La Asamblea Constituyente boliviana

Javier Paz García

Antecedentes
Bolivia en los últimos años ha vivido una etapa de convulsión social y política. Podemos nombrar como causas principales: la pobreza extrema de un gran porcentaje de la población, la falta de inclusión social de muchos sectores, la corrupción crónica de la burocracia estatal y el ineficiente centralismo administrativo. Como producto de esta situación, varios sectores sociales empezaron a reclamar la realización de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política del Estado y reencausar al país por sendas que conduzcan al bienestar general y al desarrollo sostenible.
Algo que es importante hacer notar es que la democracia boliviana hasta hace poco se llevaba a cabo solo el día de las elecciones y posteriormente al pueblo no se le tomaba en cuenta. La Constitución del año 1995 aprobada por la Ley 1615 dice en su artículo 1ro que Bolivia “adopta para su gobierno la forma democrática representativa” y es más clara en el artículo 4to inciso I, cuyo texto dice: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ley”. Estos dos artículos cierran toda posibilidad de participación directa de la población en otra cosa que no sea la elección de autoridades. Además, hasta el año 2005, en Bolivia la población solo elegía representantes en dos niveles de gobierno: el nacional y el municipal, solo los partidos políticos podían postular candidatos y no existía democracia a nivel departamental, ya que el presidente elegía las autoridades a dedo. Tal vez la ausencia de formas más participativas de democracia y niveles intermedios de gobierno contribuyó a aumentar la convulsión social.
Es con estos antecedentes y para lograr una mayor legitimidad en las decisiones del Estado que en el año 2004, se aprueba la Ley 2631 que modifica la Constitución. La nueva Carta añade la forma participativa en su 1er artículo y modifica el 4to en su inciso I de la siguiente manera: “El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por Ley”. Además su artículo 222 dice: “La Representación Popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la presente Constitución y las leyes”. Con esto se rompe el monopolio de los partidos políticos sobre el poder y se logra una participación más directa y representativa de los ciudadanos mediante el referéndum y las agrupaciones ciudadanas. El mismo año se promulga la Ley 2769 donde se norma el uso del referéndum y se lo instituye a nivel nacional, departamental y municipal y de manera vinculante.

Génesis de la Asamblea
El 6 de marzo del 2006 se promulga la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. A continuación destacamos algunos artículos de esta Ley. El artículo 4to establece que el 2 de julio del mismo año se realice la elección de los constituyentes y se instale la Asamblea el 6 de agosto. El artículo 21 da la facultad normativa para que la Asamblea apruebe su Reglamento Interno y pone como reglamento inicial el de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. El artículo 24 da a la Asamblea un plazo máximo e improrrogable de 1 año desde su instalación para aprobar el Texto Constitucional. El artículo 25 impone que los artículos sean aprobados por dos tercios de los Constituyentes presentes. El artículo 26 norma que el texto final sea aprobado en un referéndum por mayoría absoluta y el artículo 27 dice que en caso de que el texto sea rechazado, se mantiene la Constitución vigente.
El 2 de julio del 2006 se lleva a cabo la elección de Constituyentes, junto con un referéndum vinculante por las autonomías departamentales, donde gana el Sí en 4 departamentos y el No en 5 departamentos. Es probable que en el futuro algunos departamentos que votaron por el No, decidan hacer otra consulta y se vayan acoplando al régimen autonómico. En la elección de asambleístas, MAS, obtuvo el 50,7% de los asambleístas, muy por debajo de lo que deseaban, lo que posteriormente generó un conflicto que describiremos más adelante.

Desarrollo de la Asamblea
A estas alturas podemos decir con bastante seguridad que la Asamblea Constituyente ha sido un fracaso. En general no ha existido un ambiente de diálogo y debate y más bien uno de acusaciones e intolerancia. La Asamblea se ha visto cercada y presionada por “movimientos sociales” que en su mayoría responden al MAS, partido de gobierno y hay una constante injerencia del Poder Ejecutivo. Existen visiones de país que parecen irreconciliables y el tiempo ha sido malgastado en tratar de imponer en vez de consensuar.
El primer problema surgió debido a que el MAS, al no haber obtenido los dos tercios de votación, intentó hacer que se apruebe la Constitución por mayoría absoluta, en completa violación del artículo 26 de la Ley de Convocatoria que exige la aprobación por dos tercios, ley que el propio Evo Morales aprobó y que ahora quería rechazar. El partido oficialista, dada su mayoría absoluta en la Asamblea, pretendió imponer un rodillo para aprobar una Constitución a su gusto. Fue necesaria la intervención de la sociedad civil que mediante marchas, huelgas de hambres, protestas, cabildos y paros cívicos mostró un profundo rechazo a este intento de ‘hegemonizar’ la Asamblea. El siguiente punto del conflicto vino por el intento del oficialismo de declarar a la Asamblea como originaria y plenipotenciaria, cuando es claramente derivada de una Ley de la República, y su única función es la reforma total o parcial de la actual Constitución Política del Estado. Estos dos temas ocuparon 8 meses de debates y disputas donde no se discutió un solo artículo del proyecto de Constitución, sino simplemente el carácter y reglamento interno de la Asamblea.
Una vez se comenzó a trabajar en la redacción de la Carta Magna, la comisión de Visión de País aprobó sus informes de manera ilegal, sin tomar en cuenta los informes de la oposición. La votación fue impugnada por el Tribunal Constitucional que dictaminó que se haga una nueva votación. La directiva de la Asamblea también ha dictaminado que la elaboración de los informes se adecúe a las normas internas, pero la directiva de la comisión Visión País, que es oficialista, se niega a acatar estas órdenes.
La propuesta del oficialismo de crear 6 niveles de gobierno y nuevas demarcaciones territoriales es otro punto neurálgico. Esto no solo es un problema desde el punto de vista del aumento de la burocracia y la impracticabilidad, sino que es visto como un intento de desvirtuar las autonomías departamentales ganadas por voto popular en el referéndum autonómico y cuyo resultado es vinculante para la Asamblea Constituyente.
La ciudad de Sucre es la capital histórica pero los poderes ejecutivo y legislativo funcionan en La Paz. La demanda de Sucre de traer estos poderes es otro punto de gran tensión dentro y fuera de la Asamblea. Cualquier decisión que se tome al respecto puede tener resultados impredecibles.
Finalmente, a la Asamblea se le acaba el tiempo ya que el 6 de agosto fenece el plazo para que presente el texto final para ser refrendado. Ahora se discute la posibilidad de una prórroga, pero existe un debate sobre la legalidad y legitimidad de la mismo y sobre quienes pueden tomar tal decisión, si el Congreso mediante ley, el pueblo mediante otro referéndum o la Asamblea misma. Por tanto si la Asamblea no termina su trabajo hasta el 6 de agosto y pretende prorrogarse, se puede desatar una crisis institucional y social. El partido de Gobierno ve a la Asamblea como el medio para concentrar el poder y mantenerlo y tiene particular interés en lograr la reelección indefinida del presidente y vicepresidente.
Existe mucha expectativa sobre la posible prórroga de la Asamblea y lo que vaya a ocurrir después del 6 de agosto.

Conclusión
La realización de una Asamblea Constituyente fue un pedido legítimo del pueblo en general, que esta cansado del despilfarro y la corrupción crónica de la política boliviana y no ve mejoras en sus niveles de vida. Este pedido es muy anterior al actual gobierno de Evo Morales y no se originó en los movimientos cocaleros comandados por él, aunque Morales tomó la causa como suya y tuvo la coyuntura de que la Asamblea se lleve a cabo durante su gobierno. Sin embargo es el mismo oficialismo que tanto peleó por la realización de la Asamblea, el mayor responsable de su fracaso por haber desvirtuado el propósito de ésta para convertirla en un medio de legalizar y consolidar la hegemonía del poder político. El 6 de agosto es una fecha crítica porque es el día límite para que la Asamblea cumpla su misión. Existe la posibilidad de una prórroga que determinará en gran medida las dinámicas del juego político y de la sociedad en su conjunto. No hay duda de que pase lo que pase, a Bolivia le esperan tiempos difíciles con mucha convulsión social.