Javier Paz García
Me parece cuanto menos curioso el énfasis que se le sigue dando al tema de la legalidad en nuestro país. Y es que el gobierno nos ha hundido en un mar de ilegalidades tan profundo que no encuentro sentido que se hable sobre qué es legal y qué no es. Para capturar el grado de tontería al que hago referencia, imaginémonos al virrey La Serna escribiéndole a Simón Bolivar para decirle que en las leyes de Indias no existía ningún documento que le permita a un americano sublevarse contra los españoles y que por lo tanto sus acciones eran ilegales y las debe detener. Así de absurdo es el actual escenario.
Por que no es lo mismo que yo cometa una ilegalidad, como ciudadano común, a que lo haga el Presidente de la República. Es que cuando el Sr. Morales dice que “estar sometidos a las leyes es perjudicarnos” (El Deber, 11/08/07), es realmente grave la cosa. Califico tal afirmación como aterrorizante, especialmente viniendo de quien según la Constitución Política del Estado en su art. 96, inciso 1 tiene precisamente la función de “ejecutar y hacer cumplir las leyes”. Y cuando es el mismo Presidente cuya máxima función es cumplir y hacer cumplir las leyes el que las incumple, manda una señal nefasta para la institucionalidad y para el país. La ley es para todos o no es para nadie y si él no cumple la ley ¿por qué tengo que cumplirla yo?
Hace meses que todo lo que sucede en este país es ilegal. El gobierno del MAS no solo ha incumplido la ley, la ha violado con premeditación y alevosía. Lo ha hecho en la Asamblea Constituyente, que tendría que haber sido el proceso más importante de la década para el país; lo ha hecho en el Congreso; en el Tribunal Constitucional, y otras instituciones. E insisten en sus ilegalidades y las justifican con la mayor frescura. ¡Y con qué moral acusan a la oposición de cometer alguna ilegalidad!
Lo cierto es que se han cometido tantos actos flagrantemente inconstitucionales, maquinados desde el propio poder ejecutivo que ya no tiene sentido hablar de legalidad. Para que algo sea legal o ilegal, tiene que existir un marco institucional que así lo determine y que sea respetado por todos. Ese marco dejó de existir hace tiempo y por eso ahora nos movemos en el marco de la “alegalidad” de la ausencia de leyes. La situación de la prefectura de Sucre es un claro ejemplo. Por supuesto que bajo la anterior Constitución la posesión de la prefecta elegida en un cabildo es ilegal, pero esa CPE ya no está vigente, la mató el MAS en un sinnúmero de oportunidades. ¿Y quien les puede encarar a los sucrenses su ilegalidad? ¿Acaso Evo Morales, quien en palabras y actos ha expresado que las leyes son perjudiciales, puede ahora venir a pedir a los sucrenses que se sometan a ellas?
Y convengamos que es complicado hablar de legalidad con el Gobierno, porque resulta que los jueces de la legalidad son Evo, Linera, Contreras, Quintana, Exeni, Rada. Y sorprendentemente, cercar un Congreso y pegarle a las mujeres no es ilegal y hasta se justifica, pero llevar a cabo un referéndum que tiene las firmas correspondientes y cumple con los procedimientos establecidos por ley es ilegal. De pronto la corrupción cuando viene de un masista es legal y hasta puede ser premiada con una embajada, pero la corrupción viniendo de otros es ilegal y hasta hay que hacerla retroactiva. Así no se puede.
Santa Cruz de la Sierra, 20/03/08
El Deber, 25/03/08
jueves, 20 de marzo de 2008
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