Los derechos humanos y la democracia

Javier Paz García

Existe mucha confusión con los conceptos de democracia y derechos humanos. Mientras que la mayoría de la gente considera que los derechos humanos son una serie de privilegios y dádivas que tiene que otorgar el Estado, otros creen que la democracia es casi un sinónimo de derechos humanos.

La libertad de elegir y ser elegido para un cargo público es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero no es el único y aunque un régimen democrático por su naturaleza tiende a ser más respetuoso de los derechos humanos que un régimen no democrático, la democracia por sí sola no garantiza el cumplimiento de tales derechos. Y es que mientras la democracia es el gobierno de la mayoría, los derechos humanos son la garantía de protección de la vida y la libertad de las personas, protección que un Estado debe procurar contra los caprichos de los gobernantes de turno e incluso contra los caprichos de la mayoría.

Para demostrar la diferencia entre ambos conceptos no hace falta más que ver los regímenes de Hugo Chávez en Venezuela, Cristina Fernández en Argentina o Evo Morales en Bolivia. De ninguna manera se puede discutir la naturaleza democrática de estos regímenes; conquistaron el poder en elecciones libres y mantuvieron una alta popularidad durante sus mandatos. Y sin embargo cometieron violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y premeditada. La libertad de expresión (y su corolario, la libertad de prensa) y la propiedad privada fueron sus principales víctimas, pero también hubo persecución política, terrorismo de Estado, asesinatos y homicidios que configuran una serie larga de violaciones a los derechos humanos, y a pesar de todo esto, mantuvieron el apoyo de la mayoría de los votantes, por ende fueron democráticos en el más estricto sentido de la palabra.

Históricamente el mayor violador de los derechos humanos ha sido el Estado, incluso en los regímenes democráticos. El principal rol de una constitución debería ser limitar el poder del Estado y proteger las libertades individuales. Lamentablemente muchas constituciones hacen lo contrario: agrandan los poderes del Estado a costa de la libertad de las personas. La vigencia democrática aunque necesaria, no es suficiente para garantizar la vigencia de los derechos humanos y como los ejemplos anteriores lo demuestran, la mayoría del pueblo puede circunstancialmente apoyar y ser cómplices de gobiernos que hacen de la violación sistemática de los derechos humanos una política de Estado.

Santa Cruz de la Sierra, 04/02/17

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¿Las pensiones para el agro?

Javier Paz García

Los fondos de pensiones deben tener un bajo riesgo, ya que su objetivo no es incrementar el patrimonio, sino garantizar los flujos a los jubilados. Por ello las inversiones que realizan son principalmente en bonos de empresas solventes, que no pagan un retorno alto, pero son estables y de bajo riesgo.

El gobierno ha decidido utilizar el 5% de las pensiones de los bolivianos para dar créditos al sector agrícola. Sus personeros dicen que tal transacción es libre de riesgo y que el retorno está garantizado. Obviando el hecho de que no existe ninguna inversión que esté absolutamente libre de riesgo, el sector agrícola es en general de alto riesgo, más aun en comparación a las inversiones tradicionales de los fondos de pensiones. Adicionalmente, los préstamos que pretende el gobierno, no son destinados a los agricultores más solventes, sino precisamente a los que tienen problemas financieros, a pequeños y medianos productores que tienen costos de producción más elevados, menos tecnología y otros factores que los hacen aun más riesgosos. Es decir, el gobierno está destinando 5% de las pensiones a préstamos a los productores con mayor riesgo dentro de un rubro que de por sí es riesgoso.

El gobierno debería ayudar al agro, dejando de cometer el abuso de prohibir o limitar las exportaciones; debería garantizar el respeto a la propiedad privada con el desalojo rápido y las acciones penales efectivas para los invasores de tierras; debería permitir la hipoteca de la pequeña propiedad; debería permitir el uso de eventos transgénicos que ya están permitidos hace años en Estados Unidos, Brasil y Argentina y aumentan la productividad del agricultor; debería tener buenas carreteras y mandar a la cárcel a quienes las bloqueen por cualquier motivo. Pero el Estado no debería utilizar los fondos de pensiones para dar créditos agrícolas.

El Estado dice que yo tengo una cuenta individual de jubilación. Dice que ese dinero es mío. En la realidad, yo no decido cuánto invertir en ese fondo, no decido dónde invertirlo y tampoco decido cuándo sacar el dinero, por lo que en mi opinión, para todo fin práctico ese dinero no es mío y el Estado me miente cuando me dice que sí lo es. Si lo que tengo en mi cuenta individual de jubilación fuera mío, yo no lo utilizaría para hacer un préstamo de alto riesgo. Por supuesto a mí nadie me preguntó cómo utilizar “mi” dinero.

Santa Cruz de la Sierra, 28/01/17

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