Javier
Paz García
El
Banco Mundial publica anualmente el reporte Doing Business donde clasifica a
los países según la facilidad para hacer negocios. Según la edición 2016, en
Nueva Zelandia se requiere un solo trámite para iniciar un negocio, demora
medio día y cuesta 0,3% del PIB per cápita. Por el contrario en Bolivia
comenzar un negocio toma en promedio 50 días, 15 trámites diferentes y cuesta
un 57,9% del PIB per cápita. Es decir, un boliviano promedio debe gastar 7
meses de sus ingresos para abrir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
y además ir por una serie de trámites, colas, esperas, en muchos casos
innecesarias y siempre improductivas.
Algo
que me llamó la atención sobre el reporte es que Bolivia es uno de solo 5
países en el mundo donde abrir un negocio (SRL) requiere el uso de servicios
legales y notariales. En casi la mitad del mundo para crear una SRL no se
necesita ni contratar abogados, ni usar notarios de fe pública porque los
procedimientos son simples, los testimonios de constitución son estandarizados
y validados por la misma agencia que registra las empresas. En la otra mitad
del mundo abrir una SRL requiere el uso de abogados o notarios, pero no ambos.
En Bolivia, donde los legisladores y burócratas ponen especial cuidado en hacer
las cosas tan complicadas como sea posible, se requiere contratar ambos
servicios, y además completar una serie de trámites que no tienen ningún
sentido. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el municipio de pedir una licencia ambiental
para una oficina o un negocio de bienes raíces? En fin, si analizáramos
detenidamente todos los trámites por los que tienen que pasar los
emprendedores, veríamos que fácilmente podríamos recortarlos por la mitad, en
número, en tiempo y en costo monetario, y si quisiéramos hacer un esfuerzo,
podríamos reducir a un par de trámites y unos cuentos días para abrir un
negocio. Por supuesto, por cada trámite adicional existe un grupo de
funcionarios públicos que ganan un sueldo y un ejército de tramitadores que
ofrecen al emprendedor evitarse el dolor de cabeza de las colas, documentación
incompleta, mala información y tiempo a cambio de encarecer el trámite. Y como
las campañas políticas requieren un ejército de militantes a quienes hay que
recompensar, la función pública se convierte en un botín, un monumento a la
ineficiencia y una multiplicación de trámites innecesarios y costosos para el
ciudadano pero beneficiosos y rentables para los partidos políticos.
Santa Cruz de la Sierra, 24/07/16
http://javierpaz01.blogspot.com/
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