Sobre la democratización de los medios de comunicación

Javier Paz García

Los gobiernos que cierran o censuran medios de prensa comenten atropellos contra la libertad de prensa y los derechos de propiedad. Lo paradójico es que frecuentemente justifican sus fechorías con el argumento de querer ampliar o democratizar la libertad de expresión. El éxito de tal argumento no se sustenta en su solidez, sino en la ignorancia e ingenuidad de las masas.

Para desgranar el sofisma de “democratizar los medios” primero debemos entender la diferencia entre derechos negativos y positivos. Los derechos negativos prohíben a alguien interferir en ciertas acciones de terceros. El derecho a la libre expresión es negativo porque prohíbe al Estado penalizar las opiniones. Es un límite impuesto al Estado para evitar que abuse de su poder y lo único que tiene que hacer para cumplir con este derecho es no hacer nada: no tiene que darle ni quitarle nada a nadie. Respetar los derechos negativos como la libertad de expresión no le cuesta un centavo al Estado.  Los derechos positivos en cambio crean una obligación de unos sobre otros. Por ejemplo hacer de la salud un derecho obliga al Estado a proveerla gratuitamente. Para cumplir con este derecho tiene que quitar a unos para dar a otros.

El sofisma consiste en hablar de libertad de expresión como si fuera un derecho positivo; como si fuera obligación del Estado garantizar que cada ciudadano tenga acceso a los medios de prensa, de la misma manera que tiene acceso a hospitales y escuelas públicas. Pero hay una trampa adicional, y es que por ejemplo, cuando el Estado proclama la salud y la educación como derechos, el mismo Estado asume el costo de proveerlas gratuitamente; sin embargo cuando los gobernantes hablan de democratizar la libertad de expresión, no asumen el costo de garantizar tal acceso a todos, sino que lo imponen a los medios de comunicación privados,  obligándolos a ciertas restricciones o acciones, como ser emitir discursos presidenciales. Esta segunda tergiversación de la libertad de expresión es también un atropello sobre los derechos de propiedad.

Quien abre un canal de televisión o un periódico, no quita el derecho a otro de abrir su propio medio, ni impide a nadie expresar su opinión. Sin embargo a menudo los gobernantes se refieren a los medios como monopolios, como si su existencia hiciera imposible la aparición de otros medios y significara un cercenamiento de la libertad de expresión de quienes no son propietarios de medios. Así justifican el control estatal sobre los mismos. Cuando esta artimaña de hablar de libertad de expresión como si fuera un derecho positivo y de hacer responsables a los medios privados (y no al Estado) de garantizar ese falso derecho positivo es creída por la mayoría de la población, es que los gobernantes pueden satanizar, censurar y cerrar medios de prensa, con el beneplácito de la ciudadanía. Bien lo ha dicho Mario Vargas Llosa: “Cada vez que los gobernantes han hablado de democratizar los medios, la libertad de expresión ha entrado en receso y ha desaparecido”.

El Alto, 16/08/12

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