Las drogas y la libertad

Javier Paz García

Si creemos en la libertad de cada ser humano como un derecho inalienable, entonces no deberíamos aceptar que el Estado nos regule qué podemos y qué no podemos meternos a la boca. Desgraciadamente, la mayoría de la gente, incluyendo juristas e intelectuales, no tienen claro qué son los derechos humanos y tampoco tienen, más allá de los discursos y la retórica (donde hasta los tiranos dicen defender la libertad), un compromiso firme y consecuente con el derecho de cada persona a elegir su destino. Esto trae como consecuencia que el consenso mundial juzgue legítimo y acertado que los Estados prohíban ciertas drogas y se lancen a una cruzada militar contra ellas. Esto es lamentable, no porque las drogas sean buenas, sino porque criminalizar su uso socaba los principios de una sociedad de personas libres.

Pero esta no es la única consecuencia negativa la de penalización de las drogas. Si las drogas fueran legales, no existirían los carteles, sindicatos cocaleros y grupos paramilitares que matan, extorsionan y crean un clima violento en todos los países de la cadena de producción y distribución. Si las drogas no fueran criminalizadas, las cárceles no estarían atiborradas de personas pacíficas cuyo “delito” ha sido transportar o comercializar un producto voluntariamente demandado por otras personas. Si las drogas no fueran ilegalizadas, se podría trabajar más eficazmente en la rehabilitación de los adictos y en la producción de drogas menos adictivas o menos dañinas para la salud.

El argumento de que la prohibición de las drogas se justifica porque son malas para la salud es espurio: según un estudio de la Organización Mundial de la Salud el año 2000 se estiman 194.058 muertes por consumo de drogas ilegales mientras que la misma OMS estimada 12,29 millones de muertes por isquemia y paro cardiaco ese mismo año. La OMS estima que 1,59 millones de personas murieron de diabetes el 2015. Es decir, muchísima más gente muere por el excesivo consumo de azúcar refinada y carnes rojas que por la cocaína o la marihuana, el opio y todos los estupefacientes juntos. De hecho más gente muere por el abuso de drogas legales, que por las drogas ilegales. Por supuesto que quien escribe no sugiere que se deba prohibir el azúcar o las carnes rojas, ni tampoco promueve el consumo de drogas. Las drogas son malas y la sociedad civil y la familia deben educar contra su uso. Los padres no debemos transferir al Estado nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros hijos y sí que debemos prohibirles pero sobre todo educarlos para no utilicen drogas. Pero no es rol del Estado decirle a los ciudadanos libres lo que pueden o no consumir.

Santa Cruz de la Sierra, 05/03/17

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Sobre la libre afiliación al sistema de salud

Javier Paz García

En Bolivia rige un sistema de salud pública donde las empresas y sus empleados están obligados a afiliarse a ciertas cajas de salud. En general todas las cajas dan una atención mala, obligando a los pacientes a hacer largas colas, esperas interminables, poca información y otras molestias propias de todo lo que está en manos del Estado. El gobierno, por una coyuntural mala relación con una de las cajas y a manera de amenaza, ha propuesto que la afiliación sea libre, pero el concepto de “libre” que utiliza es bastante restringido. El gobierno propuso que las personas puedan decidir a cual caja afiliarse dentro del sistema de cajas públicas. Es decir el gobierno pretende dar al ciudadano la opción de cambiar de una caja de salud pública que en general es mala, a otra que también es mala, aunque tal vez no tanto.

Una verdadera libertad de elegir consistiría en que el ciudadano pueda elegir si asegurarse o no, y si desea asegurarse, que pueda elegir entre los diferentes sistemas públicos y privados existentes. Si el Estado tratara a los ciudadanos como personas libres y adultas, entonces tendría que dar la potestad a cada uno de elegir lo que considera que más le conviene. Pero el Estado no trata a los ciudadanos como ciudadanos, sino como vasallos a quienes tiene que cuidar y quienes tienen que obedecer. Y aunque hay muchas personas que se sienten felices de ser tratadas como vasallos, tal actitud no deja de ser un abuso y una violación del derecho de cada persona a ejercer su libertad en algo tan personal y privativo como la salud de uno mismo.

¿Por qué hace esto el Estado? ¿Por qué infringe el derecho supuestamente inalienable de elegir y obliga a algunos (porque no todos pueden acceder a estas cajas) a afiliarse? Una posibilidad consiste en que quienes dirigen el Estado se consideran más inteligentes que el resto de la población, y por tanto mejor capacitados para decidir sobre la salud de Juan Pérez que el mismo Juan Pérez. Otra opción más maquiavélica, es que a quienes manejan el Estado les gusta el poder, y el poder se consigue solo a costa de reducir la libertad de los ciudadanos; así la forma de aumentar el poder del Estado consiste en abarcar cada vez más áreas de la acción humana y reducir la libertad de los ciudadanos para elegir. Ambas opciones, la primera con su tinte paternalista y bienintencionado como la segunda con sus intenciones egoístas y malsanos tratan a la persona como un vasallo o instrumento de quienes manejan el Estado.

Recuperar nuestro derecho a elegir es una de las tareas más urgentes como ciudadanos.

Santa Cruz de la Sierra, 19/02/17

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Derechos humanos vs. derechos humanos

Javier Paz García

La vida, la libertad y la propiedad privada son derechos naturales de las personas. Bajo el principio de que todos somos jurídicamente iguales, nadie tiene el derecho de quitar la vida, dañar la integridad, conculcar la libertad o usurpar la propiedad de otros.

En general, el enunciado anterior es aceptado, en teoría, por casi todo el mundo. En la realidad, ningún Estado lo respeta y una de las formas más creativas para infringir los derechos humanos es multiplicar los derechos humanos. Entonces tenemos el derecho al trabajo, los salarios mínimos y los aumentos salariales, cuya aplicación práctica se traduce en la inamovilidad laboral y transmutación de una relación laboral que por principio debería ser mutuamente voluntaria en una imposición obligatoria para una de las partes. Tenemos el derecho a la salud y a la educación, cuya instrumentalización se traduce en aumentos de impuestos para los contribuyentes, regulaciones excesivas al sector privado de salud y educación a cambio de unos servicios públicos altamente deficientes. Nuevamente el derecho a la salud se instrumentaliza como la potestad del Estado para decidir por nosotros si podemos consumir drogas, tabaco, bebidas azucaradas y otros alimentos. Tenemos la tergiversación del derecho a la vida, como una prohibición a los ciudadanos de poseer armas, dejándolos indefensos frente a los Estados totalitarios. O la “democratización de la prensa” que bajo el argumento de que de alguna manera los medios privados restringen el derecho a la libre expresión permite al Estado a controlarlos, cooptarlos y violar la libertad de expresión.

Con la proliferación de “derechos humanos” los Estados tienen una justificación inmejorable para asumir cada vez más roles dentro de la sociedad, desde moldear la dieta de los ciudadanos, hasta controlar las mallas curriculares para ideologizar a los estudiantes, todo bajo un aura de benevolencia. El comunismo fue un régimen brutal, vestido de benevolencia y la proliferación de falsos derechos humanos tiene mucho de eso.

Los Estados siempre han sido los mayores violadores de las libertades individuales; hoy lo siguen siendo, pero como ser abiertamente un dictador es cada vez menos aceptable, un instrumento muy conveniente para asumir cada vez más poderes y conculcar las libertades de los ciudadanos es convertir todo en un derecho humano, que por tanto tiene que ser garantizado por el Estado y que por tanto tiene que estar bajo la tutela del Estado. Hoy una de las mayores amenazas a los verdaderos derechos humanos son los derechos humanos.

Santa Cruz de la Sierra, 12/02/17

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