Javier Paz
García
Como
dije antes, el populismo, la demagogia y la estupidez no son exclusivos de
ninguna tendencia política. Hace poco el municipio cruceño prohibió a bares y
restaurantes que pongan el letreros advirtiendo que se reservan el derecho de
admisión.
En
primer lugar, desde un punto de vista principista, la medida es una violación
de la propiedad privada. Los bares y restaurantes son propiedad privada y los
dueños deberían tener la potestad de decidir quiénes pueden entrar o no a su
propiedad, de la misma manera que cada persona decide a quién invita a su
propia casa.
En
segundo lugar la medida es innecesaria. No se cuan generalizado es que los
boliches discriminen a su clientela en base a raza o color de piel, pero
sospecho que no es algo frecuente. El dueño de un negocio está para hacer
dinero y su mayor discriminante es quién puede pagar su producto y quién no. No
es una buena estrategia comercial discriminar sobre otra cosa que no sea la
capacidad económica del potencial cliente, y supongo que la mayoría de los
comerciantes evitan acciones que van en detrimento propio. Pero incluso si
existieran restaurantes que discriminan a su clientela en base a, digamos la
raza, existe una oferta tan amplia de restaurantes y boliches en la ciudad, que
sería irrelevante. Hay tanto para elegir, que no veo por qué una persona vaya
elegir un lugar donde no es bienvenido y darle su dinero a personas que lo
discriminan.
En
tercer lugar la medida es contraproducente, porque evita que el restaurante
niegue el servicio a borrachos, drogadictos o pendencieros. Y si alguien entra
desnudo, ¿el restaurante no se puede reservar el derecho de admisión? ¡Qué
estupidez!
En
cuarto lugar la medida evidencia mediocridad en el conocimiento del derecho. Se
obliga a los locales a poner el letrero “Todos son iguales ante la ley”. Y
estamos de acuerdo que todos deberían ser iguales ante la ley, ¡pero los
restaurantes no son la ley! ¡O es que los meseros se van a convertir en jueces!
Extrapolar el principio de la imparcialidad de la justicia (todos son iguales
ante la ley) y pretender aplicar ese principio a la venta de pollos y
hamburguesas solo demuestra lo mediocre de sus impulsores. Un estudiante de
derecho sabe (y conste que yo no estudie derecho) que la ley debe tratar a
todos por igual, pero que los individuos en sus actividades privadas tienen el
derecho a no tratar a todos por igual.
Por
último, deseo hacer notar lo siguiente: a menudo una norma que restringe las libertades
individuales es justificada en base a un objetivo encomiable. En este caso se
impone una restricción a la libertad de los dueños de restaurantes con el
pretexto de luchar contra la discriminación. De esa manera, quien proteste es
tildado de discriminador y racista. Y por supuesto, pocos se atreven a ser
malinterpretados y ser víctimas del escarnio público promovido por las
autoridades. Es exactamente el mismo mecanismo que usó el gobierno central
(salvando las diferencias de grado) cuando aprobó una ley que restringe la
libertad de prensa y expresión y la llamó “ley contra el racismo”. Rechazar este
tipo de medidas es indispensable para legar una sociedad libre y abierta a las
futuras generaciones.
Santa Cruz de la
Sierra, 02/11/11
http://javierpaz01.blogspot.com/
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