Javier Paz García
Es absolutamente justificable que exista una Policía Nacional. Sin embargo es por demás de cuestionable que casi la totalidad de sus miembros sean del occidente del país. Por ejemplo, es una rareza encontrar un policía cruceño en Santa Cruz o un policía beniano en el Beni y lo mismo debe suceder en el resto del país con la obvia excepción de La Paz. Es como si viviéramos en un régimen de colonización y dominio.
Los miembros de la policía deberían ser oriundos de la tierra donde ejercen sus funciones. Este no es un tema de racismo en lo absoluto: es tan absurdo pretender que todos los policías en Bolivia sean collas, como que todos sean cambas. Lo lógico y lo óptimo sería que la policía refleje la diversidad de la sociedad civil y que cada región pueda formar sus cuadros policiales con personas pertenecientes a la comunidad donde van a prestar sus servicios.
Por otro lado es inconcebible que las multas de tránsito que se generan en cualquier parte del país, terminen en La Paz. Así como la alcaldía de cada ciudad es responsable del mantenimiento de las calles y semáforos, así también debería ser responsable del control del tránsito. En la actualidad el municipio es responsable de generar el gasto (colocar el semáforo) y la Policía Nacional de percibir el ingreso (cobrar las multas que dicho semáforo genera); esto es un absurdo y como resultado vivimos con los semáforos en mal estado.
No hay duda de que la policía es una institución centralista, como lo demuestran las situaciones anteriormente expuestas. Tristemente hablar de descentralizar la Policía Nacional o crear academias descentralizadas en diversos municipios del país, genera reacciones propias del centralismo más retrógrado: ¡que se quiere dividir Bolivia!, ¡que la Policía es una sola!, consignas que apelan más a los sentimientos nacionalistas y centralistas que a la lógica y la razón.
Por ello, veo improbable que en el futuro próximo la Policía Nacional atraviese por un proceso de descentralización. Sin embargo los municipios del país pueden avanzar en una descentralización de las labores policiales creando sus propias guardias municipales, como sucede ya en algunos municipios, y recuperando paulatinamente funciones que por naturaleza deberían pertenecer al municipio, como ser la administración del tránsito municipal.
Tener una policía responsable ante el municipio y no ante un comando central a mil kilómetros de distancia; e integrada por habitantes del municipio y no por personas que nacieron y vivieron a mil kilómetros de distancia mejorará el servicio que prestan por dos motivos: la policía será sujeta a un escrutinio más minucioso por parte del municipio, y los policías tendrán mayor interés en ser bien vistos por los habitantes de la ciudad en la cual ellos también viven.
Estas son cosas difíciles de explicar a las personas con mentes centralistas, pero no deberíamos esperar a tener su aprobación para empezar a llevarlas a cabo. Al final, la autonomía consiste en permitir que aflore la creatividad desde lo pequeño y cercano; y no esperar a que quienes están lejos de nosotros nos digan qué hacer.
Santa Cruz de la Sierra, 16/04/10
viernes, 16 de abril de 2010
Las señales que damos
Javier Paz García
Poco o nada sé sobre los detalles y entretelones del caso de las boletas de garantía que el gobierno quiere cobrar a la Jindal. Por lo tanto no puedo opinar sobre si corresponde cobrarlas o no. Sin embargo, más allá de quien tiene la razón, cuando una empresa amenaza parar sus inversiones, como lo ha hecho la Jindal, manda una señal clara de que en el país no existe seguridad jurídica, no hay seriedad por parte del gobierno y que es mejor no invertir. A esto sumemos persecuciones políticas, jueces nombrados a dedo por el presidente, prohibiciones arbitrarias contra las exportaciones, amenazas de nacionalizaciones, controles de precio y un ambiente abiertamente hostil contra las empresas extranjeras y podemos ver por qué Bolivia está lejos de ser un paraíso para los inversionistas.
Bolivia tiene una buena tradición de tirarse un tiro en el pie. Ya años atrás hicimos que la Litco, que estaba interesada en el litio del Salar de Uyuni, se vaya espantada y curada de querer invertir aquí. No tendría que sorprendernos si la Jindal termina haciendo lo mismo.
Probablemente, a pesar de la inseguridad jurídica y las rabietas del gobierno, las empresas petroleras sigan trabajando en Bolivia, probablemente lo haga también la Jindal; a fin de cuentas, estas empresas extractivas tienen que trabajar donde están los recursos naturales. Sin embargo difícilmente podemos esperar inversiones extranjeras en otros rubros que no sean extractivos. Las empresas petroleras no eligen donde hay petróleo, trabajan donde les toca. Sin embargo las empresas que crean valor agregado, que transforman las materias primas u ofrecen servicios, sí pueden elegir dónde invertir. Y difícilmente este tipo de empresas apostaría por Bolivia en las actuales condiciones, cuando pueden hacerlo en países vecinos que ofrecen mejores condiciones.
Las señales que damos son de alarma y precaución para el inversionista y los diversos estudios que evalúan las condiciones de inversión en Bolivia así lo dicen.
Esta situación nos conduce a depender cada vez más de los recursos naturales y a convertirnos de nuevo en un país monoproductor. Mientras los precios del gas y de dos o tres productos adicionales sean buenos, el país va a andar; cuando estos precios caigan todo el país se va a tambalear.
Santa Cruz de la Sierra, 09/04/10
Poco o nada sé sobre los detalles y entretelones del caso de las boletas de garantía que el gobierno quiere cobrar a la Jindal. Por lo tanto no puedo opinar sobre si corresponde cobrarlas o no. Sin embargo, más allá de quien tiene la razón, cuando una empresa amenaza parar sus inversiones, como lo ha hecho la Jindal, manda una señal clara de que en el país no existe seguridad jurídica, no hay seriedad por parte del gobierno y que es mejor no invertir. A esto sumemos persecuciones políticas, jueces nombrados a dedo por el presidente, prohibiciones arbitrarias contra las exportaciones, amenazas de nacionalizaciones, controles de precio y un ambiente abiertamente hostil contra las empresas extranjeras y podemos ver por qué Bolivia está lejos de ser un paraíso para los inversionistas.
Bolivia tiene una buena tradición de tirarse un tiro en el pie. Ya años atrás hicimos que la Litco, que estaba interesada en el litio del Salar de Uyuni, se vaya espantada y curada de querer invertir aquí. No tendría que sorprendernos si la Jindal termina haciendo lo mismo.
Probablemente, a pesar de la inseguridad jurídica y las rabietas del gobierno, las empresas petroleras sigan trabajando en Bolivia, probablemente lo haga también la Jindal; a fin de cuentas, estas empresas extractivas tienen que trabajar donde están los recursos naturales. Sin embargo difícilmente podemos esperar inversiones extranjeras en otros rubros que no sean extractivos. Las empresas petroleras no eligen donde hay petróleo, trabajan donde les toca. Sin embargo las empresas que crean valor agregado, que transforman las materias primas u ofrecen servicios, sí pueden elegir dónde invertir. Y difícilmente este tipo de empresas apostaría por Bolivia en las actuales condiciones, cuando pueden hacerlo en países vecinos que ofrecen mejores condiciones.
Las señales que damos son de alarma y precaución para el inversionista y los diversos estudios que evalúan las condiciones de inversión en Bolivia así lo dicen.
Esta situación nos conduce a depender cada vez más de los recursos naturales y a convertirnos de nuevo en un país monoproductor. Mientras los precios del gas y de dos o tres productos adicionales sean buenos, el país va a andar; cuando estos precios caigan todo el país se va a tambalear.
Santa Cruz de la Sierra, 09/04/10
viernes, 2 de abril de 2010
Sugieren no invertir en Bolivia
Javier Paz García
Tomé el título de esta columna de una nota de prensa de El Deber del domingo 28 de marzo. La noticia se refiere a un informe publicado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Parte de la nota dice lo siguiente: “En el estudio, Bolivia es visto como un país en el que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital, ya que se trata de ‘un país pequeño y complicado en diversos sectores, con unos niveles generales de seguridad jurídica muy bajos’. El informe señala que la mala imagen de Bolivia está generada por ‘las campañas de desprestigio de algunas de las empresas españolas del sector de hidrocarburos’”.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, una institución española, no es la única en desahuciar las inversiones en el país. La Fundación Heritage, de origen estadounidense, publica cada año el Índice de Libertad Económica, donde mide diez aspectos relevantes a la misma y hace una clasificación de casi todos los países del mundo según su puntuación. Como dije en un artículo publicado anteriormente (Bolivia en el Índice de Libertad Económica, El Deber, 9/02/10) el año 2010 Bolivia obtuvo su peor calificación desde que se empezó a publicar el estudio en 1995, siendo las áreas más preocupantes los derechos de propiedad, la libertad para realizar inversiones y la corrupción.
El Instituto Fraser, de origen canadiense también publica un reporte similar. La última versión, que contiene datos hasta el año 2007 nos ubica en la posición 96, la peor en más de veinte años.
El Banco Mundial anualmente publica el informe Doing Business (Haciendo Negocios). En su versión 2010, este informe ubica a Bolivia en el puesto 161 de un total de 183 países, tres posiciones menos que el 2009.
Estos estudios son realizados por instituciones serias de diversos países y que no tienen ningún interés particular en Bolivia. No pretenden desestabilizar gobiernos o apoyar a facciones políticas. El propósito de los estudios es dar una guía a los inversionistas que desean hacer negocios fuera de sus fronteras nacionales, y servir de guía a los gobiernos sobre acciones que pueden tomar para mejorar sus regulaciones, activar sus economías y atraer inversiones.
Bolivia nunca ha sido una estrella en este tipo de mediciones, encontrándose casi siempre de la mitad para abajo. Pero no solamente nos debe preocupar la posición absoluta del país, sino también su dirección. Bolivia, a pesar de no tener buenas notas, había mostrado mejoras sistemáticas en este tipo de estudios desde mediados de la década pasada hasta mediados de la presente. Desde entonces las calificaciones del país han ido cayendo año tras año. Como cuando se planta un árbol, los frutos de las malas políticas que nos están llevando por este camino tardarán su tiempo en aparecer, pero inevitablemente aparecerán. Tal vez (ojalá) para entonces haya otros gobernantes, pero seremos nosotros los que pagaremos los platos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/04/10
Tomé el título de esta columna de una nota de prensa de El Deber del domingo 28 de marzo. La noticia se refiere a un informe publicado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Parte de la nota dice lo siguiente: “En el estudio, Bolivia es visto como un país en el que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital, ya que se trata de ‘un país pequeño y complicado en diversos sectores, con unos niveles generales de seguridad jurídica muy bajos’. El informe señala que la mala imagen de Bolivia está generada por ‘las campañas de desprestigio de algunas de las empresas españolas del sector de hidrocarburos’”.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, una institución española, no es la única en desahuciar las inversiones en el país. La Fundación Heritage, de origen estadounidense, publica cada año el Índice de Libertad Económica, donde mide diez aspectos relevantes a la misma y hace una clasificación de casi todos los países del mundo según su puntuación. Como dije en un artículo publicado anteriormente (Bolivia en el Índice de Libertad Económica, El Deber, 9/02/10) el año 2010 Bolivia obtuvo su peor calificación desde que se empezó a publicar el estudio en 1995, siendo las áreas más preocupantes los derechos de propiedad, la libertad para realizar inversiones y la corrupción.
El Instituto Fraser, de origen canadiense también publica un reporte similar. La última versión, que contiene datos hasta el año 2007 nos ubica en la posición 96, la peor en más de veinte años.
El Banco Mundial anualmente publica el informe Doing Business (Haciendo Negocios). En su versión 2010, este informe ubica a Bolivia en el puesto 161 de un total de 183 países, tres posiciones menos que el 2009.
Estos estudios son realizados por instituciones serias de diversos países y que no tienen ningún interés particular en Bolivia. No pretenden desestabilizar gobiernos o apoyar a facciones políticas. El propósito de los estudios es dar una guía a los inversionistas que desean hacer negocios fuera de sus fronteras nacionales, y servir de guía a los gobiernos sobre acciones que pueden tomar para mejorar sus regulaciones, activar sus economías y atraer inversiones.
Bolivia nunca ha sido una estrella en este tipo de mediciones, encontrándose casi siempre de la mitad para abajo. Pero no solamente nos debe preocupar la posición absoluta del país, sino también su dirección. Bolivia, a pesar de no tener buenas notas, había mostrado mejoras sistemáticas en este tipo de estudios desde mediados de la década pasada hasta mediados de la presente. Desde entonces las calificaciones del país han ido cayendo año tras año. Como cuando se planta un árbol, los frutos de las malas políticas que nos están llevando por este camino tardarán su tiempo en aparecer, pero inevitablemente aparecerán. Tal vez (ojalá) para entonces haya otros gobernantes, pero seremos nosotros los que pagaremos los platos.
Santa Cruz de la Sierra, 02/04/10
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