domingo, 31 de mayo de 2015

Sobre el derecho a decir estupideces

Javier Paz García
La idea de un Estado de Derecho pretende desterrar el abuso de los más fuertes y establecer normas de convivencia pacífica entre los habitantes. Sin embargo el Estado es también un instrumento de abusos contra los ciudadanos, por ello, las repúblicas democráticas ponen límites al poder del Estado y garantizan ciertos derechos ciudadanos. Uno de los derechos fundamentales para evitar que los gobernantes se conviertan en déspotas y las repúblicas en tiranías es el de la libertad de expresión. Hay dos cosas que los gobernantes necesitan controlar para establecer una tiranía: las ideas y las armas. Por ello, es fundamental para preservar una república democrática que los ciudadanos tengan derecho a expresarse libremente y a poseer armas.
Dejando el tema de las armas a un lado, el derecho de las personas a expresarse libremente, sin temor a represalias del Estado es fundamental para una república. Sin ese derecho se pone en riesgo el pluralismo político, el debate de ideas y la democracia misma. Dar al Estado la tuición sobre los límites de la libertad de expresión es más peligroso que permitir la difusión de ideas universalmente condenables, como la xenofobia o el racismo. Como prueba de ello, en Bolivia hemos llegado a la estupidez de que no hay ciudades feas; todas las ciudades de Bolivia son bonitas y no solo eso, sino que por corolario, todas son igualmente bonitas, porque si una es más bonita que otra, eso es discriminatorio y puede ser materia de un juicio penal. En Bolivia los ciudadanos hemos cedido al Estado nuestro derecho a la libertad de expresión y gracias a ello, el gobierno puede fácilmente enjuiciar y encarcelar a cualquier persona so pretexto de luchar contra el racismo y la discriminación.
Hace poco salió a la luz una publicación despectiva contra las madres del oriente boliviano. No me quepa duda que quien escribió eso es un reverendo imbécil, pero no considero que lo que hizo sea un crimen ni que merezca ir a la cárcel por ello. Ser imbécil no es un delito y decir estupideces es un derecho que los republicanos debemos defender. Eso no libra a los imbéciles del repudio público que puedan tener por parte de la sociedad civil, pero poner en riesgo el derecho a la libre expresión, supeditándolo al capricho de los gobernantes de turno es más peligroso y más dañino que permitir a los xenófobo, racistas o machistas expresar sus opiniones. Después de todo, parte de vivir en una sociedad abierta es aprender a tolerar y convivir con personas y con ideas que nos desagradan.
Santa Cruz de la Sierra, 17/05/15

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domingo, 17 de mayo de 2015

Maduro va por buen camino

Javier Paz García
Yo tengo la siguiente hipótesis: si Hugo Chávez, al llegar a la presidencia de Venezuela no hubiera hecho absolutamente nada, es decir, si no hubiera pasado ninguna nueva ley o decreto, hubiera dejado que las cosas sigan como estaban y simplemente se hubiera dedicado a robar, Venezuela estaría hoy en mejor situación. Mi hipótesis, como muchas en las ciencias sociales, es de imposible demostración ya que no podemos hacer experimentos controlados, pero existen indicios que apuntan a darme la razón. Cuando Chávez llegó al poder, el precio del petróleo estaba en aproximadamente 20 dólares por barril y sin embargo no faltaba leche o papel higiénico en los hogares venezolanos, no había desabastecimiento y no había la crispación política actual. Hoy el precio ronda los 50 dólares, es decir un 150% mejor que cuando Chávez asumió la presidencia por lo que no tiene sentido atribuir la crisis venezolana a la caída del precio del petróleo. Ni siquiera considero que la crisis haya sido causada por el robo de las arcas del Estado por parte del chavismo. La crisis venezolana es producto de malas políticas bautizadas bajo el eslogan de “socialismo del siglo XXI”; es producto del paulatino cercenamiento de la potestad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida y su propiedad, para decidir por ellos mismos qué necesitan comprar o vender y a cuánto, disponiendo libremente de su propiedad, sea esto papas, tomates, casas, vehículos o leche. Estas prerrogativas que naturalmente le pertenecen al individuo, fueron paulatinamente usurpadas por el gobierno. Y para asegurarse que los ciudadanos no puedan ejercer el derecho de disponer de su propiedad como les plazca, el gobierno se llenó de mecanismos de control: de precios, de tipos de cambio, de importación, de producción, etc. Y como frecuentemente sucede en los regímenes socialistas, se crearon controles para controlar a los que controlan y se estructuró un Estado burocrático, policiaco, enemigo de la libertad y la producción. Maduro ha decretado que desde ahora los funcionarios públicos venezolanos trabajen solo 5 horas y media por día. Esto es una buena medida que va en la dirección correcta, aunque sería aun mejor para Venezuela y los venezolanos que Maduro decretase que los funcionarios públicos, incluidos él y la Asamblea, no trabajasen nada, se vayan a sus casas, devuelvan las libertades usurpadas y dejen a la gente en paz.
Santa Cruz de la Sierra, 01/05/15

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sábado, 2 de mayo de 2015

¿Y si el Estado es el gánster?

Javier Paz García
Muchas teorías políticas asumen que el Estado es un ente benevolente, altruista y casi omnisciente, cuya función es velar por el bienestar del ciudadano. Una notable excepción es la línea teórica de la opción pública (public choice) desarrollada sobre los trabajos pioneros de Gordon Tullock y el premio Nobel de economía James Buchanan.
Los seres humanos a lo largo de la historia hemos desarrollado instituciones para facilitar y mejorar la vida en sociedad; una de esas instituciones es el Estado y la mayoría de las personas creemos que el Estado es necesario (los anarquistas no comparten esta opinión). También la mayoría de las personas consideran que entre los principales roles del Estado está el velar por la justicia y evitar los abusos que unos puedan cometer contra otros. ¿Pero qué pasa cuando el Estado no solo no cumple el rol de velar por la justicia, sino que se transforma en una institución promotora de injusticias y abusos? ¿Qué pasa cuando el Estado es capturado por un grupo gansteril dispuesto a todo por conservar y acrecentar su poder?
Las revelaciones de que las armas supuestamente halladas por el Estado boliviano contra los supuestos terroristas eran en realidad armas que estaban bajo custodia del Ejército y que fueron confiscadas de varios procesos policiales pasados, refuerza la hipótesis de que en Bolivia vivimos bajo un Estado gansteril, donde no solo son maleantes los funcionarios masistas, sino también las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial. Esas armas no pudieron haber salido de la 8va División del Ejército sin el conocimiento de varias personas, por lo que la responsabilidad no es de uno o dos militares negligentes o esquizofrénicos, sino de la institución.
En Bolivia el gobierno hace cosas que solo pueden venir de gente sin escrúpulos ni ética: la farsa del caso terrorismo, la matanza de Porvenir, la quema de la prefectura de Cochabamba, la ilegalidad del proceso constituyente, los muertos de la Calancha, la aplicación selectiva de la Constitución Política del Estado (la nueva y la vieja), la persecución política y judicial, la sumisión del órgano judicial al ejecutivo, la mañosa aprobación de la reelección del presidente (y su poca vergüenza postularse luego de decir públicamente años atrás que no lo haría), los proverbiales negocios del vicepresidente y su familia y muchas cosas más hacen pertinente que nos preguntemos ¿qué hacer ante un Estado gansteril?
Santa Cruz de la Sierra, 26/04/15
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