Los intereses de los medios

Javier Paz García

Decir que los dueños de medios de comunicación tienen intereses particulares no tiene (o no debería tener) nada de controversial. ¡Por supuesto que los tienen, como intereses particulares tenemos todos! Prohibir la posesión de medios de comunicación a quienes el Estado juzgue como personas con intereses particulares es totalmente arbitrario y violatorio de la libertad de expresión. Sin embargo los actuales gobernantes en Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela ponen este pretexto como justificativo para regular, censurar y cerrar medios de prensa. El razonamiento va más o menos así: 1) Los dueños de medios tienen intereses particulares. 2) Los medios privados tergiversan la información para favorecer los intereses particulares de sus dueños. 3) El Estado debe intervenirlos para garantizar la imparcialidad de la información, la “verdadera libertad de prensa” o algo así. La premisa 1 es cierta, pero incluso si asumimos que la premisa 2 también es cierta, no es suficiente para concluir que el Estado debe intervenir y cerrar medios. ¿Por qué? a) Porque la competencia disciplina a los medios, porque la pluralidad de medios hace que lo que unos quieran ocultar sea revelado por otros y que las falsedades que sean publicadas por algunos, sean corregidas por otros. b) Porque el lector o televidente no es idiota (al menos no todos). El ciudadano decide cuáles medios de comunicación mirar y cuáles descartar, qué noticias creer y qué noticias dudar. La decisión final sobre lo que cada uno mira y cree recae en uno mismo. Dentro de este abanico de medios, también están los medios del Estado, que a pesar de su parcialización, dan un punto de vista adicional a quienes quieran creerles.

Los gobernantes, al plantear la necesidad de que el Estado controle los medios, subestiman el rol de la competencia como instrumento de disciplina y mejora de calidad, subestiman la importancia de la pluralidad de medios como instrumento para permitir al televidente o lector formarse un mejor criterio sobre la veracidad de una noticia y finalmente subestiman la inteligencia del ciudadano y su capacidad de discernir lo cierto de lo falso. En realidad es una característica general de los defensores del colectivismo pensar que la competencia no funciona y que las personas son estúpidas y por lo tanto necesitan líderes que decidan todo por ellos.

Además al razonamiento del gobierno le falta también una premisa fundamental: los gobernantes igualmente tienen intereses particulares: como ser reelegidos, mantener su popularidad, ocultar sus picardías, etc. Y la historia nos muestra que, en comparación con los dueños de medios, los gobernantes están dispuestos a cometer acciones más repudiables para defender sus intereses particulares… una de esas acciones es precisamente cerrar y censurar a la prensa independiente. Nada mejor para tener en jaque los turbios intereses particulares de los gobernantes que la existencia de muchos medios de prensa independientes actuando sin riesgo a ser cerrados o acallados por el Estado.

Santa Cruz de la Sierra, 23/08/12

http://javierpaz01.blogspot.com/

Sobre la democratización de los medios de comunicación

Javier Paz García

Los gobiernos que cierran o censuran medios de prensa comenten atropellos contra la libertad de prensa y los derechos de propiedad. Lo paradójico es que frecuentemente justifican sus fechorías con el argumento de querer ampliar o democratizar la libertad de expresión. El éxito de tal argumento no se sustenta en su solidez, sino en la ignorancia e ingenuidad de las masas.

Para desgranar el sofisma de “democratizar los medios” primero debemos entender la diferencia entre derechos negativos y positivos. Los derechos negativos prohíben a alguien interferir en ciertas acciones de terceros. El derecho a la libre expresión es negativo porque prohíbe al Estado penalizar las opiniones. Es un límite impuesto al Estado para evitar que abuse de su poder y lo único que tiene que hacer para cumplir con este derecho es no hacer nada: no tiene que darle ni quitarle nada a nadie. Respetar los derechos negativos como la libertad de expresión no le cuesta un centavo al Estado.  Los derechos positivos en cambio crean una obligación de unos sobre otros. Por ejemplo hacer de la salud un derecho obliga al Estado a proveerla gratuitamente. Para cumplir con este derecho tiene que quitar a unos para dar a otros.

El sofisma consiste en hablar de libertad de expresión como si fuera un derecho positivo; como si fuera obligación del Estado garantizar que cada ciudadano tenga acceso a los medios de prensa, de la misma manera que tiene acceso a hospitales y escuelas públicas. Pero hay una trampa adicional, y es que por ejemplo, cuando el Estado proclama la salud y la educación como derechos, el mismo Estado asume el costo de proveerlas gratuitamente; sin embargo cuando los gobernantes hablan de democratizar la libertad de expresión, no asumen el costo de garantizar tal acceso a todos, sino que lo imponen a los medios de comunicación privados,  obligándolos a ciertas restricciones o acciones, como ser emitir discursos presidenciales. Esta segunda tergiversación de la libertad de expresión es también un atropello sobre los derechos de propiedad.

Quien abre un canal de televisión o un periódico, no quita el derecho a otro de abrir su propio medio, ni impide a nadie expresar su opinión. Sin embargo a menudo los gobernantes se refieren a los medios como monopolios, como si su existencia hiciera imposible la aparición de otros medios y significara un cercenamiento de la libertad de expresión de quienes no son propietarios de medios. Así justifican el control estatal sobre los mismos. Cuando esta artimaña de hablar de libertad de expresión como si fuera un derecho positivo y de hacer responsables a los medios privados (y no al Estado) de garantizar ese falso derecho positivo es creída por la mayoría de la población, es que los gobernantes pueden satanizar, censurar y cerrar medios de prensa, con el beneplácito de la ciudadanía. Bien lo ha dicho Mario Vargas Llosa: “Cada vez que los gobernantes han hablado de democratizar los medios, la libertad de expresión ha entrado en receso y ha desaparecido”.

El Alto, 16/08/12

http://javierpaz01.blogspot.com/

Cadena presidencial: otro abuso del gobierno

Javier Paz García

El 6 de agosto de 2012 marca otro hito en la construcción de un Estado totalitario y hacia las restricciones de las libertades y los derechos civiles y políticos en Bolivia: el gobierno obligó a todos los canales de televisión y radios a transmitir el mensaje presidencial. Que yo recuerde, ningún gobierno democrático había implementado tal medida. Sé que en las dictaduras se cerraban medios, no sé si se los obligaba a transmitir los mensajes del gobierno.

Es típico de los dictadores y en general de aquellos con tendencias totalitarias asumirse superiores a los demás; superiores intelectual y moralmente para decidir en nombre de todos qué es importante, qué es correcto, qué es adecuado, qué es bueno y qué no lo es. Esa superioridad de la que se creen poseedores los capacita para acumular poder a costa de reducir la libertad del resto de las personas; todo, por supuesto, en nombre de velar por el bienestar de las personas. Una muestra de ello sucedió este 6 de agosto, fecha en que Bolivia cumple un año más de independencia. El argumento del gobierno es que debido a la importancia del mensaje, debía ser escuchado por todos. ¿Pero por qué no dejar que cada uno decida lo que considera importante? Existe por lo menos un canal y una radio del Estado que emiten su señal en todo el territorio nacional, entonces cualquier persona que considerase importante el mensaje presidencial podría haber sintonizado tales medios. ¿Por qué entonces obligar a todos los medios a transmitir lo mismo? Tal vez si estuviéramos al borde de una guerra o alguna catástrofe de esas proporciones se justificaría una medida así, ¿pero escuchar al presidente explicar cuan maravillosa es su gestión amerita una cadena nacional? Por supuesto que la respuesta es afirmativa para los actuales inquilinos del poder, pero no deja de ser paradójico que hablen de democratizar los medios y sin embargo obliguen a todos los medios a transmitir lo mismo; que hablen de empoderar y dignificar al ciudadano, y sin embargo le quiten hasta la potestad de decidir qué quiere mirar por televisión o escuchar por radio.

Hemos tenido nuestra primera cadena presidencial al estilo de la Venezuela de Chávez. Tal vez para muchos esto no signifique mucho, para mí es nuevo un paso hacia la concentración del poder total, “político, económico y cultural”, como alguna vez lo declaró el vicepresidente. Es un paso más hacia el cercenamiento de las libertades civiles y políticas por las que lucharon los héroes de la independencia, libertades que son el fin máximo de cualquier república. Y así van avanzando, con cosas que parecen poco, con medidas, que tal vez por ser pequeñas o paulatinas no causan mucho revuelo… o tal vez la maquinaria de miedo y amedrentamiento del gobierno ha logrado acallar a las mayorías. El hecho es que poco a poco pero inexorablemente la libertad en Bolivia se va reduciendo.

Santa Cruz de la Sierra, 10/08/12

http://javierpaz01.blogspot.com/

Moribunda libertad de expresión

Javier Paz García

Hace unos días, Milena Fernández, conductora de un programa de televisión dijo que “Oruro es una ciudad fétida”. Por ello fue acusada de discriminación y se emitió una orden de aprehensión en su contra. Esto sienta un precedente gravísimo para la libertad de expresión y para la democracia en Bolivia. Si se puede meter presa a una persona por hacer un comentario despectivo de una ciudad, entonces el Estado puede meter preso a cualquiera por cualquier motivo. El caso de Milena Fernández ilustra mejor que nada los peligros y los abusos que se pueden cometer bajo el amparo de la ley contra el racismo y la discriminación.

Algunas personas han hecho notar que la Sra. Fernández tenía la intención de hacer una crítica constructiva, que pidió disculpas y que por lo tanto el municipio orureño debería desistir del juicio. Quienes argumentan esta posición fallan olímpicamente en entender el fondo y la trascendencia de la cuestión: y es que la Sra. Fernández (o cualquier persona) debería poder opinar bien o mal de una ciudad o de cualquier tema sin miedo a ser perseguida judicialmente. En una sociedad que se digna de defender la libertad y los derechos humanos, nada puede ser más sagrado que la libertad de expresión. Lo que está en peligro no es solo la libertad física de la Sra. Fernández, sino la libertad de todos los que habitamos esta tierra de expresarnos libremente y sin miedo a ser perseguidos por el Estado.

En el caso de la Sra. Fernández, los orureños tienen todo el derecho a manifestar su disgusto, a declararla persona no grata, pedirle explicaciones, ¡pero someterla a un juicio! es un abuso mayúsculo y marca un nuevo precedente en el cercenamiento de las libertades por parte de un gobierno cada día más autoritario y abusivo.

Aunque este asunto se solucione de manera razonable, aunque para el momento que esta nota salga en la prensa la demanda se haya retirado y la Sra. Fernández ya no sea sometida a la tortura psicológica que está sufriendo (y espero que así sea), el mensaje ya ha sido lanzado y es claro: hoy en Bolivia cualquier persona puede ir a la cárcel por cualquier opinión que no sea del gusto de quienes están en el poder; hoy el periodismo debe ejercer la autocensura. Hoy en Bolivia la libertad de expresión está moribunda.

Santa Cruz de la Sierra, 02/08/12

http://javierpaz01.blogspot.com/