Sobre la libre afiliación a la salud

Javier Paz García

La noción de que el Estado debe obligar al individuo a hacer cosas tales como afiliarse a un seguro de salud proviene de la creencia generalizada que el Estado debe comportarse como un padre cuidando a sus hijos, de que los ciudadanos somos un rebaño de ovejas (o  de borregos) incapaces de tomar decisiones responsables por nuestra cuenta y que estaríamos perdidos sin el papá Estado. Revertir esta creencia es una tarea titánica, por lo tanto, lograr una verdadera libertad de afiliación a la salud, donde las personas y las empresas puedan decidir a qué seguro afiliarse e incluso decidir no afiliarse a ningún seguro o caja de salud si así lo desean, es casi imposible en el corto plazo.

Sin embargo es posible avanzar hacia una libertad parcial de afiliación a seguros y cajas de salud. Hoy el Estado obliga a los empleadores a estar afiliados a cajas de salud que son manejadas por el mismo Estado. En general el servicio que prestan es malo pero el Estado les otorga un monopolio que, al protegerlos de la competencia, no les da ningún incentivo para mejorar su calidad.

Alguien dirá que es el empleador el que paga y no el empleado, lo cual es incorrecto, porque a la hora de contratar personal y definir sueldos el empleador calcula los costos totales; en efecto, es el empleado quien paga su afiliación y de no existir esa obligación podría conseguir salarios más altos de su empleador. Dada la deficiente calidad del servicio prestado en las cajas de salud, muchas personas optan por tener un seguro privado de salud, a pesar de que siguen aportando obligatoriamente a una caja de salud. Es decir que existen personas que a pesar de tener seguros privados de salud, son obligadas a afiliarse al sistema de salud estatal, pagando obligatoriamente por un servicio que no usan. No encuentro mejor manera de definir esta situación como una forma de robo legalizado por el Estado.

Permitir una libre afiliación donde quienes tengan seguros privados no sean obligados a aportar a seguros públicos permitiría que los empleados tengan más opciones a la hora de asegurarse y obligaría a las cajas estatales a competir y a mejorar sus servicios, reduciría el número de afiliados en las cajas estatales lo cual también repercutiría en un mejor servicio para quienes sigan afiliados, eliminaría el doble aporte de quienes actualmente tienen un seguro de salud privado y son obligados a aportar a una caja que nunca usan. Esta es una reforma que no le cuesta nada al Estado y que solo beneficia al ciudadano o que en el peor de los casos, no le perjudica. La única razón para no adoptarla es la protección monopólica que dejarían de tener los gremios estatales de salud, protección monopólica creada por el mismo Estado en detrimento de los ciudadanos y en beneficio de gremios ineficientes y corruptos. Por supuesto, los políticos no tienen incentivo para combatir esos gremios, porque hacer tal cosa tiene como consecuencia recibir mala propaganda, ser llamado enemigo del pueblo, ser víctima de chantajes y huelgas, y también perder un botín político. Ante tal situación tenemos cajas ineficientes para rato, financiadas por un Estado que expolia al ciudadano del fruto de su trabajo.

Santa Cruz de la Sierra, 10/11/11

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Me reservo el derecho de admisión

Javier Paz García

Como dije antes, el populismo, la demagogia y la estupidez no son exclusivos de ninguna tendencia política. Hace poco el municipio cruceño prohibió a bares y restaurantes que pongan el letreros advirtiendo que se reservan el derecho de admisión.

En primer lugar, desde un punto de vista principista, la medida es una violación de la propiedad privada. Los bares y restaurantes son propiedad privada y los dueños deberían tener la potestad de decidir quiénes pueden entrar o no a su propiedad, de la misma manera que cada persona decide a quién invita a su propia casa.

En segundo lugar la medida es innecesaria. No se cuan generalizado es que los boliches discriminen a su clientela en base a raza o color de piel, pero sospecho que no es algo frecuente. El dueño de un negocio está para hacer dinero y su mayor discriminante es quién puede pagar su producto y quién no. No es una buena estrategia comercial discriminar sobre otra cosa que no sea la capacidad económica del potencial cliente, y supongo que la mayoría de los comerciantes evitan acciones que van en detrimento propio. Pero incluso si existieran restaurantes que discriminan a su clientela en base a, digamos la raza, existe una oferta tan amplia de restaurantes y boliches en la ciudad, que sería irrelevante. Hay tanto para elegir, que no veo por qué una persona vaya elegir un lugar donde no es bienvenido y darle su dinero a personas que lo discriminan.

En tercer lugar la medida es contraproducente, porque evita que el restaurante niegue el servicio a borrachos, drogadictos o pendencieros. Y si alguien entra desnudo, ¿el restaurante no se puede reservar el derecho de admisión? ¡Qué estupidez!

En cuarto lugar la medida evidencia mediocridad en el conocimiento del derecho. Se obliga a los locales a poner el letrero “Todos son iguales ante la ley”. Y estamos de acuerdo que todos deberían ser iguales ante la ley, ¡pero los restaurantes no son la ley! ¡O es que los meseros se van a convertir en jueces! Extrapolar el principio de la imparcialidad de la justicia (todos son iguales ante la ley) y pretender aplicar ese principio a la venta de pollos y hamburguesas solo demuestra lo mediocre de sus impulsores. Un estudiante de derecho sabe (y conste que yo no estudie derecho) que la ley debe tratar a todos por igual, pero que los individuos en sus actividades privadas tienen el derecho a no tratar a todos por igual.

Por último, deseo hacer notar lo siguiente: a menudo una norma que restringe las libertades individuales es justificada en base a un objetivo encomiable. En este caso se impone una restricción a la libertad de los dueños de restaurantes con el pretexto de luchar contra la discriminación. De esa manera, quien proteste es tildado de discriminador y racista. Y por supuesto, pocos se atreven a ser malinterpretados y ser víctimas del escarnio público promovido por las autoridades. Es exactamente el mismo mecanismo que usó el gobierno central (salvando las diferencias de grado) cuando aprobó una ley que restringe la libertad de prensa y expresión y la llamó “ley contra el racismo”. Rechazar este tipo de medidas es indispensable para legar una sociedad libre y abierta a las futuras generaciones.

Santa Cruz de la Sierra, 02/11/11

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