La pobreza de Raskólnikov

Javier Paz García

Hará unos 20 años leí Crimen y Castigo de Fedor Dostoievski. De aquella lectura me impactó la despreocupación del personaje Rodión Románovich Raskólnikov por los bienes materiales. La novela me hizo reflexionar que no importa cuanta ropa tenga, siempre la tendré en exceso, que mientras menos tiempo pierda comprando ropa, o pensando si tal camisa se ve mejor con aquel pantalón, más tiempo gano en hacer cosas que de verdad me gustan.

Hace unos días terminé de leer la novela por segunda vez y quedé impresionado por lo poco que recordaba de ella. Más allá de que hubo un crimen, un castigo y una redención, mi olvido llegaba a tal punto que ni siquiera tenía en mente a Sonia Semiónovna, el personaje redentor de la historia. Por eso admiro a las personas que parecen recordarlo todo, como un tío apasionado por la historia y un amigo, abogado, radialista, filósofo que puede hacer una reseña biográfica detallada de algún personaje famoso sin mirar un papel. Fuera de estos Funes de la realidad, los demás mortales tenemos el consuelo de que al olvidar uno vuelve a leer las cosas como si fuera la primera vez, con la expectación de no saber lo que viene.

Pero volviendo al título de esta nota, la segunda lectura de la novela me llevó a plantearme que la pobreza de Raskólnikov no consistía en no poseer bienes materiales; tampoco radicaba en su patética justificación de que el crimen que cometió era de algún modo por el bien de la humanidad, o sería compensado por las grandes cosas que haría en el futuro, argumento bastante pueril usado por los sátrapas de todos los tiempos. Creo que la pobreza de Raskólnikov radicaba en la ausencia de amor, en una soledad vacía e insufrible. Hace tiempo vi una noticia de una japonesa que se ganaba la vida transmitiendo en vivo mientras comía, ya que mucho de sus compatriotas adultos viven solos y sintonizan su canal para sentirse acompañados a la hora de comer; ¡qué triste patetismo!

Alcanzar grandes logros profesionales, ganar mucho dinero, viajar o ser una celebridad pueden ser una fuente de satisfacción… pero solo el amor da sentido a la vida así como su ausencia puede enloquecer o deprimir al más exitoso de los hombres. La pobreza de Raskólnikov es aquella contra la que luchamos todos los mortales, la lucha existencial por encontrar el sentido a la vida (sentido trágico diría Unamuno), la lucha por el amor.

Santa Cruz de la Sierra, 19/05/17

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La trampa de la democracia

Javier Paz García

La ola populista en Latinoamérica, con su cuota de despilfarro, corrupción, abusos de poder y destrucción de las instituciones republicanas es un buen ejemplo de las limitaciones y los riesgos de la democracia. En todos estos países los gobernantes populistas accedieron al poder de forma lícita y democrática y en todos los casos debilitaron la democracia y cometieron abusos una vez en el poder.

El caso más dramático es Venezuela, donde gobierna una dictadura aunque siga teniendo apoyo de buen parte de su población. Y es que es un error considerar a una dictadura como el gobierno de la minoría, como también es un error considerar legítimo a un gobierno o a una ley, simplemente por tener el apoyo de la mayoría. El primer examen de un gobierno o de una ley para evaluar su legitimidad es que no atente contra la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Si no pasa este examen, ninguna mayoría puede darle legitimidad y la democracia se convierte en el abuso de los muchos contra los pocos.

Lamentablemente la gente reduce la democracia a la opinión de la mayoría, como si la mayoría no fuera susceptible de cometer atropellos contra ciertas minorías. Por eso la democracia debe ir acompañada de límites al poder de los gobernantes y separación de poderes, es decir de republicanismo. La democracia sin sólidas instituciones republicanas puede ser tan despótica como una dictadura; verbigracia Venezuela.

La forma más fácil de mantener el apoyo de las mayorías es crear programas de beneficencia estatal; vivienda, bonos, subsidios. Estos nunca solucionan la pobreza y más bien tienden a perpetuarla (si funcionaran no debería haber pobres en Venezuela, Brasil o Bolivia luego de una década de despilfarros) pero se financian usurpando la propiedad de los mismos ciudadanos, lo cual socaba las bases del desarrollo sostenible. Entonces tenemos una mayoría más o menos parásita o camino a ello mantenida con los recursos que el Estado roba a una minoría productiva. Esta es la trampa de la democracia. Ahí tenemos a Brasil con Lula, un corrupto contumaz, liderando las encuestas presidenciales. Esta trampa no podría pasar en un gobierno donde se respete la propiedad privada, es decir, donde sea prohibido robar. El hecho que al gobierno se le permita robarle a los ciudadanos, es decir, que pueda robar legalmente, es la causa de que existan dictaduras democráticas que pueden mantenerse por largo tiempo con amplio apoyo popular.

Santa Cruz de la Sierra, 14/05/17

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Las consecuencias del salario mínimo

Javier Paz García

Comencemos por lo conceptual. El salario mínimo ocasiona que una persona que está dispuesta a trabajar por un salario inferior a cierto nivel determinado por el gobierno y alguien que está dispuesto a contratarlo no puedan llegar a un acuerdo. Dos personas que están dispuestas a lograr un acuerdo de manera voluntaria y libre, que no ocasiona perjuicios a terceros son prohibidas por el Estado de llevar dicha transacción. Legislar el salario mínimo es un ataque directo a la libertad de asociación de las personas y por tanto es inmoral.

Con respecto a las consecuencias económicas, pierde el trabajador que reduce sus opciones de empleo, pierde el empleador, pierde el consumidor final, porque hay menos bienes y servicios disponibles, pierde el Estado porque recauda menos impuestos.

Los más afectados por esta legislación, son precisamente las personas a quienes los legisladores pretenden ayudar: los jóvenes con poca educación. Una persona con educación universitaria generalmente ganará un salario superior al mínimo que determine el gobierno. Incluso una persona sin educación, pero con muchos años de experiencia laboral gana un salario superior al mínimo. Pero un joven sin educación universitaria o peor aún, que no ha terminado el colegio, difícilmente puede conseguir un salario alto. Un joven de 17 años, generalmente es impuntual, distraído, descuidado, irresponsable e incluso temerario; hay que explicarle todo hasta 3 o 4 veces, y no posee ninguna competencia específica. Un joven así es demasiado improductivo para que una empresa lo contrate por Bs. 2.000 más beneficios sociales. Digamos que la empresa lo podría contratar por Bs. 500. Muchos jóvenes estarían conformes de trabajar por eso, ya que lo principal para ellos en esta etapa no es el sueldo, sino adquirir las competencias y conocimientos que les van a permitir ganar más en el futuro: competencias básicas y generales como la puntualidad, la seriedad de la palabra, el cuidado a los detalles, hasta cosas específicas como el Excel, o mejores prácticas de almacenamiento. El salario mínimo impide que una empresa contrate a estos jóvenes y por tanto que ellos se capaciten, aprendan, mejoren y sean más productivos. El Estado les roba de esta manera la oportunidad de un mejor futuro. Afortunadamente existe el sector informal, donde van a ganar nomás los Bs. 500 que vale su bajo nivel de productividad, pero sin los beneficios y la seguridad social, sin las capacitaciones formales y el roce con profesionales destacados que le puede brindar una empresa formal. Algunos trabajarán en peores condiciones, más horas y serán más vulnerable a abusos de su empleador informal. 

La legislación del salario mínimo es otro caso donde la conjunción de las buenas intenciones y la ignorancia de la ciencia económica produce consecuencias contrarias a las deseadas.

Santa Cruz de la Sierra, 30/04/17

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Robo legalizado

Javier Paz García

La potestad que se atribuye el Estado para determinar incrementos salariales en el sector privado es un atropello y un robo y convierte al gobierno en un usurpador. Alguien podrá objetar que calificar así al gobierno es una hipérbole, una exageración e incluso un exabrupto. Para justificarme recurro al diccionario: el robo es un “delito cometido contra la propiedad privada por el que toma con violencia lo que no le pertenece” y ladrón es quien “hurta o roba”. Dado que el Estado dispone de lo que no le pertenece y lo hace por la fuerza (el incremento salarial no es voluntario), entonces estamos ante un robo en todo el significado de la palabra.

El gobierno tiene el derecho y la obligación de determinar incrementos salariales para los trabajadores públicos y nada más. Los trabajadores, de manera independiente o en asociaciones y sindicatos tienen el derecho de negociar aumentos salariales con sus empleadores, como también tienen el derecho de renunciar a sus trabajos si no están de acuerdo con las condiciones laborales, entre ellas su salario. Pero el gobierno y los sindicatos no tienen derecho a decidir qué hacer con la plata de otros. Por supuesto que lo hacen y es legal, como han sido legales muchos atropellos y hasta genocidios, pero sigue siendo una violación de los derechos a la propiedad privada, a la libre y voluntaria asociación, a los contratos entre empleados y empleadores y atenta contra las empresas y los emprendedores.

Los dirigentes de los gremios empresariales no tienen una posición tan radical como la anteriormente expuesta y piden ser parte de la negociación para tratar que la violación no sea tan dolorosa. Desde un punto de vista práctico y de corto plazo tienen razón en actuar así, ya que no sacan nada con defender principios: mejor es negociar y paliar el batacazo. A largo plazo no estoy seguro que lo que hacen sea lo correcto ya que le dan legitimidad a una práctica ilegítima y usurpadora, que además es contraproducente contra la economía y contra los mismos trabajadores.

Cuando un grupo de ladrones planea robar una casa, lo hace cuando no están los dueños. Cuando la Central Obrera Boliviana y el gobierno se reúnen para decidir el incremento salarial actúan como ladrones planificando un robo; es perfectamente entendible que no quieran que estén los empresarios para decidir cuánta plata quitarles.

Santa Cruz de la Sierra, 23/04/17

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