cual requiere una alta inversión en capital humano y por supuesto limita el potencial de reducir la pobreza en el país.
Si los padres tienen la opción de pagar lo que deseen o incluso no pagar nada por la educación de los hijos; si la decisión sobre qué presupuesto asignar para la educación de los hijos y a que colegio inscribirlos es hecha de manera libre y voluntaria; si reducir las mensualidades significa reducir la calidad de la educación privada, y esto a su vez implica una pérdida de competitividad y mayor pobreza para el país; si el Estado no tiene argumentos para intervenir en la educación privada, dado que la educación pública boliviana es de las peores del mundo; entonces uno se pregunta, ¿a qué santos se meten?
Santa Cruz de la Sierra, 08/01/10
Hacia un Estado entrometido
Javier Paz García
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09
Muchas de las leyes y decretos que el oficialismo ha aprobado o intentado aprobar en los últimos años buscan una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y cada vez mayores restricciones a la privacidad y libertad individual.
No es infrecuente que los Estados con tendencias totalitarias pretexten la seguridad nacional o incluso la seguridad individual para adoptar medidas atentatorias a la privacidad; voy a citar dos ejemplos.
Existe un decreto que obliga a todas las personas a registrar sus celulares y a crear una base de datos administrada por el gobierno con la lista de todos los celulares. El gobierno arguye que dicho decreto desincentiva el robo de celulares protegiendo así a los usuarios.
Otro decreto prohíbe la importación de armas y municiones al país. El gobierno arguye que dicho decreto logrará una disminución de los atracos y asaltos.
Quien crea que dicho decreto disminuirá el robo de celulares tendrá que explicar por qué siguen existiendo robos de autos a pesar de ser estrictamente registrados y mucho más conspicuos. Y quien crea que los criminales van a dejar de tener armas y municiones solo porque el gobierno lo prohíbe no entiende la definición misma de la palabra “criminal”. Pero asumamos que el gobierno tiene razón y que efectivamente dichos decretos lograrán una disminución en el robo de celulares, en atracos y asaltos. ¿No deberían incluso así ser rechazados por atentar a la libertad y la privacidad de los individuos? ¿No debería una persona tener el derecho irrestricto de tener un número y un teléfono celular o a adquirir un arma sin tener que pedirle permiso al gobierno central? Lo triste es que este debate ni siquiera se da en Bolivia. Cuando el gobierno pasa medidas como estas, los medios de comunicación y los creadores de opinión generalmente dan por hecho que la medida es positiva o a lo máximo se quedan en el debate que el gobierno quiere generar en torno a que si la medida logrará los efectos anunciados o no. Es casi inexistente el analista o medio de comunicación que trasciende ese debate y plantea el problema desde la perspectiva de la violación a la privacidad y la libertad individual.
El actual gobierno pretende registrar y tener acceso a todo, desde registros de los estudiantes de todos los colegios, registros de celulares, hasta las cuentas bancarias de cualquier persona. También pretende inmiscuirse en todo, reglamentando aun más a los colegios privados, tomando el control de cooperativas, normando precios, creando empresas que difícilmente pueden considerarse estratégicas o siquiera necesarias, distorsionando mercados, prohibiendo exportaciones, centralizando el poder en La Paz, aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etc. Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial disminuido y sumiso no hay nada que le impida lograr estas metas.
Podemos esperar por lo tanto muchas medidas cuyo objetivo declarado será proteger al individuo del crimen, investigar a los corruptos, mejorar la educación privada (como si la educación fiscal fuera ejemplo a seguir), disminuir la delincuencia, etc., pero que en la práctica nos conducirán hacia un Estado policiaco todopoderoso, donde la gente se encuentre cada vez más indefensa y desprotegida de los abusos del Estado mismo.
Santa Cruz de la Sierra, 31/12/09
Algunas predicciones
Javier Paz García
Los resultados electorales otorgan un cheque en blanco al partido oficialista, lo que me anima a hacer algunas predicciones.
Podemos tener certidumbre, por ejemplo, que ya no habrán más cercos al Congreso (rebautizado como Asamblea Plurinacional). Tendremos que acostumbrarnos a ver lo que vimos en la Asamblea Constituyente… dóciles levantamanos que ni siquiera han leído las leyes que aprueban. Veremos a una bancada opositora totalmente impotente, cuyo único rol será la denuncia a nivel nacional e internacional.
El 2010, se acabarán las acefalias en las instituciones del Estado y dichos cargos serán designados con apego total a la Constitución y las Leyes. La Corte Suprema de Justicia, La Contraloría General de la Nación, el Banco Central de Bolivia, la Corte Nacional Electoral, las cortes departamentales electorales, las empresas estatales, etc. tendrán a sus jerarcas elegidos de acuerdo a ley, con aprobación de la Asamblea Plurinacional cuando sea necesario. Por supuesto de quienes dirijan estas instituciones podemos esperar la misma militancia y lealtad hacia el partido de gobierno, como también incapacidad y parcialidad.
Ya no habrán neoliberales que bloquen las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso, ni los habrá en ninguna institución del Estado, pero de alguna forma los neoliberales seguirán siendo responsables del desabastecimiento, de la inflación, de la deflación, del mal estado de las carreteras, del aumento de la corrupción (¡y sin controles, cómo va a aumentar la corrupción!).
Podemos augurar una Contraloría que va a escarbar las prefecturas y alcaldías en manos ajenas, pero que archivará rápidamente las denuncias de corrupción que involucren a miembros del partido.
La CIA, la DEA y la Embajada seguirán conspirando, según el Gobierno. Sin duda, las plantaciones de coca tendrán un crecimiento sostenido. Probablemente las plantaciones de soya, girasol y maíz sufrirán un estancamiento en su crecimiento e incluso una reducción.
Con el control del Poder Judicial veremos más presos políticos, todos enjuiciados con su debido proceso, aunque con total falta de imparcialidad. No faltarán quienes, ante la falta de garantías, tanto para invertir como para enfrentar procesos judiciales, prefieran abandonar el país.
Los periodistas van a seguir llevando palo.
Luego que el partido de gobierno ponga a sus allegados en todas las cortes departamentales electorales, el nuevo poder del Estado perderá la confianza de la población pensante.
Cuando el país pase por una buena situación económica, será por mérito del Ministro de Economía y Finanzas Públicas; cuando el país pase por una mala situación económica, no será culpa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Luego de cinco años nos veremos más cerca de África que de Europa.
El pueblo es sabio y no se equivoca. Qué pena que los que nos equivocamos también tengamos que pagar los platos rotos.
Santa Cruz de la Sierra, 10/12/09
Los resultados electorales otorgan un cheque en blanco al partido oficialista, lo que me anima a hacer algunas predicciones.
Podemos tener certidumbre, por ejemplo, que ya no habrán más cercos al Congreso (rebautizado como Asamblea Plurinacional). Tendremos que acostumbrarnos a ver lo que vimos en la Asamblea Constituyente… dóciles levantamanos que ni siquiera han leído las leyes que aprueban. Veremos a una bancada opositora totalmente impotente, cuyo único rol será la denuncia a nivel nacional e internacional.
El 2010, se acabarán las acefalias en las instituciones del Estado y dichos cargos serán designados con apego total a la Constitución y las Leyes. La Corte Suprema de Justicia, La Contraloría General de la Nación, el Banco Central de Bolivia, la Corte Nacional Electoral, las cortes departamentales electorales, las empresas estatales, etc. tendrán a sus jerarcas elegidos de acuerdo a ley, con aprobación de la Asamblea Plurinacional cuando sea necesario. Por supuesto de quienes dirijan estas instituciones podemos esperar la misma militancia y lealtad hacia el partido de gobierno, como también incapacidad y parcialidad.
Ya no habrán neoliberales que bloquen las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso, ni los habrá en ninguna institución del Estado, pero de alguna forma los neoliberales seguirán siendo responsables del desabastecimiento, de la inflación, de la deflación, del mal estado de las carreteras, del aumento de la corrupción (¡y sin controles, cómo va a aumentar la corrupción!).
Podemos augurar una Contraloría que va a escarbar las prefecturas y alcaldías en manos ajenas, pero que archivará rápidamente las denuncias de corrupción que involucren a miembros del partido.
La CIA, la DEA y la Embajada seguirán conspirando, según el Gobierno. Sin duda, las plantaciones de coca tendrán un crecimiento sostenido. Probablemente las plantaciones de soya, girasol y maíz sufrirán un estancamiento en su crecimiento e incluso una reducción.
Con el control del Poder Judicial veremos más presos políticos, todos enjuiciados con su debido proceso, aunque con total falta de imparcialidad. No faltarán quienes, ante la falta de garantías, tanto para invertir como para enfrentar procesos judiciales, prefieran abandonar el país.
Los periodistas van a seguir llevando palo.
Luego que el partido de gobierno ponga a sus allegados en todas las cortes departamentales electorales, el nuevo poder del Estado perderá la confianza de la población pensante.
Cuando el país pase por una buena situación económica, será por mérito del Ministro de Economía y Finanzas Públicas; cuando el país pase por una mala situación económica, no será culpa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Luego de cinco años nos veremos más cerca de África que de Europa.
El pueblo es sabio y no se equivoca. Qué pena que los que nos equivocamos también tengamos que pagar los platos rotos.
Santa Cruz de la Sierra, 10/12/09
Consecuencias de un Estado estatista
Javier Paz García
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
La principal función de un Estado debería ser la de administrar justicia. Además de eso, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para resguardar los derechos de sus ciudadanos, castigar a quienes cometen delitos y protegerse de peligros externos e internos.
Sin embargo es una tendencia natural – aunque tremendamente dañina – que el Estado participe de la actividad económica, he incluso que intente acapararla y monopolizarla.
Sin embargo las consecuencias de un Estado donde el gobierno es el principal productor y generador de empleos son generalmente el tráfico de influencias, el enriquecimiento de una cúpula verdaderamente a costa del pueblo, la aniquilación de la iniciativa privada (verdadera creadora de valor agregado y riqueza), una mayor ineficiencia, una caída en la calidad de los productos y servicios, menos crecimiento económico y mayor pobreza.
¿Por qué el estatismo acarrea dichas consecuencias? Por los incentivos que distorsiona y los que genera.
Cuando una industria opera bajo condiciones de libre competencia, a la larga solo triunfan las empresas más eficientes, es decir las que, dado un nivel de calidad, tienen los costos más bajos. El más beneficiado de la libre competencia finalmente es el consumidor, quien, gracias a las bondades del libre mercado, obtiene los mejores precios posibles y lo que es muy importante, la posibilidad de elegir entre una variedad de empresas y productos.
Cuando el Estado crea una empresa estatal para participar en un mercado competitivo, generalmente le otorga una serie de ventajas a dicha empresa (menores impuestos, importación libre de aranceles, trámites expeditos, subsidios ilimitados, etc.) o lo que es análogo a decir que crea una serie de trabas y desventajas para las empresas privadas. Esto hace que la empresa estatal tenga costos artificialmente inferiores a los de la competencia privada. Digo artificialmente bajos, porque si, por ejemplo, la empresa estatal recibe algún privilegio del Estado, como ser un subsidio, el costo de ese subsidio es un costo real de la empresa y en última instancia un costo para todo el país, aunque la empresa no refleje ese costo a la hora de vender su producto.
Entonces, cuando el Estado crea una empresa estatal, generalmente dicha empresa entra al mercado con precios más bajos que la competencia. Los precios bajos hacen que la iniciativa gubernamental sea celebrada por la población, pero paulatinamente ahuyenta a las empresas privadas, las cuales no pueden competir, generando un monopolio estatal. Y con el monopolio viene el desabastecimiento, la escases, los mercados negros, la mala calidad. Con el monopolio también suben los precios.
A la larga, la intromisión del Estado en la actividad comercial y productiva cohíbe el emprendimiento privado, ahuyenta las inversiones, disminuye la libre competencia, perjudicando al consumidor con productos malos y caros (cuando los hay), limitando la posibilidad de crear valor agregado y disminuyendo la creación de empleo y riqueza. El proceso es largo y paulatino, análogo a la historia de la rana que se va cocinando de a poco en el agua hervida, por lo que no se da cuenta de su futuro. Para allá vamos.
Santa Cruz de la Sierra, 04/12/09
A 20 años de la caída del muro de Berlín
Javier Paz García
El 9 de noviembre del 2009, habrán pasado 20 años desde la caída del muro de Berlín. Este evento marcó el principio del fin del comunismo en Europa. El muro fue construido por el régimen comunista en 1961 con el propósito de evitar la migración hacia Berlín occidental (más de 3 millones de personas habían abandonado Berlín oriental antes de su construcción). Una vez finalizado, cientos de personas de Alemania oriental murieron o fueron heridas tratando de cruzar el muro hacia la otra Alemania.
El muro de Berlín encarna los postulados del socialismo: controlar y restringir a tantos como sea posible, quitar la libertad de los individuos y convertirlos en peones del régimen, sin opción a disentir o protestar. Todos los regímenes comunistas han construido muros de una u otra manera. Cuba, China, la Unión Soviética, verbigracia han limitado o prohibido la salida de sus habitantes al exterior. Esto en sí mismo es una muestra del fracaso de sus políticas, porque construyen sociedades donde los únicos que quieren vivir son quienes administran el poder.
El gobierno de Estados Unidos no necesita restringir la libertad de sus ciudadanos a salir al exterior. Por contraste, si el régimen castrista levantara el embargo que ha impuesto sobre la población, las playas de la Florida se verían inundadas de cientos de miles de cubanos escapando de su prisión. Lo tristemente irónico en todo esto, es que también son miles los que admiran a Fidel, aunque por supuesto, la mayoría de sus admiradores no viven en Cuba, ni tienen que batírselas con las ínfimas raciones alimenticias que proporciona el régimen castrista.
Hace 20 años cayó el muro de Berlín, poniendo fin a un periodo negro de la historia. Sin embargo, los regímenes totalitarios siguen existiendo, muchos de ellos orgullosamente pregonando las mismas ideologías de Marx, Lenin, Stalin, Mao, siguen habiendo líderes y generadores de opinión que proclaman su admiración por Fidel Castro. En China y en Cuba, los ciudadanos no pueden votar por ningún partido que no sea el comunista, los derechos políticos son inexistentes y criticar al régimen puede ser motivo suficiente para ir a la cárcel.
Y se siguen construyendo muros alrededor de la gente. Los regímenes totalitarios siguen buscando formas de coartar la libertad de los individuos, monitorear sus vidas, y acallar a los disidentes. Las formas de controlar a la población son diversas y pueden variar desde prohibir la importación de armas de fuego y municiones, so pretexto de reducir la delincuencia, hasta exigir el registro de todos los celulares, so pretexto de reducir la delincuencia.
A 20 años de la caída del muro de Berlín, los regímenes totalitarios siguen apareciendo, tal vez en versiones más suaves que antes, los derechos humanos de las personas siguen siendo violados por muchos Estados de manera sistemática e intencional y la libertad individual no es algo que se pueda dar por descontado en gran parte del mundo.
A 20 años de la caída del muro de Berlín queda mucho por hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 06/11/09
El 9 de noviembre del 2009, habrán pasado 20 años desde la caída del muro de Berlín. Este evento marcó el principio del fin del comunismo en Europa. El muro fue construido por el régimen comunista en 1961 con el propósito de evitar la migración hacia Berlín occidental (más de 3 millones de personas habían abandonado Berlín oriental antes de su construcción). Una vez finalizado, cientos de personas de Alemania oriental murieron o fueron heridas tratando de cruzar el muro hacia la otra Alemania.
El muro de Berlín encarna los postulados del socialismo: controlar y restringir a tantos como sea posible, quitar la libertad de los individuos y convertirlos en peones del régimen, sin opción a disentir o protestar. Todos los regímenes comunistas han construido muros de una u otra manera. Cuba, China, la Unión Soviética, verbigracia han limitado o prohibido la salida de sus habitantes al exterior. Esto en sí mismo es una muestra del fracaso de sus políticas, porque construyen sociedades donde los únicos que quieren vivir son quienes administran el poder.
El gobierno de Estados Unidos no necesita restringir la libertad de sus ciudadanos a salir al exterior. Por contraste, si el régimen castrista levantara el embargo que ha impuesto sobre la población, las playas de la Florida se verían inundadas de cientos de miles de cubanos escapando de su prisión. Lo tristemente irónico en todo esto, es que también son miles los que admiran a Fidel, aunque por supuesto, la mayoría de sus admiradores no viven en Cuba, ni tienen que batírselas con las ínfimas raciones alimenticias que proporciona el régimen castrista.
Hace 20 años cayó el muro de Berlín, poniendo fin a un periodo negro de la historia. Sin embargo, los regímenes totalitarios siguen existiendo, muchos de ellos orgullosamente pregonando las mismas ideologías de Marx, Lenin, Stalin, Mao, siguen habiendo líderes y generadores de opinión que proclaman su admiración por Fidel Castro. En China y en Cuba, los ciudadanos no pueden votar por ningún partido que no sea el comunista, los derechos políticos son inexistentes y criticar al régimen puede ser motivo suficiente para ir a la cárcel.
Y se siguen construyendo muros alrededor de la gente. Los regímenes totalitarios siguen buscando formas de coartar la libertad de los individuos, monitorear sus vidas, y acallar a los disidentes. Las formas de controlar a la población son diversas y pueden variar desde prohibir la importación de armas de fuego y municiones, so pretexto de reducir la delincuencia, hasta exigir el registro de todos los celulares, so pretexto de reducir la delincuencia.
A 20 años de la caída del muro de Berlín, los regímenes totalitarios siguen apareciendo, tal vez en versiones más suaves que antes, los derechos humanos de las personas siguen siendo violados por muchos Estados de manera sistemática e intencional y la libertad individual no es algo que se pueda dar por descontado en gran parte del mundo.
A 20 años de la caída del muro de Berlín queda mucho por hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 06/11/09
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