Javier Paz García
Muchos se preguntan por qué la comunidad internacional no interviene de alguna forma para evitar que gobiernos autoritarios como los de Venezuela y Bolivia sigan violentando los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Pero para responder esto antes debemos preguntarnos ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Y la respuesta es que muy poco. Por un lado existe el principio de soberanía y de no intervención entre Estados que propugna que cada Estado debe resolver internamente sus problemas internos. Por ello existen Estados que sistemáticamente violan derechos considerandos universales; verbigracia China, Venezuela, Arabia Saudita, Irán donde la comunidad internacional ocasionalmente expresa una protesta pública que no significa mucho. Es necesario que suceda algo catastrófico como un genocidio para que la comunidad internacional esté dispuesta a intervenir un país, como es el caso de Libia.
Además, se debe considerar que en las relaciones internacionales priman los intereses por sobre los principios. El gobierno de Venezuela que antagoniza con Estados Unidos le vende la mayor parte de su producción petrolera. Estados Unidos que está dispuesto a intervenir en Libia o en Irak para deponer a dictadores, al mismo tiempo apoya férreamente a otros dictadores en Arabia Saudita o se niega a intervenir en otros casos como los de Robert Mugabe en Zimbabue. La diferencia entre las dictaduras de Irak y Arabia Saudita es que una era antagonista y la otra es aliada. La diferencia entre Libia y Zimbabue es que uno tiene petróleo y armas y el otro no. Aclaro que esto no es una crítica contra los Estados Unidos, sino una explicación realista de la política internacional. Todos los países sin excepción actúan con doble moral en sus relaciones internacionales, esto es hasta cierto punto necesario e inevitable. No es justo acusar únicamente a un país en particular de actuar así.
Los organismos internacionales como la ONU o la OEA están compuestos por los diferentes Estados asociados y sus funcionarios no representan ni defienden a la sociedad civil sino a sus respectivos Estados; basta con citar los oprobiosos casos del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que incluso intenta socavar la independencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por resultarle incómoda y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot, quien aparte de disfrutar unas lindas vacaciones pagadas con el dinero de románticos europeos, es un apañador de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno.
Y como él, los representantes diplomáticos en el país, que obligatoriamente leen los periódicos, saben las barbaridades que comete este gobierno, pero razonan que no es responsabilidad de sus gobiernos resolver nuestros problemas ¡y tienen razón! Nosotros elegimos el actual gobierno, es responsabilidad nuestra cambiarlo, de nadie más.
Santa Cruz de la Sierra, 21/07/11
jueves, 21 de julio de 2011
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