Javier
Paz García
Una
de las claves para que se reduzca la pobreza en un país es que hayan
condiciones e incentivos para que la gente emprenda negocios. La pobreza no se
disminuye sistemáticamente con bonos y subsidios estatales, sino con trabajo. Y
para que haya trabajo tienen que haber empresas y mientras más empresas hayan,
más trabajo habrá, más competencia, mejores sueldos para los trabajadores, más
y mejores productos para los consumidores y una mejora general en el nivel de
vida de la población. Al igual que la educación, donde existe un consenso en la
sociedad según el cual, la condición económica de una persona, no debería ser
un impedimento para recibir una educación básica y por tanto, un niño debería
poder ir a la escuela sin importar si es pobre o rico, de igual manera una
persona debería poder iniciar un negocio, sin importar si tiene o no dinero.
Con esto no quiero decir que el Estado deba subvencionar a las empresas, ni
mucho menos, pero sí debe hacer todo lo posible para no perjudicar ni poner
trabas a los emprendedores. El requisito indispensable para iniciar un negocio
es tener una buena idea, estar dispuesto a tomar riesgos y trabajar duro. El
capital inicial para un negocio también es importante, pero precisamente los
mercados financieros, cuando funcionan adecuadamente, canalizan recursos hacia
los proyectos productivos. Y el Estado debe procurar alivianar el difícil
camino de un emprendedor, imponiéndole la menor cantidad de trámites y costos.
Si
queremos que más gente salga de la pobreza y la informalidad, debemos facilitar
la formación de empresas y la formalidad. Lamentablemente en nuestro país abrir
una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un lujo que no está destinado
para los pobres. Según el informe Doing Business 2017 del Banco Mundial, en
Bolivia se requieren 14 trámites con un tiempo aproximado de 45 días y un costo
promedio de 1.710 dólares. Tal costo equivale al 54,1% del PIB per cápita
boliviano. Es decir una persona que gana el PIB promedio (y hay quienes ganan
menos) tendría que ahorrar más de medio año de salarios, solo para conseguir
los fondos necesarios para abrir una SRL.
Si
queremos ayudar a los pobres, hagámosle la vida más fácil al momento de
emprender. Reducir el número y el costo de trámites es algo que puede hacerse
sin comprometer las líneas ideológicas de los partidos políticos, sin estudios
sofisticados ni perjuicios sustantivos a las arcas del Estado, lo único que se
requiere es la voluntad política de hacerlo.
Santa Cruz de la Sierra, 14/04/17
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