Javier Paz García
El gobierno siempre ha intentado mostrarse abierto a los diálogos. Los hechos demuestran lo contrario, simplemente porque el propósito de cualquier diálogo es concertar, ceder y encontrar soluciones comunes donde ambas partes salgan beneficiadas. El gobierno siempre ha dialogado – en la Asamblea Constituyente, en el Congreso, con los prefectos, con las regiones, con la oposición – pero nunca ha concertado ni cedido en nada.
Para dar ejemplos claros de la vocación de diálogo del gobierno, ellos confiscan el IDH o lanzan decretos prohibiendo exportaciones sin consultarle a nadie, y luego cuando las partes afectadas lanzan el grito al cielo, llaman a dialogar. Es decir, en vez de consensuar con las partes y lograr acuerdos para posteriormente crear los decretos o leyes correspondientes, lo que hacen es crear los decretos primero y luego, cuando la jocha está hecha y el daño realizado, recién llamar al diálogo. Pero no acaba aquí la cosa, porque convocan al diálogo para dilatar, para ganar tiempo, para sacarse una foto y decir que ellos tuvieron toda la predisposición de dialogar, pero en realidad no modifican un ápice su posición.
Otra de las tretas mediáticas del gobierno es decir que ellos siempre están abiertos al diálogo “sin condiciones” mientras que la oposición siempre busca plazos y condiciones que lo obstaculizan. Nada más falso, porque, para dar un ejemplo, cuando la oposición exige la restitución del IDH para iniciar un diálogo, está poniendo una condición; y cuando el oficialismo no está dispuesto a restituir el IDH a priori, también le está poniendo condiciones al diálogo.
Ahora han puesto de moda la tesis de que la alternativa al diálogo es la violencia, que si no hay diálogo se van a desatar los enfrentamientos. En esto tienen cierta razón porque en sus manos está usar a las Fuerzas Armadas o sus movimientos paramilitares, para generar los enfrentamientos que ellos auguran. Pero si decidieran no hacerlo, no pasaría nada.
Y en verdad, la alternativa al diálogo no es la violencia, es la democracia. Si no hay diálogo, las cosas se pueden decidir mediante sufragio y si ellos creen que las autonomías son malas, pues que hagan propaganda y convenzan a la gente de que así es. Esto puede suceder sin que exista diálogo alguno. No tiene por qué haber violencia ante la ausencia de diálogo, mientras existan mecanismos democráticos.
De hecho yo creo que lo mejor que puede pasar es que la constitución del MAS vaya a un referéndum (hubiera deseado que sea el mismo día de los de autonomía para evitar el ausentismo) y que sea el pueblo que decida si quiere autonomía o no y si quiere la constitución del MAS o no. Y aquí le tomo la palabra al vicepresidente García Linera, con respecto a que esa constitución sea válida sí y solo sí gana en cada uno de los departamentos del país, porque no es justo ni aceptable que nos impongan un constitución a todos los bolivianos solamente por el peso electoral que tiene el departamento de La Paz.
La tesis del gobierno de que la alternativa al diálogo es la violencia es totalmente falaz. En las manos del gobierno está usar la violencia y causar enfrentamientos, pero también esta en manos del gobierno no usar la violencia y dejar que el pueblo decida.
La Paz, 26/03/08
El Deber, 01/04/08
miércoles, 26 de marzo de 2008
jueves, 20 de marzo de 2008
¿Legalidad…?!!!
Javier Paz García
Me parece cuanto menos curioso el énfasis que se le sigue dando al tema de la legalidad en nuestro país. Y es que el gobierno nos ha hundido en un mar de ilegalidades tan profundo que no encuentro sentido que se hable sobre qué es legal y qué no es. Para capturar el grado de tontería al que hago referencia, imaginémonos al virrey La Serna escribiéndole a Simón Bolivar para decirle que en las leyes de Indias no existía ningún documento que le permita a un americano sublevarse contra los españoles y que por lo tanto sus acciones eran ilegales y las debe detener. Así de absurdo es el actual escenario.
Por que no es lo mismo que yo cometa una ilegalidad, como ciudadano común, a que lo haga el Presidente de la República. Es que cuando el Sr. Morales dice que “estar sometidos a las leyes es perjudicarnos” (El Deber, 11/08/07), es realmente grave la cosa. Califico tal afirmación como aterrorizante, especialmente viniendo de quien según la Constitución Política del Estado en su art. 96, inciso 1 tiene precisamente la función de “ejecutar y hacer cumplir las leyes”. Y cuando es el mismo Presidente cuya máxima función es cumplir y hacer cumplir las leyes el que las incumple, manda una señal nefasta para la institucionalidad y para el país. La ley es para todos o no es para nadie y si él no cumple la ley ¿por qué tengo que cumplirla yo?
Hace meses que todo lo que sucede en este país es ilegal. El gobierno del MAS no solo ha incumplido la ley, la ha violado con premeditación y alevosía. Lo ha hecho en la Asamblea Constituyente, que tendría que haber sido el proceso más importante de la década para el país; lo ha hecho en el Congreso; en el Tribunal Constitucional, y otras instituciones. E insisten en sus ilegalidades y las justifican con la mayor frescura. ¡Y con qué moral acusan a la oposición de cometer alguna ilegalidad!
Lo cierto es que se han cometido tantos actos flagrantemente inconstitucionales, maquinados desde el propio poder ejecutivo que ya no tiene sentido hablar de legalidad. Para que algo sea legal o ilegal, tiene que existir un marco institucional que así lo determine y que sea respetado por todos. Ese marco dejó de existir hace tiempo y por eso ahora nos movemos en el marco de la “alegalidad” de la ausencia de leyes. La situación de la prefectura de Sucre es un claro ejemplo. Por supuesto que bajo la anterior Constitución la posesión de la prefecta elegida en un cabildo es ilegal, pero esa CPE ya no está vigente, la mató el MAS en un sinnúmero de oportunidades. ¿Y quien les puede encarar a los sucrenses su ilegalidad? ¿Acaso Evo Morales, quien en palabras y actos ha expresado que las leyes son perjudiciales, puede ahora venir a pedir a los sucrenses que se sometan a ellas?
Y convengamos que es complicado hablar de legalidad con el Gobierno, porque resulta que los jueces de la legalidad son Evo, Linera, Contreras, Quintana, Exeni, Rada. Y sorprendentemente, cercar un Congreso y pegarle a las mujeres no es ilegal y hasta se justifica, pero llevar a cabo un referéndum que tiene las firmas correspondientes y cumple con los procedimientos establecidos por ley es ilegal. De pronto la corrupción cuando viene de un masista es legal y hasta puede ser premiada con una embajada, pero la corrupción viniendo de otros es ilegal y hasta hay que hacerla retroactiva. Así no se puede.
Santa Cruz de la Sierra, 20/03/08
El Deber, 25/03/08
Me parece cuanto menos curioso el énfasis que se le sigue dando al tema de la legalidad en nuestro país. Y es que el gobierno nos ha hundido en un mar de ilegalidades tan profundo que no encuentro sentido que se hable sobre qué es legal y qué no es. Para capturar el grado de tontería al que hago referencia, imaginémonos al virrey La Serna escribiéndole a Simón Bolivar para decirle que en las leyes de Indias no existía ningún documento que le permita a un americano sublevarse contra los españoles y que por lo tanto sus acciones eran ilegales y las debe detener. Así de absurdo es el actual escenario.
Por que no es lo mismo que yo cometa una ilegalidad, como ciudadano común, a que lo haga el Presidente de la República. Es que cuando el Sr. Morales dice que “estar sometidos a las leyes es perjudicarnos” (El Deber, 11/08/07), es realmente grave la cosa. Califico tal afirmación como aterrorizante, especialmente viniendo de quien según la Constitución Política del Estado en su art. 96, inciso 1 tiene precisamente la función de “ejecutar y hacer cumplir las leyes”. Y cuando es el mismo Presidente cuya máxima función es cumplir y hacer cumplir las leyes el que las incumple, manda una señal nefasta para la institucionalidad y para el país. La ley es para todos o no es para nadie y si él no cumple la ley ¿por qué tengo que cumplirla yo?
Hace meses que todo lo que sucede en este país es ilegal. El gobierno del MAS no solo ha incumplido la ley, la ha violado con premeditación y alevosía. Lo ha hecho en la Asamblea Constituyente, que tendría que haber sido el proceso más importante de la década para el país; lo ha hecho en el Congreso; en el Tribunal Constitucional, y otras instituciones. E insisten en sus ilegalidades y las justifican con la mayor frescura. ¡Y con qué moral acusan a la oposición de cometer alguna ilegalidad!
Lo cierto es que se han cometido tantos actos flagrantemente inconstitucionales, maquinados desde el propio poder ejecutivo que ya no tiene sentido hablar de legalidad. Para que algo sea legal o ilegal, tiene que existir un marco institucional que así lo determine y que sea respetado por todos. Ese marco dejó de existir hace tiempo y por eso ahora nos movemos en el marco de la “alegalidad” de la ausencia de leyes. La situación de la prefectura de Sucre es un claro ejemplo. Por supuesto que bajo la anterior Constitución la posesión de la prefecta elegida en un cabildo es ilegal, pero esa CPE ya no está vigente, la mató el MAS en un sinnúmero de oportunidades. ¿Y quien les puede encarar a los sucrenses su ilegalidad? ¿Acaso Evo Morales, quien en palabras y actos ha expresado que las leyes son perjudiciales, puede ahora venir a pedir a los sucrenses que se sometan a ellas?
Y convengamos que es complicado hablar de legalidad con el Gobierno, porque resulta que los jueces de la legalidad son Evo, Linera, Contreras, Quintana, Exeni, Rada. Y sorprendentemente, cercar un Congreso y pegarle a las mujeres no es ilegal y hasta se justifica, pero llevar a cabo un referéndum que tiene las firmas correspondientes y cumple con los procedimientos establecidos por ley es ilegal. De pronto la corrupción cuando viene de un masista es legal y hasta puede ser premiada con una embajada, pero la corrupción viniendo de otros es ilegal y hasta hay que hacerla retroactiva. Así no se puede.
Santa Cruz de la Sierra, 20/03/08
El Deber, 25/03/08
El estado de descomposición del Estado Boliviano
Javier Paz García
Bolivia atraviesa por una de las coyunturas políticas más difíciles de su historia. El Gobierno de Evo Morales sistemáticamente ha debilitado la institucionalidad del Estado, no existe un Tribunal Constitucional que pueda pronunciarse sobre la legalidad de las acciones del Gobierno; Evo Morales y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) han cercado el Congreso en varias oportunidades la entrada de parlamentarios de la oposición, lo cual significa un golpe de estado contra la democracia; la imparcialidad de la Corte Nacional Electoral está en duda y varias cortes departamentales se han desmarcado; los departamentos están llevando a cabo procesos para lograr mayor autonomía con respecto al gobierno central, los linchamientos se han convertido en cosa diaria; los ataques a la prensa aumenta, incentivados por el propio presidente Evo Morales; los casos de corrupción y la ineficiencia en las reparticiones del Estado son evidentes; las inundaciones y la inflación han generado una crisis económica que está causando gran descontento en la población. El Estado va por un camino de descomposición y desinstitucionalización generado en gran parte por el mismo Gobierno.
El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, el ente encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y normas del país está descabezado desde hace meses. El acoso judicial y mediático del que fueron parte sus integrantes causó la renuncia de casi todos. En un caso lamentable, un diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) comparó a dos magistradas con prostitutas, lo que ocasionó la renuncia inmediata de éstas ante la serie de acosos que venían recibiendo. En la actualidad, de los diez miembros que deben componer ese cuerpo colegiado, solo queda uno, lo cual lo deja sin quórum. Por lo tanto en la actualidad no existe un ente estatal a quien impugnar la legalidad de los actos del gobierno.
El Congreso hasta ahora nombra a nuevos magistrados debido a medidas dilatorias del oficialismo. La razón por la cual el ejecutivo empezó con el acoso del Tribunal Constitucional fue que el Presidente Morales eligió a dedo varios miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta es una función del Congreso Nacional. Las designaciones fueron impugnadas por parlamentarios de la oposición y el Tribunal Constitucional falló a favor de ellos.
Otra razón para descabezar al Tribunal Constitucional es evitar que éste se pronuncie sobre la forma de aprobación del proyecto de constitución del MAS en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no cumplió ni con las leyes del Congreso que dieron origen a la Asamblea y tampoco cumplió con su reglamento interno. Para el MAS es vital que no exista un ente que pueda pronunciarse al respecto de estas ilegalidades.
La ausencia del Tribunal Constitucional también ha permitido al partido de gobierno dictar decretos sin que nadie pueda impugnar su constitucionalidad, tener sesiones en el Congreso donde no se permite el acceso a parlamentarios de la oposición, e incluso aprobar leyes sin regirse por los reglamentos internos del Congreso ni tener el quórum reglamentario.
Un aspecto que ha jugado en contra del gobierno es que varios departamentos del país están llevando a cabo referendos para aprobar estatutos autonómicos que los mismos departamentos han elaborado y el Gobierno tampoco tiene a quien acudir para impugnar la legalidad de tales procedimientos. Esto ha causado cierta desesperación en el gobierno que no sabe como detener estos procesos ya que usar los aparatos coercitivos del Estado contra estos departamentos podría ser contraproducente e ineficaz.
El Congreso Nacional
El Congreso Nacional que en teoría es el Primer Poder del Estado ha pasado a ser un juguete del oficialismo. El partido de gobierno ha recurrido a cercar el Congreso en tres oportunidades para aprobar leyes que sabe que la oposición no va a consentir. El modo de hacerlo es convocando a movimientos campesinos y cocaleros afines al MAS para rodear el Congreso y no permitir el paso de parlamentarios de la oposición. La primera ocasión fue el 29 de noviembre del 2006 cuando el oficialismo aprobó en tiempo record un convenio militar con Venezuela, una ley de reforma agraria y 40 contratos petroleros, sin siquiera leer los contratos.
El 28 de noviembre del 2007 volvió a usar la misma estrategia de cercar el Congreso con los grupos de choque que el oficialismo llama “movimientos sociales” con el motivo de confiscar recursos a los departamentos para usarlos en el pago de una renta vitalicia a la tercera edad. El propósito de esta renta es doble: ganar electores entre los ancianos y quitar recursos económicos a las regiones que en su mayoría tienen prefectos (gobernadores) opuestos al gobierno. El 28 de febrero del 2008, el MAS volvió a cercar el Congreso para aprobar los referendos para su proyecto de constitución y declarar ilegal los referendos por autonomía que varios departamentos están llevando a cabo. En esta oportunidad los medios de comunicación pudieron capturar imágenes de dos diputadas de la oposición que trataron de ingresar al Congreso y fueron agredidas físicamente e impedidas de hacerlo por los grupos afines al MAS. Además mostraron la realización de la sesión en la cual se les negó la palabra a los pocos parlamentarios de la oposición que estaban en el Congreso.
Con estas acciones el MAS ha inaugurado una especie de golpes de estado “express” donde cada vez que necesita aprobar leyes, cerca el Congreso por un día o por unas horas y aprueba las leyes que desea. Estas acciones son un duro golpe a la democracia y muestran la cara antidemocrática y totalitaria del Movimiento al Socialismo.
La Corte Nacional Electoral
El Congreso tampoco ha elegido a todos los vocales de la Corte Nacional Electoral y el actual presidente, José Luís Exeni fue elegido por el Presidente de la República. Es potestad del Poder Ejecutivo elegir a uno de los vocales, por lo tanto la elección de Exeni no es ilegal. Sin embargo la oposición ha cuestionado la idoneidad de Exeni para el cargo por su abierto apoyo al partido de gobierno antes de ser elegido. Entre los primeros actos de Exeni como presidente de la corte fue despedir sin ninguna justificación a tres directores entre los que se encontraba el director de informática con 18 años de carrera. El director de informática está a cargo del padrón electoral y este despido intempestivo y sin ningún justificativo por parte de Exeni pone en duda la confiabilidad de la corte en futuras elecciones.
Por otro lado, la Corte Nacional Electoral a la cabeza de Exeni ha sacado una resolución prohibiendo a las cortes departamentales llevar a cabo los referemdums por autonomía, a los cuales el Gobierno se opone. Las cortes departamentales donde se van a llevar a cabo referendos para aprobar estatutos autonómicos han decidido rechazar e ignorar la resolución argumentando que se han cumplido todos los requisitos legales para llevar a cabo los referendos, que la corte nacional no tiene potestad para interpretar leyes y que solo el Tribunal Constitucional (que está descabezado) tiene potestad para frenar el proceso.
Los departamentos
Los atropellos cometidos por el MAS en la Asamblea Constituyente, en el Congreso y en las regiones mismas, han llevado a una situación de confrontación entre el Gobierno central y varios departamentos. Bolivia está compuesta por 9 departamentos de los cuales 4 habían votado por la autonomía en el referéndum del 2 de julio del 2006. Estos eran los departamentos considerados opositores al régimen de Evo Morales. Desde entonces se han acoplado 3 más donde sus prefectos han anunciado planes para buscar mayor autonomía del gobierno central, entre ellos el departamento de La Paz, donde está la sede de gobierno y uno de los reductos electorales más importantes del Movimiento al Socialismo. Los departamentos están llevando a cabo procesos democráticos para poner en vigencia estatutos autonómicos que descentralicen competencias y otorguen recursos a las regiones. El Ejecutivo acusa los líderes regionales de separatistas, divisionistas y oligarcas y rechaza estos procesos de descentralización. El 4 de mayo habrá elecciones en varios departamentos para poner en vigencia estos estatutos. Es incierto que hará el Gobierno para impedir estos referendos pero no se puede descartar una acción militar.
El caso del departamento de Chuquisaca es interesante. El prefecto de este departamento era del partido oficialista pero renunció hace un poco más de tres meses (actualmente está en Perú con pedido de asilo porque según él, ha sido acosado tanto por el poder ejecutivo como por las instituciones de su departamento). El Ejecutivo nunca llamó a elecciones, porque ha perdido popularidad en el departamento y es casi imposible que vuelva a ganar esa plaza. Las organizaciones cívicas y la ciudadanía en días recientes han nombrado a una prefecta por su propia cuenta y han expulsado al prefecto interino. El Ejecutivo no reconoce esta designación pero tampoco puede hacer nada al respecto. Este caso ilustra el estado de descomposición del Estado y el debilitamiento del gobierno central.
Linchamientos
Los linchamientos son asesinatos cometidos por turbas de vecinos cuando encuentran a un ladrón in-fraganti. Muchas de las víctimas son apaleadas hasta la muerte e incluso quemadas vivas. Estos hechos lamentables han aumentado considerablemente durante el gobierno de Evo Morales. Los linchamientos reflejan la falta de credibilidad del sistema de justicia y una pérdida del concepto de Estado de Derecho.
Según la policía nacional el 2007 en Bolivia se registraron 57 linchamientos con 16 víctimas fatales y 41 intentos de linchamiento. Hasta el 29 de febrero del 2008 ya se han registrado 40 linchamientos con 11 víctimas fatales y 39 intentos de linchamiento.
El caso que más ha llamado la atención es el de 3 policías linchados el 26 de febrero en una pequeña comunidad, donde según relato de un periodista que presencio los hechos, los campesinos que llevaban a cabo el linchamiento gritaban que eran del MAS y que por lo tanto podían hacer lo que quisieran. El periodista y su camarógrafo tuvieron que escapar pues casi fueron linchados junto con los policías.
Ataques a la prensa
La prensa en Bolivia vive sus peores momentos desde el restablecimiento de la democracia el año 1982. Evo Morales ataca a la prensa constantemente en sus discursos. El vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa en Bolivia y director ejecutivo del periódico El Deber, Don Pedro Rivero dijo en la 63 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en octubre del 2007 que “la situación es cuando menos incierta en Bolivia, pues persiste un clima antagónico creado por el propio presidente Evo Morales contra los medios” y que “nunca nadie lanzó tantos y tan duros ataques contra la prensa”.
Estos constantes discursos incendiarios contra la prensa han causado que muchos periodistas sean víctimas de agresiones físicas por parte de simpatizantes del partido oficialista (MAS). En algunas zonas rurales con mayoría del MAS, como ser la zona del Chapare donde están las federaciones cocaleras de las cuales Evo sigue siendo presidente, son de difícil acceso para la prensa independiente por el riesgo que implica para los periodistas. El único canal que puede acceder a estos lugares sin temor a sufrir agresiones es el canal estatal que funciona como un aparato de propaganda al servicio del MAS y que no tiene los mínimos parámetros de imparcialidad, independencia y credibilidad.
Y las amenazas a la prensa también son directas. Hace poco la superintendencia de telecomunicaciones mandó una carta a todos los canales de televisión haciéndoles saber sobre un decreto emitido en el año 1971 (en plena época de dictadura) en el cual se censura la libertad de prensa.
Inundaciones, economía, energía, corrupción, narcotráfico y espionaje
Para completar el cuadro crítico, el 2008 comenzó con inundaciones que han puesto en estado de emergencia al país. El accionar del gobierno durante las inundaciones ha sido duramente criticado por muchos sectores del país.
La inflación fue de casi 12% en el 2007 según el Instituto Nacional de Estadística (INE) institución que también ha sido cuestionada por sus datos y acusada de mostrar una inflación menor a la real. A febrero del 2008 la inflación ha llegado a 3,74% según el INE, los precios de la canasta familiar han subido aun más y cada vez hay más marchas de cacerolas vacías y descontento en la gente. Ha existido una ausencia de gestión económica por parte del Gobierno y las medidas que ha adoptado para disminuir la inflación son prohibir las exportaciones de alimentos, importar y vender alimentos subvencionados como el trigo y el arroz y hasta han anunciado que el Gobierno va a construir una fábrica de aceite, lo cual tiene motivaciones políticas, más que económicas (el presidente del comité cívico de Santa Cruz, una institución crítica del Gobierno, es accionista de una fábrica de aceite). Sin embargo el país no da seguridad jurídica, los empresarios y las transnacionales son víctimas de constantes amenazas y ataques verbales, incluso del mismo presidente Morales y la inestabilidad política cada vez aumenta, factores que hacen muy difícil la inversión y el crecimiento económico.
La empresa estatal de hidrocarburos YPFB está envueltas en acusaciones de corrupción e ineficiencia, el país ha vivido desabastecimiento de gas domiciliario y diesel (justo en la época de cosecha y de siembra, causado graves pérdidas al sector agrícola) y recientemente se ha anunciado que el país no podrá cumplir con sus compromisos de gas para la Argentina, lo que amenaza en convertirse en una crisis energética regional.
El narcotráfico está experimentando un nuevo auge y el Gobierno no hace nada para reducir los cultivos de coca. Lo cierto es que, en una situación inaudita, el Presidente Constitucional de la República de Bolivia, Evo Morales, sigue fungiendo como presidente de las federaciones de cocaleros del Chapare.
Por último recientemente salió a la luz un caso de espionaje por parte de la policía a varios políticos de la oposición, periodistas e incluso a parlamentarios del partido oficialista. Actualmente el Senado Nacional está investigando los hechos para ver quien ordenó el espionaje. El desenlace de esta investigación puede traerle problemas al oficialismo que ya ha intentado dilatar la investigación y lograr que el presidente de la comisión del Senado a cargo de la investigación se haga a un lado (de más está decir que el Senador a cargo de la investigación pertenece a un partido de la oposición).
Conclusión
En Bolivia el actual Gobierno ha cometido tantos actos flagrantemente ilegales que hablar de legalidad casi no tiene sentido. Muchas instituciones de vital importancia para la democracia viven en un estado de coma. La desinstitucionalización continúa junto con la corrupción institucionalizada. La confrontación entre varias regiones y el gobierno tiene al país entero en una situación tensa.
Varios departamentos están llevando a cabo sus referendos por autonomías y el Gobierno está haciendo todo lo posible por detener estos procesos. El Gobierno intenta hacer ver a estos procesos como separatistas, lo cual no es cierto. Sin embargo, tratar de detenerlos por la fuerza, podría ser el detonante para enfrentamientos armados y una posible división del Estado. El 4 de mayo, fecha del referéndum cruceño será una fecha clave para el futuro del país.
Bolivia atraviesa por una de las coyunturas políticas más difíciles de su historia. El Gobierno de Evo Morales sistemáticamente ha debilitado la institucionalidad del Estado, no existe un Tribunal Constitucional que pueda pronunciarse sobre la legalidad de las acciones del Gobierno; Evo Morales y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) han cercado el Congreso en varias oportunidades la entrada de parlamentarios de la oposición, lo cual significa un golpe de estado contra la democracia; la imparcialidad de la Corte Nacional Electoral está en duda y varias cortes departamentales se han desmarcado; los departamentos están llevando a cabo procesos para lograr mayor autonomía con respecto al gobierno central, los linchamientos se han convertido en cosa diaria; los ataques a la prensa aumenta, incentivados por el propio presidente Evo Morales; los casos de corrupción y la ineficiencia en las reparticiones del Estado son evidentes; las inundaciones y la inflación han generado una crisis económica que está causando gran descontento en la población. El Estado va por un camino de descomposición y desinstitucionalización generado en gran parte por el mismo Gobierno.
El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, el ente encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y normas del país está descabezado desde hace meses. El acoso judicial y mediático del que fueron parte sus integrantes causó la renuncia de casi todos. En un caso lamentable, un diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) comparó a dos magistradas con prostitutas, lo que ocasionó la renuncia inmediata de éstas ante la serie de acosos que venían recibiendo. En la actualidad, de los diez miembros que deben componer ese cuerpo colegiado, solo queda uno, lo cual lo deja sin quórum. Por lo tanto en la actualidad no existe un ente estatal a quien impugnar la legalidad de los actos del gobierno.
El Congreso hasta ahora nombra a nuevos magistrados debido a medidas dilatorias del oficialismo. La razón por la cual el ejecutivo empezó con el acoso del Tribunal Constitucional fue que el Presidente Morales eligió a dedo varios miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta es una función del Congreso Nacional. Las designaciones fueron impugnadas por parlamentarios de la oposición y el Tribunal Constitucional falló a favor de ellos.
Otra razón para descabezar al Tribunal Constitucional es evitar que éste se pronuncie sobre la forma de aprobación del proyecto de constitución del MAS en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no cumplió ni con las leyes del Congreso que dieron origen a la Asamblea y tampoco cumplió con su reglamento interno. Para el MAS es vital que no exista un ente que pueda pronunciarse al respecto de estas ilegalidades.
La ausencia del Tribunal Constitucional también ha permitido al partido de gobierno dictar decretos sin que nadie pueda impugnar su constitucionalidad, tener sesiones en el Congreso donde no se permite el acceso a parlamentarios de la oposición, e incluso aprobar leyes sin regirse por los reglamentos internos del Congreso ni tener el quórum reglamentario.
Un aspecto que ha jugado en contra del gobierno es que varios departamentos del país están llevando a cabo referendos para aprobar estatutos autonómicos que los mismos departamentos han elaborado y el Gobierno tampoco tiene a quien acudir para impugnar la legalidad de tales procedimientos. Esto ha causado cierta desesperación en el gobierno que no sabe como detener estos procesos ya que usar los aparatos coercitivos del Estado contra estos departamentos podría ser contraproducente e ineficaz.
El Congreso Nacional
El Congreso Nacional que en teoría es el Primer Poder del Estado ha pasado a ser un juguete del oficialismo. El partido de gobierno ha recurrido a cercar el Congreso en tres oportunidades para aprobar leyes que sabe que la oposición no va a consentir. El modo de hacerlo es convocando a movimientos campesinos y cocaleros afines al MAS para rodear el Congreso y no permitir el paso de parlamentarios de la oposición. La primera ocasión fue el 29 de noviembre del 2006 cuando el oficialismo aprobó en tiempo record un convenio militar con Venezuela, una ley de reforma agraria y 40 contratos petroleros, sin siquiera leer los contratos.
El 28 de noviembre del 2007 volvió a usar la misma estrategia de cercar el Congreso con los grupos de choque que el oficialismo llama “movimientos sociales” con el motivo de confiscar recursos a los departamentos para usarlos en el pago de una renta vitalicia a la tercera edad. El propósito de esta renta es doble: ganar electores entre los ancianos y quitar recursos económicos a las regiones que en su mayoría tienen prefectos (gobernadores) opuestos al gobierno. El 28 de febrero del 2008, el MAS volvió a cercar el Congreso para aprobar los referendos para su proyecto de constitución y declarar ilegal los referendos por autonomía que varios departamentos están llevando a cabo. En esta oportunidad los medios de comunicación pudieron capturar imágenes de dos diputadas de la oposición que trataron de ingresar al Congreso y fueron agredidas físicamente e impedidas de hacerlo por los grupos afines al MAS. Además mostraron la realización de la sesión en la cual se les negó la palabra a los pocos parlamentarios de la oposición que estaban en el Congreso.
Con estas acciones el MAS ha inaugurado una especie de golpes de estado “express” donde cada vez que necesita aprobar leyes, cerca el Congreso por un día o por unas horas y aprueba las leyes que desea. Estas acciones son un duro golpe a la democracia y muestran la cara antidemocrática y totalitaria del Movimiento al Socialismo.
La Corte Nacional Electoral
El Congreso tampoco ha elegido a todos los vocales de la Corte Nacional Electoral y el actual presidente, José Luís Exeni fue elegido por el Presidente de la República. Es potestad del Poder Ejecutivo elegir a uno de los vocales, por lo tanto la elección de Exeni no es ilegal. Sin embargo la oposición ha cuestionado la idoneidad de Exeni para el cargo por su abierto apoyo al partido de gobierno antes de ser elegido. Entre los primeros actos de Exeni como presidente de la corte fue despedir sin ninguna justificación a tres directores entre los que se encontraba el director de informática con 18 años de carrera. El director de informática está a cargo del padrón electoral y este despido intempestivo y sin ningún justificativo por parte de Exeni pone en duda la confiabilidad de la corte en futuras elecciones.
Por otro lado, la Corte Nacional Electoral a la cabeza de Exeni ha sacado una resolución prohibiendo a las cortes departamentales llevar a cabo los referemdums por autonomía, a los cuales el Gobierno se opone. Las cortes departamentales donde se van a llevar a cabo referendos para aprobar estatutos autonómicos han decidido rechazar e ignorar la resolución argumentando que se han cumplido todos los requisitos legales para llevar a cabo los referendos, que la corte nacional no tiene potestad para interpretar leyes y que solo el Tribunal Constitucional (que está descabezado) tiene potestad para frenar el proceso.
Los departamentos
Los atropellos cometidos por el MAS en la Asamblea Constituyente, en el Congreso y en las regiones mismas, han llevado a una situación de confrontación entre el Gobierno central y varios departamentos. Bolivia está compuesta por 9 departamentos de los cuales 4 habían votado por la autonomía en el referéndum del 2 de julio del 2006. Estos eran los departamentos considerados opositores al régimen de Evo Morales. Desde entonces se han acoplado 3 más donde sus prefectos han anunciado planes para buscar mayor autonomía del gobierno central, entre ellos el departamento de La Paz, donde está la sede de gobierno y uno de los reductos electorales más importantes del Movimiento al Socialismo. Los departamentos están llevando a cabo procesos democráticos para poner en vigencia estatutos autonómicos que descentralicen competencias y otorguen recursos a las regiones. El Ejecutivo acusa los líderes regionales de separatistas, divisionistas y oligarcas y rechaza estos procesos de descentralización. El 4 de mayo habrá elecciones en varios departamentos para poner en vigencia estos estatutos. Es incierto que hará el Gobierno para impedir estos referendos pero no se puede descartar una acción militar.
El caso del departamento de Chuquisaca es interesante. El prefecto de este departamento era del partido oficialista pero renunció hace un poco más de tres meses (actualmente está en Perú con pedido de asilo porque según él, ha sido acosado tanto por el poder ejecutivo como por las instituciones de su departamento). El Ejecutivo nunca llamó a elecciones, porque ha perdido popularidad en el departamento y es casi imposible que vuelva a ganar esa plaza. Las organizaciones cívicas y la ciudadanía en días recientes han nombrado a una prefecta por su propia cuenta y han expulsado al prefecto interino. El Ejecutivo no reconoce esta designación pero tampoco puede hacer nada al respecto. Este caso ilustra el estado de descomposición del Estado y el debilitamiento del gobierno central.
Linchamientos
Los linchamientos son asesinatos cometidos por turbas de vecinos cuando encuentran a un ladrón in-fraganti. Muchas de las víctimas son apaleadas hasta la muerte e incluso quemadas vivas. Estos hechos lamentables han aumentado considerablemente durante el gobierno de Evo Morales. Los linchamientos reflejan la falta de credibilidad del sistema de justicia y una pérdida del concepto de Estado de Derecho.
Según la policía nacional el 2007 en Bolivia se registraron 57 linchamientos con 16 víctimas fatales y 41 intentos de linchamiento. Hasta el 29 de febrero del 2008 ya se han registrado 40 linchamientos con 11 víctimas fatales y 39 intentos de linchamiento.
El caso que más ha llamado la atención es el de 3 policías linchados el 26 de febrero en una pequeña comunidad, donde según relato de un periodista que presencio los hechos, los campesinos que llevaban a cabo el linchamiento gritaban que eran del MAS y que por lo tanto podían hacer lo que quisieran. El periodista y su camarógrafo tuvieron que escapar pues casi fueron linchados junto con los policías.
Ataques a la prensa
La prensa en Bolivia vive sus peores momentos desde el restablecimiento de la democracia el año 1982. Evo Morales ataca a la prensa constantemente en sus discursos. El vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa en Bolivia y director ejecutivo del periódico El Deber, Don Pedro Rivero dijo en la 63 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en octubre del 2007 que “la situación es cuando menos incierta en Bolivia, pues persiste un clima antagónico creado por el propio presidente Evo Morales contra los medios” y que “nunca nadie lanzó tantos y tan duros ataques contra la prensa”.
Estos constantes discursos incendiarios contra la prensa han causado que muchos periodistas sean víctimas de agresiones físicas por parte de simpatizantes del partido oficialista (MAS). En algunas zonas rurales con mayoría del MAS, como ser la zona del Chapare donde están las federaciones cocaleras de las cuales Evo sigue siendo presidente, son de difícil acceso para la prensa independiente por el riesgo que implica para los periodistas. El único canal que puede acceder a estos lugares sin temor a sufrir agresiones es el canal estatal que funciona como un aparato de propaganda al servicio del MAS y que no tiene los mínimos parámetros de imparcialidad, independencia y credibilidad.
Y las amenazas a la prensa también son directas. Hace poco la superintendencia de telecomunicaciones mandó una carta a todos los canales de televisión haciéndoles saber sobre un decreto emitido en el año 1971 (en plena época de dictadura) en el cual se censura la libertad de prensa.
Inundaciones, economía, energía, corrupción, narcotráfico y espionaje
Para completar el cuadro crítico, el 2008 comenzó con inundaciones que han puesto en estado de emergencia al país. El accionar del gobierno durante las inundaciones ha sido duramente criticado por muchos sectores del país.
La inflación fue de casi 12% en el 2007 según el Instituto Nacional de Estadística (INE) institución que también ha sido cuestionada por sus datos y acusada de mostrar una inflación menor a la real. A febrero del 2008 la inflación ha llegado a 3,74% según el INE, los precios de la canasta familiar han subido aun más y cada vez hay más marchas de cacerolas vacías y descontento en la gente. Ha existido una ausencia de gestión económica por parte del Gobierno y las medidas que ha adoptado para disminuir la inflación son prohibir las exportaciones de alimentos, importar y vender alimentos subvencionados como el trigo y el arroz y hasta han anunciado que el Gobierno va a construir una fábrica de aceite, lo cual tiene motivaciones políticas, más que económicas (el presidente del comité cívico de Santa Cruz, una institución crítica del Gobierno, es accionista de una fábrica de aceite). Sin embargo el país no da seguridad jurídica, los empresarios y las transnacionales son víctimas de constantes amenazas y ataques verbales, incluso del mismo presidente Morales y la inestabilidad política cada vez aumenta, factores que hacen muy difícil la inversión y el crecimiento económico.
La empresa estatal de hidrocarburos YPFB está envueltas en acusaciones de corrupción e ineficiencia, el país ha vivido desabastecimiento de gas domiciliario y diesel (justo en la época de cosecha y de siembra, causado graves pérdidas al sector agrícola) y recientemente se ha anunciado que el país no podrá cumplir con sus compromisos de gas para la Argentina, lo que amenaza en convertirse en una crisis energética regional.
El narcotráfico está experimentando un nuevo auge y el Gobierno no hace nada para reducir los cultivos de coca. Lo cierto es que, en una situación inaudita, el Presidente Constitucional de la República de Bolivia, Evo Morales, sigue fungiendo como presidente de las federaciones de cocaleros del Chapare.
Por último recientemente salió a la luz un caso de espionaje por parte de la policía a varios políticos de la oposición, periodistas e incluso a parlamentarios del partido oficialista. Actualmente el Senado Nacional está investigando los hechos para ver quien ordenó el espionaje. El desenlace de esta investigación puede traerle problemas al oficialismo que ya ha intentado dilatar la investigación y lograr que el presidente de la comisión del Senado a cargo de la investigación se haga a un lado (de más está decir que el Senador a cargo de la investigación pertenece a un partido de la oposición).
Conclusión
En Bolivia el actual Gobierno ha cometido tantos actos flagrantemente ilegales que hablar de legalidad casi no tiene sentido. Muchas instituciones de vital importancia para la democracia viven en un estado de coma. La desinstitucionalización continúa junto con la corrupción institucionalizada. La confrontación entre varias regiones y el gobierno tiene al país entero en una situación tensa.
Varios departamentos están llevando a cabo sus referendos por autonomías y el Gobierno está haciendo todo lo posible por detener estos procesos. El Gobierno intenta hacer ver a estos procesos como separatistas, lo cual no es cierto. Sin embargo, tratar de detenerlos por la fuerza, podría ser el detonante para enfrentamientos armados y una posible división del Estado. El 4 de mayo, fecha del referéndum cruceño será una fecha clave para el futuro del país.
viernes, 14 de marzo de 2008
Evangelizando la democracia y el Estado de Derecho
Javier Paz García
Durante mi paso por Venezuela en marzo del 2007 pregunté a un venezolano que opinaba sobre el cierre inminente de RCTV – el canal privado cuya postura era de oposición al gobierno de Chávez. Su respuesta me chocó: me dijo que él consideraba bien que lo cierren porque ese canal mostraba muchas novelas que solo servían para corromper a la sociedad venezolana.
Algunas semanas después me encontraba en Ecuador, cabalmente cuando varios diputados ecuatorianos fueron prohibidos de ingresar al parlamento, con órdenes de arresto y con algunos pidiendo asilo en Colombia. Le pregunté al conserje de mi hotel que opinaba al respecto y me dijo que lo hallaba bueno porque todos esos diputados eran ladrones y corruptos y que de todas maneras todos los gobiernos anteriores habían pisoteado las leyes, así que no había nada anómalo con respecto al accionar del actual.
Hace algunos días tomé un taxi en la ciudad de La Paz y me puse a charlar con el taxista sobre autonomías. El estaba opuesto a ellas argumentando una serie de prejuicios, cuyo origen debo atribuir a la propaganda gubernamental. Mi estrategia para convencerlo de las bondades de la autonomía departamental fue crear una analogía con la autonomía municipal. Le expliqué que la autonomía no es separatismo ni racismo, le conté que el año 84 cuando se inicio el movimiento por la autonomía municipal en Santa Cruz, el gobierno adoptó una actitud similar a la actual, llamándonos separatistas y sediciosos, y le hice notar que seguimos siendo parte de Bolivia y que gracias a ese esfuerzo cruceño, hoy podíamos elegir a nuestros alcaldes en todo el territorio nacional. Habiendo hecho esa conexión entre la autonomía municipal y la departamental y seguro de haber expuesto mis argumentos con una lógica impecable, le pregunté si él no sentía que era una gran cosa poder elegir a su alcalde o preferiría que sea como antes cuando el presidente lo elegía a dedo. Seguro de la respuesta que iba a dar el taxista, quedé totalmente desarmado de argumentos cuando me dijo que no le gustaba mucho su actual alcalde y que no veía que haga algo por su ciudad.
Cuento estas anécdotas porque ilustran la pobreza de valores democráticos en nuestros pueblos latinoamericanos. Puede que a mi no me gusten las novelas, pero eso no me da el derecho de cerrar un canal de televisión, como tampoco puedo cerrar una fábrica de chocolate bajo el argumento de que a mí no me gusta el chocolate. Puede que la corrupción y el abuso autoritario de anteriores gobiernos le hayan hecho un gran daño a la nación, pero no podemos reparar ese daño con más autoritarismo. Puede que mi alcalde actual no sea de mi agrado, pero no quiere decir que la democracia es peor que la dictadura, la dedocracia o la imposición.
Es esa ausencia de valores democráticos, junto con un ‘inmediatismo’ miope, una eterna confusión entre los medios y los fines, entre los métodos y los resultados lo que le ha hecho tanto daño a nuestro continente. Buscamos resultados inmediatos y estamos dispuestos a aceptar a cualquier dictadorcillo que nos dé esos resultados. No somos demócratas convencidos y usamos las leyes solo cuando nos conviene. No nos molesta que se atropellen las leyes, cuando el atropello no afecta nuestros intereses, total, que se las arregle el vecino, si es con él el asunto. Por eso estamos como estamos, y por eso cada cierto tiempo vivimos la amenaza de algún caudillo autoritario.
Por ello creo urgente para la preservación de la libertad y la estabilidad democrática en el largo plazo, la evangelización de lo que significa la democracia y el Estado de Derecho y por qué son tan importantes.
La Paz, 14/03/08
El Deber, 18/03/08
Durante mi paso por Venezuela en marzo del 2007 pregunté a un venezolano que opinaba sobre el cierre inminente de RCTV – el canal privado cuya postura era de oposición al gobierno de Chávez. Su respuesta me chocó: me dijo que él consideraba bien que lo cierren porque ese canal mostraba muchas novelas que solo servían para corromper a la sociedad venezolana.
Algunas semanas después me encontraba en Ecuador, cabalmente cuando varios diputados ecuatorianos fueron prohibidos de ingresar al parlamento, con órdenes de arresto y con algunos pidiendo asilo en Colombia. Le pregunté al conserje de mi hotel que opinaba al respecto y me dijo que lo hallaba bueno porque todos esos diputados eran ladrones y corruptos y que de todas maneras todos los gobiernos anteriores habían pisoteado las leyes, así que no había nada anómalo con respecto al accionar del actual.
Hace algunos días tomé un taxi en la ciudad de La Paz y me puse a charlar con el taxista sobre autonomías. El estaba opuesto a ellas argumentando una serie de prejuicios, cuyo origen debo atribuir a la propaganda gubernamental. Mi estrategia para convencerlo de las bondades de la autonomía departamental fue crear una analogía con la autonomía municipal. Le expliqué que la autonomía no es separatismo ni racismo, le conté que el año 84 cuando se inicio el movimiento por la autonomía municipal en Santa Cruz, el gobierno adoptó una actitud similar a la actual, llamándonos separatistas y sediciosos, y le hice notar que seguimos siendo parte de Bolivia y que gracias a ese esfuerzo cruceño, hoy podíamos elegir a nuestros alcaldes en todo el territorio nacional. Habiendo hecho esa conexión entre la autonomía municipal y la departamental y seguro de haber expuesto mis argumentos con una lógica impecable, le pregunté si él no sentía que era una gran cosa poder elegir a su alcalde o preferiría que sea como antes cuando el presidente lo elegía a dedo. Seguro de la respuesta que iba a dar el taxista, quedé totalmente desarmado de argumentos cuando me dijo que no le gustaba mucho su actual alcalde y que no veía que haga algo por su ciudad.
Cuento estas anécdotas porque ilustran la pobreza de valores democráticos en nuestros pueblos latinoamericanos. Puede que a mi no me gusten las novelas, pero eso no me da el derecho de cerrar un canal de televisión, como tampoco puedo cerrar una fábrica de chocolate bajo el argumento de que a mí no me gusta el chocolate. Puede que la corrupción y el abuso autoritario de anteriores gobiernos le hayan hecho un gran daño a la nación, pero no podemos reparar ese daño con más autoritarismo. Puede que mi alcalde actual no sea de mi agrado, pero no quiere decir que la democracia es peor que la dictadura, la dedocracia o la imposición.
Es esa ausencia de valores democráticos, junto con un ‘inmediatismo’ miope, una eterna confusión entre los medios y los fines, entre los métodos y los resultados lo que le ha hecho tanto daño a nuestro continente. Buscamos resultados inmediatos y estamos dispuestos a aceptar a cualquier dictadorcillo que nos dé esos resultados. No somos demócratas convencidos y usamos las leyes solo cuando nos conviene. No nos molesta que se atropellen las leyes, cuando el atropello no afecta nuestros intereses, total, que se las arregle el vecino, si es con él el asunto. Por eso estamos como estamos, y por eso cada cierto tiempo vivimos la amenaza de algún caudillo autoritario.
Por ello creo urgente para la preservación de la libertad y la estabilidad democrática en el largo plazo, la evangelización de lo que significa la democracia y el Estado de Derecho y por qué son tan importantes.
La Paz, 14/03/08
El Deber, 18/03/08
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